El tucumanazo dejó al desnudo la situación que se vive en algunas provincias de nuestro país, en donde ya no se puede hablar de elecciones íntegras, ni competitivas. Las debilidades de estos sistemas dejan en entredicho la noción misma de democracia. Pero todo esto no termina aquí, por el contrario, estos abusos y atropellos a escala local a su vez empañan las elecciones generales ante el riego de un rápido contagio.

La posición inflexible ante las propuestas de cambio del funcionario y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, puso en alerta a todos los partidos políticos de la oposición y hasta llegó a descolocar a otros funcionarios y legisladores oficialistas que mostraron cierta apertura.

Este martes se produjeron dos hechos importantes casi en simultáneo: la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral que concentra y mantiene la confianza de los partidos políticos y candidatos en general, convocó a las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas y para comunicar que algunas de ellas han sido tomadas en cuenta.

A su vez, en el Congreso de la Nación el interbloque opositor presentó el “Acuerdo por la Transparencia Electoral”, cuyo contenido da cuenta de una serie de instrumentos para garantizar la seguridad de la elección de octubre.

En ambos encuentros se advirtieron puntos medulares y coincidentes: más presencia de la Justicia electoral en los centros de votación. Para que ello ocurra se deberá fortalecer la figura del delegado judicial, una figura administrativa que no se encuentra en el Código Nacional Electoral, pero que se ha transformado casi en un necesario superhéroe democrático. Lamentablemente no se ha extendido su importante tarea en la totalidad de los centros de votación del país. Por ejemplo, en las PASO de la provincia de Buenos Aires llegaron a estar en 4 mil de los 5 mil centros de votación.

Otro aspecto que fue objeto de críticas es la inexplicable diversidad en cuanto al diseño de los telegramas. Cada distrito del país tiene el suyo. Esta ridícula “autonomía” resulta una invitación tanto al “error humano” en la confección de telegrama como así también a la aviesa intención de manipular documentos electorales. La denuncia de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y la de José Cano en Tucumán dio cuenta de este grave problema fácil de resolver.

La forma en que se cargan los datos en el escrutinio provisorio también fue motivo de debate. La Dirección Nacional Electoral (DINE) había advertido que los resultados del provisorio en las PASO pasadas se demorarían para evitar el sesgo en la carga, dado que se estimaba que el escrutinio en las mesas bonaerenses sería más lento que en el resto de los distritos. Esta demora se extendió más que lo de costumbre con la intención de no perjudicar al candidato a la presidencia del oficialismo. La pregunta que muchos se hacen es qué pasará el 25 de octubre. Los datos de la provincia de Buenos Aires llegarán ahora más rápido que en las PASO, con lo cual podría generarse un sesgo a favor de Daniel Scioli. Para evitar estas decisiones arbitrarias, el interbloque de la oposición le pidió a la Cámara Nacional Electoral que articule con la DINE un protocolo de carga que sea público y auditable.

En relación con el robo de boletas se dejó escuchar, en el encuentro de la Cámara Nacional Electoral, una voz tenue que pidió, ante la negativa del Gobierno de implementar la boleta única complementaria, el cuarto oscuro complementario. Un ambiente preservado y destinado para el caso en que un elector no encuentre la boleta que busca.

Todas estas iniciativas realizables que no requieren modificar la actual normativa electoral fueron en parte opacadas por la crítica al papel del Correo Argentino realizada en ambos encuentros.

En la provincia de Tucumán no se pudo cargar en el escrutinio provisorio el 20 % de los telegramas. En la conferencia un diputado en el Congreso denunció que, sumados los votos de María Eugenia Vidal, Solá y otros candidatos de la provincia de Buenos Aires, se llega a 500 mil votos recuperados entre el provisorio y el definitivo.

En ambos encuentros se reclamó más control por parte de la CNE y la DINE a esta empresa pública encargada de la logística de las elecciones que incluye cámaras de video en los centros de carga y seguimiento georreferencial al transporte que traslada las urnas.

El Gobierno nacional tendrá que responder en lo inmediato con medidas concretas a estos planteos que han realizado los partidos de la oposición y las ONG que entienden en la problemática electoral. Es verdad que proponer, como lo han hecho algunos referentes opositores, a dos meses de la elección, un cambio en el sistema de votación resulta irresponsable e imposible de aplicar. Sin embargo, negarse a todos estos pedidos razonables deja en evidencia la actitud de sacar ventaja de las ostensibles limitaciones e irregularidades que se han advertido en las PASO y en las elecciones provinciales como las de La Rioja y Tucumán.

El supermartes ha pasado. Ahora, las autoridades electorales de nuestro país tienen la responsabilidad de brindar las garantías que toda elección requiere.

Los candidatos de los Gobiernos se imponen porque usufructúan de recursos que se tornan determinantes en los procesos electorales. La última elección en La Rioja funcionó como un estudio de caso en donde se pueden advertir todas estas acciones que los partidos de poder acometen en pequeña escala. Todo se hizo más notorio. El Ejecutivo haciendo uso del clientelismo y las dádivas, la autoridad electoral al servicio del partido de Gobierno y los medios de comunicación asumiendo el proceso electoral como instancia extraordinaria para maximizar sus ganancias a través de la pauta oficial, representan las principales características del inclinado tablero electoral.

A gran escala todo parece menos perceptible, pero efectivamente ocurre y atenta contra el ideal de elecciones libres, justas y equitativas.

En nuestro sistema electoral el fiscal partidario ocupa un lugar destacado. Sin embargo, estamos en presencia de algunos cambios significativos cuyo impacto en los procesos electorales aún es poco conocido. Un estudio de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC) sobre la última elección en la provincia de Buenos Aires nos brinda las primeras advertencias. El espacio no peronista (es decir, el espacio que no gobierna este distrito) solo pudo ubicar un fiscal en el 26 % del total de las mesas. No hubo presencia de fiscales partidarios de este espacio en el 74 % de las mesas de votación. Es decir, en casi 25.200 mesas (sobre un total de 34.000) solo hubo presencia de fiscales del peronismo.

La mitad de los fiscales partidarios del Frente para la Victoria (el partido de poder) eran empleados públicos.

En este contexto puede esperarse lo peor. Sin ir muy lejos, en las últimas elecciones presidenciales de 2007 hubo robo sistemático de boletas. Una catarata de denuncias de electores durante la jornada electoral hizo que las fuerzas de la oposición realizaran la denuncia. Los testimonios recogidos ese día coincidían en lo siguiente: “Cuando salíamos del cuarto oscuro y les informábamos a las autoridades de mesa que faltaban boletas, nos respondían que volviéramos a entrar y que eligiéramos entre las que estaban”.

En materia electoral el tratamiento de la denuncia es crucial, ya que el tiempo apremia. Sin embargo, en estas cuestiones poco se puede hacer durante el transcurso de los comicios. La respuesta judicial llega tarde en la enorme mayoría de los casos.

Es cierto que la responsabilidad de que la boleta se mantenga presente en las mesas de los cuartos oscuros es de los partidos políticos, pero también es cierto que en la era de los partidos de poder hay que tomar decisiones que garanticen tanto el derecho de los electores a votar por su preferencia como el derecho de los partidos que no gobiernan a competir en condiciones de equidad.

Todo indica que la lamentable situación de 2007 puede repetirse en las elecciones que están por venir, por lo tanto, quiere decir que se ha hecho poco al respecto para evitarlo.

En este contexto, la decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría de autorizar a fiscales con residencia en un distrito fiscalizar en otro representa una medida positiva, aunque no deja de ser una excepción enmarcada en una regla.

En general, las autoridades electorales de nuestro país han tenido una actitud inexplicable (y condenable) al momento de impugnar la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer un rol de fiscal en las mesas de votación. Según nuestra normativa, solo los fiscales partidarios pueden estar en las mesas junto con las demás autoridades. La observación electoral, tan presente en las elecciones de América Latina, es considerada por las autoridades electorales como una suerte de intromisión en su trabajo, cuando en realidad se trata de una instancia de participación ciudadana fundamental para los procesos de consolidación democrática. Una interpretación acerca del crecimiento de la observación electoral en la región puede tener que ver con una sociedad diversa que no quiere sucumbir ante la prepotencia representativa de los partidos únicos o los partidos de poder.

El poder reproduce el poder. Las condiciones actuales de nuestro sistema electoral no hacen más que reproducir la inequidad electoral. A su vez, este es un epifenómeno del particular sistema político de nuestro país.

Si el fiscal partidario es una pieza clave en todo esto, pero solo están en condiciones de ejercer el rol controlador los partidos de poder, el resultado será la reproducción de un sistema de partido cuasihegemónico. En estos casos las diferencias podrán darse en el seno de ese partido omnipresente, obturando cualquier tipo de posibilidad de alternancia partidaria o de coalición de partidos.

Lo que ocurre en muchas provincias de nuestro país ya se advierte con nitidez a nivel nacional.

El debate también llega tarde. ¿Por qué se habla hoy, a días de las elecciones, de la necesidad de avanzar con la boleta única o con la boleta única electrónica? ¿Por qué no se discutió esto el año pasado? ¿A quiénes benefició el no tratamiento de estas cuestiones?

Debemos preguntarles a nuestras autoridades electorales si los problemas logísticos que hoy se advierten son efectivamente tales o se trata de un juego cuyas cartas están marcadas y cuyo efecto se torna inevitable.

En muchos casos las autoridades electorales son epifenómenos del partido de gobierno y colaboran con este cambiando las reglas electorales en su provecho y también obstaculizando a las listas opositoras. Cuando surgen conflictos que dirimir, siempre actúan de manera sesgada. Son indulgentes ante las faltas o los delitos electorales que puedan acometer los oficialismos y severos cuando incurren en estos los opositores.

La equidad electoral también se ve afectada cuando abordamos la cuestión financiera. Las listas del oficialismo movilizan enormes sumas de dinero que en la mayoría de los casos no rinden nunca.

La publicidad oficial se confunde con la publicidad partidaria al punto de ser imposible disociarlas.

Los medios de comunicación son monocolor, enaltecen a los candidatos del partido de poder y denostan o ignoran a los que los desafían.

Aunque muchos investigadores sociales se obstinen en quitarle relevancia al clientelismo, este fenómeno contribuye con el deterioro democrático y la disminución del potencial ciudadano al afectar la noción de competencia electoral.

En estos contextos de “cancha inclinada” no es fácil ganarles a los oficialismo, de hacerlo hay que apelar a un preciso golpe de nocaut. Por puntos se torna muy difícil, aunque siempre hay una excepción.

Ahora presentemos un caso de estudio. El domingo habrá elecciones en La Rioja, una provincia con algo menos de 270 mil electores, que representa el 0,84 % del padrón nacional. Aquí todo vale. Todo está hecho en función de reproducir el poder del partido de poder. Los sistemas electorales están compuestos por densas capas de reformas electorales realizadas con el propósito mencionado.

En la actualidad esta intención se encuentra materializada en la figura de las colectoras. Entre los problemas que este sistema conlleva se encuentra el de la sobreoferta electoral producto de los incentivos que tiene el faccionalismo. Este domingo compiten en La Rioja 70 listas en toda la provincia. Se disputan 304 cargos entre tres mil candidatos. En el departamento de la capital, se presentaron 43 listas, 26 colectoras forman parte del Frente para la Victoria (de las cuales 19 con el candidato a intendente del bederismo y 7 con el candidato del quintelismo) y 12 colectoras van con Fuerza Cívica Riojana. En este último caso las colectoras son de partidos políticos en su mayoría.

Para apelar a una figura didáctica podríamos decir que las colectoras operan como una suerte de primaria y general al mismo tiempo, con lo que esto implica. Es decir, confusión en el electorado, sobrerrepresentación de la oferta electoral, como ya dijimos, aumento del gasto electoral, inconvenientes y demoras a la hora de realizar el escrutinio de mesa, distorsiones en la asignación de los cargos en juego, entre otros.

En las últimas elecciones realizadas en 2013 operó tan fuerte la “cancha inclinada” que hasta se dio un caso inédito que tomó estado público a nivel nacional: por primera vez un gobernador reconoció públicamente que distribuyó “dádivas” entre los electores. Por este acto de prebenda y clientelismo el gobernador Beder Herrera pidió disculpas. Sin embargo, la Justicia miró para el costado al escuchar semejante confesión.

En esta semana el Episcopado de La Rioja le pidió a las autoridades seguridad y transparencia para los comicios. La respuesta tarda en llegar y el domingo se acerca.

Pero en esta provincia, sin embargo, entra en la clasificación de excepción. En el 2013 la oposición ganó en las primarias y luego perdió por poco en las generales. Esto no debería llamar mucho la atención, dado que en estos distritos las primarias le sirven al partido de poder para saber dónde le fue mal y así actuar en consecuencia. En esta segunda elección se hicieron presentes las “dádivas” mencionadas.

En estas elecciones se da una situación particular: la Justicia provincial organiza todo el proceso electoral, el Tribunal Electoral. Este se compone de tres jueces que provienen de áreas de trabajo ajenas a lo electoral. En el marco de una serie de requerimientos que realizó la oposición, el organismo accedió a publicar los telegramas en la web del escrutinio provisorio. Veremos cómo se aplica esto. A primera vista resulta casi imposible implementar todo a días de realizarse la elección.

Hace poco, en un evento público, un juez de la Cámara Nacional Electoral nos invitó a observar el desempeño de los Tribunales Electorales de algunas provincias. Se mostró muy preocupado por la falta de autonomía en relación con el poder de turno y por la escasa profesionalidad de algunos de ellos.

Las elecciones de La Rioja se realizarán el mismo día en que votarán los porteños y los cordobeses. Ambos son distritos grandes: Córdoba representa el 8,68 % del padrón nacional y la ciudad de Buenos Aires, el 7,95 %. La suma de estos distritos supera los cinco millones de electores. Quizá esto le reste atención a la elección riojana, aunque no debería. Tanto CABA como Córdoba son distritos con elecciones que no revisten grandes inconvenientes. Los derechos políticos de sus electores están consagrados. En cambio, La Rioja merece más atención, ya que las garantías del proceso electoral se encuentran cuestionadas por una parte muy importante de los actores políticos. Concentrar nuestra atención en este tipo de elecciones nos ayudará a poner en entredicho la noción misma de “cancha inclinada” y en una de esas la ciudadanía toma conciencia de la necesidad de nivelarla para que el juego político sea más justo y entretenido.