Cuba se ha puesto de moda, las noticias son diarias y los cambios “abrumadores”, según reflejan los medio del mundo. Aprovechando la coyuntura, muchos empresarios piensan hoy en realizar negocios y explorar nuevas oportunidades. Para facilidad del inversionista extranjero, la Asamblea Nacional promulgó la ley 118 de inversión extranjera. La anterior databa de 1995, con inversiones directas que bajaron hasta los 3,5 millones de dólares durante todo 2005, un número notablemente insignificante para un país. Si miles de empresarios antes dijeron “no”, ¿por qué ahora sí?
Un cambio se encuentra en el capítulo I, artículo 1.1. Mientras que en 1995 se tenía como objetivo contribuir “al desarrollo sostenible del país”, la ley actual plantea como objetivo el “desarrollo económico en función de una sociedad socialista próspera y sostenible”. Es más un retroceso que un avance.
Para lograr el objetivo principal, se remarca en el capítulo III, artículo 4.1 que, en caso de “motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros”, la inversión puede ser expropiada. Luego, con la intención de transmitir tranquilidad al incauto inversor, “protegen” al inversionista, permitiendo que este acuda a la vía judicial en los tribunales nacionales. Continuar leyendo