El presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, fue preso de Juan María Bordaberry, quien es conocido en la historia por el golpe de Estado que dio en 1973 después de haber sido electo democráticamente en 1972.

Seguramente Mujica ha meditado mucho sobre si lo que hizo Bordaberry fue un golpe, un auto golpe, un golpe blando o si lo que sucedió fue un golpe militar y Bordaberry no fue más que un Presidente títere de quienes realmente ejercían el poder; pero más allá de las clasificaciones, lo importante es que, si alguno entre los presidentes latinoamericanos sabe lo que es un golpe de Estado realizado desde el poder, ese es Mujica. Por esas vueltas de la historia, hoy es a él a quien corresponde -en su condición de Presidente Pro Tempore de la UNASUR- tomar decisiones y adelantar iniciativas (o no) con relación al golpe de Estado que tuvo lugar el mes de diciembre pasado en Venezuela y del que Unasur ha sido testigo de excepción y la gran burlada.

Cinco poderes: una explicación necesaria

En casi todas las democracias del mundo el poder del Estado se divide en tres; en Venezuela se divide en cinco poderes. Además de los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Constitución de 1999 creó el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, integrado este último por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. El Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto popular universal y secreto, y los otros Poderes -después de un proceso con amplia participación ciudadana para la selección de los candidatos- deben ser designados por la Asamblea Nacional con el voto favorable de los dos tercios de sus integrantes.

Para Unasur -que desde hace meses intentaba promover el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela- evidentemente el que los Poderes Electoral, Judicial y Ciudadano tuvieran los períodos vencidos representó una gran oportunidad. Que ninguna de las partes tuviera la mayoría de dos tercios necesaria para la designación de los poderes mencionados, de alguna manera garantizaba que las partes tuvieran que sentarse y buscar un acuerdo, de manera que presionó al gobierno y logró que éste aceptara comenzar el proceso al que durante muchos meses se había negado.

En diciembre del año pasado, cuando todos esperaban conversaciones y acuerdos sobre las nuevas designaciones, el Teniente (r) Diosdado Cabello -Presidente de la Asamblea Nacional- se dirigió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia informando de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y solicitando una Interpretación de la Constitución. La Sala en cuestión rápidamente se expidió (en un fin de semana) y sin ni siquiera por decoro haber escuchado a la oposición, dio como solución al supuesto impasse, el que la Asamblea designara a los miembros de los poderes (incluyendo a 12 de sus propios magistrados) por mayoría simple. Tal fue el descaro, que el dictamen estableció que no era necesaria la mayoría simple de los miembros de la Asamblea, que bastaba con la mayoría simple de los asistentes a la sesión en la que se hicieran las designaciones.

Como una nota de color digna de mencionar y que seguramente los presidentes de los países miembros de Unasur sabrán interpretar, cuando la Sala Constitucional responde a la consulta del Teniente retirado, lo asciende y se dirige a él como “ciudadano General de División Diosdado Cabello Rondón, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional”.

La respuesta está a la vista y Unasur lo sabe: el gobierno no intentó buscar el acuerdo y, con evidente desprecio a la recomendación de los presidentes de los países miembros, da un golpe de Estado en toda regla contra tres de los cinco poderes que constituyen el Poder Púbico en Venezuela.

¿Qué hará Unasur? ¿Qué va a hacer el Presidente Mujica? Se acaban de burlar de ellos, pero lo más grave es que, con ese engaño, el gobierno militar pone en evidencia su estrategia de continuar en la dirección de la confrontación que, sin duda, puede llevar a un baño de sangre.

Dada la corta historia de Unasur, la organización no cuenta con herramientas orgánicas apropiadas para lidiar con un problema de esta índole. Sólo dispone del prestigio y poder de presión y persuasión de los presidentes de los países que la integran. ¿Lo utilizarán? ¿Harán algún tipo de manifestación pública?

Que Maduro y el Tte. Cabello avancen contra las instituciones democráticas era algo esperado y viene siendo denunciado desde hace ya un año, cuando la brutal represión desatada contra la oposición dejó decenas de muertos, presos políticos y torturados incluso entre militantes disidentes del propio régimen.

La oposición y el pueblo venezolano saben que deben resolver solos sus problemas, pero evidentemente un pronunciamiento de Mujica y de los otros presidentes puede contribuir a evitar males mayores a los que ya se están viviendo.

Mientras en Argentina en los últimos 20 años esas figuras jurídicas se han despenalizado, en Venezuela no sólo se ha introducido la figura del desacato en los artículos 148 y 149 de la última reforma parcial del Código Penal, además se han incrementado las penas contempladas para los delitos de difamación en los artículos 444 y 446 con el claro objetivo de intimidar, censurar y controlar la opinión, la información y la prensa independiente. Eso ya lo han vivido los argentinos.

Los comunicadores argentinos sufrieron situaciones de acoso judicial similares y en algunos casos peores que las que sufren los venezolanos, pero mientras los primeros pudieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su derecho a la libertad de prensa, de opinión y de información, los venezolanos por ahora no disponemos de esa herramienta.

¿Es casual que Chávez haya sido militar y haya sido también quien introdujo en el Código Penal la figura del Desacato y quien sacó a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Es casualidad también que sea ahora el Capitán Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, quien utilice la figura de la injuria agravada para ir contra un pequeño diario independiente como Tal Cual, o todo responde a la lógica militar que se fundamenta en la jerarquía y la obediencia para someter, y cuyo único objetivo es la consolidación en el poder?

En este momento Argentina enfrenta grandes enemigos y serios problemas que sin duda ocupan todo el tiempo de su gobierno, sus políticos, intelectuales y comunicadores, pero creo que precisamente por eso, para preservar las libertades conquistadas con tanto dolor y sacrificio, tiene que encontrar el tiempo para ocuparse, más allá del discurso, de lo que está sucediendo con las libertades en Venezuela.

Se lo deben a sí mismos.  ¿O es que las centenas de argentinos -docentes, políticos, intelectuales, comunicadores, hombres y mujeres comunes y corrientes- que encontraron refugio en la Venezuela democrática primero cuando la dictadura de Onganía y después con el régimen de terror de Videla no aprendieron nada de esa experiencia?

¿Es tan fácil de olvidar la terrible sensación de abandono que vivieron hasta que en 1979 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -presidida por Andrés Aguilar, eminente jurista venezolano, demócrata cristiano para más seña- visitó el país y permitió comenzar a destapar ante el mundo las atrocidades que estaba sufriendo la gente?

Los argentinos saben que su libertad y su democracia no dependen sólo de ellos. Por supuesto que son los principales responsables por haberlas conquistado y de preservarlas, pero es evidente que la solidaridad internacional fue muy importante y lo mismo sucederá en Venezuela.

Es en el mes de septiembre que Argentina conmemora la visita de la Comisión y fue también en un mes de septiembre, cinco años después, que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de la Personas (CONADEP) presentó al Presidente Alfonsín el devastador informe que permitió el juicio a las juntas y el comienzo de lo que hoy es un avance inconmensurable en materia de DDHH. Pero es también en el mes de septiembre que Venezuela cumplió su primer año fuera del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en medio del más atronador de los silencios de sus países hermanos.

El caso Tal Cual

El 17 de enero de este año Carlos Genatios -ex ministro de Ciencia y Tecnología del ex presidente Chávez- escribió un artículo de opinión en el diario Tal Cual en el cual atribuyó al Capitán Diosdado Cabello ( Presidente de la Asamblea Nacional venezolana) la frase “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”, aparecida como leyenda al pie mientras el Capitán declaraba en uno de los canales de TV del gobierno.

El 24 de enero el Capitán Cabello -asegurando que no había dicho tal cosa- formalizó una querella contra el articulista, el Director del diario -Teodoro Petkoff- y toda la junta directiva del mismo.

El día 6 de marzo, el Juzgado 29 de Primera Instancia en lo Penal aceptó la demanda por difamación agravada y dictó las medidas cautelares solicitadas por el querellante de prohibición de salida del país y presentación semanal de los demandados ante la jueza incluyendo a Teodoro Petkoff, hoy de 82 años de edad. Las penas contempladas en el Código Penal son hasta de 4 años de cárcel y multas millonarias.

Argentina forma parte de la Comisión de Unasur propiciadora del diálogo en Venezuela. Vista la relación que existe entre los dos gobiernos, una palabra, un gesto a tiempo pueden ser de gran importancia incluso para las futuras relaciones entre los dos países si en Venezuela la oposición ganara las próximas elecciones.

Mucha gente clama por un cambio. La frustración por los resultados electorales y la angustia, rabia y el temor de muchos que con toda razón se sentían ahogados por los problemas de la vida diaria y la bárbara represión desatada por el Gobierno, dio lugar a un importante movimiento de protesta que comenzó con reclamos estudiantiles en el interior del país y tuvo su punto culminante en una gran manifestación convocada por los estudiantes el 12 de febrero (Día de la Juventud). A esa movilización se sumó la MUD, esgrimiendo dos posiciones: por una parte, la fracción mayoritaria intentando acompañar y orientar el descontento de la gente, y, por la otra, un grupo que intentó radicalizar el movimiento tras una fuerte consigna, que se demostró vacía, pero que insinuaba la promesa de un fin rápido a la crisis y dividió a la oposición. La derrota de “La Salida” no sólo constituyó un duro golpe para la oposición, que en su conjunto pagó con muertos, heridos, presos y exilados; paradójicamente, también le sirvió al Gobierno para reenfocar su estrategia de poder y fortalecer su ala más retrógrada dirigida por el Capitán Diosdado Cabello. 

Mientras el oficialismo buscó y consiguió en Cuba el foco y el mando que había perdido, la oposición venezolana entró en un serio proceso de descomposición. La renuncia de Aveledo a la Secretaría Ejecutiva de la MUD ha dado lugar a una diáspora que además de restarle fuerzas a la oposición, confunde con proposiciones variopintas. De ser la fuerza en crecimiento probablemente ganadora de los siguientes procesos electorales, la MUD pasó a estar dividida y al borde de una nueva derrota justamente cuando los lapsos constitucionales parecen coincidir con sus necesidades estratégicas.

Para lograr una transición democrática en paz hacia la reconstrucción del país, es necesario acumular fuerzas. La ruta era clara con la MUD: primero ganar la Asamblea Nacional en el 2015, luego  gobernaciones y Asambleas Legislativas en el 2016, año durante el cual también se abriría la posibilidad de un Referendum Revocatorio; en el 2017 las elecciones municipales, para culminar el proceso con la Presidencia de la República. Puede parecer lento y lejano, pero en realidad no lo es tanto si consideramos que los cambios podrían comenzar el año entrante. Ahora, ni la ruta ni la unidad aparecen tan claramente. Quienes proponen otros caminos deben aclarar sus lapsos y propuestas antes de continuar generando confusión.

Venezuela necesita tiempo para construir una transición democrática en paz.  Eso lo sabemos todos y -cualquiera sea el camino que se proponga- debemos decirlo con claridad para evitar aventuras políticas que sólo consiguen retrasarnos. A pesar de la angustia y desesperación en la que se vive, de la terrible inseguridad, de la insoportable inflación, de la escasez, de la corrupción, de la falta de libertades e instituciones y del desastre de los servicios públicos, a pesar de todo eso, tenemos que comprender que no hay salida mágica posible. Cualquiera que llegue al gobierno va a requerir, antes que nada, de las condiciones mínimas de gobernabilidad para actuar y obtener el tiempo imprescindible para llevar adelante los cambios que el país exige.

Se necesita tiempo para civilizar el país y meter los militares a sus cuarteles; para comenzar a limpiar la administración publica de corruptos ejerciendo desde la asamblea los controles constitucionales, para poner luz en la caja negra de las finanzas del Estado y de PDVSA y para mil cosas más. Hacer creer que esas cosas se pueden conseguir con sólo cambiar al Presidente no sólo es un  error, puede ser suicida. Un nuevo Ejecutivo necesita condiciones mínimas de gobernabilidad para conducir la transición en paz. Contar con mayoría en la asamblea es crucial para garantizar tal escenario. Todos los partidos en la MUD acordaron un Programa de Gobierno que es un compromiso con la nación que debe ser cumplido. La sociedad civil debe presionar y exigir responsabilidades.