Campaña anticipada. La campaña electoral no empezó como dice la ley 19945, 35 días antes de la fecha de los comicios. Para sorpresa de muchos, se inició un año antes, por lo menos. En este sentido, Daniel Scioli fue el más citado en la aplicación que desarrolló Transparencia Electoral para denunciar este tipo de faltas. Esta situación generó inequidad política y concentración de la oferta electoral, ya que no todo candidato podía afrontar los gastos elevadísimos que la campaña implicó.

Financiación. Una campaña electoral que dura más de un año impacta negativamente en dos aspectos. Por un lado, la gestión se distiende, ya que muchos recursos materiales y humanos son desviados a este propósito. Por el otro, son fondos que no existen. La ley establece que solamente debe rendirse lo gastado en los días que dura formalmente la campaña. La campaña del candidato del oficialismo sin dudas fue la más costosa de la historia.

Candidatos de Estado. Otro elemento que afectó la competencia electoral fue el desequilibrio que genera el hecho de contar con candidatos que ocupan algún cargo ejecutivo y que, a su vez, tienen poca o ninguna predisposición a disociar la comunicación institucional de la comunicación de campaña.

Primarias. El espíritu de la primaria es la competencia entre partidos o candidatos. Cuando un partido o frente ofrece solamente un candidato, se distorsiona el propósito de esta institución. El carácter obligatorio del voto en esta instancia debería maridar con el carácter obligatorio de la competencia intra o extrapartidos.

Además, hay un tema que merece un análisis más minucioso. En elecciones provinciales, en distritos pequeños o medianos, un calendario electoral desglosado le da más ventajas a los partidos de poder para atender las zonas en donde los resultados no son los esperados. A simple vista se puede sugerir que las primarias, a baja escala, reforzaron el clientelismo electoral y, por ende, al partido de poder. El caso La Rioja sirve de ejemplo.

En relación con la jornada electoral, podemos resaltar lo siguiente:

Tipo de boleta. La boleta sábana (horizontal y vertical) es funcional a esos partidos de poder que, gracias a la utilización de recursos estatales, pueden garantizar la presencia de un fiscal partidario en cada una de las cien mil mesas electorales del país. El efecto que ha generado es binario: por un lado, garantizan que su boleta se encuentre en los cuartos oscuros de las mesas de votación, por el otro, y en algunos casos, eliminan las boletas de la competencia. Este último punto fue atendido por la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral. Luego de la escandalosa elección de 2007 podemos afirmar que este impacto fue reducido en las elecciones de 2015.

Escrutinio de mesa. Para toda autoridad de mesa es desgastante repetir tres veces al año una jornada que comienza a las 7.30 horas y concluye pasadas las 22, como ha ocurrido en las elecciones primarias del 9 de agosto en distritos en donde se votaron múltiples categorías, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Los riegos de esta intensa jornada de trabajo se relacionan con la distensión del control en la etapa que requiere más concentración. En las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires se pudo comprobar cómo la boleta única electrónica simplificó esta tarea, lo cual no puede pasar inadvertido. Reducir el tiempo del escrutinio de mesa en más de dos horas promedio no es un tema menor.

Totalización y difusión de datos. Sin dudas es el aspecto más débil de nuestro sistema de votación. El papel del Correo Argentino ha dejado mucho que desear y representa una ventana de oportunidad concreta para la manipulación de datos electorales, ya sea en lo que hace a la logística propia de su tarea, ya sea en la forma y los criterios poco claros acerca de cómo cargan los datos. La empresa española Indra en realidad carga los datos que recopila el personal del Correo en cada uno de los centros de votación del país y que luego digitaliza en los centros de recepción y envío de datos. Si los datos que llegan a Indra son adulterados, por error o en forma deliberada, la carga se verá también afectada. Por otra parte, la demora en los datos ofrecidos en el escrutinio provisorio del 25 de octubre no ha sido grave si la comparamos con el inexplicable cambio de tendencia registrado en el provisorio del 22 de noviembre. En esta oportunidad se votaban dos opciones de una sola categoría en todo el país, por lo tanto no se comprende cómo, si el origen de los datos era tan homogéneo, pudo darse una situación de reducción de más de siete puntos porcentuales en sólo un par de horas. Esto no ha sido debidamente explicado, por lo que ha dejado un tendal de sospechas que se han potenciado en el hecho de que tanto encuestas como conteos de mesas testigo coincidían con la brecha que se difundió al principio del provisorio.

En definitiva, estos son algunos puntos que pueden y deben ser abordados en la próxima reforma electoral y política. Este horizonte debe encuadrarse en iniciativas que consagren la equidad electoral, que promuevan una nueva cultura competitiva, que mejoren la calidad de la representación y la alternancia como valor. Para lograr esto se necesitarán instituciones electorales independientes del Poder Ejecutivo y un nuevo sistema de votación, tecnificado, seguro y auditable, que supere las limitaciones que ha presentado el actual.

Los candidatos de los Gobiernos se imponen porque usufructúan de recursos que se tornan determinantes en los procesos electorales. La última elección en La Rioja funcionó como un estudio de caso en donde se pueden advertir todas estas acciones que los partidos de poder acometen en pequeña escala. Todo se hizo más notorio. El Ejecutivo haciendo uso del clientelismo y las dádivas, la autoridad electoral al servicio del partido de Gobierno y los medios de comunicación asumiendo el proceso electoral como instancia extraordinaria para maximizar sus ganancias a través de la pauta oficial, representan las principales características del inclinado tablero electoral.

A gran escala todo parece menos perceptible, pero efectivamente ocurre y atenta contra el ideal de elecciones libres, justas y equitativas.

En nuestro sistema electoral el fiscal partidario ocupa un lugar destacado. Sin embargo, estamos en presencia de algunos cambios significativos cuyo impacto en los procesos electorales aún es poco conocido. Un estudio de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC) sobre la última elección en la provincia de Buenos Aires nos brinda las primeras advertencias. El espacio no peronista (es decir, el espacio que no gobierna este distrito) solo pudo ubicar un fiscal en el 26 % del total de las mesas. No hubo presencia de fiscales partidarios de este espacio en el 74 % de las mesas de votación. Es decir, en casi 25.200 mesas (sobre un total de 34.000) solo hubo presencia de fiscales del peronismo.

La mitad de los fiscales partidarios del Frente para la Victoria (el partido de poder) eran empleados públicos.

En este contexto puede esperarse lo peor. Sin ir muy lejos, en las últimas elecciones presidenciales de 2007 hubo robo sistemático de boletas. Una catarata de denuncias de electores durante la jornada electoral hizo que las fuerzas de la oposición realizaran la denuncia. Los testimonios recogidos ese día coincidían en lo siguiente: “Cuando salíamos del cuarto oscuro y les informábamos a las autoridades de mesa que faltaban boletas, nos respondían que volviéramos a entrar y que eligiéramos entre las que estaban”.

En materia electoral el tratamiento de la denuncia es crucial, ya que el tiempo apremia. Sin embargo, en estas cuestiones poco se puede hacer durante el transcurso de los comicios. La respuesta judicial llega tarde en la enorme mayoría de los casos.

Es cierto que la responsabilidad de que la boleta se mantenga presente en las mesas de los cuartos oscuros es de los partidos políticos, pero también es cierto que en la era de los partidos de poder hay que tomar decisiones que garanticen tanto el derecho de los electores a votar por su preferencia como el derecho de los partidos que no gobiernan a competir en condiciones de equidad.

Todo indica que la lamentable situación de 2007 puede repetirse en las elecciones que están por venir, por lo tanto, quiere decir que se ha hecho poco al respecto para evitarlo.

En este contexto, la decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría de autorizar a fiscales con residencia en un distrito fiscalizar en otro representa una medida positiva, aunque no deja de ser una excepción enmarcada en una regla.

En general, las autoridades electorales de nuestro país han tenido una actitud inexplicable (y condenable) al momento de impugnar la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer un rol de fiscal en las mesas de votación. Según nuestra normativa, solo los fiscales partidarios pueden estar en las mesas junto con las demás autoridades. La observación electoral, tan presente en las elecciones de América Latina, es considerada por las autoridades electorales como una suerte de intromisión en su trabajo, cuando en realidad se trata de una instancia de participación ciudadana fundamental para los procesos de consolidación democrática. Una interpretación acerca del crecimiento de la observación electoral en la región puede tener que ver con una sociedad diversa que no quiere sucumbir ante la prepotencia representativa de los partidos únicos o los partidos de poder.

El poder reproduce el poder. Las condiciones actuales de nuestro sistema electoral no hacen más que reproducir la inequidad electoral. A su vez, este es un epifenómeno del particular sistema político de nuestro país.

Si el fiscal partidario es una pieza clave en todo esto, pero solo están en condiciones de ejercer el rol controlador los partidos de poder, el resultado será la reproducción de un sistema de partido cuasihegemónico. En estos casos las diferencias podrán darse en el seno de ese partido omnipresente, obturando cualquier tipo de posibilidad de alternancia partidaria o de coalición de partidos.

Lo que ocurre en muchas provincias de nuestro país ya se advierte con nitidez a nivel nacional.

El debate también llega tarde. ¿Por qué se habla hoy, a días de las elecciones, de la necesidad de avanzar con la boleta única o con la boleta única electrónica? ¿Por qué no se discutió esto el año pasado? ¿A quiénes benefició el no tratamiento de estas cuestiones?

Debemos preguntarles a nuestras autoridades electorales si los problemas logísticos que hoy se advierten son efectivamente tales o se trata de un juego cuyas cartas están marcadas y cuyo efecto se torna inevitable.

En Salta la Boleta Única Electrónica (BUE) se implementó con tiempo, de modo planificado, con la participación activa de todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura, como una verdadera política de Estado.

En la ciudad de Buenos Aires, por el contrario, todo fue desordenado. Las idas y venidas del Gobierno de la ciudad generaron desconcierto en las autoridades electorales, en los partidos y en los frentes políticos, en la ciudadanía y hasta en la misma empresa que desarrolla la BUE.

Hubo tiempo para hacer las cosas bien, pero esa no era la idea.

Se dijo en un principio que el nuevo sistema de votación se aplicaría en las PASO. Esto no solo no fue así, sino que se convocó únicamente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para realizar un simulacro muy poco serio en el que se advirtió un uso proselitista del sistema.

Un porcentaje significativo de electores llegó el domingo 5 de julio sin saber en qué consistía la BUE. Habrá que estudiar si el efecto buscado pasó por generar confusión en el electorado para que este simplifique su tarea frente a la máquina al votar por lista completa.

No obstante, el proceso electoral salió airoso por dos motivos puntuales: por las 14 mil autoridades de mesa muy bien capacitadas por la Justicia y por la accesibilidad del nuevo sistema de votación conocido como BUE.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha tenido un papel polémico en un reciente fallo ante un planteo de la lista Energía Ciudadana Organizada (ECO), que lleva la candidatura de Martín Lousteau, sobre la configuración de la pantalla de la BUE en el balotaje del 19 de julio.

En un pedido insólito, el apoderado del PRO solicitó dividir en tres la pantalla y así presentar al voto en blanco como una opción con el mismo nivel de visibilidad que las otras opciones afirmativas. Como no podía ser de otra manera, esto generó el rechazo de ECO.

El diseño de la pantalla es una instancia clave del proceso electoral que no puede quedar a merced de planteos coyunturales a partir de los resultados que se han dado en las generales. El TSJ en la Acordada 17 aprobó el diseño de pantalla y tanto la lógica como los antecedentes en la materia (en Salta nunca se dio una situación similar) indicaban que el voto blanco debía mantenerse la ubicación en la pantalla que tuvo en las elecciones del 5 de julio.

Sin embargo, en un fallo dividido (3 votos contra 2), el TSJ dio lugar en parte al planteo del PRO y le otorgó al voto en blanco ni más ni menos que el 20 % de la pantalla, y además, lo ubicó en la parte inferior de la pantalla en toda su extensión. Esta suerte de barra espaciadora en la práctica podría transformarse en el aliado ideal de la campaña del PRO por inducir al voto en blanco.

Este fallo dará lugar a un recurso extraordinario que llegará a la Corte Suprema de Justicia. La problemática de la equidad electoral será tratada por la máxima autoridad judicial de nuestro país, aunque lamentablemente no habrá una respuesta concreta de cara a las elecciones del 19 de julio. Sin embargo, quizá sirva para que en el futuro no se produzcan cambios en las reglas electorales con la intención de beneficiar a los partidos de gobierno y así lesionar la noción de elecciones íntegras, transparentes y equitativas.