Lo cierto es que las elecciones ya no se ganan y se pierden, como aseguraba el refrán. Ganan casi siempre los mismos y pierden casi siempre los mismos. Lo nuevo es que esto no ocurre tanto por cuestiones relacionadas con las características particulares que pueda tener un candidato o un frente en el marco de un contexto de contienda electoral, sino más bien se vincula con un dispositivo electoral particular que contribuye a lograr el objetivo de la representación monocolor. Cuando esto ocurre, se consolida la era del partido hegemónico.

En el TEG de la provincia del Chaco se advierte un movimiento que se da de abajo hacia arriba, tendiente al control total de la provincia, que se despliega sin prisa pero sin pausa. Con la caída de Resistencia, el distrito más importante desde el punto de vista demográfico y bastión de la oposición en la provincia, se consolida el régimen de partido dominante. De los 69 municipios con los que cuenta la provincia, 55 estarán en manos del oficialismo. El 80 % de los intendentes serán oficialistas. Las intendencias son piezas clave a la hora de ganar el premio mayor: la gobernación de la provincia.

La combinación entre reelección indefinida y no rendición de gastos de campaña hace que la alternancia y la competencia electoral queden cada vez más comprometidas en esta categoría. En las jornadas electorales estos intendentes candidatos montan enormes centros de “acopio” de electores a metros de los centros de votación en donde, como ha quedado documentado, realizan compra de votos de modo directo o indirecto (marcando las boletas entregadas al elector). En los distritos que limitan con Paraguay y Formosa todo esto se refuerza con la incorporación de voto golondrina en los padrones.

En Agua Blanca el Frente Chaco Merece Más de Jorge Capitanich obtuvo el 93 %, en Capdevilla 89 %, La Clotilde 82 %, Charadí 81 %, Hermoso Campo 80 %, Ciervo Petiso 79 %, Urien 75 %, Puerto Eva Perón y Las Garcitas 74 %, Frente Esperanza 73 %, La Escondida 72 %, Taco Pozo y La Eduvigis 71 %.

Por el contrario, las pocas ganadas por el frente opositor Vamos Chaco marcaron una mínima diferencia con respecto a la segunda lista, con la excepción de Pampa Almirón. Esto le da un fundamento sólido a las denuncias que Vamos Chaco realizó sobre las irregularidades detectadas en el padrón.

Las autoridades electorales parecen ocuparse solo de las cuestiones logísticas atinentes a los comicios y soslayan aspectos centrales que hacen a la equidad electoral.

El caso de Chaco es un claro ejemplo al respecto. Esta provincia tiene una gran experiencia en organizar elecciones desdobladas a las generales nacionales. Cuenta a su vez con un Tribunal Electoral reconocido por dirigentes y fuerzas políticas locales. Sin embargo, en esta última elección la relación se resquebrajó cuando la oposición tuvo que controlar el padrón electoral ante sospechas de manipulación. Las irregularidades detectadas superaron la cantidad de los 10 mil registros. Las fuerzas políticas deben ocuparse de elaborar sus propuestas y de seducir a los electores, no de controlar el padrón; es esta una tarea que debe realizar la autoridad local electoral.

¿Cómo saber si impactaron estas irregularidades en los resultados de las intendencias que se definieron por un puñado de votos como Basail, Charata, Colonia Popular, Colonia Unidad y La Verde, entre otras?

La recomposición de esta relación dependerá del compromiso del Tribunal Electoral de atender la problemática del debilitamiento de las condiciones que hacen a la competencia electoral. Además de sugerir cambios en la normativa electoral a la legislatura provincial, se deberá elaborar un plan de acción para evitar, y sancionar en el caso que corresponda, la compra de votos, el acarreo y acopio de electores.

En una de esas no hay que esperar a las próximas elecciones. Algo se puede hacer en lo inmediato. El escrutinio definitivo que empieza esta semana es una oportunidad central para comprobar las denuncias documentadas de compra de votos cometidas por algunos intendentes candidatos.

¿Se hará algo ante las serias denuncias de lo ocurrido en Gancedo, La Leonesa y Margarita Belén?

¿Avanzará el Tribunal Electoral por el camino de la consolidación democrática? ¿O por el contrario, tomará el ejemplo de muchas provincias de nuestro país que hacen la vista gorda ante prácticas delictivas que atentan contra las condiciones de competencia electoral?

“Esto no es Tucumán”, aseguró la presidente del Tribunal Electoral ante los veedores electorales que visitaron la provincia por estos días. Si no se toman medidas urgentes y necesarias, podría serlo en un futuro.

El tucumanazo dejó al desnudo la situación que se vive en algunas provincias de nuestro país, en donde ya no se puede hablar de elecciones íntegras, ni competitivas. Las debilidades de estos sistemas dejan en entredicho la noción misma de democracia. Pero todo esto no termina aquí, por el contrario, estos abusos y atropellos a escala local a su vez empañan las elecciones generales ante el riego de un rápido contagio.

La posición inflexible ante las propuestas de cambio del funcionario y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, puso en alerta a todos los partidos políticos de la oposición y hasta llegó a descolocar a otros funcionarios y legisladores oficialistas que mostraron cierta apertura.

Este martes se produjeron dos hechos importantes casi en simultáneo: la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral que concentra y mantiene la confianza de los partidos políticos y candidatos en general, convocó a las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas y para comunicar que algunas de ellas han sido tomadas en cuenta.

A su vez, en el Congreso de la Nación el interbloque opositor presentó el “Acuerdo por la Transparencia Electoral”, cuyo contenido da cuenta de una serie de instrumentos para garantizar la seguridad de la elección de octubre.

En ambos encuentros se advirtieron puntos medulares y coincidentes: más presencia de la Justicia electoral en los centros de votación. Para que ello ocurra se deberá fortalecer la figura del delegado judicial, una figura administrativa que no se encuentra en el Código Nacional Electoral, pero que se ha transformado casi en un necesario superhéroe democrático. Lamentablemente no se ha extendido su importante tarea en la totalidad de los centros de votación del país. Por ejemplo, en las PASO de la provincia de Buenos Aires llegaron a estar en 4 mil de los 5 mil centros de votación.

Otro aspecto que fue objeto de críticas es la inexplicable diversidad en cuanto al diseño de los telegramas. Cada distrito del país tiene el suyo. Esta ridícula “autonomía” resulta una invitación tanto al “error humano” en la confección de telegrama como así también a la aviesa intención de manipular documentos electorales. La denuncia de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y la de José Cano en Tucumán dio cuenta de este grave problema fácil de resolver.

La forma en que se cargan los datos en el escrutinio provisorio también fue motivo de debate. La Dirección Nacional Electoral (DINE) había advertido que los resultados del provisorio en las PASO pasadas se demorarían para evitar el sesgo en la carga, dado que se estimaba que el escrutinio en las mesas bonaerenses sería más lento que en el resto de los distritos. Esta demora se extendió más que lo de costumbre con la intención de no perjudicar al candidato a la presidencia del oficialismo. La pregunta que muchos se hacen es qué pasará el 25 de octubre. Los datos de la provincia de Buenos Aires llegarán ahora más rápido que en las PASO, con lo cual podría generarse un sesgo a favor de Daniel Scioli. Para evitar estas decisiones arbitrarias, el interbloque de la oposición le pidió a la Cámara Nacional Electoral que articule con la DINE un protocolo de carga que sea público y auditable.

En relación con el robo de boletas se dejó escuchar, en el encuentro de la Cámara Nacional Electoral, una voz tenue que pidió, ante la negativa del Gobierno de implementar la boleta única complementaria, el cuarto oscuro complementario. Un ambiente preservado y destinado para el caso en que un elector no encuentre la boleta que busca.

Todas estas iniciativas realizables que no requieren modificar la actual normativa electoral fueron en parte opacadas por la crítica al papel del Correo Argentino realizada en ambos encuentros.

En la provincia de Tucumán no se pudo cargar en el escrutinio provisorio el 20 % de los telegramas. En la conferencia un diputado en el Congreso denunció que, sumados los votos de María Eugenia Vidal, Solá y otros candidatos de la provincia de Buenos Aires, se llega a 500 mil votos recuperados entre el provisorio y el definitivo.

En ambos encuentros se reclamó más control por parte de la CNE y la DINE a esta empresa pública encargada de la logística de las elecciones que incluye cámaras de video en los centros de carga y seguimiento georreferencial al transporte que traslada las urnas.

El Gobierno nacional tendrá que responder en lo inmediato con medidas concretas a estos planteos que han realizado los partidos de la oposición y las ONG que entienden en la problemática electoral. Es verdad que proponer, como lo han hecho algunos referentes opositores, a dos meses de la elección, un cambio en el sistema de votación resulta irresponsable e imposible de aplicar. Sin embargo, negarse a todos estos pedidos razonables deja en evidencia la actitud de sacar ventaja de las ostensibles limitaciones e irregularidades que se han advertido en las PASO y en las elecciones provinciales como las de La Rioja y Tucumán.

El supermartes ha pasado. Ahora, las autoridades electorales de nuestro país tienen la responsabilidad de brindar las garantías que toda elección requiere.

La ingeniería electoral es como la energía atómica: puede servir para iluminar una ciudad o para terminar con ella. Los alquimistas de la política saben esto y lo aplican como parte de su expertise.

El Parlamento del Mercosur derrama buenas intenciones. El Protocolo Constitutivo reconoce la “representación de los ciudadanos de los Estados parte” para dar lugar “a la creación de un espacio en el que se refleje el pluralismo y las divisiones de la región”. Habla una y otra vez de democracia, participación y representatividad. Entre sus propósitos se destaca la “representación de los pueblos respetando la pluralidad ideológica y política”.

Todo muy lindo, sin embargo, la comitiva argentina que mandaremos al Uruguay es bien macha y peronista.

No podía ser de otra manera. La ley fue diseñada por el apoderado del partido justicialista con la única intención de privatizar la representación de la ciudadanía. Jorge Landau no dio lugar a los planteos de varios despachos de minoría que sostenían que el proyecto oficial no respetaba la representación de las minorías ni tampoco las de género.

El proyecto sancionado a fines del año pasado estipuló un sistema mixto en donde 24 parlamentarios provienen de cada uno de los 24 distritos de nuestro país y 19 lo hacen a través de una lista por distrito único.

Las primarias del pasado domingo funcionan como un simulador de lo que podría ser el resultado de las generales de octubre. El sueño de Landau de tener un Parlasur macho y peronista se hará realidad.

El despropósito de elegir a un parlamentario por distrito genera varios efectos, entre ellos, estos: excluye a las minorías de la representación, dado que el ganador se lleva todo lo que está en juego. Es decir, sobrerepresenta al que gana. Un candidato podría llevarse el 100 % del cargo en juego con un 30% de los votos. Además, a este sistema mayoritario le resulta imposible cumplir con la representación de género.

En este último sentido, los resultados del simulador son categóricos: los 24 parlamentarios elegidos a través del sistema mayoritario son hombres. La paridad de género ha sido borrada del mapa por los alquimistas electorales. Las mujeres que forman parte de la mitad del padrón nacional no tendrán una debida representación en el Parlasur.

Estos 24 hombres son en su abrumadora mayoría peronistas: 18 del partido de Gobierno y 3 de versiones disidentes. Es decir, casi el 88 % de este bloque representa una expresión política ideológica: el peronismo.

El Frente para la Victoria (FPV), que obtuvo el 38 % de los votos a nivel nacional, se llevó el 75% de la representación de los 24 parlamentarios elegidos por este particular mecanismo.

El resto de los diputados del Parlasur, los 19 elegidos por distrito único y con la fórmula proporcional, no terminan de compensar este descalabro que hemos presentado.

Siguiendo con el simulacro de los nueve cargos obtenidos por el FPV: seis son hombres, es decir, casi el 67 %. UNA sube al 75 %, ya que de sus cuatro parlamentarios tres en hombres. Solo en Cambiemos se logra la paridad: tres son mujeres y tres hombres.

En definitiva, de los 43 parlamentarios del Mercosur 36 son hombres: nada menos que el 83 %.

A su vez, la sobrerrepresentación del oficialismo será en octubre un hecho. Si se repite la elección del domingo pasado, con el 38 % de los votos se llevarán el 62% de las bancas. Unos verdaderos genios del voto.

La representación política debería ser una suerte de espejo que nos refleje como sociedad. El caso Parlasur manifiesta la importancia de las normas electorales, de cómo afectan nuestros derechos políticos. También deja en evidencia las distorsiones que se producen cuando predomina la ventaja y el abuso en el diseño electoral. Si los legisladores del oficialismo sancionan leyes para manipular la representación, es lógico esperar que el día de la elección muchas personas consideren que robar boletas sea una sana picardía que forma parte de nuestro folclore electoral.

En Salta la Boleta Única Electrónica (BUE) se implementó con tiempo, de modo planificado, con la participación activa de todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura, como una verdadera política de Estado.

En la ciudad de Buenos Aires, por el contrario, todo fue desordenado. Las idas y venidas del Gobierno de la ciudad generaron desconcierto en las autoridades electorales, en los partidos y en los frentes políticos, en la ciudadanía y hasta en la misma empresa que desarrolla la BUE.

Hubo tiempo para hacer las cosas bien, pero esa no era la idea.

Se dijo en un principio que el nuevo sistema de votación se aplicaría en las PASO. Esto no solo no fue así, sino que se convocó únicamente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para realizar un simulacro muy poco serio en el que se advirtió un uso proselitista del sistema.

Un porcentaje significativo de electores llegó el domingo 5 de julio sin saber en qué consistía la BUE. Habrá que estudiar si el efecto buscado pasó por generar confusión en el electorado para que este simplifique su tarea frente a la máquina al votar por lista completa.

No obstante, el proceso electoral salió airoso por dos motivos puntuales: por las 14 mil autoridades de mesa muy bien capacitadas por la Justicia y por la accesibilidad del nuevo sistema de votación conocido como BUE.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha tenido un papel polémico en un reciente fallo ante un planteo de la lista Energía Ciudadana Organizada (ECO), que lleva la candidatura de Martín Lousteau, sobre la configuración de la pantalla de la BUE en el balotaje del 19 de julio.

En un pedido insólito, el apoderado del PRO solicitó dividir en tres la pantalla y así presentar al voto en blanco como una opción con el mismo nivel de visibilidad que las otras opciones afirmativas. Como no podía ser de otra manera, esto generó el rechazo de ECO.

El diseño de la pantalla es una instancia clave del proceso electoral que no puede quedar a merced de planteos coyunturales a partir de los resultados que se han dado en las generales. El TSJ en la Acordada 17 aprobó el diseño de pantalla y tanto la lógica como los antecedentes en la materia (en Salta nunca se dio una situación similar) indicaban que el voto blanco debía mantenerse la ubicación en la pantalla que tuvo en las elecciones del 5 de julio.

Sin embargo, en un fallo dividido (3 votos contra 2), el TSJ dio lugar en parte al planteo del PRO y le otorgó al voto en blanco ni más ni menos que el 20 % de la pantalla, y además, lo ubicó en la parte inferior de la pantalla en toda su extensión. Esta suerte de barra espaciadora en la práctica podría transformarse en el aliado ideal de la campaña del PRO por inducir al voto en blanco.

Este fallo dará lugar a un recurso extraordinario que llegará a la Corte Suprema de Justicia. La problemática de la equidad electoral será tratada por la máxima autoridad judicial de nuestro país, aunque lamentablemente no habrá una respuesta concreta de cara a las elecciones del 19 de julio. Sin embargo, quizá sirva para que en el futuro no se produzcan cambios en las reglas electorales con la intención de beneficiar a los partidos de gobierno y así lesionar la noción de elecciones íntegras, transparentes y equitativas.