La corrupción por dinero -la que todos más directamente vinculamos al concepto- generalmente está tipificada y penada por la ley y puede ser perseguida, por lo que frente a ella siempre queda la esperanza de que las instituciones funcionen y de que los corruptos puedan ser castigados por la vía judicial.

Pero es sobre la corrupción de la política sobre la que queremos poner atención porque corroe la confianza entre la gente y, aunada a la del dinero, son capaces de liquidar las instituciones y hacer difícil la convivencia social.

Por la dinámica que genera de frustración y descreimiento, la corrupción política transmite una sensación de engaño y propicia salidas no democráticas, como sucedió en la Argentina del 2001 cuando se generó aquel grito desesperado “qué se vayan todos”, y que en la Venezuela de los 90 sirvió de caldo de cultivo para la irrupción de un caudillo militar.

La corrupción de la política, la politiquería, la negociación de carguitos y prebendas personales o para el partido, el toma y dame, el manoseo, es vivido por el ciudadano como una traición. Una deslealtad y un desprecio que deja la sensación de haber sido utilizado para fines no acordados previamente con él, que es desechado como un bagazo a ser recogido la próxima vez que se lo necesite. Eso es evidente hoy en el partido de gobierno y en sus seguidores.

Estas acciones políticas cuasi delictivas no tipificadas en la ley -frente a las que el ciudadano común y corriente se siente totalmente indefenso porque no tiene ni cómo ni ante quien reclamar- son las que más daño producen a la sociedad y a la democracia y es contra ellas que se espera que la sociedad civil organizada actúe.

Conductas cuasi delictivas

Sin partidos no hay democracia. Los Partidos Políticos son esenciales y es fundamental que los primeros en comprender esa gran verdad sean sus propios dirigentes para que puedan, responsablemente, actuar en consecuencia.

La sociedad está harta de la corrupción, no sólo porque muchos se han enriquecido vendiéndose y comprándose, también porque lo vive como una mera utilización de su presencia sin que ella represente ningún compromiso para los partidos.

Frente a la corrupción política que afecta la confianza de la gente, se desarrolla una relación perversa que llega a corroer las bases mismas de la sociedad democrática. Quizás esto explique el porqué en algunos países, ante gobiernos populistas cuyos dirigentes han hecho incluso ostentación de enriquecimiento ilícito, mucha gente los sigue votando – y hasta los comprende o justifica- a cambio de no sentirse traicionados. Se llega a preferir el autoritarismo al desprecio de la utilización.

En Argentina, a pesar de haber vivido procesos dictatoriales tan cruentos como los que han sufrido, ni la oposición ni el gobierno han logrado construir las bases de un programa que les sirva de punto de partida común y el fantasma de la inestabilidad de la democracia ronda permanentemente.

En Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática se ha ofrecido a la sociedad como un acuerdo programático y de principios fundamentado en la Constitución de 1999 y no como un acuerdo meramente electoral. Si los partidos no actúan en consecuencia – y hay algunas señales de que algunos no lo van a hacer- propinarán un nuevo golpe a su propia credibilidad y con ello a la lucha por la libertad y la democracia.

Ante la debilidad de las instituciones, quienes tienen la obligación de exigir honestidad, responsabilidad, transparencia y coherencia son las organizaciones de la sociedad civil.

En el caso de Venezuela, fue la denuncia de la corrupción la que llevó al poder a un caudillo militar y todo parece indicar que será su propia corrupción la que sacará del gobierno a sus herederos. La gente quiere y necesita gobiernos serios y decentes.

No se trata sólo de que el régimen de Maduro implosione corroído desde sus propias entrañas. Es imprescindible también contar con partidos y dirigentes que hoy están en la oposición y que mañana deben ser capaces de reconstruir responsablemente el país y sus instituciones democráticas.

El compromiso adquirido por los partidos de oposición alrededor de la unidad programática basada en el respeto de la Constitución Nacional es un logro fundamental de la sociedad civil. De la observancia de ese compromiso depende el futuro del país.

De la misma manera, la selección de candidatos idóneos, que se comprometan públicamente y sean capaces de llevar adelante el programa de la unidad sin traiciones ni deslealtades, es fundamental, no sólo para la gobernabilidad, también para el rescate de la credibilidad y el fortalecimiento de los partidos.

De allí en adelante se desató un proceso que tenía muchos años incubándose y acerca del cual la oposición alertó infinidad de veces. La amenaza -hasta cierto punto contenida por la fuerza política de Chávez y el enorme ingreso petrolero- estalló en la cara del nuevo gobierno.

Violencia e inflación incontrolables, cuatro tipos de cambios oficiales simultáneos, desabastecimiento, represión, luchas y disputas internas por el poder, la Habana desesperada, en fin, una crisis que en lo político ha dejado más de 60 muertos, incontable cantidad de heridos, más de 3.000 detenidos de los cuales más de un centenar siguen presos. Juicios a estudiantes, a dirigentes sindicales, a periodistas, a dirigentes políticos. Cierre de medios escritos y el bloqueo de 1.019 sitios web en los últimos 12 meses.

Ninguna de estas situaciones se dan con esta gravedad en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador o Bolivia, que serían los principales socios políticos del chavismo en Sudamérica.

La crisis política del chavismo es de unas dimensiones que la hacen inocultable incluso para aquellos gobiernos que hasta ahora no la habían querido ver.

De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Varianzas cuyo resumen fue publicado el 27 de octubre, el perfil de agrado que tenía Chávez del 52% en septiembre del 2012 ha bajado al 30% cuando se refiere a Maduro. El Buen Camino del Gobierno cayó 27 puntos, del 48 al 21% y la Percepción positiva de la situación económica del país descendió 20 puntos, de 38 a 18%.

La oposición venezolana tiene la posibilidad real de ganar las próximas elecciones parlamentarias en el 2015 si se mantiene unida. Para el desarrollo de una política exterior responsable y útil a la defensa de los DDHH en Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene la obligación y la necesidad de diferenciar entre las políticas de los gobiernos en esos países y las del gobierno chavista.  Las diferencias y resultados están a la vista.

Así como sabemos que el triunfo de la oposición en Venezuela requiere de la unidad como condición sin la cual su triunfo no es posible, también sabemos que el reconocimiento internacional de ese triunfo es muy importante. Cualquier intento de algún grupo de disputarse la hegemonía de la Unidad por la vía de romperla pondría en seria duda las posibilidades de triunfo en las elecciones y haría tanto daño como el que causó en abril del 2002 el grupito que conspiró a espaldas de las grandes mayorías del país.

A pesar de los grandes avances que ha conseguido la MUD a nivel internacional con su decidida política en defensa de la democracia, el daño político que causó el intento de golpe de Estado aún se está pagando especialmente ante los foros internacionales.

La gobernabilidad de Venezuela está en juego no sólo ahora que las distintas facciones del chavismo se están disputando el poder a sangre y fuego e incluso con conspiraciones e intentos de golpes de Estado, también y quizás más aún lo estará si la oposición gana las próximas elecciones. Una sabia y profesional política exterior de la MUD debe construirse desde ahora y esto parecen haberlo visto con claridad Henrique Capriles y el grupo de partidos que encaran con más decisión las próximas elecciones parlamentarias del 2015.

A pesar de la informalidad que parece dominar en los estilos, Unasur no es un club de amigos. Por más que en la relación entre países las relaciones personales entre sus presidentes jueguen un papel, hay situaciones que pesan mucho en la historia de América Latina como para que se puedan dejar pasar.

Como se demostró en las reuniones de cancilleres de Unasur que tuvieron lugar sobre el “Caso Venezuela”, las flagrantes violaciones de los DDHH de la que está haciendo gala el gobierno de Maduro han dejado al descubierto su vocación militarista y represiva. La MUD no debe perder la oportunidad de acercarse a los gobiernos de Unasur para que acompañen y sean testigos presenciales y garantes de los procesos que se avecinan.