Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros.

El segundo aspecto que pretendo resaltar es que, como los únicos que pueden violar los DDHH son los Estados, representados en los organismos internacionales por los gobiernos de turno que generalmente son los denunciados, se crea la paradójica situación de que las víctimas tienen que realizar sus denuncias ante los presuntos violadores de sus derechos que -como es lógico- se resisten a ser investigados.

En este contexto, al no existir en Unasur instancias independientes de investigación, las decisiones que esta organización toma en materia de DDHH pasan a depender de factores de conveniencia política y económica totalmente ajenos a las víctimas y a las situaciones denunciadas.  Si la polarización elimina los matices en la discusión política dentro de los países, a nivel internacional oculta a las víctimas en materia de DDHH, convirtiéndolas en simples piezas intercambiables en una partida en la que ni siquiera son jugadoras.

De allí la enorme importancia de instituciones como la CIDH de la que Venezuela quedó excluida en septiembre del 2013 por decisión del Teniente Coronel Hugo Chávez y que ha dejado a la gente en estado de indefensión. Es en este punto en el que la polarización como herramienta para mantenerse en el poder muestra toda la crueldad de la que es capaz.

En los últimos 12 meses hubo en Venezuela más de 60 muertos en protestas o como consecuencia de ellas. De esos fallecidos, al menos 11 fueron militantes del partido de gobierno que eran críticos de las políticas de Maduro. De acuerdo con la información oficial, hubo en ese lapso 878 lesionados y 3.351 detenidos, sin mencionar los 242 casos de torturas denunciados por organizaciones independientes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Frente a esta situación, Nicolás Maduro ha denunciado al menos 16 intentos de golpe de Estado y de magnicidio con injerencia extranjera y una guerra económica que le han servido como excusa para meter en la cárcel a dirigentes de la oposición y destituir a algunos de ellos de los cargos para los cuales habían sido electos por el voto popular.

También la oposición ha formulado denuncias por el golpe de Estado que el gobierno dio en el mes de diciembre pasado contra el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, utilizando para ello el control que ejerce sobre la Asamblea y el Poder Judicial.

Distintos voceros de Unasur y de algunos países miembros han manifestado su respaldo a la democracia venezolana, pero sólo lo han hecho con relación a las denuncias efectuadas por Maduro, sin investigar previamente si las mismas tienen fundamento y sin investigar tampoco las denuncias hechas por la oposición ni las denuncias de violaciones de los DDHH que han realizado distintas organizaciones independientes de la sociedad civil.

A la democracia venezolana hay que defenderla. Todo debe ser investigado. Esas investigaciones deben ser adelantadas garantizando la independencia e idoneidad de quienes la realicen, y asegurando que las decisiones políticas no impidan su pronunciamiento sobre las denuncias de violaciones de los DDHH, que no se utilicen para ocultar a las víctimas.

Adolfo Pérez Esquivel: con preocupación hemos visto que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel -a pesar de su experiencia y conocimiento en la materia- ha sido presa de la polarización política internacional al pronunciarse en solidaridad con el gobierno de Maduro sin fundamento en ninguna investigación independiente y sin referirse a las múltiples denuncias de violaciones de los DDHH que se han hecho en Venezuela.

¿Hasta cuándo seguirán llamándose “apremios” a las torturas practicadas en diversos lugares del planeta?

Eduardo Galeano

Después de 10 años, el pasado 6 de noviembre Venezuela compareció ante el Comité Contra la Tortura de la ONU que escuchó la presentación de las diferentes ONGs nacionales e internacionales que se ocupan de estos temas y las explicaciones que tuvo a bien brindar el gobierno. Sólo voy a mencionar un dato que es suficientemente revelador de la gravedad de la situación y de la impunidad con la que actúan los cuerpos represivos: en 10 años hubo 9.000 denuncias de torturas y sólo 12 acusados de perpetrarlas.

En esos 10 años, además de la impunidad evidenciada en las cifras mencionadas, Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir la visita del Relator contra la Tortura, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se retiró del sistema Interamericano de Derechos Humanos dependiente de la OEA. No hay que ser mal pensado para ver en este conjunto de hechos una actitud premeditada dirigida a evitar el control y la condena de los organismos internacionales a costa de la indefensión de las víctimas y la impunidad de los represores.

Ta barato, dame dos.

Durante ese mismo lapso Venezuela disfrutó de los ingresos petroleros más altos de toda su historia, circunstancia que el Tte. Cnel. Chávez supo aprovechar.

Con un estilo simpático, dicharachero y campechano -muy venezolano, hay que decirlo- y seguramente con una interesada asesoría de la Habana, manejando con gran habilidad sus condiciones de caudillo en un país con débiles instituciones democráticas, el Tte. Cnel. desplegó una agresiva política internacional con el tradicional discurso integracionista y antiimperialista típico de nuestros gobiernos, pero respaldado por una abultada chequera.

En esos 10 años Venezuela promovió su incorporación a Mercosur y apoyó con decisión la creación de Unasur y de otros organismos subregionales como el Alba, más dócil a sus propias políticas. El problema está en que estos organismos –que entre sus principios constitutivos tienen la defensa de la democracia y de los DDHH- no cuentan con mecanismos independientes de supervisión y control en estas materias.

No es ninguna novedad el decir que en política internacional no hay ideologías sino intereses, pero cuando esos intereses cuentan además con una ideología y un discurso político común, realmente se tejen unas alianzas muy difíciles de derrotar, de otra manera no se explicaría cómo es que en todos estos años las grandes potencias del mundo no han logrado poner coto a los paraísos fiscales, al lavado de dinero y al tráfico de estupefacientes, o cómo es que Suiza -adalid mundial en materia de DDHH- se ha resistido tanto a terminar con el secreto bancario y a devolver a los judíos los depósitos de sus bienes robados que el nazismo hizo en sus bancos.

En nuestro caso, la alianza que Chávez logró forjar explica, aunque de ninguna manera justifica, el estruendoso silencio de sus socios regionales ante las terribles violaciones que su régimen ha hecho de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela.

Algo habrán hecho

Lo que resulta mucho más difícil de explicar, especialmente en el cono sur, es el mecanismo mediante el cual esas alianzas de intereses y poder bajan hasta ser aceptadas por las poblaciones de esos países y, más difícil aún, comprender cómo es que llegan a constituirse en verdaderos procesos de autocensura, e incluso complicidad, entre los comunicadores e intelectuales -defensores de los DDHH- que optan por callar antes que denunciar a un gobierno que consideran aliado de aquel al cual respaldan.

Salvo la notables excepciónes de la hija de Allende, la Senadora María Isabel Allende y de Fernando Mires quienes han fijado una clara posición de “tolerancia cero” frente a las violaciones de los principios democráticos y de los DDHH en Venezuela, hasta ahora no hemos visto dirigentes del Frente Para la Victoria en Argentina ni del Frente Amplio en Uruguay con posiciones claras al respecto.

Con relación a los medios de comunicación, comunicadores e intelectuales de los países del cono sur el panorama es aún más grave. Su silencio, muy parecido al famoso “algo habrán hecho” que imperó durante la dictadura de Videla y que llevó a mucha gente progresista a callar frente a las barbaridades del régimen, resulta incomprensible frente a hechos que han sido del dominio público durante años.

Parafraseando a Galeano, uno podría decir: ¿hasta cuando seguirá llamándose “no hacer el juego al imperio” el silencio de políticos, intelectuales y comunicadores ante gobiernos -que se proclaman anti-imperialistas y progresistas- pero violan sistemáticamente los principios democráticos y los DDHH ?

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