En la actualidad, un partido político sin presencia en las redes se pierde de mucho. Las sociedades cambian y los electorados se renuevan. No acompañar este movimiento representa un costo elevado para todo partido que busca alcanzar el poder.

Hay ejemplos de portales de partidos políticos que se han adelantado al resto. Que han asumido los interesantes riesgos que implica la comunicación. Recrear una comunidad de diálogo hacia adentro de la organización y en forma paralela hacia afuera es un objetivo que pocos han logrado. Podemos poner el ejemplo de dos partidos que, si bien desde el punto de vista ideológico son distintos, han llegado a ese objetivo de una manera exitosa. El Frente Amplio en el Uruguay es uno de ellos, el otro es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México.

En Argentina el atraso es notorio si tomamos en cuenta que el Frente para la Victoria, que gobernó los últimos doce años, no tiene portal. Además, la precaria institucionalidad del Partido Justicialista no sólo se advertía en la inexistente vida interna, sino también en este pequeño gran detalle de no contar con una web actualizada. Cabe aclarar que los dos ejemplos de América Latina mencionados son partidos de gobierno.

Contar con 42 partidos políticos a nivel nacional no parece arrojar como saldo una alta calidad en la representación; por el contrario, da cuenta de un déficit. Así lo deja en evidencia la realidad de las dos democracias más grandes de América Latina. México, con 122 millones de habitantes, tiene sólo nueve partidos nacionales reconocidos. Brasil, con casi cuatro veces más electores que nuestro país, cuenta con menos partidos que nosotros.

Esta dispersión de partidos se traduce en su relación con internet. Así lo refleja el estudio de Transparencia Electoral. Aunque parezca increíble, el 15% de los partidos nacionales que han participado de la última elección no tienen página web. El 32% de los partidos que tienen web no responden a solicitudes en línea.

Un dato positivo es que el 96% de los portales que funcionan produce información propia, sin embargo, el titular del partido no aprovecha esta plataforma para dirigirse a sus afiliados ni a la sociedad en general. El 62% no lo hace.

Una información que resulta llamativa es que mientras en el debate público la problemática de género está presente, el 76% de los portales no cuenta con una sección dedicada a estas cuestiones.

En cuanto a redes sociales, los partidos políticos con web en funcionamiento tienen presencia en Facebook en un 77%, en cambio, en Twitter baja al 53% y solamente cuenta con un canal en YouTube el 35 por ciento.

El PRO lidera Facebook y Twitter. Este partido en Facebook cuenta con 511 mil “me gusta”, lo sigue Generación para un Encuentro Nacional (GEN) con 220 mil, la Unión Cívica Radical (UCR) con 73 mil y el Partido Obrero (PO) con 49 mil. En Twitter se producen algunos cambios, aunque sigue liderando el PRO con 134 mil seguidores, lo sigue el Movimiento Al Socialismo (MAS) con 41 mil, la UCR con 38 mil y el PO con 18 mil.

En definitiva, falta mucho camino por recorrer. Los partidos políticos deben abrirse al desafío que les plantea el nuevo electorado. Hay portales con muy buena información, como el del Partido Socialista (PS); también hay propuestas innovadoras, como la web del PRO o como el trabajo que realiza el grupo UCR Innova en el centenario Partido Radical.

Un partido político se diferencia de un sello de goma, entre otros aspectos, en estas cuestiones. Lo que antes era un portal institucional ahora debe ser asumido como una plataforma de comunicación interactiva que produzca información propia de manera permanente y actualizada, que integre a las redes sociales y que logre recibir y responder los mensajes de sus seguidores y de la ciudadanía en general. El concepto de gobierno abierto debe recalar en las organizaciones partidarias. La reforma electoral es una gran oportunidad para construir partidos políticos abiertos.

En la era de la personalización de la política, el desafío pasa por dotar de personalidad a las organizaciones partidarias. Las nuevas organizaciones partidarias deberían funcionar como un gran grupo de WhatsApp. El partido que se no adapte a este proceso de cambio quedará al margen. Será incapaz de representar al nuevo electorado y sentirá, cuando vaya en busca de los votos, que “le faltará el terreno bajo los pies”, figura expresada por Antonio Gramsci que resume su preciso análisis sobre la crisis de esos príncipes modernos llamados partidos políticos.

Martins pudo reunirse con su amigo en un parque de diversiones vienés para que negara los cargos. Lo hizo arriba de una rueda de la fortuna. Cuando su coche llegó a la cima, Harry Lime, su amigo, no sólo aceptó la acusación, sino que la fundamentó con una frase que recuerdo así: “Mira a la gente desde aquí. ¿Qué son sino puntos negros? Puedes barrer con tu imaginación ahora algunos y ¿quién lo notaría? Son sólo puntos negros”. Lime no se quedó allí. Aseguró que así funcionaba el mundo y la política, que es lo que lo mueve. Cuando la ciudadanía no interviene en los procesos de reformas electorales, se transforman en puntos negros fáciles de barrer en el papel de un proyecto elaborado en un frío despacho de organismo público.

Un argumento muy usado tiene que ver con una falsa dicotomía: pluralismo o gobernabilidad. Para garantizar la gobernabilidad se premia al partido que más votos obtuvo, se lo sobrerrepresenta, es decir, se barren puntos negros que hasta ese momento fueron ciudadanos que emitieron sus votos. Como acompañamiento a estas acciones van algunas prácticas nada amigas de la idea de elecciones íntegras. Un claro ejemplo es lo que ha pasado con el supuesto senador nacional por la minoría consagrado en la Reforma Constitucional de 1994. Los ciudadanos de muchas provincias fueron barridos como puntos negros al quedarse sin representación en la Cámara Alta.

Para esta concepción, la gobernabilidad es uniformidad que poco tiene que ver con las sociedades plurales y diversas contemporáneas. En estos casos, el sistema electoral homogeniza lo diverso, barre puntos negros.

Si asumiéramos otra concepción de la política, más consensual y dialoguista, no veríamos al pluralismo como una amenaza a la estabilidad. Por el contrario, se reconfiguraría el concepto de gobernabilidad, una gobernabilidad que incluya a los puntos negros, que no los barra. Que en esa inclusión logre cumplir con su propia autodefinición: capacidad efectiva de gobernar.

En la provincia de Buenos Aires la utilización de la cuota Hare para la distribución de bancas en los cargos provinciales borra a miles de ciudadanos. La ley de lema en Santa Cruz o en Formosa borra a los electores al tomar decisiones por ellos. Las colectoras en La Rioja y los acoples en Tucumán son formidables gomas de borrar derechos políticos.

El imperio de los defensores de esta concepción de la gobernabilidad está en retroceso. La sobrerrepresentación como requisito para la estabilidad política no ha traído los resultados esperados. El malestar de la ciudadanía radica en que se considera puntos negros barridos y esto sin dudas afecta tal gobernabilidad.

El gran desafío de la reforma electoral no es cambiar el instrumento de votación o unificar el calendario electoral. Es eso y mucho más. Se trata de cambiar una concepción de la política que presenta prácticas hegemónicas, ventajeras y violentas. Que barren los derechos políticos de miles y miles de argentinas y argentinos.

Las últimas imágenes de los debates en el Congreso son alentadoras. Los referentes de diferentes bancadas negocian leyes fundamentales. Son parte de esas negociaciones el Gobierno y los gobernadores. Se discute, se negocia y se acuerda. La ciudadanía ya no ve esto como componendas espurias, sino como un reflejo de las diferencias. No demonizar la palabra ‘pacto’ o ‘acuerdo’ es un avance. No hay necesidad de pactos en los regímenes autoritarios y hegemónicos. En los regímenes pluralistas debe haberlos. La reforma electoral será una reforma cultural o no será nada. Podremos contar con la última tecnología electoral, pero seguiremos con nuestros problemas de fondo si no se avanza sobre ella.

El titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, algo ha insinuado al respecto. Recientemente, ha dicho que no debe desaprovecharse esta oportunidad que tenemos por delante para cambiar aspectos fundamentales del sistema electoral.

La reforma electoral tiene la enorme tarea de sacarle la ‘o’ de la disyunción al título de este artículo y así pasar a otro mucho más interesante: pluralismo y gobernabilidad. Un desafío más interesante, por cierto.

En definitiva, la boleta única no es la solución mágica a todos nuestros problemas. Sin embargo, hay una exagerada expectativa en su posible implementación.

En realidad, el aporte concreto que podría traernos su implementación es la posibilidad de erradicar el robo de boletas. No obstante, debemos remarcar que este delito electoral se expande cuando los partidos no pueden fiscalizar. En el proceso electoral de 2015 esta práctica repudiable se redujo considerablemente hasta dejar de ser un problema serio. Cambiemos puso un fiscal en cada mesa del país tanto en las elecciones generales como en la segunda vuelta y el problema se acotó. Las acciones de las ONG y las autoridades electorales también contribuyeron a disminuir el robo de boletas.

Por su parte, la boleta única electrónica (BUE) tampoco resuelve los problemas mencionados, pero reduce los tiempos del escrutinio de mesa y este sí es un problema mucho más grave que el robo de boletas. La jornada electoral comienza a las 7.30 horas y luego de cerrar las mesas, a las 18 horas, se prolonga por muchas horas el escrutinio manual. El cansancio de las autoridades de mesa distiende los controles y la eficiencia del trabajo, provoca errores en una etapa clave y además se transformó en una ventana de oportunidad para la manipulación de documentos electorales. Todos recordamos el escrutinio provisorio de la elección en la provincia de Tucumán, por ejemplo.

Por un lado, uno de los grandes desafíos de la reforma electoral, además de proponer medidas para los problemas mencionados al principio del artículo, es reducir considerablemente los tiempos del escrutinio de mesa, del envío de esa información, de su procesamiento y de la publicación de esos datos en sociedad.

Por otro lado, se percibe en este contexto de reforma electoral cierto rechazo a la posibilidad de incorporar tecnología. Resulta llamativo que en una sociedad habituada al uso de celulares, al cajero automático y al home banking se imponga una tendencia reaccionaria al avance tecnológico.

Hoy, porque votamos más parecido a como se votaba en 1912 es que necesitamos dar un salto a la modernidad. No hay que temerle a la innovación electoral, sólo hay que instrumentar las medidas de control que necesita todo cambio. Control que pueda ser efectivamente ejercido por la ciudadanía y los partidos políticos.

La implementación de la BUE en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires dejó mucho que desear; sin embargo, arrojó como saldo la aprobación por parte de los electores y las autoridades de mesa. En la provincia de Salta, por el contrario, se implementó el sistema de modo gradual y con el consenso de todos los partidos.

Por tanto, se necesita asumir un concepto amplio de reforma, que discuta el tipo de lista, pero que también apunte a garantizar la integridad del proceso electoral moderno e innovador. Para lograrlo, habrá que pasar del eslogan a las respuestas concretas que enfrenten problemas como la campaña anticipada, el financiamiento irregular, el uso de recursos públicos con fines electorales, el perfil de la nueva autoridad electoral, la trashumancia, los obstáculos a la paridad de género, la ausencia de rendición de cuentas, el nulo acceso a la información, la debilidad de los partidos, el clientelismo y la cultura de la hegemonía (manifestada, por ejemplo, en las reelecciones y en los sistemas electorales tramposos como la ley de lemas) y la violencia política.

Hay condiciones para consagrar un sistema electoral propio del siglo XXI. No las desaprovechemos.

Las primarias del 9 de agosto, pero sobre todo las elecciones provinciales de La Rioja y Tucumán, reavivaron el debate sobre el sistema de votación. La campaña anticipada, el uso de recursos públicos con fines proselitistas, el abuso de las cadenas nacionales, el robo de boletas, la manipulación de documentos electorales, la concentración de poder en feudos provinciales y su impacto negativo en la competencia electoral, el clientelismo, la ardua y extensa tarea que debieron realizar las autoridades de mesa, fueron algunos de los problemas que quedaron en evidencia. Por su parte, en las elecciones del 25 de octubre las demoras en la difusión de los datos en el escrutinio provisorio abrieron la discusión acerca de la necesidad de contar con una Dirección Nacional Electoral autónoma, que no dependa del Poder Ejecutivo.

No por casualidad, entonces, la agenda de la reforma electoral del siglo XXI ha sido planteada por las demandas de la ciudadanía, como así también por algunos de los candidatos.

Mauricio Macri es, sin duda, el candidato que más representa esa agenda de cambio. En el último año de su Gobierno implementó, no sin dificultades, un nuevo sistema de votación. Macri no hizo especulaciones político-partidarias y tomó el modelo que impulsó el gobernador peronista de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. En este año plagado de elecciones, los porteños votaron con la flamante boleta única electrónica y con el sistema tradicional. El saldo de la innovación fue positivo. Tanto electores como autoridades de mesa y electorales coincidieron en las ventajas del primero.

Mauricio Macri, si fuera electo presidente, y María Eugenia Vidal, como flamante gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ya se han comprometido a hacerle honor al nombre del espacio que representan cambiando el sistema de votación.

Efectivamente, si tomamos el caso de la provincia de Buenos Aires, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de Salta, en 2017 la mitad de los argentinos podría elegir a sus candidatos con la boleta única electrónica.

La campaña propositiva de Sergio Massa le ha marcado la cancha a los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta y el tema electoral fue una de las cuestiones más mencionadas por el candidato de UNA. Massa apostó al voto electrónico en su versión más radical. Lo hizo como su contrincante en las primarias, el cordobés Juan Manuel de la Sota, por el modelo de urna electrónica utilizado en Brasil.

La audacia de Massa bordeó el límite de la irresponsabilidad cuando pidió aplicar el voto electrónico a semanas de las elecciones generales.

A diferencia de Macri y Massa, Daniel Scioli representa la agenda conservadora en materia de reforma e innovación electoral. Scioli es, como pocos, un producto acabado del sistema tradicional de votación. Procede de una provincia en donde se le rinde culto a la boleta de papel, a la fórmula mayoritaria con la aplicación de la cuota Hare para la distribución de los cargos legislativos y en donde los intendentes “eternos” del peronismo se aferran a las bondades de las tracciones por categoría.

En estos días el candidato a presidente del Frente para la Victoria se mostró una vez más con el tucumano Juan Manzur, el flamante gobernador electo que dejó la elección más escandalosa que se recuerde en donde quedaron en evidencia todas las limitaciones del sistema tradicional de votación.

En su último megadiscurso, la presidente Cristina Fernández de Kirchner defendió la lista sábana y cuestionó el voto electrónico, al igual que lo hiciera en campaña su candidato derrotado en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. La Presidente defiende un modelo electoral perimido, y su agenda conservadora no sólo se expresa en el récord de cadenas nacionales que atentan contra todo ideario de elecciones equitativas, sino también en su defensa de la ley de lemas que se aplica en su provincia patagónica.

Pero mal que les pese a la Presidente y a su candidato presidencial, la agenda de reforma electoral es un hecho y se encuentra respaldada por la ciudadanía. Los electores recuperarán próximamente parte de su libertad para elegir sustraída por un sistema de votación depositario de todos los vicios y las prácticas políticas del ventajismo y la concentración del poder.

La suerte de la reforma electoral del siglo XXI también está en disputa: el 22 de noviembre se define la continuidad del sistema de votación vigente o su cambio. Continuidad y cambio, una vez más, ahora en clave de reforma electoral.

El tucumanazo dejó al desnudo la situación que se vive en algunas provincias de nuestro país, en donde ya no se puede hablar de elecciones íntegras, ni competitivas. Las debilidades de estos sistemas dejan en entredicho la noción misma de democracia. Pero todo esto no termina aquí, por el contrario, estos abusos y atropellos a escala local a su vez empañan las elecciones generales ante el riego de un rápido contagio.

La posición inflexible ante las propuestas de cambio del funcionario y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, puso en alerta a todos los partidos políticos de la oposición y hasta llegó a descolocar a otros funcionarios y legisladores oficialistas que mostraron cierta apertura.

Este martes se produjeron dos hechos importantes casi en simultáneo: la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral que concentra y mantiene la confianza de los partidos políticos y candidatos en general, convocó a las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas y para comunicar que algunas de ellas han sido tomadas en cuenta.

A su vez, en el Congreso de la Nación el interbloque opositor presentó el “Acuerdo por la Transparencia Electoral”, cuyo contenido da cuenta de una serie de instrumentos para garantizar la seguridad de la elección de octubre.

En ambos encuentros se advirtieron puntos medulares y coincidentes: más presencia de la Justicia electoral en los centros de votación. Para que ello ocurra se deberá fortalecer la figura del delegado judicial, una figura administrativa que no se encuentra en el Código Nacional Electoral, pero que se ha transformado casi en un necesario superhéroe democrático. Lamentablemente no se ha extendido su importante tarea en la totalidad de los centros de votación del país. Por ejemplo, en las PASO de la provincia de Buenos Aires llegaron a estar en 4 mil de los 5 mil centros de votación.

Otro aspecto que fue objeto de críticas es la inexplicable diversidad en cuanto al diseño de los telegramas. Cada distrito del país tiene el suyo. Esta ridícula “autonomía” resulta una invitación tanto al “error humano” en la confección de telegrama como así también a la aviesa intención de manipular documentos electorales. La denuncia de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y la de José Cano en Tucumán dio cuenta de este grave problema fácil de resolver.

La forma en que se cargan los datos en el escrutinio provisorio también fue motivo de debate. La Dirección Nacional Electoral (DINE) había advertido que los resultados del provisorio en las PASO pasadas se demorarían para evitar el sesgo en la carga, dado que se estimaba que el escrutinio en las mesas bonaerenses sería más lento que en el resto de los distritos. Esta demora se extendió más que lo de costumbre con la intención de no perjudicar al candidato a la presidencia del oficialismo. La pregunta que muchos se hacen es qué pasará el 25 de octubre. Los datos de la provincia de Buenos Aires llegarán ahora más rápido que en las PASO, con lo cual podría generarse un sesgo a favor de Daniel Scioli. Para evitar estas decisiones arbitrarias, el interbloque de la oposición le pidió a la Cámara Nacional Electoral que articule con la DINE un protocolo de carga que sea público y auditable.

En relación con el robo de boletas se dejó escuchar, en el encuentro de la Cámara Nacional Electoral, una voz tenue que pidió, ante la negativa del Gobierno de implementar la boleta única complementaria, el cuarto oscuro complementario. Un ambiente preservado y destinado para el caso en que un elector no encuentre la boleta que busca.

Todas estas iniciativas realizables que no requieren modificar la actual normativa electoral fueron en parte opacadas por la crítica al papel del Correo Argentino realizada en ambos encuentros.

En la provincia de Tucumán no se pudo cargar en el escrutinio provisorio el 20 % de los telegramas. En la conferencia un diputado en el Congreso denunció que, sumados los votos de María Eugenia Vidal, Solá y otros candidatos de la provincia de Buenos Aires, se llega a 500 mil votos recuperados entre el provisorio y el definitivo.

En ambos encuentros se reclamó más control por parte de la CNE y la DINE a esta empresa pública encargada de la logística de las elecciones que incluye cámaras de video en los centros de carga y seguimiento georreferencial al transporte que traslada las urnas.

El Gobierno nacional tendrá que responder en lo inmediato con medidas concretas a estos planteos que han realizado los partidos de la oposición y las ONG que entienden en la problemática electoral. Es verdad que proponer, como lo han hecho algunos referentes opositores, a dos meses de la elección, un cambio en el sistema de votación resulta irresponsable e imposible de aplicar. Sin embargo, negarse a todos estos pedidos razonables deja en evidencia la actitud de sacar ventaja de las ostensibles limitaciones e irregularidades que se han advertido en las PASO y en las elecciones provinciales como las de La Rioja y Tucumán.

El supermartes ha pasado. Ahora, las autoridades electorales de nuestro país tienen la responsabilidad de brindar las garantías que toda elección requiere.

Modelos de sistemas electorales sobran; cada país, cada provincia y cada municipio tiene su librito. Cada uno de ellos delimita las fronteras entre representantes y representados. No es este un tema menor. La fortaleza de la democracia puede medirse por intermedio de la calidad de la representación. En Chile, por ejemplo, la presidente Bachelet se puso la reforma electoral al hombro luego de recibir un informe del PNUD que revelaba la insatisfacción de los chilenos con su sistema político-electoral.

En la Argentina el debate se ha instalado en un año en donde, si bien no hay elecciones, se ha transformado en la plataforma de despegue de muchos precandidatos que ven una oportunidad ante un escenario de cambio inapelable. En el Congreso de la Nación el diputado Pablo Javkin presentó un proyecto de boleta única tomando el modelo de Santa Fe. Sergio Massa hizo lo propio para incorporar en la provincia de Buenos Aires el voto electrónico.

Uno de los elementos centrales de los sistemas electorales es la forma de votación y el debate está planteado en estas dos opciones. En cuanto a boleta única la experiencia se reproduce en la abrumadora mayoría de los países de América latina. En nuestro país sobresalen los modelos Santa Fe y Córdoba.

Para Oscar Blando, Director de Reforma Política de la provincia de Santa Fe, “la boleta única ataca prácticas clientelares ya que no se pueden utilizar las boletas para el intercambio de favores por votos, como el voto cadena y elimina la posibilidad de distribuir boletas falsas o adulteradas de los adversarios para perjudicarlos”. También “evita la llamada lista sábana horizontal y los candidatos a diputados y concejales ya no serán elegidos por colgarse de una candidatura conocida para gobernador o intendente, si no que lo serán a partir de la decisión autónoma de los votantes”.

La diferencia que separa a la santafesina de la cordobesa es que la primera cuenta con un casillero propio para la opción de voto en blanco, el cual debe tener características similares a las de las demás opciones electorales: quien quiere votar en blanco debe realizar una marca clara por esta opción, ya que la boleta no marcada se computa como voto nulo y no como voto en blanco.

En cuanto a voto electrónico, hay una experiencia provincial que ha comenzado a recorrer la región. Los funcionarios de la provincia de Salta viajan permanentemente a Ecuador. En este país las últimas elecciones locales no salieron muy bien con la excepción de una prueba piloto que se hizo en la provincia de Azuay con el “modelo salteño”. Las autoridades se comprometieron a implementar el voto electrónico en casi todo el país para las elecciones de 2017.

Pero así como hay muchos tipos de boleta única, también hay muchas variantes en cuanto a voto electrónico. En Brasil prácticamente es una cuestión de fe. Su éxito reside en la confianza que le tienen los partidos políticos pero en términos de seguridad no es el mejor ejemplo. Por otro lado, la crisis política de Venezuela empañó al modelo de voto electrónico local. La empresa Smarmatic es cuestionada por la oposición luego de la elección presidencial de 2013 y su proyección regional ha menguado.

El modelo salteño es distinto a estos dos, que sí son urnas electrónicas dado que guardan datos. La diferencia reside en que se trata de un sistema de boleta única electrónica. En este sistema se aprovecha las fortalezas de los sistemas tradicionales basados en la existencia de un documento físico, pero utilizando una boleta única electrónica. Los votos se registran sobre el papel y en un chip que contiene la boleta. En la máquina no se registra ningún voto ni acción del votante que se haya usado para conformarlo. Esto último sumado a la posibilidad de utilizar cualquier máquina del recinto hace que no se pueda rastrear el orden de votación y violar el secreto del voto. Estos dos últimos puntos son blanco de críticas en lo que respecta a urnas electrónicas.

Lo cierto es que en la provincia de Salta la utilización de este modelo cambió la forma de hacer política. Para el gobernador Juan Manuel Urtubey “el aparato ya no sirve para nada, a la gente nadie le maneja el voto”. Lo llamativo es que hasta una organización trotskista como el Partido Obrero defiende esta forma de votación.

Otra ventaja es que este asegura el contacto físico entre un comprobante o boleta electoral y el elector. Lo electrónicamente grabado en el chip es lo que luego habrá de ser utilizado para realizar el escrutinio, volviendo a controlarse su coincidencia con lo impreso por parte de las autoridades de mesa y fiscales partidarios. Ello implica que cualquier persona sin conocimientos técnicos especiales puede verificar el correcto funcionamiento de las máquinas y la conformación de los resultados electorales.

A todo esto debe sumársele la ventaja en cuanto a la rapidez del escrutinio que a su vez admite la verificación de la asignación de los votos y de la suma de cada uno de ellos. Por lo tanto, en la mesa de discusión ya no solo se encuentra la boleta única o el voto electrónico, ahora deberá sumársele la boleta única electrónica también.