De aquella IV Cumbre realizada en Mar del Plata liderada por Néstor Kirchner, Lula y Chávez -en la que Bush y el ALCA salieron con las tablas en la cabeza- a la recién finalizada, hay enormes diferencias.

De aquellos tres dirigentes hay dos fallecidos y a Lula, el no estar en el gobierno y los escándalos de corrupción que golpean a su partido y al gobierno de Dilma Rousseff, le han restado fuerza y presencia internacional. Esta última Cumbre fue liderizada por EEUU.
Si a lo señalado le agregamos la finalización de los períodos presidenciales de Obama, José Mujica y Cristina Fernández y el ineludible final biológico de los hermanos Castro, la aparición de nuevas caras y con ellas nuevas orientaciones en la política continental son inevitables.

Nicolás Maduro no es Chávez y la caída de los precios petroleros han generado una nueva realidad -especialmente en Centroamérica y el Caribe- en la que la influencia de Venezuela pierde fuerza ante la ofensiva lanzada por Obama en materia energética.

La VII Cumbre ha marcado el final de una etapa y el comienzo de otra cuyas características aún no conocemos. Ni los protagonistas, ni las circunstancias serán los mismos de hace diez años. En este último sentido no es poca cosa el paso dado por EEUU y por Cuba. Baste sólo recordar que ya en la VI Cumbre varios países habían planteado no asistir a la VII si Cuba no era invitada. Cuba se había convertido en un problema que partía aguas separando a EEUU del resto del continente. Hasta sus más cercanos aliados tuvieron que enfrentar el dilema de votar contra el amigo y -en algunos casos- a favor del adversario, obligados por innumerables decisiones de las Naciones Unidas que, con toda razón, condenaban un absurdo bloqueo que los últimos 40 sólo benefició políticamente a los Castro.

Todo esto va a replantear -con mucha fuerza- el papel que le corresponde a la OEA, a la Unasur y al Celac, organismos que en muchas ocasiones superponen funciones, son políticamente irrelevantes o se asemejan a un club de amigos.

A pesar de la gran fuerza con la que venía plantándose a nivel político y a escala internacional, la situación de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en Venezuela no pudo ser discutida en la Cumbre neutralizado el tema por el encabezado de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Obama. Una formula legal anacrónica y que según el propio Obama no representaba la realidad de la situación, vino no sólo a evitar la discusión, lo que es peor, desvió la atención.

Los parlamentos de Chile y de España se pronunciaron, Podemos -en España- se mostró contrario a la existencia de presos políticos en Venezuela, Felipe Gonzalez asumió la defensa política de Antonio Ledezma y de Leopoldo López, una treintena de ex presidentes firmaron una carta exigiendo la libertad de los presos políticos, gobiernos de América y del mundo, en especial Uruguay, Chile y Brasil, se pronunciaron contra la existencia de presos políticos. Una gran movilización y la Cumbre no habló.

Este año se renueva la totalidad de la Asamblea en Venezuela y el papel de los organismos internacionales será crucial para ofrecer las garantías imprescindibles, evitar la violencia y aceptar en paz los resultados.

Las Garantías Electorales solicitadas por Ciudadanía Activa, organización vinculada a la lucha por el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos son:

1.- Regreso de la Observación Internacional calificada (OEA, ONU y UE).

2.- Auditoría Internacional del Registro Electoral.

3.- Supervisión internacional del proceso de Inscripción Electoral.

4.- Prohibición de Cadenas durante la Campaña Electoral.

5.- Supervisión y control sobre el uso de los recursos públicos.

6.- Cumplir con la representación proporcional establecida en la Constitución.

7.- Campaña sobre el secreto de voto y los delítos electorales.

8.- Adiestramiento de los miembros de Mesa, los testigos y los Coordinadorees del CNE.

9.- Creación de un Comité Electoral imparcial y paritario que sancione inmediatamente el uso de recusos públicos.

10.- Autorización a la sociedad civil para que pueda promover la participación ciudadana.

12.- Acceso equitativo a los medios.

13.- Garantizar que el papel de las FFAA se circunscriba a lo establecido en la Constitución.

14.- Un horario de votación claro y definido.

15.- Privacidad del acto de votación que garantice el secreto del voto.

16.- Auditoría de los Cuadernos de Votación y de las huellas.

17.- Siendo el sistema automatizado, resultados públicos en tiempo real.

18.- Un nuevo Consejo Nacional Electoral designado cumpliendo lo establecido en la Constitución Nacional.

Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros.

El segundo aspecto que pretendo resaltar es que, como los únicos que pueden violar los DDHH son los Estados, representados en los organismos internacionales por los gobiernos de turno que generalmente son los denunciados, se crea la paradójica situación de que las víctimas tienen que realizar sus denuncias ante los presuntos violadores de sus derechos que -como es lógico- se resisten a ser investigados.

En este contexto, al no existir en Unasur instancias independientes de investigación, las decisiones que esta organización toma en materia de DDHH pasan a depender de factores de conveniencia política y económica totalmente ajenos a las víctimas y a las situaciones denunciadas.  Si la polarización elimina los matices en la discusión política dentro de los países, a nivel internacional oculta a las víctimas en materia de DDHH, convirtiéndolas en simples piezas intercambiables en una partida en la que ni siquiera son jugadoras.

De allí la enorme importancia de instituciones como la CIDH de la que Venezuela quedó excluida en septiembre del 2013 por decisión del Teniente Coronel Hugo Chávez y que ha dejado a la gente en estado de indefensión. Es en este punto en el que la polarización como herramienta para mantenerse en el poder muestra toda la crueldad de la que es capaz.

En los últimos 12 meses hubo en Venezuela más de 60 muertos en protestas o como consecuencia de ellas. De esos fallecidos, al menos 11 fueron militantes del partido de gobierno que eran críticos de las políticas de Maduro. De acuerdo con la información oficial, hubo en ese lapso 878 lesionados y 3.351 detenidos, sin mencionar los 242 casos de torturas denunciados por organizaciones independientes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Frente a esta situación, Nicolás Maduro ha denunciado al menos 16 intentos de golpe de Estado y de magnicidio con injerencia extranjera y una guerra económica que le han servido como excusa para meter en la cárcel a dirigentes de la oposición y destituir a algunos de ellos de los cargos para los cuales habían sido electos por el voto popular.

También la oposición ha formulado denuncias por el golpe de Estado que el gobierno dio en el mes de diciembre pasado contra el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, utilizando para ello el control que ejerce sobre la Asamblea y el Poder Judicial.

Distintos voceros de Unasur y de algunos países miembros han manifestado su respaldo a la democracia venezolana, pero sólo lo han hecho con relación a las denuncias efectuadas por Maduro, sin investigar previamente si las mismas tienen fundamento y sin investigar tampoco las denuncias hechas por la oposición ni las denuncias de violaciones de los DDHH que han realizado distintas organizaciones independientes de la sociedad civil.

A la democracia venezolana hay que defenderla. Todo debe ser investigado. Esas investigaciones deben ser adelantadas garantizando la independencia e idoneidad de quienes la realicen, y asegurando que las decisiones políticas no impidan su pronunciamiento sobre las denuncias de violaciones de los DDHH, que no se utilicen para ocultar a las víctimas.

Adolfo Pérez Esquivel: con preocupación hemos visto que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel -a pesar de su experiencia y conocimiento en la materia- ha sido presa de la polarización política internacional al pronunciarse en solidaridad con el gobierno de Maduro sin fundamento en ninguna investigación independiente y sin referirse a las múltiples denuncias de violaciones de los DDHH que se han hecho en Venezuela.

y a todos los estudiantes y jóvenes del país

que continúan formándose para ser ciudadanos útiles.

18 de febrero,Dos estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) -Alejandro García, de 22 años de edad, y José Frías, de 20 años- fueron encontrados en Mérida maniatados y con varios tiros en la cabeza.

21 de febrero,Los cuerpos de Yamir Tovar -de 22 años- y Luis Arianyi -de 21- fueron hallados en Los Flores de Catia, un barrio popular en el oeste de Caracas, golpeados, amarrados y baleados.

24 de febrero, muere asesinado en una manifestación el niño Kluiberth Roa, de 14 años. Un miembro de la Policía Nacional Bolivariana ha sido filmado cuando lo sacó de debajo de un auto y le disparó.

Si la muerte cada vez que se presenta nos golpea, enterarse de la de un niño de 14 años en manos de un policía bolivariano es una situación tan al límite de lo humano que, abrumado por el dolor y sin saber qué hacer ni qué decir, comienza uno por callar.

Pero cuando uno escucha a alguien que se llama a sí mismo Presidente, intentando justificar lo injustificable, el dolor inevitablemente se transforma en indignación, y lo que hasta entonces ha sido una posibilidad rechazada de entrada comienza a tomar forma en la racionalidad política de un grupo de gente que ha demostrado no tener el menor escrúpulo para hacerse con el poder y conservarlo.

Por supuesto que no pretendo decir que Nicolás Maduro mandó a matar a ese niño, pero sí afirmo que la muerte de Kluiberth es consecuencia directa de las políticas de quienes están en el poder desde hace 15 años y de su incompetencia para gobernar.

De la responsabilidad legal que haya tenido el policía bolivariano -un joven de 23 años que fue quien apretó el gatillo- ya se ocuparán los tribunales. De juzgar a quienes formaron y dirigieron a ese muchacho debemos ocuparnos nosotros y la comunidad internacional.

Quince años tiene este gobierno atacando a las universidades y señalando a los estudiantes como desestabilizadores y agentes de gobiernos extranjeros. Quince años tiene el gobierno intentando ganar las elecciones en alguna universidad y no ha podido. Quince años tiene el gobierno financiando colectivos armados para que agredan a los estudiantes, quemen el rectorado y asalten y golpeen dirigentes para que ahora pretenda lavarse las manos.

Es doloroso saber que han asesinado a un niño de catorce años, pero resulta indignante constatar la cobardía de quienes durante 15 años han alentado este tipo de hechos y ahora pretenden ser inocentes criaturas que de pronto se encuentran frente a un hecho fortuito causado por un muchacho irresponsable, sin hacerse cargo de que ese muchacho que hoy tiene 23 años tenía ocho cuando ellos comenzaron a formarlo con ese discurso contra los estudiantes.

Porque hay un verdadero problema ideológico con las universidades y con los estudiantes, que es el concepto mismo de democracia. Mientras los militares sólo entienden por disciplina y respeto la obediencia al superior jerárquico, los estudiantes aprenden que la disciplina y el respeto son consecuencia de la discusión y la confrontación de ideas.

Por eso el gobierno ha pretendido desde siempre militarizar la sociedad venezolana. Y no estoy hablando sólo de la militarización de la administración -que es más que evidente- estoy hablando de la educación “pre militar” desde las guarderías hasta la universidad, del registro militar y la ley de conscripción, de la activación de la reserva y de la creación de las milicias.

Estoy pensando en la ley Sapo, ahora sistema popular para la protección de la paz SP3,que pretende hacer de nuestra gente delatores al servicio del régimen, de la creación de las milicias obreras para evitar la protesta de los sindicatos, de los Comandos Populares Antigolpe, en los que se mezcla efectivos de las FFAA con grupos de civiles armados y organizaciones populares.

Pero también estoy hablando de la represión, que tiene su última expresión en la Resolución 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa -publicada en Gaceta el 27 de enero- que autoriza el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones y que es el antecedente directo de la tragedia que estamos viviendo.

En fin, estoy hablando de que el gobierno tiene 15 años intentando militarizar la sociedad mediante leyes y organizaciones militares y paramilitares con las que se busca que un cabo le dé órdenes a cualquier ciudadano y éste tenga que obedecerlas como cualquier soldado raso, so pena de ir a la cárcel por desobediencia a un superior, desacato o -incluso- por traición a la Patria.

¿A cual Patria?, ¿la que dicen representar unos militares y unos dirigentes políticos que ni siquiera son capaces de hacerse cargo de su responsabilidad? Los estudiantes ya han respondido esta pregunta tanto en las calles como en las elecciones universitarias.

Este Protocolo -de tal importancia que se considera parte del Tratado Constitutivo- es el equivalente a la Carta Democrática de la OEA y, como ella, “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

El 13 de enero, el diario El Mercurio de Chile publicó una entrevista que le había realizado a Leopoldo López en la celda en la que se encuentra detenido desde hace casi un año en Venezuela. En América Latina, el sólo hecho de hablar de presos políticos es una aberración, en particular en Chile es un tema especialmente sensible. La respuesta a la entrevista fue inmediata y los legisladores de todo el arco político se manifestaron solicitando a la Presidenta Bachelet su intervención.

Desde hace mucho tiempo, Chile ha estado estrechamente vinculado al acontecer venezolano.

Cuando -en la década de los 50 del siglo pasado- Venezuela sufrió la dictadura de Pérez Jiménez, fueron muchos los venezolanos que buscaron refugio en la entonces estable democracia chilena y, a la inversa, cuando la democracia chilena sufrió el ataque de los militares, fueron muchos los militantes y dirigentes políticos chilenos que hallaron refugio en la Venezuela democrática.

En febrero del año pasado el Gobierno de Venezuela -asediado por marchas y protestas estudiantiles, con centenares de denuncias por violaciones a las libertades públicas y tras lanzar una fuerte represión que causó más de 50 muertos y decenas de presos, heridos y torturados- solicitó una reunión de urgencia de UNASUR que tuvo lugar en Chile simultáneamente con la asunción de la Presidenta Bachelet.

Fue en esa reunión en la que, el 12 de marzo, UNASUR resolvió enviar a sus cancilleres “para que en su nombre acompañen y asesoren, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”. Pocos días después entraba en vigencia el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, al que venimos haciendo referencia.

Es en este contexto que el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, muy prudentemente y en una distendida conversación con la prensa el 13 de enero dice: “Seguimos interesados en promover el diálogo en Venezuela”, lo que bastó para que la cancillería venezolana respondiera con un rotundo “Venezuela es un país libre, soberano e independiente, y por tanto no tutoriado ni monitoreado por país u organismo internacional alguno” (sic) y pidió explicaciones al Embajador de Chile en Caracas.

Sorprendido por tan inesperada como desproporcionada agresión (el Capitán Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dijo: “No sea entrépito”, sic), el Canciller Muñoz reiteró y enmarcó su disposición -ahora sí, además de lo ya mencionado con relación a las decisiones de UNASUR- en el Protocolo Sobre La Democracia.

Aunque no llegó a invocar formalmente el artículo 2 de dicho documento, el Canciller lo mencionó, y este hecho resulta sumamente significativo ya que este artículo abre la posibilidad de recurrir al artículo 4 del Protocolo, que es el que habla de las medidas que podrían aplicarse al país miembro en el que se den los supuestos de ruptura constitucional.

El Protocolo fue elaborado en defensa de la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos, y no en defensa de los gobiernos cuando son estos los que atentan contra la constitución.

Por supuesto, la virulencia de la respuesta de la cancillería venezolana no se hizo esperar y -ante el silencio ulterior- suponemos que esas discusiones deben de haber continuado por los canales diplomáticos, pero, seguramente tomando en consideración las denuncias que ha hecho la oposición venezolana con relación al golpe de estado de diciembre, algo que el Canciller de Chile no mencionó pero que, como él, todos los cancilleres de la región conocen.

¿Llegará en este momento la UNASUR y su Presidente Pro Tempore -José Mujica- a invocar el Protocolo Sobre la Democracia? No parece que sea el momento y da la impresión de que todavía quedan otras instancias para moderar la situación, pero de que está sobre la mesa, sin duda.

En un año de elecciones en las que Venezuela elegirá una nueva Asamblea -con la presencia de UNASUR y del Vaticano en su condición de “Testigos de Buena Fe”, como los designara Maduro-, la existencia del Protocolo cobra una enorme importancia.

El presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, fue preso de Juan María Bordaberry, quien es conocido en la historia por el golpe de Estado que dio en 1973 después de haber sido electo democráticamente en 1972.

Seguramente Mujica ha meditado mucho sobre si lo que hizo Bordaberry fue un golpe, un auto golpe, un golpe blando o si lo que sucedió fue un golpe militar y Bordaberry no fue más que un Presidente títere de quienes realmente ejercían el poder; pero más allá de las clasificaciones, lo importante es que, si alguno entre los presidentes latinoamericanos sabe lo que es un golpe de Estado realizado desde el poder, ese es Mujica. Por esas vueltas de la historia, hoy es a él a quien corresponde -en su condición de Presidente Pro Tempore de la UNASUR- tomar decisiones y adelantar iniciativas (o no) con relación al golpe de Estado que tuvo lugar el mes de diciembre pasado en Venezuela y del que Unasur ha sido testigo de excepción y la gran burlada.

Cinco poderes: una explicación necesaria

En casi todas las democracias del mundo el poder del Estado se divide en tres; en Venezuela se divide en cinco poderes. Además de los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Constitución de 1999 creó el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, integrado este último por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. El Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto popular universal y secreto, y los otros Poderes -después de un proceso con amplia participación ciudadana para la selección de los candidatos- deben ser designados por la Asamblea Nacional con el voto favorable de los dos tercios de sus integrantes.

Para Unasur -que desde hace meses intentaba promover el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela- evidentemente el que los Poderes Electoral, Judicial y Ciudadano tuvieran los períodos vencidos representó una gran oportunidad. Que ninguna de las partes tuviera la mayoría de dos tercios necesaria para la designación de los poderes mencionados, de alguna manera garantizaba que las partes tuvieran que sentarse y buscar un acuerdo, de manera que presionó al gobierno y logró que éste aceptara comenzar el proceso al que durante muchos meses se había negado.

En diciembre del año pasado, cuando todos esperaban conversaciones y acuerdos sobre las nuevas designaciones, el Teniente (r) Diosdado Cabello -Presidente de la Asamblea Nacional- se dirigió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia informando de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y solicitando una Interpretación de la Constitución. La Sala en cuestión rápidamente se expidió (en un fin de semana) y sin ni siquiera por decoro haber escuchado a la oposición, dio como solución al supuesto impasse, el que la Asamblea designara a los miembros de los poderes (incluyendo a 12 de sus propios magistrados) por mayoría simple. Tal fue el descaro, que el dictamen estableció que no era necesaria la mayoría simple de los miembros de la Asamblea, que bastaba con la mayoría simple de los asistentes a la sesión en la que se hicieran las designaciones.

Como una nota de color digna de mencionar y que seguramente los presidentes de los países miembros de Unasur sabrán interpretar, cuando la Sala Constitucional responde a la consulta del Teniente retirado, lo asciende y se dirige a él como “ciudadano General de División Diosdado Cabello Rondón, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional”.

La respuesta está a la vista y Unasur lo sabe: el gobierno no intentó buscar el acuerdo y, con evidente desprecio a la recomendación de los presidentes de los países miembros, da un golpe de Estado en toda regla contra tres de los cinco poderes que constituyen el Poder Púbico en Venezuela.

¿Qué hará Unasur? ¿Qué va a hacer el Presidente Mujica? Se acaban de burlar de ellos, pero lo más grave es que, con ese engaño, el gobierno militar pone en evidencia su estrategia de continuar en la dirección de la confrontación que, sin duda, puede llevar a un baño de sangre.

Dada la corta historia de Unasur, la organización no cuenta con herramientas orgánicas apropiadas para lidiar con un problema de esta índole. Sólo dispone del prestigio y poder de presión y persuasión de los presidentes de los países que la integran. ¿Lo utilizarán? ¿Harán algún tipo de manifestación pública?

Que Maduro y el Tte. Cabello avancen contra las instituciones democráticas era algo esperado y viene siendo denunciado desde hace ya un año, cuando la brutal represión desatada contra la oposición dejó decenas de muertos, presos políticos y torturados incluso entre militantes disidentes del propio régimen.

La oposición y el pueblo venezolano saben que deben resolver solos sus problemas, pero evidentemente un pronunciamiento de Mujica y de los otros presidentes puede contribuir a evitar males mayores a los que ya se están viviendo.

Jurgen Habermas

En momentos en los que la sociedad venezolana vive situaciones agobiantes de inseguridad, escasez, una fuerte represión que ha producido más de 50 muertos, decenas de heridos, presos políticos, y torturados, pensar en el futuro no es tarea fácil. Paradójicamente, todo lo anterior sucede en tiempos que indican que marchamos aceleradamente hacia un complejo proceso de transición política.

Vista una fotografía de la situación actual, resulta bastante probable que, si la oposición va unida, gane las elecciones y obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), lo que nos colocaría en una situación objetiva de co-gobierno durante un lapso más o menos largo: la oposición con mayoría en la AN y el PSUV con control del ejecutivo y de los otros poderes públicos, al menos en tanto se vayan cumpliendo los lapsos constitucionales contemplados para la renovación de esos otros poderes.

Una situación como la descripta no sería demasiado especial en una democracia cualquiera, pero ese no es el caso venezolano donde desde hace más de 14 años, un gobierno cívico militar -sostenido en la popularidad de un caudillo y disponiendo de enormes ingresos petroleros- ha venido abusando ilimitadamente del poder.

Si bien los grandes actores de la política en democracia siguen siendo los partidos, la decepción, la corrupción y los manejos a espaldas de la gente que dicen representar han llevado a una enorme desconfianza entre representados y representantes y han colocado a la Sociedad Civil -ciudadanos organizados fuera de las estructuras partidarias- a jugar papeles trascendentales en especial en complejos procesos de transición.

En América Latina el caso más emblemático ha sido, sin duda, la hermosa lucha que han llevado adelante desde hace 37 años las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de mayo.

Más allá de la valentía de estas mujeres que durante todos estos años han luchado por encontrar a sus hijos y nietos desaparecidos -y en especial en el caso de la Asociación de Abuelas- es poco lo que se puede decir para hacer justicia al inconmensurable aporte que han hecho a la democracia misma y a sus instituciones.

Es que estás mujeres no sólo enfrentaron al régimen cívico militar aún a costa de la vida de varias de ellas, además, no se conformaron con la derrota de la dictadura y continuaron activas durante la democracia, obligando a los partidos políticos, a sus dirigentes y a la sociedad toda, a comprender que no buscaban venganza, que su lucha sólo podía satisfacerse, realmente, el día que las instituciones del Estado funcionaran de tal manera que garantizaran justicia.

Así como hoy es conocida la lucha de las Madres y Abuelas, es desconocida la lucha de la Sociedad Civil venezolana que durante más de 14 años ha mantenido una vigilia permanente para:

1.- Sostener una movilización permanente -y en la calle- en defensa de los principios esenciales de una sociedad democrática;

2.- Presionar para que la oposición actúe unida en defensa de tales principios, actuación que hoy la coloca a punto de obtener una contundente mayoría en la AN y,

3.- Elaborar un Programa de Gobierno alrededor del cual se han comprometido todos los partidos de la oposición. Guiado por la SC este programa, tiene como característica fundamental impedir un regreso al pasado y claramente incorpora aquellos objetivos que la población venezolana ha visto como logros en estos 14 años además de muchas de las promesas incumplidas por el régimen actual. Todo dentro de un proyecto coherente de gobernabilidad y avance democrático.

Ahora la SC en nuestro país tiene un nuevo reto: conseguir que ese Programa de Gobierno tan trabajosamente elaborado, discutido y aprobado por todas las fuerzas políticas, sea realmente la guía de actuación de los representantes de los partidos que vayan a la Asamblea.

Así como las Abuelas de Plaza de Mayo han seguido su lucha muchos años después de alcanzada la democracia en Argentina, así la SC venezolana deberá continuar con su vigilia y movilización para evitar que los logros alcanzados hasta ahora puedan perderse.

Garantizar la gobernabilidad del país es un objetivo esencial que no va a ser tarea fácil. Controlar la corrupción y meter nuevamente los militares a sus cuarteles; desarmar a los colectivos paramilitares que el gobierno ha creado, frenar el golpismo que todavía anida en pequeños grupos militaristas opositores, requiere de una ciudadanía activa y una sociedad civil vigilante y claramente diferenciada de la sociedad política.

De allí en adelante se desató un proceso que tenía muchos años incubándose y acerca del cual la oposición alertó infinidad de veces. La amenaza -hasta cierto punto contenida por la fuerza política de Chávez y el enorme ingreso petrolero- estalló en la cara del nuevo gobierno.

Violencia e inflación incontrolables, cuatro tipos de cambios oficiales simultáneos, desabastecimiento, represión, luchas y disputas internas por el poder, la Habana desesperada, en fin, una crisis que en lo político ha dejado más de 60 muertos, incontable cantidad de heridos, más de 3.000 detenidos de los cuales más de un centenar siguen presos. Juicios a estudiantes, a dirigentes sindicales, a periodistas, a dirigentes políticos. Cierre de medios escritos y el bloqueo de 1.019 sitios web en los últimos 12 meses.

Ninguna de estas situaciones se dan con esta gravedad en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador o Bolivia, que serían los principales socios políticos del chavismo en Sudamérica.

La crisis política del chavismo es de unas dimensiones que la hacen inocultable incluso para aquellos gobiernos que hasta ahora no la habían querido ver.

De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Varianzas cuyo resumen fue publicado el 27 de octubre, el perfil de agrado que tenía Chávez del 52% en septiembre del 2012 ha bajado al 30% cuando se refiere a Maduro. El Buen Camino del Gobierno cayó 27 puntos, del 48 al 21% y la Percepción positiva de la situación económica del país descendió 20 puntos, de 38 a 18%.

La oposición venezolana tiene la posibilidad real de ganar las próximas elecciones parlamentarias en el 2015 si se mantiene unida. Para el desarrollo de una política exterior responsable y útil a la defensa de los DDHH en Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene la obligación y la necesidad de diferenciar entre las políticas de los gobiernos en esos países y las del gobierno chavista.  Las diferencias y resultados están a la vista.

Así como sabemos que el triunfo de la oposición en Venezuela requiere de la unidad como condición sin la cual su triunfo no es posible, también sabemos que el reconocimiento internacional de ese triunfo es muy importante. Cualquier intento de algún grupo de disputarse la hegemonía de la Unidad por la vía de romperla pondría en seria duda las posibilidades de triunfo en las elecciones y haría tanto daño como el que causó en abril del 2002 el grupito que conspiró a espaldas de las grandes mayorías del país.

A pesar de los grandes avances que ha conseguido la MUD a nivel internacional con su decidida política en defensa de la democracia, el daño político que causó el intento de golpe de Estado aún se está pagando especialmente ante los foros internacionales.

La gobernabilidad de Venezuela está en juego no sólo ahora que las distintas facciones del chavismo se están disputando el poder a sangre y fuego e incluso con conspiraciones e intentos de golpes de Estado, también y quizás más aún lo estará si la oposición gana las próximas elecciones. Una sabia y profesional política exterior de la MUD debe construirse desde ahora y esto parecen haberlo visto con claridad Henrique Capriles y el grupo de partidos que encaran con más decisión las próximas elecciones parlamentarias del 2015.

A pesar de la informalidad que parece dominar en los estilos, Unasur no es un club de amigos. Por más que en la relación entre países las relaciones personales entre sus presidentes jueguen un papel, hay situaciones que pesan mucho en la historia de América Latina como para que se puedan dejar pasar.

Como se demostró en las reuniones de cancilleres de Unasur que tuvieron lugar sobre el “Caso Venezuela”, las flagrantes violaciones de los DDHH de la que está haciendo gala el gobierno de Maduro han dejado al descubierto su vocación militarista y represiva. La MUD no debe perder la oportunidad de acercarse a los gobiernos de Unasur para que acompañen y sean testigos presenciales y garantes de los procesos que se avecinan.