Son varias las acciones judiciales en curso. El camino es intrincado y lento, pero no imposible. Los legisladores nacionales de Unión PRO presentamos una acción de amparo en defensa de derechos constitucionales como la irretroactividad de la ley, la estabilidad del juez, la garantía de juez natural y los derechos adquiridos. Además, denunciamos penalmente a los siete miembros del Consejo de la Magistratura que lo separaron del cargo y al abogado que, usurpando el cargo y los honores, juró ese día como juez subrogante.

Estos pseudojueces, como el abogado Claudio Vázquez, se transformarán en empleados del Gobierno para proteger al poder y perseguir a los que pensamos distinto. Utilizarán cualquier resorte para inventar causas, amedrentar y acallar voces disidentes. Firmarán sentencias reñidas con el derecho para satisfacer la voracidad del poder de turno.

Ese es el objetivo. No buscan que la Justicia sea más justa, eficiente y efectiva para que se cumplan los derechos ciudadanos. No nos dejemos engañar por el canto de sirenas supuestamente legítimas. Esta película de terror ya se vio en Perú bajo la presidencia de Fujimori y la viene sufriendo Venezuela desde que Hugo Chávez designó a más del 80 % de jueces provisionales ‘amigos’ del régimen.

Al juez Cabral lo removieron de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal porque el Gobierno obtendría, una vez más, un fallo en contra en la causa sobre la constitucionalidad (o no) del memorándum con Irán. Ni más, ni menos. El pacto que desveló a la AMIA y a la DAIA, a los familiares de las víctimas del atentado, a la oposición y al fiscal general Alberto Nisman, muerto por hacer su trabajo.

Los jueces subrogantes duran en su cargo hasta que son reemplazados por un juez titular designado bajo el procedimiento establecido en la Constitución Nacional, o sea, por concurso de oposición y antecedentes e intervención del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. En ningún lado está dicho que un abogado pueda reemplazar a un juez titular que subroga un juzgado por el dedo de una mayoría circunstancial del Consejo de la Magistratura. Todo lo contrario.

La Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidieron en varias ocasiones sobre la garantía de inamovilidad extendida a los jueces subrogantes. Ambos tribunales sostuvieron que su provisionalidad no equivale a libre remoción, porque al Gobierno no le gusta o no le conviene un juez o una sentencia.

Este asunto impacta sobre nuestra vida como ciudadanos, vecinos, trabajadores, contribuyentes, empleadores, jubilados, amas de casa, niños, mujeres y hombres. Todos tenemos derecho a un juez independiente, imparcial y estable cuando vamos a la Justicia a resolver un conflicto: un despido, un divorcio o una situación de violencia de género. Además tenemos derecho a que sea el mismo juez el que intervenga en el caso de principio a fin, salvo en circunstancias especiales que están muy bien reguladas.

Los jueces deben ser y parecer independientes, imparciales y éticos. Tienen mucho por hacer para que los ciudadanos volvamos a confiar en ellos. La garantía de inamovilidad no es un privilegio para el juez, sino una protección de los derechos de todos nosotros. Los jueces deben ser estables para tener la suficiente y necesaria independencia frente al poder político de turno para juzgarlo o para hacer oídos sordos a sus presiones y sus amenazas. Los jueces deben ser eficientes y efectivos para garantizar el acceso a la Justicia y un tratamiento igualitario ante la ley para todas las personas.

El Gobierno no va a detenerse. Fue por Cabral, va a ir por otros y a la larga también por los derechos de los que molestamos por pensar distinto. Hoy la convocatoria #7J es en defensa propia, en defensa de nuestros derechos ciudadanos. La sociedad interpela al Gobierno y también a los jueces independientes y a los que no lo son. Exige y demanda transparencia para volver a confiar. La tarea es ciclópea, aunque posible.

La Comisión creada no es de la Verdad sino una radical interferencia en el proceso judicial argentino que ya lleva casi veinte lamentables años. Esta sólo podría justificarse frente a una debilidad institucional que impida la actuación del Poder Judicial, como aquella que se da en períodos de transición después de una dictadura o un conflicto bélico, situación inexistente en este caso.

En su fallo, la Cámara resalta la falta de reconocimiento y voz de las víctimas, sus familiares y la AMIA, directos afectados del atentado terrorista. La negación de sus derechos también confirma que este acuerdo sólo puede convenir a la impunidad de la República Islámica de Irán, cuyo régimen es uno de los principales sponsor y financiadores del terrorismo internacional.

El Tratado es una burla a la Constitución Nacional a la que omite respetar. Desde el 27 de Enero de 2013, fecha en que se firmó el Memorándum de Entendimiento, venimos sosteniendo que el Congreso debía rechazarlo en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución argentina.

Una vez aprobado por el Congreso, cuya ley únicamente autoriza al Poder Ejecutivo a ratificar, hemos sostenido la importancia de derogar la Ley Aprobatoria y quitar al Poder Ejecutivo la posibilidad de ratificación. Esto es precisamente lo que los jueces de la Cámara han ordenado: el gobierno no puede seguir avanzando.

La propia Presidente Cristina Kirchner reconoció y pidió en la última Asamblea Legislativa que le hicieran propuestas para avanzar con la causa AMIA, previendo este resultado en la Justicia. Si bien el kirchnerismo logró, con su mayoría automática, aprobar el tratado con Irán en el Congreso, la oposición parlamentaria se manifestó unánimemente en contra y ha dado argumentos de su inconveniencia e inconstitucionalidad, además de proponer su derogación inmediata.

Ayer, la justicia argentina dio una señal fatal a los intereses del gobierno argentino y fundamentalmente a Irán. El Tratado no es aplicable, rige la Constitución Nacional y se incita a la continuidad de la investigación judicial argentina. Se insiste en que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de presionar a Irán para que preste una debida cooperación a la Justicia argentina, poniendo a disposición a sus funcionarios y aportando sus pruebas. A ello se han negado sistemáticamente y el Tratado era, para Irán, la salida hacia la impunidad.

Desde un primer momento planteamos que la única solución posible era mantener los pedidos de captura de los acusados iraníes, solicitar la extradición y seguir ejerciendo presión internacional sobre Irán a fin de que entregue a los acusados por el atentado terrorista que voló la sede de la AMIA.

Resulta imprescindible, ahora más que nunca, la derogación de la Ley 26.843, aprobatoria del Memorándum y el tratamiento de los pedidos de juicio políticos por mal desempeño al Canciller Héctor Timerman y al Ministro de Justicia, Julio Alak. Hay un nuevo mensaje a la Presidenta, a las autoridades iraníes y al mundo entero: la República Argentina no negocia a los muertos y que la justicia no está en venta.