Lo cierto es que las elecciones ya no se ganan y se pierden, como aseguraba el refrán. Ganan casi siempre los mismos y pierden casi siempre los mismos. Lo nuevo es que esto no ocurre tanto por cuestiones relacionadas con las características particulares que pueda tener un candidato o un frente en el marco de un contexto de contienda electoral, sino más bien se vincula con un dispositivo electoral particular que contribuye a lograr el objetivo de la representación monocolor. Cuando esto ocurre, se consolida la era del partido hegemónico.

En el TEG de la provincia del Chaco se advierte un movimiento que se da de abajo hacia arriba, tendiente al control total de la provincia, que se despliega sin prisa pero sin pausa. Con la caída de Resistencia, el distrito más importante desde el punto de vista demográfico y bastión de la oposición en la provincia, se consolida el régimen de partido dominante. De los 69 municipios con los que cuenta la provincia, 55 estarán en manos del oficialismo. El 80 % de los intendentes serán oficialistas. Las intendencias son piezas clave a la hora de ganar el premio mayor: la gobernación de la provincia.

La combinación entre reelección indefinida y no rendición de gastos de campaña hace que la alternancia y la competencia electoral queden cada vez más comprometidas en esta categoría. En las jornadas electorales estos intendentes candidatos montan enormes centros de “acopio” de electores a metros de los centros de votación en donde, como ha quedado documentado, realizan compra de votos de modo directo o indirecto (marcando las boletas entregadas al elector). En los distritos que limitan con Paraguay y Formosa todo esto se refuerza con la incorporación de voto golondrina en los padrones.

En Agua Blanca el Frente Chaco Merece Más de Jorge Capitanich obtuvo el 93 %, en Capdevilla 89 %, La Clotilde 82 %, Charadí 81 %, Hermoso Campo 80 %, Ciervo Petiso 79 %, Urien 75 %, Puerto Eva Perón y Las Garcitas 74 %, Frente Esperanza 73 %, La Escondida 72 %, Taco Pozo y La Eduvigis 71 %.

Por el contrario, las pocas ganadas por el frente opositor Vamos Chaco marcaron una mínima diferencia con respecto a la segunda lista, con la excepción de Pampa Almirón. Esto le da un fundamento sólido a las denuncias que Vamos Chaco realizó sobre las irregularidades detectadas en el padrón.

Las autoridades electorales parecen ocuparse solo de las cuestiones logísticas atinentes a los comicios y soslayan aspectos centrales que hacen a la equidad electoral.

El caso de Chaco es un claro ejemplo al respecto. Esta provincia tiene una gran experiencia en organizar elecciones desdobladas a las generales nacionales. Cuenta a su vez con un Tribunal Electoral reconocido por dirigentes y fuerzas políticas locales. Sin embargo, en esta última elección la relación se resquebrajó cuando la oposición tuvo que controlar el padrón electoral ante sospechas de manipulación. Las irregularidades detectadas superaron la cantidad de los 10 mil registros. Las fuerzas políticas deben ocuparse de elaborar sus propuestas y de seducir a los electores, no de controlar el padrón; es esta una tarea que debe realizar la autoridad local electoral.

¿Cómo saber si impactaron estas irregularidades en los resultados de las intendencias que se definieron por un puñado de votos como Basail, Charata, Colonia Popular, Colonia Unidad y La Verde, entre otras?

La recomposición de esta relación dependerá del compromiso del Tribunal Electoral de atender la problemática del debilitamiento de las condiciones que hacen a la competencia electoral. Además de sugerir cambios en la normativa electoral a la legislatura provincial, se deberá elaborar un plan de acción para evitar, y sancionar en el caso que corresponda, la compra de votos, el acarreo y acopio de electores.

En una de esas no hay que esperar a las próximas elecciones. Algo se puede hacer en lo inmediato. El escrutinio definitivo que empieza esta semana es una oportunidad central para comprobar las denuncias documentadas de compra de votos cometidas por algunos intendentes candidatos.

¿Se hará algo ante las serias denuncias de lo ocurrido en Gancedo, La Leonesa y Margarita Belén?

¿Avanzará el Tribunal Electoral por el camino de la consolidación democrática? ¿O por el contrario, tomará el ejemplo de muchas provincias de nuestro país que hacen la vista gorda ante prácticas delictivas que atentan contra las condiciones de competencia electoral?

“Esto no es Tucumán”, aseguró la presidente del Tribunal Electoral ante los veedores electorales que visitaron la provincia por estos días. Si no se toman medidas urgentes y necesarias, podría serlo en un futuro.

En muchos casos las autoridades electorales son epifenómenos del partido de gobierno y colaboran con este cambiando las reglas electorales en su provecho y también obstaculizando a las listas opositoras. Cuando surgen conflictos que dirimir, siempre actúan de manera sesgada. Son indulgentes ante las faltas o los delitos electorales que puedan acometer los oficialismos y severos cuando incurren en estos los opositores.

La equidad electoral también se ve afectada cuando abordamos la cuestión financiera. Las listas del oficialismo movilizan enormes sumas de dinero que en la mayoría de los casos no rinden nunca.

La publicidad oficial se confunde con la publicidad partidaria al punto de ser imposible disociarlas.

Los medios de comunicación son monocolor, enaltecen a los candidatos del partido de poder y denostan o ignoran a los que los desafían.

Aunque muchos investigadores sociales se obstinen en quitarle relevancia al clientelismo, este fenómeno contribuye con el deterioro democrático y la disminución del potencial ciudadano al afectar la noción de competencia electoral.

En estos contextos de “cancha inclinada” no es fácil ganarles a los oficialismo, de hacerlo hay que apelar a un preciso golpe de nocaut. Por puntos se torna muy difícil, aunque siempre hay una excepción.

Ahora presentemos un caso de estudio. El domingo habrá elecciones en La Rioja, una provincia con algo menos de 270 mil electores, que representa el 0,84 % del padrón nacional. Aquí todo vale. Todo está hecho en función de reproducir el poder del partido de poder. Los sistemas electorales están compuestos por densas capas de reformas electorales realizadas con el propósito mencionado.

En la actualidad esta intención se encuentra materializada en la figura de las colectoras. Entre los problemas que este sistema conlleva se encuentra el de la sobreoferta electoral producto de los incentivos que tiene el faccionalismo. Este domingo compiten en La Rioja 70 listas en toda la provincia. Se disputan 304 cargos entre tres mil candidatos. En el departamento de la capital, se presentaron 43 listas, 26 colectoras forman parte del Frente para la Victoria (de las cuales 19 con el candidato a intendente del bederismo y 7 con el candidato del quintelismo) y 12 colectoras van con Fuerza Cívica Riojana. En este último caso las colectoras son de partidos políticos en su mayoría.

Para apelar a una figura didáctica podríamos decir que las colectoras operan como una suerte de primaria y general al mismo tiempo, con lo que esto implica. Es decir, confusión en el electorado, sobrerrepresentación de la oferta electoral, como ya dijimos, aumento del gasto electoral, inconvenientes y demoras a la hora de realizar el escrutinio de mesa, distorsiones en la asignación de los cargos en juego, entre otros.

En las últimas elecciones realizadas en 2013 operó tan fuerte la “cancha inclinada” que hasta se dio un caso inédito que tomó estado público a nivel nacional: por primera vez un gobernador reconoció públicamente que distribuyó “dádivas” entre los electores. Por este acto de prebenda y clientelismo el gobernador Beder Herrera pidió disculpas. Sin embargo, la Justicia miró para el costado al escuchar semejante confesión.

En esta semana el Episcopado de La Rioja le pidió a las autoridades seguridad y transparencia para los comicios. La respuesta tarda en llegar y el domingo se acerca.

Pero en esta provincia, sin embargo, entra en la clasificación de excepción. En el 2013 la oposición ganó en las primarias y luego perdió por poco en las generales. Esto no debería llamar mucho la atención, dado que en estos distritos las primarias le sirven al partido de poder para saber dónde le fue mal y así actuar en consecuencia. En esta segunda elección se hicieron presentes las “dádivas” mencionadas.

En estas elecciones se da una situación particular: la Justicia provincial organiza todo el proceso electoral, el Tribunal Electoral. Este se compone de tres jueces que provienen de áreas de trabajo ajenas a lo electoral. En el marco de una serie de requerimientos que realizó la oposición, el organismo accedió a publicar los telegramas en la web del escrutinio provisorio. Veremos cómo se aplica esto. A primera vista resulta casi imposible implementar todo a días de realizarse la elección.

Hace poco, en un evento público, un juez de la Cámara Nacional Electoral nos invitó a observar el desempeño de los Tribunales Electorales de algunas provincias. Se mostró muy preocupado por la falta de autonomía en relación con el poder de turno y por la escasa profesionalidad de algunos de ellos.

Las elecciones de La Rioja se realizarán el mismo día en que votarán los porteños y los cordobeses. Ambos son distritos grandes: Córdoba representa el 8,68 % del padrón nacional y la ciudad de Buenos Aires, el 7,95 %. La suma de estos distritos supera los cinco millones de electores. Quizá esto le reste atención a la elección riojana, aunque no debería. Tanto CABA como Córdoba son distritos con elecciones que no revisten grandes inconvenientes. Los derechos políticos de sus electores están consagrados. En cambio, La Rioja merece más atención, ya que las garantías del proceso electoral se encuentran cuestionadas por una parte muy importante de los actores políticos. Concentrar nuestra atención en este tipo de elecciones nos ayudará a poner en entredicho la noción misma de “cancha inclinada” y en una de esas la ciudadanía toma conciencia de la necesidad de nivelarla para que el juego político sea más justo y entretenido.