Son varias las acciones judiciales en curso. El camino es intrincado y lento, pero no imposible. Los legisladores nacionales de Unión PRO presentamos una acción de amparo en defensa de derechos constitucionales como la irretroactividad de la ley, la estabilidad del juez, la garantía de juez natural y los derechos adquiridos. Además, denunciamos penalmente a los siete miembros del Consejo de la Magistratura que lo separaron del cargo y al abogado que, usurpando el cargo y los honores, juró ese día como juez subrogante.

Estos pseudojueces, como el abogado Claudio Vázquez, se transformarán en empleados del Gobierno para proteger al poder y perseguir a los que pensamos distinto. Utilizarán cualquier resorte para inventar causas, amedrentar y acallar voces disidentes. Firmarán sentencias reñidas con el derecho para satisfacer la voracidad del poder de turno.

Ese es el objetivo. No buscan que la Justicia sea más justa, eficiente y efectiva para que se cumplan los derechos ciudadanos. No nos dejemos engañar por el canto de sirenas supuestamente legítimas. Esta película de terror ya se vio en Perú bajo la presidencia de Fujimori y la viene sufriendo Venezuela desde que Hugo Chávez designó a más del 80 % de jueces provisionales ‘amigos’ del régimen.

Al juez Cabral lo removieron de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal porque el Gobierno obtendría, una vez más, un fallo en contra en la causa sobre la constitucionalidad (o no) del memorándum con Irán. Ni más, ni menos. El pacto que desveló a la AMIA y a la DAIA, a los familiares de las víctimas del atentado, a la oposición y al fiscal general Alberto Nisman, muerto por hacer su trabajo.

Los jueces subrogantes duran en su cargo hasta que son reemplazados por un juez titular designado bajo el procedimiento establecido en la Constitución Nacional, o sea, por concurso de oposición y antecedentes e intervención del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. En ningún lado está dicho que un abogado pueda reemplazar a un juez titular que subroga un juzgado por el dedo de una mayoría circunstancial del Consejo de la Magistratura. Todo lo contrario.

La Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidieron en varias ocasiones sobre la garantía de inamovilidad extendida a los jueces subrogantes. Ambos tribunales sostuvieron que su provisionalidad no equivale a libre remoción, porque al Gobierno no le gusta o no le conviene un juez o una sentencia.

Este asunto impacta sobre nuestra vida como ciudadanos, vecinos, trabajadores, contribuyentes, empleadores, jubilados, amas de casa, niños, mujeres y hombres. Todos tenemos derecho a un juez independiente, imparcial y estable cuando vamos a la Justicia a resolver un conflicto: un despido, un divorcio o una situación de violencia de género. Además tenemos derecho a que sea el mismo juez el que intervenga en el caso de principio a fin, salvo en circunstancias especiales que están muy bien reguladas.

Los jueces deben ser y parecer independientes, imparciales y éticos. Tienen mucho por hacer para que los ciudadanos volvamos a confiar en ellos. La garantía de inamovilidad no es un privilegio para el juez, sino una protección de los derechos de todos nosotros. Los jueces deben ser estables para tener la suficiente y necesaria independencia frente al poder político de turno para juzgarlo o para hacer oídos sordos a sus presiones y sus amenazas. Los jueces deben ser eficientes y efectivos para garantizar el acceso a la Justicia y un tratamiento igualitario ante la ley para todas las personas.

El Gobierno no va a detenerse. Fue por Cabral, va a ir por otros y a la larga también por los derechos de los que molestamos por pensar distinto. Hoy la convocatoria #7J es en defensa propia, en defensa de nuestros derechos ciudadanos. La sociedad interpela al Gobierno y también a los jueces independientes y a los que no lo son. Exige y demanda transparencia para volver a confiar. La tarea es ciclópea, aunque posible.

Algunos líderes de la región han puesto de moda esta idea de que un gobierno electo tiene poder ilimitado. Este razonamiento parece suponer que debemos ignorar las aberraciones que podría cometer un Estado simple y sencillamente porque su gobierno fue elegido por el voto popular. En el mismo sentido, se manipulan los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos para soslayar atroces violaciones de derechos humanos perpetradas por líderes de gobiernos ideológicamente afines.

Los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Son universales e inalienables a todo ser humano. Ningún Estado tiene atribuciones para recortar libertades, perseguir, difamar y torturar. Ninguna mayoría tiene legitimidad para exterminar, aniquilar o acallar a una minoría que piense diferente. Desde 1945, la defensa y la promoción de los derechos humanos es global y no admite limitaciones. No hay zonas grises frente a un Estado que viola derechos: debe ser condenado.

En 1945, el mundo cambió después del horror perpetrado por un gobierno ‘electo por el voto popular’. De ese trágico aprendizaje, las naciones acordaron adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su preámbulo sostiene que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. De allí surgió la Organización de las Naciones Unidas junto con el derecho internacional de derechos humanos, la justicia transnacional y tantos otros andamiajes institucionales supranacionales y regionales. Todos ellos tuvieron y tienen un mismo fin: proteger a las personas de los abusos que el Estado puede cometer en su contra.

A cuidarse de aquellos que repiten el mantra antidemocrático de la hora: “Si quieren gobernar, armen un partido y ganen las elecciones”, “que la oposición espere a las elecciones y gane”, “hay que respetar la voluntad popular”. Así justifican la represión y el atropello de cualquier Estado contra su población y reafirman su profunda vocación autocrática.

Son estos los que ganan elecciones pero gobiernan como dictadores, detrás de fachadas más o menos democráticas. Siembran el miedo, se aprovechan de los desprotegidos, destruyen las mediaciones institucionales, empobrecen a sus naciones y se enriquecen patrimonialmente con sus recursos. Los hay de izquierdas y de derechas, en el norte y en el sur, en Oriente y en Occidente.

Las elecciones periódicas no alcanzan para definir democrático a un régimen político. Es necesario evaluar la independencia y la autonomía de su sistema de justicia y de controles administrativos, la división de poderes, la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos, la competitividad de su sistema de partidos, la tasa de alternancia política, la rendición de cuentas de los que gobiernan y los que se oponen, el pluralismo de ideas y la calidad del debate público, el respeto, la tolerancia y el reconocimiento a las minorías y a las voces disidentes.

Un régimen es democrático cuando garantiza la necesaria distribución, provisión y acceso a bienes y servicios como la educación, la salud, el transporte, las redes viales, la seguridad, alimentación saludable y vestido, la vivienda, la energía y el agua potable, la cultura y el esparcimiento, el tiempo libre y un ambiente sano. Y genera un entorno apropiado de libertades para el desarrollo de proyectos personales, familiares y colectivos.

La democracia es republicana o no es. La amenaza a la democracia en la región no son ni el ‘imperialismo yanqui’, ni el ‘neoliberalismo noventista’. La amenaza es endógena y late en cada presidente que concentra atribuciones y recursos, elimina controles institucionales y no tolera disensos, o elige asumir posiciones gelatinosas o directamente equivocadas frente a situaciones como las que hoy vive Venezuela. El desafío no es sólo diseñar las instituciones correctas. Es más profundo. América latina sigue luchando por la libertad.