Este Protocolo -de tal importancia que se considera parte del Tratado Constitutivo- es el equivalente a la Carta Democrática de la OEA y, como ella, “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

El 13 de enero, el diario El Mercurio de Chile publicó una entrevista que le había realizado a Leopoldo López en la celda en la que se encuentra detenido desde hace casi un año en Venezuela. En América Latina, el sólo hecho de hablar de presos políticos es una aberración, en particular en Chile es un tema especialmente sensible. La respuesta a la entrevista fue inmediata y los legisladores de todo el arco político se manifestaron solicitando a la Presidenta Bachelet su intervención.

Desde hace mucho tiempo, Chile ha estado estrechamente vinculado al acontecer venezolano.

Cuando -en la década de los 50 del siglo pasado- Venezuela sufrió la dictadura de Pérez Jiménez, fueron muchos los venezolanos que buscaron refugio en la entonces estable democracia chilena y, a la inversa, cuando la democracia chilena sufrió el ataque de los militares, fueron muchos los militantes y dirigentes políticos chilenos que hallaron refugio en la Venezuela democrática.

En febrero del año pasado el Gobierno de Venezuela -asediado por marchas y protestas estudiantiles, con centenares de denuncias por violaciones a las libertades públicas y tras lanzar una fuerte represión que causó más de 50 muertos y decenas de presos, heridos y torturados- solicitó una reunión de urgencia de UNASUR que tuvo lugar en Chile simultáneamente con la asunción de la Presidenta Bachelet.

Fue en esa reunión en la que, el 12 de marzo, UNASUR resolvió enviar a sus cancilleres “para que en su nombre acompañen y asesoren, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”. Pocos días después entraba en vigencia el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, al que venimos haciendo referencia.

Es en este contexto que el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, muy prudentemente y en una distendida conversación con la prensa el 13 de enero dice: “Seguimos interesados en promover el diálogo en Venezuela”, lo que bastó para que la cancillería venezolana respondiera con un rotundo “Venezuela es un país libre, soberano e independiente, y por tanto no tutoriado ni monitoreado por país u organismo internacional alguno” (sic) y pidió explicaciones al Embajador de Chile en Caracas.

Sorprendido por tan inesperada como desproporcionada agresión (el Capitán Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dijo: “No sea entrépito”, sic), el Canciller Muñoz reiteró y enmarcó su disposición -ahora sí, además de lo ya mencionado con relación a las decisiones de UNASUR- en el Protocolo Sobre La Democracia.

Aunque no llegó a invocar formalmente el artículo 2 de dicho documento, el Canciller lo mencionó, y este hecho resulta sumamente significativo ya que este artículo abre la posibilidad de recurrir al artículo 4 del Protocolo, que es el que habla de las medidas que podrían aplicarse al país miembro en el que se den los supuestos de ruptura constitucional.

El Protocolo fue elaborado en defensa de la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos, y no en defensa de los gobiernos cuando son estos los que atentan contra la constitución.

Por supuesto, la virulencia de la respuesta de la cancillería venezolana no se hizo esperar y -ante el silencio ulterior- suponemos que esas discusiones deben de haber continuado por los canales diplomáticos, pero, seguramente tomando en consideración las denuncias que ha hecho la oposición venezolana con relación al golpe de estado de diciembre, algo que el Canciller de Chile no mencionó pero que, como él, todos los cancilleres de la región conocen.

¿Llegará en este momento la UNASUR y su Presidente Pro Tempore -José Mujica- a invocar el Protocolo Sobre la Democracia? No parece que sea el momento y da la impresión de que todavía quedan otras instancias para moderar la situación, pero de que está sobre la mesa, sin duda.

En un año de elecciones en las que Venezuela elegirá una nueva Asamblea -con la presencia de UNASUR y del Vaticano en su condición de “Testigos de Buena Fe”, como los designara Maduro-, la existencia del Protocolo cobra una enorme importancia.

Como en una vieja película de comienzos del siglo pasado, el 8 de diciembre del 2012 el Caudillo designó a su sucesor y, para no innovar -aconsejado por el otro caudillo caribeño-, para ese trance pensó en el más obediente y no en el más capaz. Para entonces ya habían comenzado las conspiraciones en palacio y en los cuarteles transmutados en restaurantes VIP con güisqui 18 años.

Ante los aprietes, el presidente -débil, sin liderazgo, capacidad ni popularidad- huye hacia adelante con la idea de ganar tiempo a la espera del milagro que le permita sortear una crisis económica, política y social heredada, cuyo origen no se atreve a denunciar porque lo enfrentaría con el difunto y sus otros deudos.

El Caudillo solía decir que la oposición debía agradecer su existencia y presencia en el poder ya que – de no estar él – la situación del país se haría ingobernable. El petróleo y yo, era el mensaje y su convicción de que no había en el PSUV ni en las FFAA quien lo sustituyera, la línea política.

Claro que cuando hacía esas afirmaciones, como todo buen Caudillo, el jefe se pensaba eterno, de manera que -para consolidarse en el poder- dedicó mucho esfuerzo en liquidar cualquier otro liderazgo interno que pudiera hacerle sombra. Ahora el mal ya está hecho y la pelea de los peores desatada.

Siempre como en las viejas películas, frente al fracaso de las políticas propias,lo primero que ha hecho el gobierno es responsabilizar al enemigo extranjero. Luego vinieron las denuncias de los saboteadores cuya existencia es imprescindible para poder justificar la represión, necesaria a su vez para intentar acallar el descontento de la población.

Se continuó con los presos políticos -indispensables para justificar las denuncias de conspiraciones, golpes de estado e intentos de magnicidio- mientras el apriete y la repartija tiene lugar en los salones del palacio.

La crisis se profundiza y rápidamente se pasa a la represión interna. Comienzan las expulsiones del PSUV y los despidos del gobierno. Son asesinados militantes, presos dirigentes sociales del chavismo y se oficializa la delación como política interna creando “denunciainfiltradospsuv@gmail.com, y vía sms al 04169425792″.

A los grupos internos de poder y a los militares, ni con el pétalo de una rosa aunque sean los jefes de la corrupción. Por el contrario, se les cede espacio y poder político mientras se intenta ganar tiempo. ¿Y el país? Ese es un detalle menor. Lo primero es mantener el cargo a como dé lugar. 

El caudillo no sólo se pensó inmortal, también creyó que los precios del petróleo nunca caerían pero, sobre todo, menospreció a la sociedad venezolana y nunca creyó que fuera capaz de ofrecer una resistencia tan tenaz y perseverante y una defensa tan decidida de los valores de la democracia.

Mientras el jefe cortaba cabezas internamente, la sociedad civil (SC) organizada, no sólo enfrentaba al gobierno, simultáneamente presionaba a los viejos y nuevos partidos demandando la responsabilidad y la unidad que la gravedad de la situación exige.

De ese largo y complejo proceso, surgen la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y un Programa de gobierno concebido para el tránsito hacia una sociedad democrática e incluyente en la cual todos -chavistas y no chavistas- tenemos lugar y en cuya elaboración jugaron un papel fundamental distintas organizaciones de la SC.

Elaborado de esa manera, el Programa fue aceptado como un compromiso a cumplir por parte de todos los dirigentes y partidos de la MUD.

Ese Programa, basado en la inclusión social, la democracia, la pluralidad y la libertad de pensamiento, debe ser la herramienta para sentarse a conversar sobre la transición con los dirigentes sociales y los dirigentes honestos del chavismo.

Guerra avisada no debería matar soldados

No hay duda que la política represiva del gobierno ha sido concebida para dividir a la oposición y disuadir a la disidencia interna.

La prisión de Leopoldo López y de otros dirigentes de la oposición, así como la persecución a María Corina Machado, y la detención de tres dirigentes sociales del chavismo, además de cobardes, son actos de provocación dirigidos a debilitar a la MUD y a su candidato, sea o no Capriles. La estrategia es tan evidente que nada justificaría que la oposición cayera en la trampa.

La posibilidad de ganar la Asamblea es real. Sólo la división de la oposición podría evitarlo. Aprovechar esa mayoría en la Asamblea para dotar de la gobernabilidad necesaria a los gobernadores y al próximo presidente es una obligación.

Discutir en base al Programa de la MUD con las fuerzas disidentes del chavismo es una oportunidad que permitiría pensar con más optimismo en la posibilidad de una transición democrática y en paz que seguramente la Unasur apoyaría