Agudeza venezolana

En los últimos 50 años, uno de los continentes que más ha adelantado en materia de democracia y Derechos Humanos ha sido América Latina. En un proceso zigzagueante y paradójico, pero en general con una tendencia tan de avanzada que en varios aspectos ha llegado a ser ejemplo en otras partes del mundo, el continente ha realizado aportes invaluables.

Entre los muchos avances que se lograron en la materia, hay tres que merecen ser destacados: la construcción del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) al que se incorporó la sociedad civil como elemento fundamental, la aceptación explícita por parte de los países de la región de la jurisdicción interamericana en materia de DDHH (con excepción de EEUU) -lo que significó para todos los países concesiones muy importantes en materia de soberanía- y la conceptualización de la democracia como un sistema que, más allá de los procesos electorales, se caracteriza por “la promoción y protección de los derechos humanos”, tal y como expresamente se señala en la Carta Democrática.

Cada uno de estos logros significó duras batallas en el seno de una organización como la OEA, claramente dominada por los EEUU que en plena Guerra Fría, de manera unilateral y enfrentado a la organización, promovía invasiones y golpes de estado contra gobiernos democráticos y sostenía dictaduras que muchas veces enarbolaron la bandera de la soberanía y el principio de no intervención para evitar ser investigadas cuando eran denunciadas por violaciones a los DDHH.

Durante esos años, las fuerzas democráticas -entre ellas Venezuela jugó un papel preponderante- lograron deslindar claramente lo que significaba la injerencia de un país en los asuntos internos de otro de lo que era la jurisdicción internacional y la vigilancia que los países de la región debían ejercer para ayudar a garantizar los principios democráticos y de respeto a los DDHH que todos se habían obligado a cumplir, dejando muy claramente establecido que el principio de no intervención no era equivalente a lavarse las manos cuando una democracia estaba en peligro.

En lo que ya se veía como el anuncio de una nueva escalada antidemocrática, en el año 2011 el Tte. Cnel. Hugo Chávez -entonces presidente- retiró a Venezuela del SIDH y, a pesar de las denuncias de lo que eso significaba por parte de muchas organizaciones defensoras de los DDHH, fueron muy pocos los gobiernos que mostraron preocupación al respecto.

Entre 2011 y el día de hoy, las denuncias por violaciones de principios democráticos y de los DDHH en Venezuela se han multiplicado. Los muertos, heridos, presos y torturados por razones políticas se han convertido en algo diario y escandaloso frente a un silencio atronador de muchos países del hemisferio que, aduciendo el principio de no intervención como hacían las dictaduras de antaño, han pretendido lavarse la manos y están llegando al límite de la complicidad frente a una situación que se hace inocultable.

El encabezado de la Orden Ejecutiva del presidente Obama es inaceptable aún cuando el mismo fuera -como dice el gobierno norteamericano- un formulismo legal, pero la Orden misma permite plantear un interrogante importante: ¿se habría producido un exabrupto como ése si el continente se hubiera expresado antes?

La VII Cumbre de las Américas reunida en Panamá es una oportunidad para que los gobiernos democráticos del continente den claras muestras de su madurez y se manifiesten diferenciando sin lugar a dudas el principio de no intervención unilateral en los asuntos internos de otros países de la responsabilidad que tienen de contribuir a vigilar y salvaguardar los principios y valores democráticos y los Derechos Humanos en Venezuela.

Venezuela está atravesando una crisis de incalculables dimensiones donde la pobreza, la escasez, la inflación y la inseguridad están agobiando a la población. La obligación de los gobiernos de América es para con los pueblos, como ellos mismos dicen constantemente. El silencio en este momento pasa a ser complicidad. Ni son ni pueden jugar el papel de Poncio Pilato y lavarse las manos tomando como excusa el respeto a la soberanía. La historia ha demostrado sobradamente que esas inconsecuencias políticas nuestros pueblos las pagan muy caras.

Lo primero que llama la atención en este balance presentado por la Fiscalía General son dos omisiones importantes.  No menciona ni los más de 10 muertos que hubo entre los propios partidarios del gobierno -en un extraño proceso interno de ajuste de cuentas del que públicamente participó el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)-, ni los 242 casos de torturas que fueron denunciados ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2014.

En segundo lugar, salta a la vista la impúdica connivencia que se ha generado entre los cuerpos represivos, la Fiscalía, los tribunales y la Defensoría del Pueblo quienes -aupados por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional- han colaborado para ocultar las denuncias y retardar los procesos, causando un daño adicional a las víctimas y a sus familiares.

Por todos los desmanes hay sólo cinco acusados que ni siquiera han sido llamados a declarar a pesar de estar plenamente identificados. En el caso de los manifestantes detenidos, se posponen las audiencias y un año después 80 de ellos continúan presos sin sentencia; cerca de 2.000 están en libertad condicionada por medidas cautelares y en 20 causas que afectan a unas 700 personas -en las cuales la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento- los tribunales no emiten las resoluciones correspondientes.

En los meses de abril y mayo del año pasado, bajo la presión nacional e internacional que generó la represión, el gobierno solicitó la presencia de Unasur, que designó una Comisión de cancilleres para que propiciara el entendimiento en el país. Tan pronto la presencia de Unasur logró calmar los ánimos, el gobierno saboteó el diálogo incumpliendo todos los acuerdos a los que se había llegado, al tiempo que aumentaba la represión de manera más selectiva y, con ella, el sentimiento de indefensión y de terror generado por el gobierno militar.

Pero Unasur parece estar despertando. Después de más de 10 años en los que el gobierno venezolano ha venido utilizando el nombre de Bolívar, un discurso de reivindicación de los pobres, su potente chequera y el intento de golpe de Estado del 2002 como herramientas para justificar internacionalmente sus desmanes, algunos países comienzan a ver más allá del discurso.

Venezuela vive una de las situaciones más difíciles de su historia en medio de una terrible inseguridad personal, inflación, escasez de alimentos y medicinas que colocan al país al borde de una crisis humanitaria, con un fuerte incremento de la pobreza que -según cifras de Cepal en su último informe- alcanza el 48% de la población, es decir, un porcentaje aun mayor al que padecía el país en 1998.

Cuando por simple lógica se espera un incremento sustancial de la protesta social, en momentos en los que el país se prepara para un proceso electoral que debe renovar la totalidad de la Asamblea Nacional y en el que se vaticina un rotundo triunfo de la oposición, justo ahora, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emite la Resolución Nº 008610, que contiene elementos ya conocidos en la historia de todos nuestros países y que han sido denunciados por todos los organismos nacionales e internacionales vinculados a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

La mencionada resolución da participación a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones y protestas de orden civil, contraviniendo todas las normas y acuerdos internacionales y lo establecido expresamente en la Constitución y, en su artículo 22 ordinal 7, autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal… como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

Parece que el cinismo y los desplantes del gobierno en el terreno internacional comienza a encontrar sus límites aun entre los países más allegados. No se trata ya de si es socialismo o no. Se trata de que ha sido un mal gobierno, un pésimo gobierno que a tenido todo, que creó una enorme expectativa a nivel nacional e internacional y que lanzó todo ese capital político y económico por la borda. Como es lógico, primero decepcionó internamente, ahora llegó la hora de la decepción de los países amigos.

Frente a la situación planteada -y por razones estrictamente políticas- es evidente que Unasur tiene más posibilidades de actuar que la Organización de Estados Americanos.

Recordemos que así como la OEA tiene la Carta Democrática, Unasur cuenta con el Protocolo Sobre La Democracia, que es su equivalente y que conceptualmente ya fue utilizado con Paraguay. ¿Se lo recordará Unasur a Venezuela? ¿Hasta donde llega compromiso de Unasur con los Derechos Humanos?