Lideradas por el movimiento estudiantil, hace un año se dieron en Venezuela una serie de protestas pacíficas que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno dejando un saldo oficial de 43 muertos, 878 lesionados y 3.351 detenidos entre los meses de febrero y mayo de 2014.

Lo primero que llama la atención en este balance presentado por la Fiscalía General son dos omisiones importantes.  No menciona ni los más de 10 muertos que hubo entre los propios partidarios del gobierno -en un extraño proceso interno de ajuste de cuentas del que públicamente participó el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)-, ni los 242 casos de torturas que fueron denunciados ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2014.

En segundo lugar, salta a la vista la impúdica connivencia que se ha generado entre los cuerpos represivos, la Fiscalía, los tribunales y la Defensoría del Pueblo quienes -aupados por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional- han colaborado para ocultar las denuncias y retardar los procesos, causando un daño adicional a las víctimas y a sus familiares.

Por todos los desmanes hay sólo cinco acusados que ni siquiera han sido llamados a declarar a pesar de estar plenamente identificados. En el caso de los manifestantes detenidos, se posponen las audiencias y un año después 80 de ellos continúan presos sin sentencia; cerca de 2.000 están en libertad condicionada por medidas cautelares y en 20 causas que afectan a unas 700 personas -en las cuales la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento- los tribunales no emiten las resoluciones correspondientes.

En los meses de abril y mayo del año pasado, bajo la presión nacional e internacional que generó la represión, el gobierno solicitó la presencia de Unasur, que designó una Comisión de cancilleres para que propiciara el entendimiento en el país. Tan pronto la presencia de Unasur logró calmar los ánimos, el gobierno saboteó el diálogo incumpliendo todos los acuerdos a los que se había llegado, al tiempo que aumentaba la represión de manera más selectiva y, con ella, el sentimiento de indefensión y de terror generado por el gobierno militar.

Pero Unasur parece estar despertando. Después de más de 10 años en los que el gobierno venezolano ha venido utilizando el nombre de Bolívar, un discurso de reivindicación de los pobres, su potente chequera y el intento de golpe de Estado del 2002 como herramientas para justificar internacionalmente sus desmanes, algunos países comienzan a ver más allá del discurso.

Venezuela vive una de las situaciones más difíciles de su historia en medio de una terrible inseguridad personal, inflación, escasez de alimentos y medicinas que colocan al país al borde de una crisis humanitaria, con un fuerte incremento de la pobreza que -según cifras de Cepal en su último informe- alcanza el 48% de la población, es decir, un porcentaje aun mayor al que padecía el país en 1998.

Cuando por simple lógica se espera un incremento sustancial de la protesta social, en momentos en los que el país se prepara para un proceso electoral que debe renovar la totalidad de la Asamblea Nacional y en el que se vaticina un rotundo triunfo de la oposición, justo ahora, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emite la Resolución Nº 008610, que contiene elementos ya conocidos en la historia de todos nuestros países y que han sido denunciados por todos los organismos nacionales e internacionales vinculados a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

La mencionada resolución da participación a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones y protestas de orden civil, contraviniendo todas las normas y acuerdos internacionales y lo establecido expresamente en la Constitución y, en su artículo 22 ordinal 7, autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal… como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

Parece que el cinismo y los desplantes del gobierno en el terreno internacional comienza a encontrar sus límites aun entre los países más allegados. No se trata ya de si es socialismo o no. Se trata de que ha sido un mal gobierno, un pésimo gobierno que a tenido todo, que creó una enorme expectativa a nivel nacional e internacional y que lanzó todo ese capital político y económico por la borda. Como es lógico, primero decepcionó internamente, ahora llegó la hora de la decepción de los países amigos.

Frente a la situación planteada -y por razones estrictamente políticas- es evidente que Unasur tiene más posibilidades de actuar que la Organización de Estados Americanos.

Recordemos que así como la OEA tiene la Carta Democrática, Unasur cuenta con el Protocolo Sobre La Democracia, que es su equivalente y que conceptualmente ya fue utilizado con Paraguay. ¿Se lo recordará Unasur a Venezuela? ¿Hasta donde llega compromiso de Unasur con los Derechos Humanos?