Son varias las acciones judiciales en curso. El camino es intrincado y lento, pero no imposible. Los legisladores nacionales de Unión PRO presentamos una acción de amparo en defensa de derechos constitucionales como la irretroactividad de la ley, la estabilidad del juez, la garantía de juez natural y los derechos adquiridos. Además, denunciamos penalmente a los siete miembros del Consejo de la Magistratura que lo separaron del cargo y al abogado que, usurpando el cargo y los honores, juró ese día como juez subrogante.

Estos pseudojueces, como el abogado Claudio Vázquez, se transformarán en empleados del Gobierno para proteger al poder y perseguir a los que pensamos distinto. Utilizarán cualquier resorte para inventar causas, amedrentar y acallar voces disidentes. Firmarán sentencias reñidas con el derecho para satisfacer la voracidad del poder de turno.

Ese es el objetivo. No buscan que la Justicia sea más justa, eficiente y efectiva para que se cumplan los derechos ciudadanos. No nos dejemos engañar por el canto de sirenas supuestamente legítimas. Esta película de terror ya se vio en Perú bajo la presidencia de Fujimori y la viene sufriendo Venezuela desde que Hugo Chávez designó a más del 80 % de jueces provisionales ‘amigos’ del régimen.

Al juez Cabral lo removieron de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal porque el Gobierno obtendría, una vez más, un fallo en contra en la causa sobre la constitucionalidad (o no) del memorándum con Irán. Ni más, ni menos. El pacto que desveló a la AMIA y a la DAIA, a los familiares de las víctimas del atentado, a la oposición y al fiscal general Alberto Nisman, muerto por hacer su trabajo.

Los jueces subrogantes duran en su cargo hasta que son reemplazados por un juez titular designado bajo el procedimiento establecido en la Constitución Nacional, o sea, por concurso de oposición y antecedentes e intervención del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. En ningún lado está dicho que un abogado pueda reemplazar a un juez titular que subroga un juzgado por el dedo de una mayoría circunstancial del Consejo de la Magistratura. Todo lo contrario.

La Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidieron en varias ocasiones sobre la garantía de inamovilidad extendida a los jueces subrogantes. Ambos tribunales sostuvieron que su provisionalidad no equivale a libre remoción, porque al Gobierno no le gusta o no le conviene un juez o una sentencia.

Este asunto impacta sobre nuestra vida como ciudadanos, vecinos, trabajadores, contribuyentes, empleadores, jubilados, amas de casa, niños, mujeres y hombres. Todos tenemos derecho a un juez independiente, imparcial y estable cuando vamos a la Justicia a resolver un conflicto: un despido, un divorcio o una situación de violencia de género. Además tenemos derecho a que sea el mismo juez el que intervenga en el caso de principio a fin, salvo en circunstancias especiales que están muy bien reguladas.

Los jueces deben ser y parecer independientes, imparciales y éticos. Tienen mucho por hacer para que los ciudadanos volvamos a confiar en ellos. La garantía de inamovilidad no es un privilegio para el juez, sino una protección de los derechos de todos nosotros. Los jueces deben ser estables para tener la suficiente y necesaria independencia frente al poder político de turno para juzgarlo o para hacer oídos sordos a sus presiones y sus amenazas. Los jueces deben ser eficientes y efectivos para garantizar el acceso a la Justicia y un tratamiento igualitario ante la ley para todas las personas.

El Gobierno no va a detenerse. Fue por Cabral, va a ir por otros y a la larga también por los derechos de los que molestamos por pensar distinto. Hoy la convocatoria #7J es en defensa propia, en defensa de nuestros derechos ciudadanos. La sociedad interpela al Gobierno y también a los jueces independientes y a los que no lo son. Exige y demanda transparencia para volver a confiar. La tarea es ciclópea, aunque posible.

La famosa nota firmada por el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, y dirigida a Echegaray, solicitando “moratoria especial” a la AFIP para la ex imprenta Ciccone  -a pesar del dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio que le recomendaba lo contrario- es la punta del ovillo para descubrir las huellas del vicepresidente en este escándalo.

Las declaraciones de decenas de testigos, los cruzamientos de llamados telefónicos y calendarios, las cuentas de servicios a nombre de Vandenbroele en una propiedad de Boudou, la nota certificada por escribano de Héctor Ciccone, el enriquecimiento patrimonial inexplicable del vicepresidente y sus socios, la negativa de la Inspección General de Justicia a informar sobre los reales dueños de The Old Fund, la estatización de la imprenta por ley del Congreso sin que apareciera un dueño a reclamar su indemnización han sido indicios, pistas y pruebas que incrementaron las sospechas sobre Amado Boudou y el paraguas protector del kirchnerismo.

Sin embargo, muchos creemos que Boudou es la punta del iceberg. No actuó solo. Investigaciones periodísticas revelan que Néstor Kirchner había manifestado su “interés” por la imprenta anteriormente y aprovechó a algún enviado -antes de Boudou- mientras la compañía enfrentaba problemas económico-financieros graves.

En medio de los “avances” que sí logró el entonces ministro de Economía junto a su socio Núñez Carmona con la familia Ciccone, falleció Néstor Kirchner. A partir de ahí, la película fue otra.

Finalmente, y a pesar de la remoción del primer juez y fiscal de la causa, la patética conferencia de prensa de Boudou en el Senado calificando de esbirros y cachafaces a los periodistas, y las presiones e interferencias políticas, el vicepresidente de Cristina Kirchner tendrá que responder las preguntas del juez.

La contundencia del primer párrafo de la citación es seguida por una descripción minuciosa y precisa de fechas, días, reuniones y personajes. A los diputados nos queda analizar las instancias institucionales de remoción del vicepresidente Boudou por juicio político, y velar por la autonomía y la libertad de la Justicia para que investigue este caso sin presiones ni amenazas hasta las últimas consecuencias.