La ingeniería electoral es como la energía atómica: puede servir para iluminar una ciudad o para terminar con ella. Los alquimistas de la política saben esto y lo aplican como parte de su expertise.

El Parlamento del Mercosur derrama buenas intenciones. El Protocolo Constitutivo reconoce la “representación de los ciudadanos de los Estados parte” para dar lugar “a la creación de un espacio en el que se refleje el pluralismo y las divisiones de la región”. Habla una y otra vez de democracia, participación y representatividad. Entre sus propósitos se destaca la “representación de los pueblos respetando la pluralidad ideológica y política”.

Todo muy lindo, sin embargo, la comitiva argentina que mandaremos al Uruguay es bien macha y peronista.

No podía ser de otra manera. La ley fue diseñada por el apoderado del partido justicialista con la única intención de privatizar la representación de la ciudadanía. Jorge Landau no dio lugar a los planteos de varios despachos de minoría que sostenían que el proyecto oficial no respetaba la representación de las minorías ni tampoco las de género.

El proyecto sancionado a fines del año pasado estipuló un sistema mixto en donde 24 parlamentarios provienen de cada uno de los 24 distritos de nuestro país y 19 lo hacen a través de una lista por distrito único.

Las primarias del pasado domingo funcionan como un simulador de lo que podría ser el resultado de las generales de octubre. El sueño de Landau de tener un Parlasur macho y peronista se hará realidad.

El despropósito de elegir a un parlamentario por distrito genera varios efectos, entre ellos, estos: excluye a las minorías de la representación, dado que el ganador se lleva todo lo que está en juego. Es decir, sobrerepresenta al que gana. Un candidato podría llevarse el 100 % del cargo en juego con un 30% de los votos. Además, a este sistema mayoritario le resulta imposible cumplir con la representación de género.

En este último sentido, los resultados del simulador son categóricos: los 24 parlamentarios elegidos a través del sistema mayoritario son hombres. La paridad de género ha sido borrada del mapa por los alquimistas electorales. Las mujeres que forman parte de la mitad del padrón nacional no tendrán una debida representación en el Parlasur.

Estos 24 hombres son en su abrumadora mayoría peronistas: 18 del partido de Gobierno y 3 de versiones disidentes. Es decir, casi el 88 % de este bloque representa una expresión política ideológica: el peronismo.

El Frente para la Victoria (FPV), que obtuvo el 38 % de los votos a nivel nacional, se llevó el 75% de la representación de los 24 parlamentarios elegidos por este particular mecanismo.

El resto de los diputados del Parlasur, los 19 elegidos por distrito único y con la fórmula proporcional, no terminan de compensar este descalabro que hemos presentado.

Siguiendo con el simulacro de los nueve cargos obtenidos por el FPV: seis son hombres, es decir, casi el 67 %. UNA sube al 75 %, ya que de sus cuatro parlamentarios tres en hombres. Solo en Cambiemos se logra la paridad: tres son mujeres y tres hombres.

En definitiva, de los 43 parlamentarios del Mercosur 36 son hombres: nada menos que el 83 %.

A su vez, la sobrerrepresentación del oficialismo será en octubre un hecho. Si se repite la elección del domingo pasado, con el 38 % de los votos se llevarán el 62% de las bancas. Unos verdaderos genios del voto.

La representación política debería ser una suerte de espejo que nos refleje como sociedad. El caso Parlasur manifiesta la importancia de las normas electorales, de cómo afectan nuestros derechos políticos. También deja en evidencia las distorsiones que se producen cuando predomina la ventaja y el abuso en el diseño electoral. Si los legisladores del oficialismo sancionan leyes para manipular la representación, es lógico esperar que el día de la elección muchas personas consideren que robar boletas sea una sana picardía que forma parte de nuestro folclore electoral.

Los candidatos de los Gobiernos se imponen porque usufructúan de recursos que se tornan determinantes en los procesos electorales. La última elección en La Rioja funcionó como un estudio de caso en donde se pueden advertir todas estas acciones que los partidos de poder acometen en pequeña escala. Todo se hizo más notorio. El Ejecutivo haciendo uso del clientelismo y las dádivas, la autoridad electoral al servicio del partido de Gobierno y los medios de comunicación asumiendo el proceso electoral como instancia extraordinaria para maximizar sus ganancias a través de la pauta oficial, representan las principales características del inclinado tablero electoral.

A gran escala todo parece menos perceptible, pero efectivamente ocurre y atenta contra el ideal de elecciones libres, justas y equitativas.

En nuestro sistema electoral el fiscal partidario ocupa un lugar destacado. Sin embargo, estamos en presencia de algunos cambios significativos cuyo impacto en los procesos electorales aún es poco conocido. Un estudio de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC) sobre la última elección en la provincia de Buenos Aires nos brinda las primeras advertencias. El espacio no peronista (es decir, el espacio que no gobierna este distrito) solo pudo ubicar un fiscal en el 26 % del total de las mesas. No hubo presencia de fiscales partidarios de este espacio en el 74 % de las mesas de votación. Es decir, en casi 25.200 mesas (sobre un total de 34.000) solo hubo presencia de fiscales del peronismo.

La mitad de los fiscales partidarios del Frente para la Victoria (el partido de poder) eran empleados públicos.

En este contexto puede esperarse lo peor. Sin ir muy lejos, en las últimas elecciones presidenciales de 2007 hubo robo sistemático de boletas. Una catarata de denuncias de electores durante la jornada electoral hizo que las fuerzas de la oposición realizaran la denuncia. Los testimonios recogidos ese día coincidían en lo siguiente: “Cuando salíamos del cuarto oscuro y les informábamos a las autoridades de mesa que faltaban boletas, nos respondían que volviéramos a entrar y que eligiéramos entre las que estaban”.

En materia electoral el tratamiento de la denuncia es crucial, ya que el tiempo apremia. Sin embargo, en estas cuestiones poco se puede hacer durante el transcurso de los comicios. La respuesta judicial llega tarde en la enorme mayoría de los casos.

Es cierto que la responsabilidad de que la boleta se mantenga presente en las mesas de los cuartos oscuros es de los partidos políticos, pero también es cierto que en la era de los partidos de poder hay que tomar decisiones que garanticen tanto el derecho de los electores a votar por su preferencia como el derecho de los partidos que no gobiernan a competir en condiciones de equidad.

Todo indica que la lamentable situación de 2007 puede repetirse en las elecciones que están por venir, por lo tanto, quiere decir que se ha hecho poco al respecto para evitarlo.

En este contexto, la decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría de autorizar a fiscales con residencia en un distrito fiscalizar en otro representa una medida positiva, aunque no deja de ser una excepción enmarcada en una regla.

En general, las autoridades electorales de nuestro país han tenido una actitud inexplicable (y condenable) al momento de impugnar la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer un rol de fiscal en las mesas de votación. Según nuestra normativa, solo los fiscales partidarios pueden estar en las mesas junto con las demás autoridades. La observación electoral, tan presente en las elecciones de América Latina, es considerada por las autoridades electorales como una suerte de intromisión en su trabajo, cuando en realidad se trata de una instancia de participación ciudadana fundamental para los procesos de consolidación democrática. Una interpretación acerca del crecimiento de la observación electoral en la región puede tener que ver con una sociedad diversa que no quiere sucumbir ante la prepotencia representativa de los partidos únicos o los partidos de poder.

El poder reproduce el poder. Las condiciones actuales de nuestro sistema electoral no hacen más que reproducir la inequidad electoral. A su vez, este es un epifenómeno del particular sistema político de nuestro país.

Si el fiscal partidario es una pieza clave en todo esto, pero solo están en condiciones de ejercer el rol controlador los partidos de poder, el resultado será la reproducción de un sistema de partido cuasihegemónico. En estos casos las diferencias podrán darse en el seno de ese partido omnipresente, obturando cualquier tipo de posibilidad de alternancia partidaria o de coalición de partidos.

Lo que ocurre en muchas provincias de nuestro país ya se advierte con nitidez a nivel nacional.

El debate también llega tarde. ¿Por qué se habla hoy, a días de las elecciones, de la necesidad de avanzar con la boleta única o con la boleta única electrónica? ¿Por qué no se discutió esto el año pasado? ¿A quiénes benefició el no tratamiento de estas cuestiones?

Debemos preguntarles a nuestras autoridades electorales si los problemas logísticos que hoy se advierten son efectivamente tales o se trata de un juego cuyas cartas están marcadas y cuyo efecto se torna inevitable.

En muchos casos las autoridades electorales son epifenómenos del partido de gobierno y colaboran con este cambiando las reglas electorales en su provecho y también obstaculizando a las listas opositoras. Cuando surgen conflictos que dirimir, siempre actúan de manera sesgada. Son indulgentes ante las faltas o los delitos electorales que puedan acometer los oficialismos y severos cuando incurren en estos los opositores.

La equidad electoral también se ve afectada cuando abordamos la cuestión financiera. Las listas del oficialismo movilizan enormes sumas de dinero que en la mayoría de los casos no rinden nunca.

La publicidad oficial se confunde con la publicidad partidaria al punto de ser imposible disociarlas.

Los medios de comunicación son monocolor, enaltecen a los candidatos del partido de poder y denostan o ignoran a los que los desafían.

Aunque muchos investigadores sociales se obstinen en quitarle relevancia al clientelismo, este fenómeno contribuye con el deterioro democrático y la disminución del potencial ciudadano al afectar la noción de competencia electoral.

En estos contextos de “cancha inclinada” no es fácil ganarles a los oficialismo, de hacerlo hay que apelar a un preciso golpe de nocaut. Por puntos se torna muy difícil, aunque siempre hay una excepción.

Ahora presentemos un caso de estudio. El domingo habrá elecciones en La Rioja, una provincia con algo menos de 270 mil electores, que representa el 0,84 % del padrón nacional. Aquí todo vale. Todo está hecho en función de reproducir el poder del partido de poder. Los sistemas electorales están compuestos por densas capas de reformas electorales realizadas con el propósito mencionado.

En la actualidad esta intención se encuentra materializada en la figura de las colectoras. Entre los problemas que este sistema conlleva se encuentra el de la sobreoferta electoral producto de los incentivos que tiene el faccionalismo. Este domingo compiten en La Rioja 70 listas en toda la provincia. Se disputan 304 cargos entre tres mil candidatos. En el departamento de la capital, se presentaron 43 listas, 26 colectoras forman parte del Frente para la Victoria (de las cuales 19 con el candidato a intendente del bederismo y 7 con el candidato del quintelismo) y 12 colectoras van con Fuerza Cívica Riojana. En este último caso las colectoras son de partidos políticos en su mayoría.

Para apelar a una figura didáctica podríamos decir que las colectoras operan como una suerte de primaria y general al mismo tiempo, con lo que esto implica. Es decir, confusión en el electorado, sobrerrepresentación de la oferta electoral, como ya dijimos, aumento del gasto electoral, inconvenientes y demoras a la hora de realizar el escrutinio de mesa, distorsiones en la asignación de los cargos en juego, entre otros.

En las últimas elecciones realizadas en 2013 operó tan fuerte la “cancha inclinada” que hasta se dio un caso inédito que tomó estado público a nivel nacional: por primera vez un gobernador reconoció públicamente que distribuyó “dádivas” entre los electores. Por este acto de prebenda y clientelismo el gobernador Beder Herrera pidió disculpas. Sin embargo, la Justicia miró para el costado al escuchar semejante confesión.

En esta semana el Episcopado de La Rioja le pidió a las autoridades seguridad y transparencia para los comicios. La respuesta tarda en llegar y el domingo se acerca.

Pero en esta provincia, sin embargo, entra en la clasificación de excepción. En el 2013 la oposición ganó en las primarias y luego perdió por poco en las generales. Esto no debería llamar mucho la atención, dado que en estos distritos las primarias le sirven al partido de poder para saber dónde le fue mal y así actuar en consecuencia. En esta segunda elección se hicieron presentes las “dádivas” mencionadas.

En estas elecciones se da una situación particular: la Justicia provincial organiza todo el proceso electoral, el Tribunal Electoral. Este se compone de tres jueces que provienen de áreas de trabajo ajenas a lo electoral. En el marco de una serie de requerimientos que realizó la oposición, el organismo accedió a publicar los telegramas en la web del escrutinio provisorio. Veremos cómo se aplica esto. A primera vista resulta casi imposible implementar todo a días de realizarse la elección.

Hace poco, en un evento público, un juez de la Cámara Nacional Electoral nos invitó a observar el desempeño de los Tribunales Electorales de algunas provincias. Se mostró muy preocupado por la falta de autonomía en relación con el poder de turno y por la escasa profesionalidad de algunos de ellos.

Las elecciones de La Rioja se realizarán el mismo día en que votarán los porteños y los cordobeses. Ambos son distritos grandes: Córdoba representa el 8,68 % del padrón nacional y la ciudad de Buenos Aires, el 7,95 %. La suma de estos distritos supera los cinco millones de electores. Quizá esto le reste atención a la elección riojana, aunque no debería. Tanto CABA como Córdoba son distritos con elecciones que no revisten grandes inconvenientes. Los derechos políticos de sus electores están consagrados. En cambio, La Rioja merece más atención, ya que las garantías del proceso electoral se encuentran cuestionadas por una parte muy importante de los actores políticos. Concentrar nuestra atención en este tipo de elecciones nos ayudará a poner en entredicho la noción misma de “cancha inclinada” y en una de esas la ciudadanía toma conciencia de la necesidad de nivelarla para que el juego político sea más justo y entretenido.