Las primarias del 9 de agosto, pero sobre todo las elecciones provinciales de La Rioja y Tucumán, reavivaron el debate sobre el sistema de votación. La campaña anticipada, el uso de recursos públicos con fines proselitistas, el abuso de las cadenas nacionales, el robo de boletas, la manipulación de documentos electorales, la concentración de poder en feudos provinciales y su impacto negativo en la competencia electoral, el clientelismo, la ardua y extensa tarea que debieron realizar las autoridades de mesa, fueron algunos de los problemas que quedaron en evidencia. Por su parte, en las elecciones del 25 de octubre las demoras en la difusión de los datos en el escrutinio provisorio abrieron la discusión acerca de la necesidad de contar con una Dirección Nacional Electoral autónoma, que no dependa del Poder Ejecutivo.

No por casualidad, entonces, la agenda de la reforma electoral del siglo XXI ha sido planteada por las demandas de la ciudadanía, como así también por algunos de los candidatos.

Mauricio Macri es, sin duda, el candidato que más representa esa agenda de cambio. En el último año de su Gobierno implementó, no sin dificultades, un nuevo sistema de votación. Macri no hizo especulaciones político-partidarias y tomó el modelo que impulsó el gobernador peronista de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. En este año plagado de elecciones, los porteños votaron con la flamante boleta única electrónica y con el sistema tradicional. El saldo de la innovación fue positivo. Tanto electores como autoridades de mesa y electorales coincidieron en las ventajas del primero.

Mauricio Macri, si fuera electo presidente, y María Eugenia Vidal, como flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ya se han comprometido a hacerle honor al nombre del espacio que representan cambiando el sistema de votación.

Efectivamente, si tomamos el caso de la provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de Salta, en 2017 la mitad de los argentinos podría elegir a sus candidatos con la boleta única electrónica.

La campaña propositiva de Sergio Massa le ha marcado la cancha a los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta y el tema electoral fue una de las cuestiones más mencionadas por el candidato de UNA. Massa apostó al voto electrónico en su versión más radical. Lo hizo como su contrincante en las primarias, el cordobés Juan Manuel de la Sota, por el modelo de urna electrónica utilizado en Brasil.

La audacia de Massa bordeó el límite de la irresponsabilidad cuando pidió aplicar el voto electrónico a semanas de las elecciones generales.

A diferencia de Macri y Massa, Daniel Scioli representa la agenda conservadora en materia de reforma e innovación electoral. Scioli es, como pocos, un producto acabado del sistema tradicional de votación. Procede de una provincia en donde se le rinde culto a la boleta de papel, a la fórmula mayoritaria con la aplicación de la cuota Hare para la distribución de los cargos legislativos y en donde los intendentes “eternos” del peronismo se aferran a las bondades de las tracciones por categoría.

En estos días el candidato a presidente del Frente para la Victoria se mostró una vez más con el tucumano Juan Manzur, el flamante gobernador electo que dejó la elección más escandalosa que se recuerde en donde quedaron en evidencia todas las limitaciones del sistema tradicional de votación.

En su último megadiscurso, la presidente Cristina Fernández de Kirchner defendió la lista sábana y cuestionó el voto electrónico, al igual que lo hiciera en campaña su candidato derrotado en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. La Presidente defiende un modelo electoral perimido, y su agenda conservadora no sólo se expresa en el récord de cadenas nacionales que atentan contra todo ideario de elecciones equitativas, sino también en su defensa de la ley de lemas que se aplica en su provincia patagónica.

Pero mal que les pese a la Presidente y a su candidato presidencial, la agenda de reforma electoral es un hecho y se encuentra respaldada por la ciudadanía. Los electores recuperarán próximamente parte de su libertad para elegir sustraída por un sistema de votación depositario de todos los vicios y las prácticas políticas del ventajismo y la concentración del poder.

La suerte de la reforma electoral del siglo XXI también está en disputa: el 22 de noviembre se define la continuidad del sistema de votación vigente o su cambio. Continuidad y cambio, una vez más, ahora en clave de reforma electoral.

Es lógico que en un mundo atravesado por la economía ese ciudadano comprometido con la res publica se haya desvanecido (si alguna vez existió) para dar lugar a otro caracterizado como un individuo aislado cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Esa democracia empírica fue agudamente detallada y anticipada por Joseph Schumpeter, al decir que los ciudadanos no pueden informarse debidamente por el costo del tiempo y la pérdida de descanso. Si hay un bien escaso en la actualidad, es el tiempo.

Por lo tanto, la democracia ha perdido su sustrato movilizador para transformarse en un método por el cual esa masa de individuos aislados y con poco tiempo para informarse seleccionará a los que van a gobernar. El ideal de una democracia sustancial se materializó en una democracia procedimental.

En este contexto todo se simplifica. Las elecciones pasan por un eje elemental: continuidad o cambio. Si bien ese nuevo ciudadano tiene poco tiempo para informarse, su acción siempre será racional. Para maximizar su voto tratará de obtener información certera, se resistirá, muchas veces sin éxito, a ser manipulado. A mediados del siglo XX, cuando se desarrollaron estas teorías que vinculaban lo económico con lo político, las encuestas eran novedosas y contaban con un gran prestigio. En la actualidad han perdido credibilidad. Este método científico ha sido desvirtuado, los ejemplos de manipulación se repiten elección tras elección. Es por ello que ese ciudadano desinformado ya no las considera a la hora de definir su voto. Ese espacio ha sido ocupado por la madre de todas las encuestas: la elección primaria.

Se ha dicho que las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias funcionan como una gran encuesta sin margen de error. Es sobre esta base informativa que opera ese ciudadano maximizador de beneficios electorales y políticos a los efectos de decidir entre la simple dicotomía continuidad o cambio.

Cuando no se habían implementado las primarias, se escuchaba una frase de manera repetitiva: “En la primera vuelta se vota con el corazón, en la segunda con la cabeza”. Ahora, en un proceso electoral de tres actos, esta frase aplica solo en las primarias y en parte. Es que ha quedado claro que ese voto racional ya opera en la primera instancia electoral. En Cambiemos, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, y en UNA, Juan Manuel de la Sota lo comprobaron en carne propia. Además, de las 15 fórmulas que compitieron, sólo 6 pasaron a la general.

El cineasta Juan José Campanella ha dicho de la elección de octubre: “Hay sólo dos melodías”. Una frase exacta y sintética que resume todo el debate teórico que hemos presentado. Es poco probable que los votos que fueron en agosto a Daniel Scioli no tengan el mismo destino en octubre. Lo mismo ocurre con el segundo. Los votos de Mauricio Macri volverán a ir para Mauricio Macri. El problema lo tiene el tercero, Sergio Massa.

Este contexto condicionante influye en ese elector, sobre todo cuando está en juego un cargo ejecutivo, en donde solamente “gana uno”. Por lo tanto, si todo se resume en continuidad o cambio, ¿qué sentido tiene votar por el tercero o por el cuarto? Actuar de esta manera es casi una decisión irracional. En otras palabras: el votante de UNA en las primarias que quería y quiere cambio no tiene ahora incentivos para volver a votarlos.

Insisto. En esta suerte de mercado político, si se considera al candidato como un “vendedor de políticas públicas” a cambio de “votos”, ¿por qué ese elector maximizador de objetivos políticos le va a dar su voto al candidato que no llega a la segunda vuelta? Es decir, que no le va a poder “pagar”. ¿Por qué ese elector que votó a Sergio Massa con la intención de provocar un cambio lo votaría nuevamente si ahora ese mismo candidato perjudica ese objetivo?

Si bien es inconducente universalizar este comportamiento, un segmento electoral se sentirá cómodo al hacerlo. Más aún si lo que está en juego es la posibilidad de un ballotage, es decir, el ámbito que saldará el dilema continuidad o cambio. En este contexto, las preguntas son las siguientes: ¿qué porcentaje de los más de cuatro millones y medio de electores que obtuvo UNA en las primarias apelará al voto útil? ¿Cuántos de estos electorales mantendrán la fidelidad en categoría diputados, pero cortarán boleta en favor del candidato que garantiza una segunda vuelta?

Más allá del esfuerzo del Gobierno por reinstalar la candidatura de Sergio Massa, la lógica del voto útil es implacable. Sólo resta saber qué porcentaje de los votantes de UNA en las primarias ponderará la opción de la segunda vuelta sobre la fidelidad al candidato.

El 14 de noviembre el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, reglamentó el decreto de 441 que da cuenta del Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas. Con este nuevo sistema de votación para las elecciones locales se toma distancia del proceso que empezó en 1912 con la sanción de la denominada Ley Sanz Peña. Luego de 102 años se dejarán de lado las boletas múltiples de papel para pasar al voto electrónico.

Si bien aún no se sabe qué sistema se usará con relación al voto electrónico, conviene resaltar que algunos modelos no solo no le otorgan al sistema político más certidumbre sino por el contrario pueden opacarlo al excluir a la ciudadanía y a los partidos políticos de los procesos de control y fiscalización.

El modelo de urna electrónica que propone una de las empresas que participará de la licitación es un retroceso democrático que puede comprobarse en la crisis de Venezuela. Allí las urnas electrónicas de la empresa Smartmatic están en el centro del conflicto político. La desconfianza de los venezolanos hacia las autoridades electorales y el voto electrónico apunta a la manipulación de los votos y a la violación del carácter secreto del mismo. Además se utilizó todo tipo de acciones para excluir a los partidos de la oposición del control y la fiscalización.

El riesgo de la tecnocracia consiste, so pretextos modernizantes, en la delegación por parte de la ciudadanía de todo el poder electoral en pocas manos, en leviatanes que operan discrecionalmente y sin ningún tipo de control social.  Con solo hacer una rápida búsqueda en Internet nos encontramos con que esta empresa está muy vinculada a la palabra fraude o a los problemas legales que ocasionaron su paso fugaz por Estados Unidos. Sin embargo, tampoco encontramos claridad, o certidumbre si nos atenemos al planteo inicial del artículo, en la web oficial de Smartmatic.

La empresa se adjudica haber procesado 2.300 millones de votos en más de 3.500 procesos electorales. Si tomamos el referéndum de Chávez en 2004, como fecha de presentación en sociedad de esta empresa, nos da que han hecho más de 6,5 elecciones por semana, es decir, una por día prácticamente, algo muy poco creíble por cierto. También se resalta que todo esto se ha hecho sin “ningún tipo de discrepancia”, aseveración que contrasta con las denuncias presentadas por los partidos de la oposición de Venezuela sobre las elecciones presidenciales de 2013 que llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En definitiva, resulta de suma importancia incorporar tecnología en todas las etapas del proceso electoral. Ahora bien, la innovación electoral debe venir acompañada de estrictas medidas de seguridad que no solo queden en manos de unos pocos entendidos; la ciudadanía y los partidos políticos deben estar en condiciones de auditar, controlar y participar de los cambios y así evitar que la innovación sea solo un pretexto para la manipulación.