Son varias las acciones judiciales en curso. El camino es intrincado y lento, pero no imposible. Los legisladores nacionales de Unión PRO presentamos una acción de amparo en defensa de derechos constitucionales como la irretroactividad de la ley, la estabilidad del juez, la garantía de juez natural y los derechos adquiridos. Además, denunciamos penalmente a los siete miembros del Consejo de la Magistratura que lo separaron del cargo y al abogado que, usurpando el cargo y los honores, juró ese día como juez subrogante.

Estos pseudojueces, como el abogado Claudio Vázquez, se transformarán en empleados del Gobierno para proteger al poder y perseguir a los que pensamos distinto. Utilizarán cualquier resorte para inventar causas, amedrentar y acallar voces disidentes. Firmarán sentencias reñidas con el derecho para satisfacer la voracidad del poder de turno.

Ese es el objetivo. No buscan que la Justicia sea más justa, eficiente y efectiva para que se cumplan los derechos ciudadanos. No nos dejemos engañar por el canto de sirenas supuestamente legítimas. Esta película de terror ya se vio en Perú bajo la presidencia de Fujimori y la viene sufriendo Venezuela desde que Hugo Chávez designó a más del 80 % de jueces provisionales ‘amigos’ del régimen.

Al juez Cabral lo removieron de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal porque el Gobierno obtendría, una vez más, un fallo en contra en la causa sobre la constitucionalidad (o no) del memorándum con Irán. Ni más, ni menos. El pacto que desveló a la AMIA y a la DAIA, a los familiares de las víctimas del atentado, a la oposición y al fiscal general Alberto Nisman, muerto por hacer su trabajo.

Los jueces subrogantes duran en su cargo hasta que son reemplazados por un juez titular designado bajo el procedimiento establecido en la Constitución Nacional, o sea, por concurso de oposición y antecedentes e intervención del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. En ningún lado está dicho que un abogado pueda reemplazar a un juez titular que subroga un juzgado por el dedo de una mayoría circunstancial del Consejo de la Magistratura. Todo lo contrario.

La Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidieron en varias ocasiones sobre la garantía de inamovilidad extendida a los jueces subrogantes. Ambos tribunales sostuvieron que su provisionalidad no equivale a libre remoción, porque al Gobierno no le gusta o no le conviene un juez o una sentencia.

Este asunto impacta sobre nuestra vida como ciudadanos, vecinos, trabajadores, contribuyentes, empleadores, jubilados, amas de casa, niños, mujeres y hombres. Todos tenemos derecho a un juez independiente, imparcial y estable cuando vamos a la Justicia a resolver un conflicto: un despido, un divorcio o una situación de violencia de género. Además tenemos derecho a que sea el mismo juez el que intervenga en el caso de principio a fin, salvo en circunstancias especiales que están muy bien reguladas.

Los jueces deben ser y parecer independientes, imparciales y éticos. Tienen mucho por hacer para que los ciudadanos volvamos a confiar en ellos. La garantía de inamovilidad no es un privilegio para el juez, sino una protección de los derechos de todos nosotros. Los jueces deben ser estables para tener la suficiente y necesaria independencia frente al poder político de turno para juzgarlo o para hacer oídos sordos a sus presiones y sus amenazas. Los jueces deben ser eficientes y efectivos para garantizar el acceso a la Justicia y un tratamiento igualitario ante la ley para todas las personas.

El Gobierno no va a detenerse. Fue por Cabral, va a ir por otros y a la larga también por los derechos de los que molestamos por pensar distinto. Hoy la convocatoria #7J es en defensa propia, en defensa de nuestros derechos ciudadanos. La sociedad interpela al Gobierno y también a los jueces independientes y a los que no lo son. Exige y demanda transparencia para volver a confiar. La tarea es ciclópea, aunque posible.

No se preocupe, no hay un golpe en marcha. Ni blando, ni suave, ni sutil.

Nadie pide para Ud. lo que Ud. pidió para el Presidente Fernando de la Rúa en 2001.

Hoy el silencio de millones de ciudadanos representa un grito aturdidor para Ud. y para quienes la sucedan. Retumba otro “Nunca más” contra la omnipotencia de los que se creen con poder, la impunidad, la corrupción y la muerte.

Participo de la marcha del silencio por varias razones:

1. Porque la democracia sigue siendo la vida, la paz y la libertad pero está debilitada y en riesgo.

2. Porque la república -hoy devastada- es el único sistema que puede poner límites, controles y contrapesos al poder político de turno, sea cual sea el partido que esté en el gobierno.

3. Porque el Poder Judicial es el último bastión en el que podemos refugiarnos los ciudadanos cuando las demás instituciones han sido arrasadas por autócratas electos que se creen omnipotentes y se sienten impunes.

4. Porque la muerte volvió a la política y la del fiscal Nisman es un crimen de Estado.

5. Porque la impunidad y la corrupción corroen la legitimidad y la confianza de la gente en las instituciones y porque no alcanza con “dar testimonio” desde una banca en el Congreso frente a imposiciones autoritarias de circunstanciales mayorías parlamentarias.

6. Porque la desunión y el enfrentamiento volvieron a dividirnos y somos los argentinos los que debemos decir “basta” a la división promovida desde la más alta magistratura.

7. Porque en la democracia el poder es de la gente y de nadie más.

8. Porque la denuncia de Alberto Nisman es de una gravedad institucional inusitada que debería se analizada además por el Congreso de la Nación, y no sólo investigada por la Justicia.

9. Porque los muertos de la AMIA, el fiscal muerto y la sociedad argentina tenemos derecho a saber.

10. Porque sigue siendo nuestro derecho inalienable expresarnos en libertad.

Razan Zaitouneh es siria, tiene 37 años y está desaparecida desde diciembre del año pasado. En 2011 creó el “Centro para la Documentación de las Violaciones de Derechos Humanos en Siria”. Hacía mucho que vivía escondida por las amenazas del régimen de Bashar Al-Assad y, también, de las facciones rebeldes. Jamás tomó postura por ninguna de las partes en el conflicto. Eligió la defensa y la promoción de los derechos humanos y la libertad. Por eso, los ataques que recibió vinieron siempre de ambos lados.

Un grupo no identificado ingresó a su oficina y la secuestraron junto a otros tres activistas: Samira al-Khalil, Wael Hamada y Mazim al-Hamadi, el pasado 9 de diciembre. Desde entonces, están desaparecidos. Según indican las fuentes periodísticas, algún grupo rebelde sería responsable.

En 2011, Razan recibió el Premio Anna Politkovkaya. Ese mismo año el Parlamento Europeo le otorgó el Sakharov. No pudo viajar porque permanecía escondida. En su carta de aceptación, Razan dedicó el reconocimiento a “aquellos que obtuvieron su libertad y a aquellos que todavía luchan por ella”.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos le otorgó el “Premio Internacional a las Mujeres de Coraje”, el mismo que Susana Trimarco obtuvo hace siete años. En su mensaje, el secretario de Estado John Kerry señaló que Razan había sido acusada por el gobierno sirio de ser una “agente extranjera”.

Hace pocos días conocí a la hermana de Razan que vive en Canadá. Su desconsuelo es infinito. Me dijo: “Nunca quiso salir de Siria. Luchaba por un país mejor. Sonreía a pesar de tanta tragedia”.

En el evento anual de Vital Voices en Washington DC, su fundadora Hillary Clinton exigió su liberación. La ex secretaria de Estado dijo: “Su voz vital está en silencio ahora. Esta noche, hablemos nosotros por ella. Levantemos nuestras voces y demandemos la liberación segura e inmediata de Razan y de todos los presos políticos en Siria. No nos olvidaremos de ella. No olvidaremos el trabajo que hizo, los abusos que expuso, o la esperanza que atesoraba por una Siria más pacífica y eventualmente democrática. Entonces comprometámonos una vez más para asegurarnos de que su voz sea oída a través de nuestras voces”.

Amnesty International junto a otras organizaciones de Derechos Humanos también han pedido por Razan y todos los activistas desaparecidos.

Hace tres años que Siria se desangra en un conflicto que parece no tener fin. David Miliband lo ha descripto como “el fracaso colectivo del siglo”. Más de tres millones de sirios se han visto obligados a partir al exilio. Un millón de ellos escapó hacia el Líbano donde el colapso demográfico es un hecho. Hace un año, la ONU estimó más de 100,000 muertes en la guerra civil siria. Se registran centenares de casos de niños y niñas presos, refugiados y más de 8,000 muertos.

Razan trabajó todo este tiempo para documentar las violaciones a los derechos humanos, los abusos, la tortura y la muerte. Ella y sus compañeros han desaparecido. No son los únicos.

Desde el inicio del conflicto en Siria me sorprendió el silencio oficial del gobierno argentino. Presenté varios proyectos en la Cámara de Diputados. La Argentina no debe enmudecer frente a las aberrantes y masivas violaciones de derechos humanos en Siria y en cualquier otro país del mundo. Cuando la dictadura militar secuestraba, desaparecía, torturaba y mataba, fueron las voces de los defensores de los derechos humanos -desde Pérez Esquivel hasta las Madres de la Plaza- las que alertaron al mundo. Y el mundo escuchó.

El silencio del gobierno argentino es moralmente repudiable. Espero que mi voz represente el oprobio de millones de compatriotas frente a estos hechos y que el mundo sepa comprender que los gobiernos no siempre encarnan el sentir de sus pueblos. Siento vergüenza de nuestra Cancillería. Siento vergüenza del silencio oficial que es cómplice de violaciones aberrantes. Tengo voz y seguiré usándola en favor de la libertad, los derechos y nuestra historia.

La famosa nota firmada por el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, y dirigida a Echegaray, solicitando “moratoria especial” a la AFIP para la ex imprenta Ciccone  -a pesar del dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio que le recomendaba lo contrario- es la punta del ovillo para descubrir las huellas del vicepresidente en este escándalo.

Las declaraciones de decenas de testigos, los cruzamientos de llamados telefónicos y calendarios, las cuentas de servicios a nombre de Vandenbroele en una propiedad de Boudou, la nota certificada por escribano de Héctor Ciccone, el enriquecimiento patrimonial inexplicable del vicepresidente y sus socios, la negativa de la Inspección General de Justicia a informar sobre los reales dueños de The Old Fund, la estatización de la imprenta por ley del Congreso sin que apareciera un dueño a reclamar su indemnización han sido indicios, pistas y pruebas que incrementaron las sospechas sobre Amado Boudou y el paraguas protector del kirchnerismo.

Sin embargo, muchos creemos que Boudou es la punta del iceberg. No actuó solo. Investigaciones periodísticas revelan que Néstor Kirchner había manifestado su “interés” por la imprenta anteriormente y aprovechó a algún enviado -antes de Boudou- mientras la compañía enfrentaba problemas económico-financieros graves.

En medio de los “avances” que sí logró el entonces ministro de Economía junto a su socio Núñez Carmona con la familia Ciccone, falleció Néstor Kirchner. A partir de ahí, la película fue otra.

Finalmente, y a pesar de la remoción del primer juez y fiscal de la causa, la patética conferencia de prensa de Boudou en el Senado calificando de esbirros y cachafaces a los periodistas, y las presiones e interferencias políticas, el vicepresidente de Cristina Kirchner tendrá que responder las preguntas del juez.

La contundencia del primer párrafo de la citación es seguida por una descripción minuciosa y precisa de fechas, días, reuniones y personajes. A los diputados nos queda analizar las instancias institucionales de remoción del vicepresidente Boudou por juicio político, y velar por la autonomía y la libertad de la Justicia para que investigue este caso sin presiones ni amenazas hasta las últimas consecuencias.

La Comisión creada no es de la Verdad sino una radical interferencia en el proceso judicial argentino que ya lleva casi veinte lamentables años. Esta sólo podría justificarse frente a una debilidad institucional que impida la actuación del Poder Judicial, como aquella que se da en períodos de transición después de una dictadura o un conflicto bélico, situación inexistente en este caso.

En su fallo, la Cámara resalta la falta de reconocimiento y voz de las víctimas, sus familiares y la AMIA, directos afectados del atentado terrorista. La negación de sus derechos también confirma que este acuerdo sólo puede convenir a la impunidad de la República Islámica de Irán, cuyo régimen es uno de los principales sponsor y financiadores del terrorismo internacional.

El Tratado es una burla a la Constitución Nacional a la que omite respetar. Desde el 27 de Enero de 2013, fecha en que se firmó el Memorándum de Entendimiento, venimos sosteniendo que el Congreso debía rechazarlo en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución argentina.

Una vez aprobado por el Congreso, cuya ley únicamente autoriza al Poder Ejecutivo a ratificar, hemos sostenido la importancia de derogar la Ley Aprobatoria y quitar al Poder Ejecutivo la posibilidad de ratificación. Esto es precisamente lo que los jueces de la Cámara han ordenado: el gobierno no puede seguir avanzando.

La propia Presidente Cristina Kirchner reconoció y pidió en la última Asamblea Legislativa que le hicieran propuestas para avanzar con la causa AMIA, previendo este resultado en la Justicia. Si bien el kirchnerismo logró, con su mayoría automática, aprobar el tratado con Irán en el Congreso, la oposición parlamentaria se manifestó unánimemente en contra y ha dado argumentos de su inconveniencia e inconstitucionalidad, además de proponer su derogación inmediata.

Ayer, la justicia argentina dio una señal fatal a los intereses del gobierno argentino y fundamentalmente a Irán. El Tratado no es aplicable, rige la Constitución Nacional y se incita a la continuidad de la investigación judicial argentina. Se insiste en que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de presionar a Irán para que preste una debida cooperación a la Justicia argentina, poniendo a disposición a sus funcionarios y aportando sus pruebas. A ello se han negado sistemáticamente y el Tratado era, para Irán, la salida hacia la impunidad.

Desde un primer momento planteamos que la única solución posible era mantener los pedidos de captura de los acusados iraníes, solicitar la extradición y seguir ejerciendo presión internacional sobre Irán a fin de que entregue a los acusados por el atentado terrorista que voló la sede de la AMIA.

Resulta imprescindible, ahora más que nunca, la derogación de la Ley 26.843, aprobatoria del Memorándum y el tratamiento de los pedidos de juicio políticos por mal desempeño al Canciller Héctor Timerman y al Ministro de Justicia, Julio Alak. Hay un nuevo mensaje a la Presidenta, a las autoridades iraníes y al mundo entero: la República Argentina no negocia a los muertos y que la justicia no está en venta.

Los discursos del 24M se han transformado en banales alocuciones proselitistas que sólo contagian a fanáticos y alejan a la gran mayoría del sentimiento en defensa de la libertad y la democracia que debería provocarnos esta efeméride. Para algunos, se ha reducido a una pelea ridícula de afiches y videos, o a la disputa de cuatro o cinco baldosas en la plaza. Para muchos, el Día de la Memoria está alejado y vacío de contenido.

No me inscribo en ninguno de los dos grupos. Para mí, el 24 de marzo de 1976 es una de las fechas más horrendas de la historia argentina -a la que sumo el 2 de abril de 1982. Todos los años el 24M me obliga a pensar de dónde veníamos y hacia dónde fuimos. Indudablemente, cada 24M nos invita a revisar una dramática constante histórica: la violencia fratricida.

El año pasado leí con avidez dos textos conmovedores y altamente movilizantes: “Un testamento de los años setenta” de Héctor Leis y “Eran humanos, no héroes” de Graciela Fernández Meijide.

En su “Testamento”, Leis dice: “Pido perdón a los inocentes y a las generaciones posteriores a la mía, que aun sin ser responsables por los acontecimientos de la reciente historia argentina continúan siendo castigadas con la ignorancia de su verdadero sentido, y se ven impedidas así de parar el yira-yira del karma nacional”.

Con la autoridad moral que le da la experiencia y su compromiso, Fernández Meijide asevera: “En la Argentina de los setenta convivían víctimas y verdugos, y todos habían sido formados por una misma matriz cultural. La del odio al otro. Los setenta no tienen nada de ejemplar. No es una época que merezca ser evocada con nostalgia. Al contrario, es un tiempo oscuro”.

Con matices y diferencias, ambos iluminan el camino de la memoria, la paz y el diálogo. Hacen un llamado a la cultura del encuentro y la libertad. Y además convocan a la construcción de una historia colectiva común para superar la trampa del pasado y proyectar un futuro de unidad.

Hoy es 24 de marzo. Antes iba a la Plaza. Hace un tiempo dejó de incluirme y por eso, no fui más. Reflexiono y me conmuevo, una vez más, frente a la desgracia generada por esa matriz de odio y resentimiento que se reprodujo por décadas antes y después del golpe de Estado de 1976.

En 2000, el entonces cardenal Bergoglio incitaba a “fomentar un acercamiento, una cultura de esperanza que cree nuevos vínculos, los invito a ganar voluntades, a serenar y convencer”. Soy agnóstica y no tengo una foto con el Papa Francisco. Lo leo y aprendo. Nos enseña a resignar intereses particulares para amasar “una nueva cultura del encuentro”.

Pienso en el futuro y en dejar atrás los enfrentamientos, sin olvidar y sin espíritu alguno de revancha para parar “el yira-yira del karma nacional”, como dice Leis. Abrazo y me dejo abrazar por la causa de la libertad.

Algunos líderes de la región han puesto de moda esta idea de que un gobierno electo tiene poder ilimitado. Este razonamiento parece suponer que debemos ignorar las aberraciones que podría cometer un Estado simple y sencillamente porque su gobierno fue elegido por el voto popular. En el mismo sentido, se manipulan los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos para soslayar atroces violaciones de derechos humanos perpetradas por líderes de gobiernos ideológicamente afines.

Los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Son universales e inalienables a todo ser humano. Ningún Estado tiene atribuciones para recortar libertades, perseguir, difamar y torturar. Ninguna mayoría tiene legitimidad para exterminar, aniquilar o acallar a una minoría que piense diferente. Desde 1945, la defensa y la promoción de los derechos humanos es global y no admite limitaciones. No hay zonas grises frente a un Estado que viola derechos: debe ser condenado.

En 1945, el mundo cambió después del horror perpetrado por un gobierno ‘electo por el voto popular’. De ese trágico aprendizaje, las naciones acordaron adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su preámbulo sostiene que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. De allí surgió la Organización de las Naciones Unidas junto con el derecho internacional de derechos humanos, la justicia transnacional y tantos otros andamiajes institucionales supranacionales y regionales. Todos ellos tuvieron y tienen un mismo fin: proteger a las personas de los abusos que el Estado puede cometer en su contra.

A cuidarse de aquellos que repiten el mantra antidemocrático de la hora: “Si quieren gobernar, armen un partido y ganen las elecciones”, “que la oposición espere a las elecciones y gane”, “hay que respetar la voluntad popular”. Así justifican la represión y el atropello de cualquier Estado contra su población y reafirman su profunda vocación autocrática.

Son estos los que ganan elecciones pero gobiernan como dictadores, detrás de fachadas más o menos democráticas. Siembran el miedo, se aprovechan de los desprotegidos, destruyen las mediaciones institucionales, empobrecen a sus naciones y se enriquecen patrimonialmente con sus recursos. Los hay de izquierdas y de derechas, en el norte y en el sur, en Oriente y en Occidente.

Las elecciones periódicas no alcanzan para definir democrático a un régimen político. Es necesario evaluar la independencia y la autonomía de su sistema de justicia y de controles administrativos, la división de poderes, la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos, la competitividad de su sistema de partidos, la tasa de alternancia política, la rendición de cuentas de los que gobiernan y los que se oponen, el pluralismo de ideas y la calidad del debate público, el respeto, la tolerancia y el reconocimiento a las minorías y a las voces disidentes.

Un régimen es democrático cuando garantiza la necesaria distribución, provisión y acceso a bienes y servicios como la educación, la salud, el transporte, las redes viales, la seguridad, alimentación saludable y vestido, la vivienda, la energía y el agua potable, la cultura y el esparcimiento, el tiempo libre y un ambiente sano. Y genera un entorno apropiado de libertades para el desarrollo de proyectos personales, familiares y colectivos.

La democracia es republicana o no es. La amenaza a la democracia en la región no son ni el ‘imperialismo yanqui’, ni el ‘neoliberalismo noventista’. La amenaza es endógena y late en cada presidente que concentra atribuciones y recursos, elimina controles institucionales y no tolera disensos, o elige asumir posiciones gelatinosas o directamente equivocadas frente a situaciones como las que hoy vive Venezuela. El desafío no es sólo diseñar las instituciones correctas. Es más profundo. América latina sigue luchando por la libertad.

El movimiento estudiantil de Venezuela ha sido un actor social clave para movilizar a la sociedad civil desde mediados de la primera década del milenio. Como respuesta, el presidente Hugo Chávez promovió una ley que liquidó la autonomía universitaria en 2010. Entonces, las nuevas protestas estudiantiles fueron reprimidas violentamente por la Guardia Nacional Bolivariana.

En el transcurso de los últimos días, los estudiantes han vuelto a manifestarse. A ellos se sumaron millones de venezolanos.

Diez jóvenes fueron asesinados. Decenas de personas fueron detenidas, incluido el líder opositor Leopoldo López. Y se denuncian cotidianamente torturas, maltratos, vejaciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Dos estudiantes denunciaron que fueron violados con fusiles por guardias nacionales. Otros que fueron torturados con electricidad.

Las manifestaciones pacíficas han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad y también por grupos parapoliciales de civiles armados conocidos como ‘colectivos de la paz’. Desde la cadena nacional, Maduro amenaza con “salir a cazar a los fascistas uno por uno”.

Como dijo desesperada la madre de un joven baleado: “Aquí se combaten ideas con balas. Unas ideas no pueden amedrentar a un gobierno”.

El 12 de febrero Robert Redman escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo en la nariz, tragué bomba lacrimógena, cargué al chamo que falleció, y tú qué hiciste?”. Robert moriría baleado poco tiempo después.

Durante otra de las manifestaciones, el gobernador chavista de Carabobo, Francisco Ameliach, tuiteó “UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante. Diosdado dará la orden #GringosYFascistasRespeten”.

Pocas horas después, Génesis Carmona era baleada de muerte y otros fueron heridos.

El presidente Maduro ordenó la expulsión de dos cadenas de televisión. “Me van a llamar dictador, pero vamos a endurecer las normas para que se acabe el amarillismo y la propaganda que se alimentan de la sangre y la muerte’, dijo al referirse al levantamiento de la señal de NTN24. Calificó a la cadena CNN y a sus periodistas de ‘fascistas con mente gringa’ y de ‘envenenar con sus mentiras’ y calificó a su transmisión como ‘programación de guerra’. Se han denunciado también cortes a las redes sociales y problemas con las conexiones de Internet. Los venezolanos reciben noticias de lo que sucede en su país consultando a amigos y familiares en el extranjero.

Millones de venezolanos perdieron el miedo hace mucho tiempo y cada vez son más. No van a volver a sus casas hasta tanto no se garantice el respeto que merecen por pensar distinto o protestar pacíficamente. Y no lo van a hacer porque quieren vivir en democracia.

Exigen al gobierno que los respete, los escuche y resuelva los problemas. Los estudiantes han solicitado -al igual que la oposición- que se resuelva esta situación de crisis y tensión en el marco de la Constitución y con diálogo. Son varios los que han pedido la mediación de la Iglesia católica y también de organismos internacionales.

Hasta el fallido golpe de Estado del militar Hugo Chávez contra el gobierno constitucional de Carlos A. Pérez en 1992,Venezuela había conocido una historia de décadas de institucionalidad democrática y republicana que otros países de la región, entonces, envidiábamos. Ese pasado late en el corazón de millones de venezolanos que abrazaron la libertad siguiendo las enseñanzas de Simón Bolívar.

En Venezuela, hace mucho tiempo que la libertad está en juego. Una mirada distante, tibia o indiferente no es una opción para un demócrata y defensor de la libertad. Los que creen que la democracia se reduce a ganar elecciones no entendieron el vuelco que dio el mundo en 1945 después del horror del Holocausto y el nazismo. Tampoco comprendieron el grito de libertad que implicó la caída del Muro de Berlín en 1989.

En Venezuela, el Estado reprime, persigue y difama al que piensa distinto y lo expresa. Las garantías constitucionales y los Tratados de Derechos Humanos están suspendidos de facto hace tiempo.

¿Cuánto tiempo más piensan los Presidentes latinoamericanos vivir en aquel Occidente previo a 1945? ¿Cómo pueden aceptar y apoyar a un Presidente que ganó una elección pero gobierna como dictador?