De aquella IV Cumbre realizada en Mar del Plata liderada por Néstor Kirchner, Lula y Chávez -en la que Bush y el ALCA salieron con las tablas en la cabeza- a la recién finalizada, hay enormes diferencias.

De aquellos tres dirigentes hay dos fallecidos y a Lula, el no estar en el gobierno y los escándalos de corrupción que golpean a su partido y al gobierno de Dilma Rousseff, le han restado fuerza y presencia internacional. Esta última Cumbre fue liderizada por EEUU.
Si a lo señalado le agregamos la finalización de los períodos presidenciales de Obama, José Mujica y Cristina Fernández y el ineludible final biológico de los hermanos Castro, la aparición de nuevas caras y con ellas nuevas orientaciones en la política continental son inevitables.

Nicolás Maduro no es Chávez y la caída de los precios petroleros han generado una nueva realidad -especialmente en Centroamérica y el Caribe- en la que la influencia de Venezuela pierde fuerza ante la ofensiva lanzada por Obama en materia energética.

La VII Cumbre ha marcado el final de una etapa y el comienzo de otra cuyas características aún no conocemos. Ni los protagonistas, ni las circunstancias serán los mismos de hace diez años. En este último sentido no es poca cosa el paso dado por EEUU y por Cuba. Baste sólo recordar que ya en la VI Cumbre varios países habían planteado no asistir a la VII si Cuba no era invitada. Cuba se había convertido en un problema que partía aguas separando a EEUU del resto del continente. Hasta sus más cercanos aliados tuvieron que enfrentar el dilema de votar contra el amigo y -en algunos casos- a favor del adversario, obligados por innumerables decisiones de las Naciones Unidas que, con toda razón, condenaban un absurdo bloqueo que los últimos 40 sólo benefició políticamente a los Castro.

Todo esto va a replantear -con mucha fuerza- el papel que le corresponde a la OEA, a la Unasur y al Celac, organismos que en muchas ocasiones superponen funciones, son políticamente irrelevantes o se asemejan a un club de amigos.

A pesar de la gran fuerza con la que venía plantándose a nivel político y a escala internacional, la situación de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en Venezuela no pudo ser discutida en la Cumbre neutralizado el tema por el encabezado de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Obama. Una formula legal anacrónica y que según el propio Obama no representaba la realidad de la situación, vino no sólo a evitar la discusión, lo que es peor, desvió la atención.

Los parlamentos de Chile y de España se pronunciaron, Podemos -en España- se mostró contrario a la existencia de presos políticos en Venezuela, Felipe Gonzalez asumió la defensa política de Antonio Ledezma y de Leopoldo López, una treintena de ex presidentes firmaron una carta exigiendo la libertad de los presos políticos, gobiernos de América y del mundo, en especial Uruguay, Chile y Brasil, se pronunciaron contra la existencia de presos políticos. Una gran movilización y la Cumbre no habló.

Este año se renueva la totalidad de la Asamblea en Venezuela y el papel de los organismos internacionales será crucial para ofrecer las garantías imprescindibles, evitar la violencia y aceptar en paz los resultados.

Las Garantías Electorales solicitadas por Ciudadanía Activa, organización vinculada a la lucha por el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos son:

1.- Regreso de la Observación Internacional calificada (OEA, ONU y UE).

2.- Auditoría Internacional del Registro Electoral.

3.- Supervisión internacional del proceso de Inscripción Electoral.

4.- Prohibición de Cadenas durante la Campaña Electoral.

5.- Supervisión y control sobre el uso de los recursos públicos.

6.- Cumplir con la representación proporcional establecida en la Constitución.

7.- Campaña sobre el secreto de voto y los delítos electorales.

8.- Adiestramiento de los miembros de Mesa, los testigos y los Coordinadorees del CNE.

9.- Creación de un Comité Electoral imparcial y paritario que sancione inmediatamente el uso de recusos públicos.

10.- Autorización a la sociedad civil para que pueda promover la participación ciudadana.

12.- Acceso equitativo a los medios.

13.- Garantizar que el papel de las FFAA se circunscriba a lo establecido en la Constitución.

14.- Un horario de votación claro y definido.

15.- Privacidad del acto de votación que garantice el secreto del voto.

16.- Auditoría de los Cuadernos de Votación y de las huellas.

17.- Siendo el sistema automatizado, resultados públicos en tiempo real.

18.- Un nuevo Consejo Nacional Electoral designado cumpliendo lo establecido en la Constitución Nacional.

Hans Frank, asesor jurídico de Hitler

Frecuentemente se critica la politización de la justicia al referirse a la utilización que han hecho de ella partidos políticos o grupos económicos y allí se cuela un error conceptual.

La administración de justicia no sólo está politizada, es que es necesario que así sea, a efectos de que sus responsables estén en capacidad de conocer y evaluar los pensamientos y avances de la sociedad.  Es eso lo que les abre la posibilidad de emitir opiniones que se correspondan con los tiempos que les toca vivir.

El problema es que en nuestros países -con instituciones sumamente débiles- algunos dirigentes de organizaciones políticas o económicas han pretendido controlar el poder judicial, utilizando herramientas constitucionales y legales para designar, en los cargos de la administración de justicia, a empleados o militantes acostumbrados a obedecer.

Lo que molesta profundamente es que se administre justicia para favorecer intereses de un partido, de un grupo económico o personales, que no es otra cosa que el delito de prevaricación. No debemos confundir lo que es una perversión del sistema -como es notable en regímenes de tendencia totalitaria como el cubano o el venezolano- con la necesaria e inevitable politización de todo el que vive en sociedad.

En ese sentido el caso argentino –del que sólo voy a hacer referencia al nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- es muy aleccionador.

Menem –utilizando las viejas mañas- había aumentado el número de miembros de la Corte a efectos de garantizarse lo que se llamó la mayoría automática. Cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, lo hace en medio de una profunda crisis financiera y política durante la cual –en el último año- había habido cinco presidentes y el país se había declarado en default.

Además de reducir el número de integrantes, Kirchner condujo un proceso estrictamente apegado a la Ley para la designación de los nuevos Magistrados de la Corte.

Consultas a universidades, colegios profesionales, academias y a la sociedad civil hicieron posible que los mejores juristas de la época fueran postulados y que, de entre ellos, fueran designados los que reunieron el mayor consenso.

Es poco lo que se puede decir en relación a lo que ese proceso aportó a la estabilidad democrática. Las decisiones de la Corte, por consenso o divididas, a favor o en contra, no sólo han sido acatadas por todos, además han sido respetadas por provenir de una fuente con autoridad ética, social y política. Lamentablemente, los mismos kichneristas han aprovechado poco esas enseñanzas.

En Venezuela, tenemos mucho que aprender de ese proceso, especialmente cuando nos acercamos a unas elecciones para renovar la Asamblea Nacional que todo indica van a ser ganadas por la oposición si se mantiene unida.

Sí eso sucede, no sólo se va a crear una situación inédita con un Presidente chavista y una AN controlada por la oposición…, siendo el chavismo una fuerza política de fuerte raigambre militar,  integrada por tendencias autoritarias que van desde la extrema izquierda hasta las fascistas en el poder, cualquier cosa puede pasar. Serán determinantes la sabiduría, responsabilidad e inteligencia con la que se maneje la oposición para facilitar una transición ordenada y en paz. A la AN deben ir  los mejores.

2015, Asamblea Nacional. 2016, gobernadores y alcaldes y, por haber transcurrido la mitad del período presidencial, se abrirá la posibilidad de un Referendo Revocatorio en el 2017. Si no se produce el Referendo, en el 2019 son las elecciones de presidente.

La oposición tiene apenas dos o tres años para construir las condiciones de gobernabilidad imprescindibles para evitar que la descomposición a la que han llegado las fuerzas armadas y el chavismo nos conduzcan a la barbarie.

Tenemos que aprender de la experiencia en la designación de los Magistrados de la Corte en Argentina. Hay situaciones en las que el total apego a la institucionalidad y la altura de miras es imprescindible por elemental sentido de supervivencia democrática.

Cuando la nueva AN designe, deberá designar a los mejores. Cuando legisle, deberá hacerlo pensando en todos los venezolanos. Cuando gobierne, deberá garantizar la inclusión social de todos los venezolanos. La oposición no puede ser ni actuar como lo ha hecho el chavismo. Civilizar la política, meter los militares nuevamente en sus cuarteles y controlar la corrupción y la violencia va a ser un proceso largo que va a requerir dirigentes excepcionales y una sociedad civil sumamente crítica y vigilante.

La oposición tiene un programa y un compromiso que cumplir.