Agudeza venezolana

En los últimos 50 años, uno de los continentes que más ha adelantado en materia de democracia y Derechos Humanos ha sido América Latina. En un proceso zigzagueante y paradójico, pero en general con una tendencia tan de avanzada que en varios aspectos ha llegado a ser ejemplo en otras partes del mundo, el continente ha realizado aportes invaluables.

Entre los muchos avances que se lograron en la materia, hay tres que merecen ser destacados: la construcción del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) al que se incorporó la sociedad civil como elemento fundamental, la aceptación explícita por parte de los países de la región de la jurisdicción interamericana en materia de DDHH (con excepción de EEUU) -lo que significó para todos los países concesiones muy importantes en materia de soberanía- y la conceptualización de la democracia como un sistema que, más allá de los procesos electorales, se caracteriza por “la promoción y protección de los derechos humanos”, tal y como expresamente se señala en la Carta Democrática.

Cada uno de estos logros significó duras batallas en el seno de una organización como la OEA, claramente dominada por los EEUU que en plena Guerra Fría, de manera unilateral y enfrentado a la organización, promovía invasiones y golpes de estado contra gobiernos democráticos y sostenía dictaduras que muchas veces enarbolaron la bandera de la soberanía y el principio de no intervención para evitar ser investigadas cuando eran denunciadas por violaciones a los DDHH.

Durante esos años, las fuerzas democráticas -entre ellas Venezuela jugó un papel preponderante- lograron deslindar claramente lo que significaba la injerencia de un país en los asuntos internos de otro de lo que era la jurisdicción internacional y la vigilancia que los países de la región debían ejercer para ayudar a garantizar los principios democráticos y de respeto a los DDHH que todos se habían obligado a cumplir, dejando muy claramente establecido que el principio de no intervención no era equivalente a lavarse las manos cuando una democracia estaba en peligro.

En lo que ya se veía como el anuncio de una nueva escalada antidemocrática, en el año 2011 el Tte. Cnel. Hugo Chávez -entonces presidente- retiró a Venezuela del SIDH y, a pesar de las denuncias de lo que eso significaba por parte de muchas organizaciones defensoras de los DDHH, fueron muy pocos los gobiernos que mostraron preocupación al respecto.

Entre 2011 y el día de hoy, las denuncias por violaciones de principios democráticos y de los DDHH en Venezuela se han multiplicado. Los muertos, heridos, presos y torturados por razones políticas se han convertido en algo diario y escandaloso frente a un silencio atronador de muchos países del hemisferio que, aduciendo el principio de no intervención como hacían las dictaduras de antaño, han pretendido lavarse la manos y están llegando al límite de la complicidad frente a una situación que se hace inocultable.

El encabezado de la Orden Ejecutiva del presidente Obama es inaceptable aún cuando el mismo fuera -como dice el gobierno norteamericano- un formulismo legal, pero la Orden misma permite plantear un interrogante importante: ¿se habría producido un exabrupto como ése si el continente se hubiera expresado antes?

La VII Cumbre de las Américas reunida en Panamá es una oportunidad para que los gobiernos democráticos del continente den claras muestras de su madurez y se manifiesten diferenciando sin lugar a dudas el principio de no intervención unilateral en los asuntos internos de otros países de la responsabilidad que tienen de contribuir a vigilar y salvaguardar los principios y valores democráticos y los Derechos Humanos en Venezuela.

Venezuela está atravesando una crisis de incalculables dimensiones donde la pobreza, la escasez, la inflación y la inseguridad están agobiando a la población. La obligación de los gobiernos de América es para con los pueblos, como ellos mismos dicen constantemente. El silencio en este momento pasa a ser complicidad. Ni son ni pueden jugar el papel de Poncio Pilato y lavarse las manos tomando como excusa el respeto a la soberanía. La historia ha demostrado sobradamente que esas inconsecuencias políticas nuestros pueblos las pagan muy caras.

Jurgen Habermas

En momentos en los que la sociedad venezolana vive situaciones agobiantes de inseguridad, escasez, una fuerte represión que ha producido más de 50 muertos, decenas de heridos, presos políticos, y torturados, pensar en el futuro no es tarea fácil. Paradójicamente, todo lo anterior sucede en tiempos que indican que marchamos aceleradamente hacia un complejo proceso de transición política.

Vista una fotografía de la situación actual, resulta bastante probable que, si la oposición va unida, gane las elecciones y obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), lo que nos colocaría en una situación objetiva de co-gobierno durante un lapso más o menos largo: la oposición con mayoría en la AN y el PSUV con control del ejecutivo y de los otros poderes públicos, al menos en tanto se vayan cumpliendo los lapsos constitucionales contemplados para la renovación de esos otros poderes.

Una situación como la descripta no sería demasiado especial en una democracia cualquiera, pero ese no es el caso venezolano donde desde hace más de 14 años, un gobierno cívico militar -sostenido en la popularidad de un caudillo y disponiendo de enormes ingresos petroleros- ha venido abusando ilimitadamente del poder.

Si bien los grandes actores de la política en democracia siguen siendo los partidos, la decepción, la corrupción y los manejos a espaldas de la gente que dicen representar han llevado a una enorme desconfianza entre representados y representantes y han colocado a la Sociedad Civil -ciudadanos organizados fuera de las estructuras partidarias- a jugar papeles trascendentales en especial en complejos procesos de transición.

En América Latina el caso más emblemático ha sido, sin duda, la hermosa lucha que han llevado adelante desde hace 37 años las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de mayo.

Más allá de la valentía de estas mujeres que durante todos estos años han luchado por encontrar a sus hijos y nietos desaparecidos -y en especial en el caso de la Asociación de Abuelas- es poco lo que se puede decir para hacer justicia al inconmensurable aporte que han hecho a la democracia misma y a sus instituciones.

Es que estás mujeres no sólo enfrentaron al régimen cívico militar aún a costa de la vida de varias de ellas, además, no se conformaron con la derrota de la dictadura y continuaron activas durante la democracia, obligando a los partidos políticos, a sus dirigentes y a la sociedad toda, a comprender que no buscaban venganza, que su lucha sólo podía satisfacerse, realmente, el día que las instituciones del Estado funcionaran de tal manera que garantizaran justicia.

Así como hoy es conocida la lucha de las Madres y Abuelas, es desconocida la lucha de la Sociedad Civil venezolana que durante más de 14 años ha mantenido una vigilia permanente para:

1.- Sostener una movilización permanente -y en la calle- en defensa de los principios esenciales de una sociedad democrática;

2.- Presionar para que la oposición actúe unida en defensa de tales principios, actuación que hoy la coloca a punto de obtener una contundente mayoría en la AN y,

3.- Elaborar un Programa de Gobierno alrededor del cual se han comprometido todos los partidos de la oposición. Guiado por la SC este programa, tiene como característica fundamental impedir un regreso al pasado y claramente incorpora aquellos objetivos que la población venezolana ha visto como logros en estos 14 años además de muchas de las promesas incumplidas por el régimen actual. Todo dentro de un proyecto coherente de gobernabilidad y avance democrático.

Ahora la SC en nuestro país tiene un nuevo reto: conseguir que ese Programa de Gobierno tan trabajosamente elaborado, discutido y aprobado por todas las fuerzas políticas, sea realmente la guía de actuación de los representantes de los partidos que vayan a la Asamblea.

Así como las Abuelas de Plaza de Mayo han seguido su lucha muchos años después de alcanzada la democracia en Argentina, así la SC venezolana deberá continuar con su vigilia y movilización para evitar que los logros alcanzados hasta ahora puedan perderse.

Garantizar la gobernabilidad del país es un objetivo esencial que no va a ser tarea fácil. Controlar la corrupción y meter nuevamente los militares a sus cuarteles; desarmar a los colectivos paramilitares que el gobierno ha creado, frenar el golpismo que todavía anida en pequeños grupos militaristas opositores, requiere de una ciudadanía activa y una sociedad civil vigilante y claramente diferenciada de la sociedad política.

¿Hasta cuándo seguirán llamándose “apremios” a las torturas practicadas en diversos lugares del planeta?

Eduardo Galeano

Después de 10 años, el pasado 6 de noviembre Venezuela compareció ante el Comité Contra la Tortura de la ONU que escuchó la presentación de las diferentes ONGs nacionales e internacionales que se ocupan de estos temas y las explicaciones que tuvo a bien brindar el gobierno. Sólo voy a mencionar un dato que es suficientemente revelador de la gravedad de la situación y de la impunidad con la que actúan los cuerpos represivos: en 10 años hubo 9.000 denuncias de torturas y sólo 12 acusados de perpetrarlas.

En esos 10 años, además de la impunidad evidenciada en las cifras mencionadas, Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir la visita del Relator contra la Tortura, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se retiró del sistema Interamericano de Derechos Humanos dependiente de la OEA. No hay que ser mal pensado para ver en este conjunto de hechos una actitud premeditada dirigida a evitar el control y la condena de los organismos internacionales a costa de la indefensión de las víctimas y la impunidad de los represores.

Ta barato, dame dos.

Durante ese mismo lapso Venezuela disfrutó de los ingresos petroleros más altos de toda su historia, circunstancia que el Tte. Cnel. Chávez supo aprovechar.

Con un estilo simpático, dicharachero y campechano -muy venezolano, hay que decirlo- y seguramente con una interesada asesoría de la Habana, manejando con gran habilidad sus condiciones de caudillo en un país con débiles instituciones democráticas, el Tte. Cnel. desplegó una agresiva política internacional con el tradicional discurso integracionista y antiimperialista típico de nuestros gobiernos, pero respaldado por una abultada chequera.

En esos 10 años Venezuela promovió su incorporación a Mercosur y apoyó con decisión la creación de Unasur y de otros organismos subregionales como el Alba, más dócil a sus propias políticas. El problema está en que estos organismos –que entre sus principios constitutivos tienen la defensa de la democracia y de los DDHH- no cuentan con mecanismos independientes de supervisión y control en estas materias.

No es ninguna novedad el decir que en política internacional no hay ideologías sino intereses, pero cuando esos intereses cuentan además con una ideología y un discurso político común, realmente se tejen unas alianzas muy difíciles de derrotar, de otra manera no se explicaría cómo es que en todos estos años las grandes potencias del mundo no han logrado poner coto a los paraísos fiscales, al lavado de dinero y al tráfico de estupefacientes, o cómo es que Suiza -adalid mundial en materia de DDHH- se ha resistido tanto a terminar con el secreto bancario y a devolver a los judíos los depósitos de sus bienes robados que el nazismo hizo en sus bancos.

En nuestro caso, la alianza que Chávez logró forjar explica, aunque de ninguna manera justifica, el estruendoso silencio de sus socios regionales ante las terribles violaciones que su régimen ha hecho de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela.

Algo habrán hecho

Lo que resulta mucho más difícil de explicar, especialmente en el cono sur, es el mecanismo mediante el cual esas alianzas de intereses y poder bajan hasta ser aceptadas por las poblaciones de esos países y, más difícil aún, comprender cómo es que llegan a constituirse en verdaderos procesos de autocensura, e incluso complicidad, entre los comunicadores e intelectuales -defensores de los DDHH- que optan por callar antes que denunciar a un gobierno que consideran aliado de aquel al cual respaldan.

Salvo la notables excepciónes de la hija de Allende, la Senadora María Isabel Allende y de Fernando Mires quienes han fijado una clara posición de “tolerancia cero” frente a las violaciones de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela, hasta ahora no hemos visto dirigentes del Frente Para la Victoria en Argentina ni del Frente Amplio en Uruguay con posiciones claras al respecto.

Con relación a los medios de comunicación, comunicadores e intelectuales de los países del cono sur el panorama es aún más grave. Su silencio, muy parecido al famoso “algo habrán hecho” que imperó durante la dictadura de Videla y que llevó a mucha gente progresista a callar frente a las barbaridades del régimen, resulta incomprensible frente a hechos que han sido del dominio público durante años.

Parafraseando a Galeano, uno podría decir: ¿hasta cuando seguirá llamándose “no hacer el juego al imperio” el silencio de políticos, intelectuales y comunicadores ante gobiernos -que se proclaman anti-imperialistas y progresistas- pero violan sistemáticamente los principios democráticos y los DDHH ?

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Aún recuerdo el 18 de diciembre del 2002, la iracundia de un Tte. Cnel. Chávez vociferante gritando por TV “¡Al enemigo, ni agua!”, indignado con sus propios seguidores porque dos manifestaciones contrarias que se habían encontrado en una autopista, en lugar de enfrentarse a golpes o a tiros, habían resuelto jugar un partido de futbolito. Esa forma tan nuestra que utilizó la gente para evitar el enfrentamiento ponía en riesgo la estrategia de polarización y confrontación que tanto resultado le ha dado al régimen cubano durante 60 años.

Hoy, que se está discutiendo mucho sobre  encuestas y posibles candidatos, siento que el análisis de lo sucedido en esa autopista es clave para comprender el momento. Mientras que la polarización como táctica electoral es conocida y utilizada en todas partes tanto por los gobiernos como por la oposición, en Venezuela los gobiernos chavistas han convertido la confrontación en una herramienta de gobierno que utilizan de manera permanente pero con menor intensidad durante los procesos electorales. 

Ha sido una conducta típica en estos 16 años. En la medida en que se acercan los procesos electorales el discurso del gobierno se suaviza y se hace conciliador en tanto queda flotando en el ambiente -amenazante- la cárcel, el despido, los grupos paramilitares y los militares mismos.

En su estrategia de convertir la confrontación en un estilo de vida, el gobierno de Venezuela es capaz de hacer cualquier cosa: violar la Constitución y las leyes; manipular de manera desafiante  un Poder Judicial servil y controlado; reprimir; violar los derechos humanos; utilizar grupos paramilitares; realizar fraude continuado amparado en un control total del Poder Electoral; comprar y vender conciencias a partir de los recursos del Estado. Robar con absoluta impunidad. Cerrar medios de comunicación; burlarse de los opositores y meterlos presos bajo la acusación de “traición a la patria”, en fin, hacer cualquier cosa para provocar la ira y la confrontación que es el objetivo.

Esto resulta indignante para la mayoría pero, para poder combatirlo, debemos aprender y comprender que, más allá del daño real que causan al país, estas actitudes del gobierno tienen el objetivo ulterior de dividir a la sociedad.  No entenderlo así es caer en la trampa de la confrontación.

Unir pensando en la gente

Paradójicamente, en buena medida son lo autogoles del gobierno los que han logrado romper la polarización.

La inseguridad, la escasez, la corrupción y el abuso de poder han logrado unificar a la población en contra de un mal gobierno. Es un enorme error el que cometen aquellos sectores de la oposición que buscan estimular el enfrentamiento.
Más que averiguar quien lidera a la oposición, las empresas encuestadoras deben averiguar por quien, de la oposición, estarían dispuestos a votar los sectores que hasta ahora lo han venido haciendo por el chavismo. Esa es la pregunta clave y sobre su respuesta es sobre lo que han venido trabajando importantes sectores de la Mesa de la Unidad Democrática.

La Salida, La Constituyente y el Congreso Ciudadano han fracasado como líneas políticas nacionales porque no es el momento de la confrontación, es el momento del futbolito. Es el momento de Mandela, pero no el Mandela guerrillero que fue a la cárcel por confrontar, es el momento del Mandela que sale de ella sin odios y comprendiendo que necesita unir a su pueblo.

Hartos de la pelea, una candidatura de confrontación no sólo no atraería votos del chavismo, incluso probablemente conseguiría que algunos de la oposición vayan al gobierno por temor a la violencia que la retaliación y la venganza podrían generar.

Chávez sabía de esto más que nadie y por eso confrontaba hasta el momento en que llegaban tiempos electorales. Entonces se convertía en un manso corderito que era capaz de llorar y pedir perdón de rodillas con un crucifijo en la mano, y no es una figura retórica.

En Venezuela, la sociedad civil organizada ha comprendido este problema y camina en la dirección adecuada. A la oposición partidaria  aún le falta mucho por hacer. Por eso la sociedad civil tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros y debe presionar y lograr que los partidos actúen con la madurez que el momento exige.

La unidad política de la oposición es imprescindible para ganar las próximas elecciones, y la unidad de una importante mayoría de la población, chavistas y opositores, es imprescindible para garantizar la gobernabilidad en paz.

De allí en adelante se desató un proceso que tenía muchos años incubándose y acerca del cual la oposición alertó infinidad de veces. La amenaza -hasta cierto punto contenida por la fuerza política de Chávez y el enorme ingreso petrolero- estalló en la cara del nuevo gobierno.

Violencia e inflación incontrolables, cuatro tipos de cambios oficiales simultáneos, desabastecimiento, represión, luchas y disputas internas por el poder, la Habana desesperada, en fin, una crisis que en lo político ha dejado más de 60 muertos, incontable cantidad de heridos, más de 3.000 detenidos de los cuales más de un centenar siguen presos. Juicios a estudiantes, a dirigentes sindicales, a periodistas, a dirigentes políticos. Cierre de medios escritos y el bloqueo de 1.019 sitios web en los últimos 12 meses.

Ninguna de estas situaciones se dan con esta gravedad en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador o Bolivia, que serían los principales socios políticos del chavismo en Sudamérica.

La crisis política del chavismo es de unas dimensiones que la hacen inocultable incluso para aquellos gobiernos que hasta ahora no la habían querido ver.

De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Varianzas cuyo resumen fue publicado el 27 de octubre, el perfil de agrado que tenía Chávez del 52% en septiembre del 2012 ha bajado al 30% cuando se refiere a Maduro. El Buen Camino del Gobierno cayó 27 puntos, del 48 al 21% y la Percepción positiva de la situación económica del país descendió 20 puntos, de 38 a 18%.

La oposición venezolana tiene la posibilidad real de ganar las próximas elecciones parlamentarias en el 2015 si se mantiene unida. Para el desarrollo de una política exterior responsable y útil a la defensa de los DDHH en Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene la obligación y la necesidad de diferenciar entre las políticas de los gobiernos en esos países y las del gobierno chavista.  Las diferencias y resultados están a la vista.

Así como sabemos que el triunfo de la oposición en Venezuela requiere de la unidad como condición sin la cual su triunfo no es posible, también sabemos que el reconocimiento internacional de ese triunfo es muy importante. Cualquier intento de algún grupo de disputarse la hegemonía de la Unidad por la vía de romperla pondría en seria duda las posibilidades de triunfo en las elecciones y haría tanto daño como el que causó en abril del 2002 el grupito que conspiró a espaldas de las grandes mayorías del país.

A pesar de los grandes avances que ha conseguido la MUD a nivel internacional con su decidida política en defensa de la democracia, el daño político que causó el intento de golpe de Estado aún se está pagando especialmente ante los foros internacionales.

La gobernabilidad de Venezuela está en juego no sólo ahora que las distintas facciones del chavismo se están disputando el poder a sangre y fuego e incluso con conspiraciones e intentos de golpes de Estado, también y quizás más aún lo estará si la oposición gana las próximas elecciones. Una sabia y profesional política exterior de la MUD debe construirse desde ahora y esto parecen haberlo visto con claridad Henrique Capriles y el grupo de partidos que encaran con más decisión las próximas elecciones parlamentarias del 2015.

A pesar de la informalidad que parece dominar en los estilos, Unasur no es un club de amigos. Por más que en la relación entre países las relaciones personales entre sus presidentes jueguen un papel, hay situaciones que pesan mucho en la historia de América Latina como para que se puedan dejar pasar.

Como se demostró en las reuniones de cancilleres de Unasur que tuvieron lugar sobre el “Caso Venezuela”, las flagrantes violaciones de los DDHH de la que está haciendo gala el gobierno de Maduro han dejado al descubierto su vocación militarista y represiva. La MUD no debe perder la oportunidad de acercarse a los gobiernos de Unasur para que acompañen y sean testigos presenciales y garantes de los procesos que se avecinan.

Mucha gente clama por un cambio. La frustración por los resultados electorales y la angustia, rabia y el temor de muchos que con toda razón se sentían ahogados por los problemas de la vida diaria y la bárbara represión desatada por el Gobierno, dio lugar a un importante movimiento de protesta que comenzó con reclamos estudiantiles en el interior del país y tuvo su punto culminante en una gran manifestación convocada por los estudiantes el 12 de febrero (Día de la Juventud). A esa movilización se sumó la MUD, esgrimiendo dos posiciones: por una parte, la fracción mayoritaria intentando acompañar y orientar el descontento de la gente, y, por la otra, un grupo que intentó radicalizar el movimiento tras una fuerte consigna, que se demostró vacía, pero que insinuaba la promesa de un fin rápido a la crisis y dividió a la oposición. La derrota de “La Salida” no sólo constituyó un duro golpe para la oposición, que en su conjunto pagó con muertos, heridos, presos y exilados; paradójicamente, también le sirvió al Gobierno para reenfocar su estrategia de poder y fortalecer su ala más retrógrada dirigida por el Capitán Diosdado Cabello. 

Mientras el oficialismo buscó y consiguió en Cuba el foco y el mando que había perdido, la oposición venezolana entró en un serio proceso de descomposición. La renuncia de Aveledo a la Secretaría Ejecutiva de la MUD ha dado lugar a una diáspora que además de restarle fuerzas a la oposición, confunde con proposiciones variopintas. De ser la fuerza en crecimiento probablemente ganadora de los siguientes procesos electorales, la MUD pasó a estar dividida y al borde de una nueva derrota justamente cuando los lapsos constitucionales parecen coincidir con sus necesidades estratégicas.

Para lograr una transición democrática en paz hacia la reconstrucción del país, es necesario acumular fuerzas. La ruta era clara con la MUD: primero ganar la Asamblea Nacional en el 2015, luego  gobernaciones y Asambleas Legislativas en el 2016, año durante el cual también se abriría la posibilidad de un Referendum Revocatorio; en el 2017 las elecciones municipales, para culminar el proceso con la Presidencia de la República. Puede parecer lento y lejano, pero en realidad no lo es tanto si consideramos que los cambios podrían comenzar el año entrante. Ahora, ni la ruta ni la unidad aparecen tan claramente. Quienes proponen otros caminos deben aclarar sus lapsos y propuestas antes de continuar generando confusión.

Venezuela necesita tiempo para construir una transición democrática en paz.  Eso lo sabemos todos y -cualquiera sea el camino que se proponga- debemos decirlo con claridad para evitar aventuras políticas que sólo consiguen retrasarnos. A pesar de la angustia y desesperación en la que se vive, de la terrible inseguridad, de la insoportable inflación, de la escasez, de la corrupción, de la falta de libertades e instituciones y del desastre de los servicios públicos, a pesar de todo eso, tenemos que comprender que no hay salida mágica posible. Cualquiera que llegue al gobierno va a requerir, antes que nada, de las condiciones mínimas de gobernabilidad para actuar y obtener el tiempo imprescindible para llevar adelante los cambios que el país exige.

Se necesita tiempo para civilizar el país y meter los militares a sus cuarteles; para comenzar a limpiar la administración publica de corruptos ejerciendo desde la asamblea los controles constitucionales, para poner luz en la caja negra de las finanzas del Estado y de PDVSA y para mil cosas más. Hacer creer que esas cosas se pueden conseguir con sólo cambiar al Presidente no sólo es un  error, puede ser suicida. Un nuevo Ejecutivo necesita condiciones mínimas de gobernabilidad para conducir la transición en paz. Contar con mayoría en la asamblea es crucial para garantizar tal escenario. Todos los partidos en la MUD acordaron un Programa de Gobierno que es un compromiso con la nación que debe ser cumplido. La sociedad civil debe presionar y exigir responsabilidades.