En la actualidad, un partido político sin presencia en las redes se pierde de mucho. Las sociedades cambian y los electorados se renuevan. No acompañar este movimiento representa un costo elevado para todo partido que busca alcanzar el poder.

Hay ejemplos de portales de partidos políticos que se han adelantado al resto. Que han asumido los interesantes riesgos que implica la comunicación. Recrear una comunidad de diálogo hacia adentro de la organización y en forma paralela hacia afuera es un objetivo que pocos han logrado. Podemos poner el ejemplo de dos partidos que, si bien desde el punto de vista ideológico son distintos, han llegado a ese objetivo de una manera exitosa. El Frente Amplio en el Uruguay es uno de ellos, el otro es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México.

En Argentina el atraso es notorio si tomamos en cuenta que el Frente para la Victoria, que gobernó los últimos doce años, no tiene portal. Además, la precaria institucionalidad del Partido Justicialista no sólo se advertía en la inexistente vida interna, sino también en este pequeño gran detalle de no contar con una web actualizada. Cabe aclarar que los dos ejemplos de América Latina mencionados son partidos de gobierno.

Contar con 42 partidos políticos a nivel nacional no parece arrojar como saldo una alta calidad en la representación; por el contrario, da cuenta de un déficit. Así lo deja en evidencia la realidad de las dos democracias más grandes de América Latina. México, con 122 millones de habitantes, tiene sólo nueve partidos nacionales reconocidos. Brasil, con casi cuatro veces más electores que nuestro país, cuenta con menos partidos que nosotros.

Esta dispersión de partidos se traduce en su relación con internet. Así lo refleja el estudio de Transparencia Electoral. Aunque parezca increíble, el 15% de los partidos nacionales que han participado de la última elección no tienen página web. El 32% de los partidos que tienen web no responden a solicitudes en línea.

Un dato positivo es que el 96% de los portales que funcionan produce información propia, sin embargo, el titular del partido no aprovecha esta plataforma para dirigirse a sus afiliados ni a la sociedad en general. El 62% no lo hace.

Una información que resulta llamativa es que mientras en el debate público la problemática de género está presente, el 76% de los portales no cuenta con una sección dedicada a estas cuestiones.

En cuanto a redes sociales, los partidos políticos con web en funcionamiento tienen presencia en Facebook en un 77%, en cambio, en Twitter baja al 53% y solamente cuenta con un canal en YouTube el 35 por ciento.

El PRO lidera Facebook y Twitter. Este partido en Facebook cuenta con 511 mil “me gusta”, lo sigue Generación para un Encuentro Nacional (GEN) con 220 mil, la Unión Cívica Radical (UCR) con 73 mil y el Partido Obrero (PO) con 49 mil. En Twitter se producen algunos cambios, aunque sigue liderando el PRO con 134 mil seguidores, lo sigue el Movimiento Al Socialismo (MAS) con 41 mil, la UCR con 38 mil y el PO con 18 mil.

En definitiva, falta mucho camino por recorrer. Los partidos políticos deben abrirse al desafío que les plantea el nuevo electorado. Hay portales con muy buena información, como el del Partido Socialista (PS); también hay propuestas innovadoras, como la web del PRO o como el trabajo que realiza el grupo UCR Innova en el centenario Partido Radical.

Un partido político se diferencia de un sello de goma, entre otros aspectos, en estas cuestiones. Lo que antes era un portal institucional ahora debe ser asumido como una plataforma de comunicación interactiva que produzca información propia de manera permanente y actualizada, que integre a las redes sociales y que logre recibir y responder los mensajes de sus seguidores y de la ciudadanía en general. El concepto de gobierno abierto debe recalar en las organizaciones partidarias. La reforma electoral es una gran oportunidad para construir partidos políticos abiertos.

En la era de la personalización de la política, el desafío pasa por dotar de personalidad a las organizaciones partidarias. Las nuevas organizaciones partidarias deberían funcionar como un gran grupo de WhatsApp. El partido que se no adapte a este proceso de cambio quedará al margen. Será incapaz de representar al nuevo electorado y sentirá, cuando vaya en busca de los votos, que “le faltará el terreno bajo los pies”, figura expresada por Antonio Gramsci que resume su preciso análisis sobre la crisis de esos príncipes modernos llamados partidos políticos.

Martins pudo reunirse con su amigo en un parque de diversiones vienés para que negara los cargos. Lo hizo arriba de una rueda de la fortuna. Cuando su coche llegó a la cima, Harry Lime, su amigo, no sólo aceptó la acusación, sino que la fundamentó con una frase que recuerdo así: “Mira a la gente desde aquí. ¿Qué son sino puntos negros? Puedes barrer con tu imaginación ahora algunos y ¿quién lo notaría? Son sólo puntos negros”. Lime no se quedó allí. Aseguró que así funcionaba el mundo y la política, que es lo que lo mueve. Cuando la ciudadanía no interviene en los procesos de reformas electorales, se transforman en puntos negros fáciles de barrer en el papel de un proyecto elaborado en un frío despacho de organismo público.

Un argumento muy usado tiene que ver con una falsa dicotomía: pluralismo o gobernabilidad. Para garantizar la gobernabilidad se premia al partido que más votos obtuvo, se lo sobrerrepresenta, es decir, se barren puntos negros que hasta ese momento fueron ciudadanos que emitieron sus votos. Como acompañamiento a estas acciones van algunas prácticas nada amigas de la idea de elecciones íntegras. Un claro ejemplo es lo que ha pasado con el supuesto senador nacional por la minoría consagrado en la Reforma Constitucional de 1994. Los ciudadanos de muchas provincias fueron barridos como puntos negros al quedarse sin representación en la Cámara Alta.

Para esta concepción, la gobernabilidad es uniformidad que poco tiene que ver con las sociedades plurales y diversas contemporáneas. En estos casos, el sistema electoral homogeniza lo diverso, barre puntos negros.

Si asumiéramos otra concepción de la política, más consensual y dialoguista, no veríamos al pluralismo como una amenaza a la estabilidad. Por el contrario, se reconfiguraría el concepto de gobernabilidad, una gobernabilidad que incluya a los puntos negros, que no los barra. Que en esa inclusión logre cumplir con su propia autodefinición: capacidad efectiva de gobernar.

En la provincia de Buenos Aires la utilización de la cuota Hare para la distribución de bancas en los cargos provinciales borra a miles de ciudadanos. La ley de lema en Santa Cruz o en Formosa borra a los electores al tomar decisiones por ellos. Las colectoras en La Rioja y los acoples en Tucumán son formidables gomas de borrar derechos políticos.

El imperio de los defensores de esta concepción de la gobernabilidad está en retroceso. La sobrerrepresentación como requisito para la estabilidad política no ha traído los resultados esperados. El malestar de la ciudadanía radica en que se considera puntos negros barridos y esto sin dudas afecta tal gobernabilidad.

El gran desafío de la reforma electoral no es cambiar el instrumento de votación o unificar el calendario electoral. Es eso y mucho más. Se trata de cambiar una concepción de la política que presenta prácticas hegemónicas, ventajeras y violentas. Que barren los derechos políticos de miles y miles de argentinas y argentinos.

Las últimas imágenes de los debates en el Congreso son alentadoras. Los referentes de diferentes bancadas negocian leyes fundamentales. Son parte de esas negociaciones el Gobierno y los gobernadores. Se discute, se negocia y se acuerda. La ciudadanía ya no ve esto como componendas espurias, sino como un reflejo de las diferencias. No demonizar la palabra ‘pacto’ o ‘acuerdo’ es un avance. No hay necesidad de pactos en los regímenes autoritarios y hegemónicos. En los regímenes pluralistas debe haberlos. La reforma electoral será una reforma cultural o no será nada. Podremos contar con la última tecnología electoral, pero seguiremos con nuestros problemas de fondo si no se avanza sobre ella.

El titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, algo ha insinuado al respecto. Recientemente, ha dicho que no debe desaprovecharse esta oportunidad que tenemos por delante para cambiar aspectos fundamentales del sistema electoral.

La reforma electoral tiene la enorme tarea de sacarle la ‘o’ de la disyunción al título de este artículo y así pasar a otro mucho más interesante: pluralismo y gobernabilidad. Un desafío más interesante, por cierto.

En definitiva, la boleta única no es la solución mágica a todos nuestros problemas. Sin embargo, hay una exagerada expectativa en su posible implementación.

En realidad, el aporte concreto que podría traernos su implementación es la posibilidad de erradicar el robo de boletas. No obstante, debemos remarcar que este delito electoral se expande cuando los partidos no pueden fiscalizar. En el proceso electoral de 2015 esta práctica repudiable se redujo considerablemente hasta dejar de ser un problema serio. Cambiemos puso un fiscal en cada mesa del país tanto en las elecciones generales como en la segunda vuelta y el problema se acotó. Las acciones de las ONG y las autoridades electorales también contribuyeron a disminuir el robo de boletas.

Por su parte, la boleta única electrónica (BUE) tampoco resuelve los problemas mencionados, pero reduce los tiempos del escrutinio de mesa y este sí es un problema mucho más grave que el robo de boletas. La jornada electoral comienza a las 7.30 horas y luego de cerrar las mesas, a las 18 horas, se prolonga por muchas horas el escrutinio manual. El cansancio de las autoridades de mesa distiende los controles y la eficiencia del trabajo, provoca errores en una etapa clave y además se transformó en una ventana de oportunidad para la manipulación de documentos electorales. Todos recordamos el escrutinio provisorio de la elección en la provincia de Tucumán, por ejemplo.

Por un lado, uno de los grandes desafíos de la reforma electoral, además de proponer medidas para los problemas mencionados al principio del artículo, es reducir considerablemente los tiempos del escrutinio de mesa, del envío de esa información, de su procesamiento y de la publicación de esos datos en sociedad.

Por otro lado, se percibe en este contexto de reforma electoral cierto rechazo a la posibilidad de incorporar tecnología. Resulta llamativo que en una sociedad habituada al uso de celulares, al cajero automático y al home banking se imponga una tendencia reaccionaria al avance tecnológico.

Hoy, porque votamos más parecido a como se votaba en 1912 es que necesitamos dar un salto a la modernidad. No hay que temerle a la innovación electoral, sólo hay que instrumentar las medidas de control que necesita todo cambio. Control que pueda ser efectivamente ejercido por la ciudadanía y los partidos políticos.

La implementación de la BUE en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires dejó mucho que desear; sin embargo, arrojó como saldo la aprobación por parte de los electores y las autoridades de mesa. En la provincia de Salta, por el contrario, se implementó el sistema de modo gradual y con el consenso de todos los partidos.

Por tanto, se necesita asumir un concepto amplio de reforma, que discuta el tipo de lista, pero que también apunte a garantizar la integridad del proceso electoral moderno e innovador. Para lograrlo, habrá que pasar del eslogan a las respuestas concretas que enfrenten problemas como la campaña anticipada, el financiamiento irregular, el uso de recursos públicos con fines electorales, el perfil de la nueva autoridad electoral, la trashumancia, los obstáculos a la paridad de género, la ausencia de rendición de cuentas, el nulo acceso a la información, la debilidad de los partidos, el clientelismo y la cultura de la hegemonía (manifestada, por ejemplo, en las reelecciones y en los sistemas electorales tramposos como la ley de lemas) y la violencia política.

Hay condiciones para consagrar un sistema electoral propio del siglo XXI. No las desaprovechemos.

Campaña anticipada. La campaña electoral no empezó como dice la ley 19945, 35 días antes de la fecha de los comicios. Para sorpresa de muchos, se inició un año antes, por lo menos. En este sentido, Daniel Scioli fue el más citado en la aplicación que desarrolló Transparencia Electoral para denunciar este tipo de faltas. Esta situación generó inequidad política y concentración de la oferta electoral, ya que no todo candidato podía afrontar los gastos elevadísimos que la campaña implicó.

Financiación. Una campaña electoral que dura más de un año impacta negativamente en dos aspectos. Por un lado, la gestión se distiende, ya que muchos recursos materiales y humanos son desviados a este propósito. Por el otro, son fondos que no existen. La ley establece que solamente debe rendirse lo gastado en los días que dura formalmente la campaña. La campaña del candidato del oficialismo sin dudas fue la más costosa de la historia.

Candidatos de Estado. Otro elemento que afectó la competencia electoral fue el desequilibrio que genera el hecho de contar con candidatos que ocupan algún cargo ejecutivo y que, a su vez, tienen poca o ninguna predisposición a disociar la comunicación institucional de la comunicación de campaña.

Primarias. El espíritu de la primaria es la competencia entre partidos o candidatos. Cuando un partido o frente ofrece solamente un candidato, se distorsiona el propósito de esta institución. El carácter obligatorio del voto en esta instancia debería maridar con el carácter obligatorio de la competencia intra o extrapartidos.

Además, hay un tema que merece un análisis más minucioso. En elecciones provinciales, en distritos pequeños o medianos, un calendario electoral desglosado le da más ventajas a los partidos de poder para atender las zonas en donde los resultados no son los esperados. A simple vista se puede sugerir que las primarias, a baja escala, reforzaron el clientelismo electoral y, por ende, al partido de poder. El caso La Rioja sirve de ejemplo.

En relación con la jornada electoral, podemos resaltar lo siguiente:

Tipo de boleta. La boleta sábana (horizontal y vertical) es funcional a esos partidos de poder que, gracias a la utilización de recursos estatales, pueden garantizar la presencia de un fiscal partidario en cada una de las cien mil mesas electorales del país. El efecto que ha generado es binario: por un lado, garantizan que su boleta se encuentre en los cuartos oscuros de las mesas de votación, por el otro, y en algunos casos, eliminan las boletas de la competencia. Este último punto fue atendido por la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral. Luego de la escandalosa elección de 2007 podemos afirmar que este impacto fue reducido en las elecciones de 2015.

Escrutinio de mesa. Para toda autoridad de mesa es desgastante repetir tres veces al año una jornada que comienza a las 7.30 horas y concluye pasadas las 22, como ha ocurrido en las elecciones primarias del 9 de agosto en distritos en donde se votaron múltiples categorías, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Los riegos de esta intensa jornada de trabajo se relacionan con la distensión del control en la etapa que requiere más concentración. En las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires se pudo comprobar cómo la boleta única electrónica simplificó esta tarea, lo cual no puede pasar inadvertido. Reducir el tiempo del escrutinio de mesa en más de dos horas promedio no es un tema menor.

Totalización y difusión de datos. Sin dudas es el aspecto más débil de nuestro sistema de votación. El papel del Correo Argentino ha dejado mucho que desear y representa una ventana de oportunidad concreta para la manipulación de datos electorales, ya sea en lo que hace a la logística propia de su tarea, ya sea en la forma y los criterios poco claros acerca de cómo cargan los datos. La empresa española Indra en realidad carga los datos que recopila el personal del Correo en cada uno de los centros de votación del país y que luego digitaliza en los centros de recepción y envío de datos. Si los datos que llegan a Indra son adulterados, por error o en forma deliberada, la carga se verá también afectada. Por otra parte, la demora en los datos ofrecidos en el escrutinio provisorio del 25 de octubre no ha sido grave si la comparamos con el inexplicable cambio de tendencia registrado en el provisorio del 22 de noviembre. En esta oportunidad se votaban dos opciones de una sola categoría en todo el país, por lo tanto no se comprende cómo, si el origen de los datos era tan homogéneo, pudo darse una situación de reducción de más de siete puntos porcentuales en sólo un par de horas. Esto no ha sido debidamente explicado, por lo que ha dejado un tendal de sospechas que se han potenciado en el hecho de que tanto encuestas como conteos de mesas testigo coincidían con la brecha que se difundió al principio del provisorio.

En definitiva, estos son algunos puntos que pueden y deben ser abordados en la próxima reforma electoral y política. Este horizonte debe encuadrarse en iniciativas que consagren la equidad electoral, que promuevan una nueva cultura competitiva, que mejoren la calidad de la representación y la alternancia como valor. Para lograr esto se necesitarán instituciones electorales independientes del Poder Ejecutivo y un nuevo sistema de votación, tecnificado, seguro y auditable, que supere las limitaciones que ha presentado el actual.

Las primarias del 9 de agosto, pero sobre todo las elecciones provinciales de La Rioja y Tucumán, reavivaron el debate sobre el sistema de votación. La campaña anticipada, el uso de recursos públicos con fines proselitistas, el abuso de las cadenas nacionales, el robo de boletas, la manipulación de documentos electorales, la concentración de poder en feudos provinciales y su impacto negativo en la competencia electoral, el clientelismo, la ardua y extensa tarea que debieron realizar las autoridades de mesa, fueron algunos de los problemas que quedaron en evidencia. Por su parte, en las elecciones del 25 de octubre las demoras en la difusión de los datos en el escrutinio provisorio abrieron la discusión acerca de la necesidad de contar con una Dirección Nacional Electoral autónoma, que no dependa del Poder Ejecutivo.

No por casualidad, entonces, la agenda de la reforma electoral del siglo XXI ha sido planteada por las demandas de la ciudadanía, como así también por algunos de los candidatos.

Mauricio Macri es, sin duda, el candidato que más representa esa agenda de cambio. En el último año de su Gobierno implementó, no sin dificultades, un nuevo sistema de votación. Macri no hizo especulaciones político-partidarias y tomó el modelo que impulsó el gobernador peronista de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. En este año plagado de elecciones, los porteños votaron con la flamante boleta única electrónica y con el sistema tradicional. El saldo de la innovación fue positivo. Tanto electores como autoridades de mesa y electorales coincidieron en las ventajas del primero.

Mauricio Macri, si fuera electo presidente, y María Eugenia Vidal, como flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ya se han comprometido a hacerle honor al nombre del espacio que representan cambiando el sistema de votación.

Efectivamente, si tomamos el caso de la provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de Salta, en 2017 la mitad de los argentinos podría elegir a sus candidatos con la boleta única electrónica.

La campaña propositiva de Sergio Massa le ha marcado la cancha a los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta y el tema electoral fue una de las cuestiones más mencionadas por el candidato de UNA. Massa apostó al voto electrónico en su versión más radical. Lo hizo como su contrincante en las primarias, el cordobés Juan Manuel de la Sota, por el modelo de urna electrónica utilizado en Brasil.

La audacia de Massa bordeó el límite de la irresponsabilidad cuando pidió aplicar el voto electrónico a semanas de las elecciones generales.

A diferencia de Macri y Massa, Daniel Scioli representa la agenda conservadora en materia de reforma e innovación electoral. Scioli es, como pocos, un producto acabado del sistema tradicional de votación. Procede de una provincia en donde se le rinde culto a la boleta de papel, a la fórmula mayoritaria con la aplicación de la cuota Hare para la distribución de los cargos legislativos y en donde los intendentes “eternos” del peronismo se aferran a las bondades de las tracciones por categoría.

En estos días el candidato a presidente del Frente para la Victoria se mostró una vez más con el tucumano Juan Manzur, el flamante gobernador electo que dejó la elección más escandalosa que se recuerde en donde quedaron en evidencia todas las limitaciones del sistema tradicional de votación.

En su último megadiscurso, la presidente Cristina Fernández de Kirchner defendió la lista sábana y cuestionó el voto electrónico, al igual que lo hiciera en campaña su candidato derrotado en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. La Presidente defiende un modelo electoral perimido, y su agenda conservadora no sólo se expresa en el récord de cadenas nacionales que atentan contra todo ideario de elecciones equitativas, sino también en su defensa de la ley de lemas que se aplica en su provincia patagónica.

Pero mal que les pese a la Presidente y a su candidato presidencial, la agenda de reforma electoral es un hecho y se encuentra respaldada por la ciudadanía. Los electores recuperarán próximamente parte de su libertad para elegir sustraída por un sistema de votación depositario de todos los vicios y las prácticas políticas del ventajismo y la concentración del poder.

La suerte de la reforma electoral del siglo XXI también está en disputa: el 22 de noviembre se define la continuidad del sistema de votación vigente o su cambio. Continuidad y cambio, una vez más, ahora en clave de reforma electoral.

Todos sabemos que nuestro sistema de votación presenta muchos problemas, que la jornada de trabajo dominical es extensísima; ahora bien, todos sabemos también que para que haya resultados fieles a lo que expresa la voluntad popular la tarea de la autoridad de mesa, tu tarea, es determinante.

Este domingo podés convertirte en héroe controlando que en la urna no haya sobres antes de que la elección comience, corroborando la identidad de cada elector, reponiendo las boletas que sean robadas durante la jornada electoral, informándole al delegado judicial cualquier tipo de anomalía que observes, asumiendo la autoridad a la hora de realizar el escrutinio de mesa, siendo muy prolijo a la hora de cerrar la urna y completar los formularios de cierre de escrutinio y comprobando que esos datos estén debidamente transcriptos en el formulario del telegrama para ser depositado en el sobre de seguridad precintado que deberás entregarle al personal del correo.

No es exagerado decir que la calidad de la democracia se mide en cada mesa de votación. No hay fraudes grandes y fraudes chiquitos. Meter la mano en una mesa de votación implica en los hechos que los derechos políticos de los ciudadanos inscriptos en ella han sido vulnerados. Pero no todo queda aquí: también puede afectar el resultado final, es decir, atenta contra los derechos políticos de todos los electores.

La democracia no es una entelequia, por el contrario, se materializa en cada mesa de votación, en el papel que desempaña todo ciudadano que asume la tarea de controlar una elección.

Hoy sos el superhéroe de tu mesa de votación. Tenés la difícil misión de defender el voto de los 350 ciudadanos que forman parte del padrón. Que la fuerza de la democracia te acompañe.

Es lógico que en un mundo atravesado por la economía ese ciudadano comprometido con la res publica se haya desvanecido (si alguna vez existió) para dar lugar a otro caracterizado como un individuo aislado cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Esa democracia empírica fue agudamente detallada y anticipada por Joseph Schumpeter, al decir que los ciudadanos no pueden informarse debidamente por el costo del tiempo y la pérdida de descanso. Si hay un bien escaso en la actualidad, es el tiempo.

Por lo tanto, la democracia ha perdido su sustrato movilizador para transformarse en un método por el cual esa masa de individuos aislados y con poco tiempo para informarse seleccionará a los que van a gobernar. El ideal de una democracia sustancial se materializó en una democracia procedimental.

En este contexto todo se simplifica. Las elecciones pasan por un eje elemental: continuidad o cambio. Si bien ese nuevo ciudadano tiene poco tiempo para informarse, su acción siempre será racional. Para maximizar su voto tratará de obtener información certera, se resistirá, muchas veces sin éxito, a ser manipulado. A mediados del siglo XX, cuando se desarrollaron estas teorías que vinculaban lo económico con lo político, las encuestas eran novedosas y contaban con un gran prestigio. En la actualidad han perdido credibilidad. Este método científico ha sido desvirtuado, los ejemplos de manipulación se repiten elección tras elección. Es por ello que ese ciudadano desinformado ya no las considera a la hora de definir su voto. Ese espacio ha sido ocupado por la madre de todas las encuestas: la elección primaria.

Se ha dicho que las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias funcionan como una gran encuesta sin margen de error. Es sobre esta base informativa que opera ese ciudadano maximizador de beneficios electorales y políticos a los efectos de decidir entre la simple dicotomía continuidad o cambio.

Cuando no se habían implementado las primarias, se escuchaba una frase de manera repetitiva: “En la primera vuelta se vota con el corazón, en la segunda con la cabeza”. Ahora, en un proceso electoral de tres actos, esta frase aplica solo en las primarias y en parte. Es que ha quedado claro que ese voto racional ya opera en la primera instancia electoral. En Cambiemos, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, y en UNA, Juan Manuel de la Sota lo comprobaron en carne propia. Además, de las 15 fórmulas que compitieron, sólo 6 pasaron a la general.

El cineasta Juan José Campanella ha dicho de la elección de octubre: “Hay sólo dos melodías”. Una frase exacta y sintética que resume todo el debate teórico que hemos presentado. Es poco probable que los votos que fueron en agosto a Daniel Scioli no tengan el mismo destino en octubre. Lo mismo ocurre con el segundo. Los votos de Mauricio Macri volverán a ir para Mauricio Macri. El problema lo tiene el tercero, Sergio Massa.

Este contexto condicionante influye en ese elector, sobre todo cuando está en juego un cargo ejecutivo, en donde solamente “gana uno”. Por lo tanto, si todo se resume en continuidad o cambio, ¿qué sentido tiene votar por el tercero o por el cuarto? Actuar de esta manera es casi una decisión irracional. En otras palabras: el votante de UNA en las primarias que quería y quiere cambio no tiene ahora incentivos para volver a votarlos.

Insisto. En esta suerte de mercado político, si se considera al candidato como un “vendedor de políticas públicas” a cambio de “votos”, ¿por qué ese elector maximizador de objetivos políticos le va a dar su voto al candidato que no llega a la segunda vuelta? Es decir, que no le va a poder “pagar”. ¿Por qué ese elector que votó a Sergio Massa con la intención de provocar un cambio lo votaría nuevamente si ahora ese mismo candidato perjudica ese objetivo?

Si bien es inconducente universalizar este comportamiento, un segmento electoral se sentirá cómodo al hacerlo. Más aún si lo que está en juego es la posibilidad de un ballotage, es decir, el ámbito que saldará el dilema continuidad o cambio. En este contexto, las preguntas son las siguientes: ¿qué porcentaje de los más de cuatro millones y medio de electores que obtuvo UNA en las primarias apelará al voto útil? ¿Cuántos de estos electorales mantendrán la fidelidad en categoría diputados, pero cortarán boleta en favor del candidato que garantiza una segunda vuelta?

Más allá del esfuerzo del Gobierno por reinstalar la candidatura de Sergio Massa, la lógica del voto útil es implacable. Sólo resta saber qué porcentaje de los votantes de UNA en las primarias ponderará la opción de la segunda vuelta sobre la fidelidad al candidato.

Lo cierto es que las elecciones ya no se ganan y se pierden, como aseguraba el refrán. Ganan casi siempre los mismos y pierden casi siempre los mismos. Lo nuevo es que esto no ocurre tanto por cuestiones relacionadas con las características particulares que pueda tener un candidato o un frente en el marco de un contexto de contienda electoral, sino más bien se vincula con un dispositivo electoral particular que contribuye a lograr el objetivo de la representación monocolor. Cuando esto ocurre, se consolida la era del partido hegemónico.

En el TEG de la provincia del Chaco se advierte un movimiento que se da de abajo hacia arriba, tendiente al control total de la provincia, que se despliega sin prisa pero sin pausa. Con la caída de Resistencia, el distrito más importante desde el punto de vista demográfico y bastión de la oposición en la provincia, se consolida el régimen de partido dominante. De los 69 municipios con los que cuenta la provincia, 55 estarán en manos del oficialismo. El 80 % de los intendentes serán oficialistas. Las intendencias son piezas clave a la hora de ganar el premio mayor: la gobernación de la provincia.

La combinación entre reelección indefinida y no rendición de gastos de campaña hace que la alternancia y la competencia electoral queden cada vez más comprometidas en esta categoría. En las jornadas electorales estos intendentes candidatos montan enormes centros de “acopio” de electores a metros de los centros de votación en donde, como ha quedado documentado, realizan compra de votos de modo directo o indirecto (marcando las boletas entregadas al elector). En los distritos que limitan con Paraguay y Formosa todo esto se refuerza con la incorporación de voto golondrina en los padrones.

En Agua Blanca el Frente Chaco Merece Más de Jorge Capitanich obtuvo el 93 %, en Capdevilla 89 %, La Clotilde 82 %, Charadí 81 %, Hermoso Campo 80 %, Ciervo Petiso 79 %, Urien 75 %, Puerto Eva Perón y Las Garcitas 74 %, Frente Esperanza 73 %, La Escondida 72 %, Taco Pozo y La Eduvigis 71 %.

Por el contrario, las pocas ganadas por el frente opositor Vamos Chaco marcaron una mínima diferencia con respecto a la segunda lista, con la excepción de Pampa Almirón. Esto le da un fundamento sólido a las denuncias que Vamos Chaco realizó sobre las irregularidades detectadas en el padrón.

Las autoridades electorales parecen ocuparse solo de las cuestiones logísticas atinentes a los comicios y soslayan aspectos centrales que hacen a la equidad electoral.

El caso de Chaco es un claro ejemplo al respecto. Esta provincia tiene una gran experiencia en organizar elecciones desdobladas a las generales nacionales. Cuenta a su vez con un Tribunal Electoral reconocido por dirigentes y fuerzas políticas locales. Sin embargo, en esta última elección la relación se resquebrajó cuando la oposición tuvo que controlar el padrón electoral ante sospechas de manipulación. Las irregularidades detectadas superaron la cantidad de los 10 mil registros. Las fuerzas políticas deben ocuparse de elaborar sus propuestas y de seducir a los electores, no de controlar el padrón; es esta una tarea que debe realizar la autoridad local electoral.

¿Cómo saber si impactaron estas irregularidades en los resultados de las intendencias que se definieron por un puñado de votos como Basail, Charata, Colonia Popular, Colonia Unidad y La Verde, entre otras?

La recomposición de esta relación dependerá del compromiso del Tribunal Electoral de atender la problemática del debilitamiento de las condiciones que hacen a la competencia electoral. Además de sugerir cambios en la normativa electoral a la legislatura provincial, se deberá elaborar un plan de acción para evitar, y sancionar en el caso que corresponda, la compra de votos, el acarreo y acopio de electores.

En una de esas no hay que esperar a las próximas elecciones. Algo se puede hacer en lo inmediato. El escrutinio definitivo que empieza esta semana es una oportunidad central para comprobar las denuncias documentadas de compra de votos cometidas por algunos intendentes candidatos.

¿Se hará algo ante las serias denuncias de lo ocurrido en Gancedo, La Leonesa y Margarita Belén?

¿Avanzará el Tribunal Electoral por el camino de la consolidación democrática? ¿O por el contrario, tomará el ejemplo de muchas provincias de nuestro país que hacen la vista gorda ante prácticas delictivas que atentan contra las condiciones de competencia electoral?

“Esto no es Tucumán”, aseguró la presidente del Tribunal Electoral ante los veedores electorales que visitaron la provincia por estos días. Si no se toman medidas urgentes y necesarias, podría serlo en un futuro.

El tucumanazo dejó al desnudo la situación que se vive en algunas provincias de nuestro país, en donde ya no se puede hablar de elecciones íntegras, ni competitivas. Las debilidades de estos sistemas dejan en entredicho la noción misma de democracia. Pero todo esto no termina aquí, por el contrario, estos abusos y atropellos a escala local a su vez empañan las elecciones generales ante el riego de un rápido contagio.

La posición inflexible ante las propuestas de cambio del funcionario y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, puso en alerta a todos los partidos políticos de la oposición y hasta llegó a descolocar a otros funcionarios y legisladores oficialistas que mostraron cierta apertura.

Este martes se produjeron dos hechos importantes casi en simultáneo: la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral que concentra y mantiene la confianza de los partidos políticos y candidatos en general, convocó a las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas y para comunicar que algunas de ellas han sido tomadas en cuenta.

A su vez, en el Congreso de la Nación el interbloque opositor presentó el “Acuerdo por la Transparencia Electoral”, cuyo contenido da cuenta de una serie de instrumentos para garantizar la seguridad de la elección de octubre.

En ambos encuentros se advirtieron puntos medulares y coincidentes: más presencia de la Justicia electoral en los centros de votación. Para que ello ocurra se deberá fortalecer la figura del delegado judicial, una figura administrativa que no se encuentra en el Código Nacional Electoral, pero que se ha transformado casi en un necesario superhéroe democrático. Lamentablemente no se ha extendido su importante tarea en la totalidad de los centros de votación del país. Por ejemplo, en las PASO de la provincia de Buenos Aires llegaron a estar en 4 mil de los 5 mil centros de votación.

Otro aspecto que fue objeto de críticas es la inexplicable diversidad en cuanto al diseño de los telegramas. Cada distrito del país tiene el suyo. Esta ridícula “autonomía” resulta una invitación tanto al “error humano” en la confección de telegrama como así también a la aviesa intención de manipular documentos electorales. La denuncia de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y la de José Cano en Tucumán dio cuenta de este grave problema fácil de resolver.

La forma en que se cargan los datos en el escrutinio provisorio también fue motivo de debate. La Dirección Nacional Electoral (DINE) había advertido que los resultados del provisorio en las PASO pasadas se demorarían para evitar el sesgo en la carga, dado que se estimaba que el escrutinio en las mesas bonaerenses sería más lento que en el resto de los distritos. Esta demora se extendió más que lo de costumbre con la intención de no perjudicar al candidato a la presidencia del oficialismo. La pregunta que muchos se hacen es qué pasará el 25 de octubre. Los datos de la provincia de Buenos Aires llegarán ahora más rápido que en las PASO, con lo cual podría generarse un sesgo a favor de Daniel Scioli. Para evitar estas decisiones arbitrarias, el interbloque de la oposición le pidió a la Cámara Nacional Electoral que articule con la DINE un protocolo de carga que sea público y auditable.

En relación con el robo de boletas se dejó escuchar, en el encuentro de la Cámara Nacional Electoral, una voz tenue que pidió, ante la negativa del Gobierno de implementar la boleta única complementaria, el cuarto oscuro complementario. Un ambiente preservado y destinado para el caso en que un elector no encuentre la boleta que busca.

Todas estas iniciativas realizables que no requieren modificar la actual normativa electoral fueron en parte opacadas por la crítica al papel del Correo Argentino realizada en ambos encuentros.

En la provincia de Tucumán no se pudo cargar en el escrutinio provisorio el 20 % de los telegramas. En la conferencia un diputado en el Congreso denunció que, sumados los votos de María Eugenia Vidal, Solá y otros candidatos de la provincia de Buenos Aires, se llega a 500 mil votos recuperados entre el provisorio y el definitivo.

En ambos encuentros se reclamó más control por parte de la CNE y la DINE a esta empresa pública encargada de la logística de las elecciones que incluye cámaras de video en los centros de carga y seguimiento georreferencial al transporte que traslada las urnas.

El Gobierno nacional tendrá que responder en lo inmediato con medidas concretas a estos planteos que han realizado los partidos de la oposición y las ONG que entienden en la problemática electoral. Es verdad que proponer, como lo han hecho algunos referentes opositores, a dos meses de la elección, un cambio en el sistema de votación resulta irresponsable e imposible de aplicar. Sin embargo, negarse a todos estos pedidos razonables deja en evidencia la actitud de sacar ventaja de las ostensibles limitaciones e irregularidades que se han advertido en las PASO y en las elecciones provinciales como las de La Rioja y Tucumán.

El supermartes ha pasado. Ahora, las autoridades electorales de nuestro país tienen la responsabilidad de brindar las garantías que toda elección requiere.

La ingeniería electoral es como la energía atómica: puede servir para iluminar una ciudad o para terminar con ella. Los alquimistas de la política saben esto y lo aplican como parte de su expertise.

El Parlamento del Mercosur derrama buenas intenciones. El Protocolo Constitutivo reconoce la “representación de los ciudadanos de los Estados parte” para dar lugar “a la creación de un espacio en el que se refleje el pluralismo y las divisiones de la región”. Habla una y otra vez de democracia, participación y representatividad. Entre sus propósitos se destaca la “representación de los pueblos respetando la pluralidad ideológica y política”.

Todo muy lindo, sin embargo, la comitiva argentina que mandaremos al Uruguay es bien macha y peronista.

No podía ser de otra manera. La ley fue diseñada por el apoderado del partido justicialista con la única intención de privatizar la representación de la ciudadanía. Jorge Landau no dio lugar a los planteos de varios despachos de minoría que sostenían que el proyecto oficial no respetaba la representación de las minorías ni tampoco las de género.

El proyecto sancionado a fines del año pasado estipuló un sistema mixto en donde 24 parlamentarios provienen de cada uno de los 24 distritos de nuestro país y 19 lo hacen a través de una lista por distrito único.

Las primarias del pasado domingo funcionan como un simulador de lo que podría ser el resultado de las generales de octubre. El sueño de Landau de tener un Parlasur macho y peronista se hará realidad.

El despropósito de elegir a un parlamentario por distrito genera varios efectos, entre ellos, estos: excluye a las minorías de la representación, dado que el ganador se lleva todo lo que está en juego. Es decir, sobrerepresenta al que gana. Un candidato podría llevarse el 100 % del cargo en juego con un 30% de los votos. Además, a este sistema mayoritario le resulta imposible cumplir con la representación de género.

En este último sentido, los resultados del simulador son categóricos: los 24 parlamentarios elegidos a través del sistema mayoritario son hombres. La paridad de género ha sido borrada del mapa por los alquimistas electorales. Las mujeres que forman parte de la mitad del padrón nacional no tendrán una debida representación en el Parlasur.

Estos 24 hombres son en su abrumadora mayoría peronistas: 18 del partido de Gobierno y 3 de versiones disidentes. Es decir, casi el 88 % de este bloque representa una expresión política ideológica: el peronismo.

El Frente para la Victoria (FPV), que obtuvo el 38 % de los votos a nivel nacional, se llevó el 75% de la representación de los 24 parlamentarios elegidos por este particular mecanismo.

El resto de los diputados del Parlasur, los 19 elegidos por distrito único y con la fórmula proporcional, no terminan de compensar este descalabro que hemos presentado.

Siguiendo con el simulacro de los nueve cargos obtenidos por el FPV: seis son hombres, es decir, casi el 67 %. UNA sube al 75 %, ya que de sus cuatro parlamentarios tres en hombres. Solo en Cambiemos se logra la paridad: tres son mujeres y tres hombres.

En definitiva, de los 43 parlamentarios del Mercosur 36 son hombres: nada menos que el 83 %.

A su vez, la sobrerrepresentación del oficialismo será en octubre un hecho. Si se repite la elección del domingo pasado, con el 38 % de los votos se llevarán el 62% de las bancas. Unos verdaderos genios del voto.

La representación política debería ser una suerte de espejo que nos refleje como sociedad. El caso Parlasur manifiesta la importancia de las normas electorales, de cómo afectan nuestros derechos políticos. También deja en evidencia las distorsiones que se producen cuando predomina la ventaja y el abuso en el diseño electoral. Si los legisladores del oficialismo sancionan leyes para manipular la representación, es lógico esperar que el día de la elección muchas personas consideren que robar boletas sea una sana picardía que forma parte de nuestro folclore electoral.