En la actualidad, un partido político sin presencia en las redes se pierde de mucho. Las sociedades cambian y los electorados se renuevan. No acompañar este movimiento representa un costo elevado para todo partido que busca alcanzar el poder.

Hay ejemplos de portales de partidos políticos que se han adelantado al resto. Que han asumido los interesantes riesgos que implica la comunicación. Recrear una comunidad de diálogo hacia adentro de la organización y en forma paralela hacia afuera es un objetivo que pocos han logrado. Podemos poner el ejemplo de dos partidos que, si bien desde el punto de vista ideológico son distintos, han llegado a ese objetivo de una manera exitosa. El Frente Amplio en el Uruguay es uno de ellos, el otro es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México.

En Argentina el atraso es notorio si tomamos en cuenta que el Frente para la Victoria, que gobernó los últimos doce años, no tiene portal. Además, la precaria institucionalidad del Partido Justicialista no sólo se advertía en la inexistente vida interna, sino también en este pequeño gran detalle de no contar con una web actualizada. Cabe aclarar que los dos ejemplos de América Latina mencionados son partidos de gobierno.

Contar con 42 partidos políticos a nivel nacional no parece arrojar como saldo una alta calidad en la representación; por el contrario, da cuenta de un déficit. Así lo deja en evidencia la realidad de las dos democracias más grandes de América Latina. México, con 122 millones de habitantes, tiene sólo nueve partidos nacionales reconocidos. Brasil, con casi cuatro veces más electores que nuestro país, cuenta con menos partidos que nosotros.

Esta dispersión de partidos se traduce en su relación con internet. Así lo refleja el estudio de Transparencia Electoral. Aunque parezca increíble, el 15% de los partidos nacionales que han participado de la última elección no tienen página web. El 32% de los partidos que tienen web no responden a solicitudes en línea.

Un dato positivo es que el 96% de los portales que funcionan produce información propia, sin embargo, el titular del partido no aprovecha esta plataforma para dirigirse a sus afiliados ni a la sociedad en general. El 62% no lo hace.

Una información que resulta llamativa es que mientras en el debate público la problemática de género está presente, el 76% de los portales no cuenta con una sección dedicada a estas cuestiones.

En cuanto a redes sociales, los partidos políticos con web en funcionamiento tienen presencia en Facebook en un 77%, en cambio, en Twitter baja al 53% y solamente cuenta con un canal en YouTube el 35 por ciento.

El PRO lidera Facebook y Twitter. Este partido en Facebook cuenta con 511 mil “me gusta”, lo sigue Generación para un Encuentro Nacional (GEN) con 220 mil, la Unión Cívica Radical (UCR) con 73 mil y el Partido Obrero (PO) con 49 mil. En Twitter se producen algunos cambios, aunque sigue liderando el PRO con 134 mil seguidores, lo sigue el Movimiento Al Socialismo (MAS) con 41 mil, la UCR con 38 mil y el PO con 18 mil.

En definitiva, falta mucho camino por recorrer. Los partidos políticos deben abrirse al desafío que les plantea el nuevo electorado. Hay portales con muy buena información, como el del Partido Socialista (PS); también hay propuestas innovadoras, como la web del PRO o como el trabajo que realiza el grupo UCR Innova en el centenario Partido Radical.

Un partido político se diferencia de un sello de goma, entre otros aspectos, en estas cuestiones. Lo que antes era un portal institucional ahora debe ser asumido como una plataforma de comunicación interactiva que produzca información propia de manera permanente y actualizada, que integre a las redes sociales y que logre recibir y responder los mensajes de sus seguidores y de la ciudadanía en general. El concepto de gobierno abierto debe recalar en las organizaciones partidarias. La reforma electoral es una gran oportunidad para construir partidos políticos abiertos.

En la era de la personalización de la política, el desafío pasa por dotar de personalidad a las organizaciones partidarias. Las nuevas organizaciones partidarias deberían funcionar como un gran grupo de WhatsApp. El partido que se no adapte a este proceso de cambio quedará al margen. Será incapaz de representar al nuevo electorado y sentirá, cuando vaya en busca de los votos, que “le faltará el terreno bajo los pies”, figura expresada por Antonio Gramsci que resume su preciso análisis sobre la crisis de esos príncipes modernos llamados partidos políticos.

Campaña anticipada. La campaña electoral no empezó como dice la ley 19945, 35 días antes de la fecha de los comicios. Para sorpresa de muchos, se inició un año antes, por lo menos. En este sentido, Daniel Scioli fue el más citado en la aplicación que desarrolló Transparencia Electoral para denunciar este tipo de faltas. Esta situación generó inequidad política y concentración de la oferta electoral, ya que no todo candidato podía afrontar los gastos elevadísimos que la campaña implicó.

Financiación. Una campaña electoral que dura más de un año impacta negativamente en dos aspectos. Por un lado, la gestión se distiende, ya que muchos recursos materiales y humanos son desviados a este propósito. Por el otro, son fondos que no existen. La ley establece que solamente debe rendirse lo gastado en los días que dura formalmente la campaña. La campaña del candidato del oficialismo sin dudas fue la más costosa de la historia.

Candidatos de Estado. Otro elemento que afectó la competencia electoral fue el desequilibrio que genera el hecho de contar con candidatos que ocupan algún cargo ejecutivo y que, a su vez, tienen poca o ninguna predisposición a disociar la comunicación institucional de la comunicación de campaña.

Primarias. El espíritu de la primaria es la competencia entre partidos o candidatos. Cuando un partido o frente ofrece solamente un candidato, se distorsiona el propósito de esta institución. El carácter obligatorio del voto en esta instancia debería maridar con el carácter obligatorio de la competencia intra o extrapartidos.

Además, hay un tema que merece un análisis más minucioso. En elecciones provinciales, en distritos pequeños o medianos, un calendario electoral desglosado le da más ventajas a los partidos de poder para atender las zonas en donde los resultados no son los esperados. A simple vista se puede sugerir que las primarias, a baja escala, reforzaron el clientelismo electoral y, por ende, al partido de poder. El caso La Rioja sirve de ejemplo.

En relación con la jornada electoral, podemos resaltar lo siguiente:

Tipo de boleta. La boleta sábana (horizontal y vertical) es funcional a esos partidos de poder que, gracias a la utilización de recursos estatales, pueden garantizar la presencia de un fiscal partidario en cada una de las cien mil mesas electorales del país. El efecto que ha generado es binario: por un lado, garantizan que su boleta se encuentre en los cuartos oscuros de las mesas de votación, por el otro, y en algunos casos, eliminan las boletas de la competencia. Este último punto fue atendido por la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral. Luego de la escandalosa elección de 2007 podemos afirmar que este impacto fue reducido en las elecciones de 2015.

Escrutinio de mesa. Para toda autoridad de mesa es desgastante repetir tres veces al año una jornada que comienza a las 7.30 horas y concluye pasadas las 22, como ha ocurrido en las elecciones primarias del 9 de agosto en distritos en donde se votaron múltiples categorías, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Los riegos de esta intensa jornada de trabajo se relacionan con la distensión del control en la etapa que requiere más concentración. En las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires se pudo comprobar cómo la boleta única electrónica simplificó esta tarea, lo cual no puede pasar inadvertido. Reducir el tiempo del escrutinio de mesa en más de dos horas promedio no es un tema menor.

Totalización y difusión de datos. Sin dudas es el aspecto más débil de nuestro sistema de votación. El papel del Correo Argentino ha dejado mucho que desear y representa una ventana de oportunidad concreta para la manipulación de datos electorales, ya sea en lo que hace a la logística propia de su tarea, ya sea en la forma y los criterios poco claros acerca de cómo cargan los datos. La empresa española Indra en realidad carga los datos que recopila el personal del Correo en cada uno de los centros de votación del país y que luego digitaliza en los centros de recepción y envío de datos. Si los datos que llegan a Indra son adulterados, por error o en forma deliberada, la carga se verá también afectada. Por otra parte, la demora en los datos ofrecidos en el escrutinio provisorio del 25 de octubre no ha sido grave si la comparamos con el inexplicable cambio de tendencia registrado en el provisorio del 22 de noviembre. En esta oportunidad se votaban dos opciones de una sola categoría en todo el país, por lo tanto no se comprende cómo, si el origen de los datos era tan homogéneo, pudo darse una situación de reducción de más de siete puntos porcentuales en sólo un par de horas. Esto no ha sido debidamente explicado, por lo que ha dejado un tendal de sospechas que se han potenciado en el hecho de que tanto encuestas como conteos de mesas testigo coincidían con la brecha que se difundió al principio del provisorio.

En definitiva, estos son algunos puntos que pueden y deben ser abordados en la próxima reforma electoral y política. Este horizonte debe encuadrarse en iniciativas que consagren la equidad electoral, que promuevan una nueva cultura competitiva, que mejoren la calidad de la representación y la alternancia como valor. Para lograr esto se necesitarán instituciones electorales independientes del Poder Ejecutivo y un nuevo sistema de votación, tecnificado, seguro y auditable, que supere las limitaciones que ha presentado el actual.

El tucumanazo dejó al desnudo la situación que se vive en algunas provincias de nuestro país, en donde ya no se puede hablar de elecciones íntegras, ni competitivas. Las debilidades de estos sistemas dejan en entredicho la noción misma de democracia. Pero todo esto no termina aquí, por el contrario, estos abusos y atropellos a escala local a su vez empañan las elecciones generales ante el riego de un rápido contagio.

La posición inflexible ante las propuestas de cambio del funcionario y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, puso en alerta a todos los partidos políticos de la oposición y hasta llegó a descolocar a otros funcionarios y legisladores oficialistas que mostraron cierta apertura.

Este martes se produjeron dos hechos importantes casi en simultáneo: la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral que concentra y mantiene la confianza de los partidos políticos y candidatos en general, convocó a las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas y para comunicar que algunas de ellas han sido tomadas en cuenta.

A su vez, en el Congreso de la Nación el interbloque opositor presentó el “Acuerdo por la Transparencia Electoral”, cuyo contenido da cuenta de una serie de instrumentos para garantizar la seguridad de la elección de octubre.

En ambos encuentros se advirtieron puntos medulares y coincidentes: más presencia de la Justicia electoral en los centros de votación. Para que ello ocurra se deberá fortalecer la figura del delegado judicial, una figura administrativa que no se encuentra en el Código Nacional Electoral, pero que se ha transformado casi en un necesario superhéroe democrático. Lamentablemente no se ha extendido su importante tarea en la totalidad de los centros de votación del país. Por ejemplo, en las PASO de la provincia de Buenos Aires llegaron a estar en 4 mil de los 5 mil centros de votación.

Otro aspecto que fue objeto de críticas es la inexplicable diversidad en cuanto al diseño de los telegramas. Cada distrito del país tiene el suyo. Esta ridícula “autonomía” resulta una invitación tanto al “error humano” en la confección de telegrama como así también a la aviesa intención de manipular documentos electorales. La denuncia de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y la de José Cano en Tucumán dio cuenta de este grave problema fácil de resolver.

La forma en que se cargan los datos en el escrutinio provisorio también fue motivo de debate. La Dirección Nacional Electoral (DINE) había advertido que los resultados del provisorio en las PASO pasadas se demorarían para evitar el sesgo en la carga, dado que se estimaba que el escrutinio en las mesas bonaerenses sería más lento que en el resto de los distritos. Esta demora se extendió más que lo de costumbre con la intención de no perjudicar al candidato a la presidencia del oficialismo. La pregunta que muchos se hacen es qué pasará el 25 de octubre. Los datos de la provincia de Buenos Aires llegarán ahora más rápido que en las PASO, con lo cual podría generarse un sesgo a favor de Daniel Scioli. Para evitar estas decisiones arbitrarias, el interbloque de la oposición le pidió a la Cámara Nacional Electoral que articule con la DINE un protocolo de carga que sea público y auditable.

En relación con el robo de boletas se dejó escuchar, en el encuentro de la Cámara Nacional Electoral, una voz tenue que pidió, ante la negativa del Gobierno de implementar la boleta única complementaria, el cuarto oscuro complementario. Un ambiente preservado y destinado para el caso en que un elector no encuentre la boleta que busca.

Todas estas iniciativas realizables que no requieren modificar la actual normativa electoral fueron en parte opacadas por la crítica al papel del Correo Argentino realizada en ambos encuentros.

En la provincia de Tucumán no se pudo cargar en el escrutinio provisorio el 20 % de los telegramas. En la conferencia un diputado en el Congreso denunció que, sumados los votos de María Eugenia Vidal, Solá y otros candidatos de la provincia de Buenos Aires, se llega a 500 mil votos recuperados entre el provisorio y el definitivo.

En ambos encuentros se reclamó más control por parte de la CNE y la DINE a esta empresa pública encargada de la logística de las elecciones que incluye cámaras de video en los centros de carga y seguimiento georreferencial al transporte que traslada las urnas.

El Gobierno nacional tendrá que responder en lo inmediato con medidas concretas a estos planteos que han realizado los partidos de la oposición y las ONG que entienden en la problemática electoral. Es verdad que proponer, como lo han hecho algunos referentes opositores, a dos meses de la elección, un cambio en el sistema de votación resulta irresponsable e imposible de aplicar. Sin embargo, negarse a todos estos pedidos razonables deja en evidencia la actitud de sacar ventaja de las ostensibles limitaciones e irregularidades que se han advertido en las PASO y en las elecciones provinciales como las de La Rioja y Tucumán.

El supermartes ha pasado. Ahora, las autoridades electorales de nuestro país tienen la responsabilidad de brindar las garantías que toda elección requiere.