De aquella IV Cumbre realizada en Mar del Plata liderada por Néstor Kirchner, Lula y Chávez -en la que Bush y el ALCA salieron con las tablas en la cabeza- a la recién finalizada, hay enormes diferencias.

De aquellos tres dirigentes hay dos fallecidos y a Lula, el no estar en el gobierno y los escándalos de corrupción que golpean a su partido y al gobierno de Dilma Rousseff, le han restado fuerza y presencia internacional. Esta última Cumbre fue liderizada por EEUU.
Si a lo señalado le agregamos la finalización de los períodos presidenciales de Obama, José Mujica y Cristina Fernández y el ineludible final biológico de los hermanos Castro, la aparición de nuevas caras y con ellas nuevas orientaciones en la política continental son inevitables.

Nicolás Maduro no es Chávez y la caída de los precios petroleros han generado una nueva realidad -especialmente en Centroamérica y el Caribe- en la que la influencia de Venezuela pierde fuerza ante la ofensiva lanzada por Obama en materia energética.

La VII Cumbre ha marcado el final de una etapa y el comienzo de otra cuyas características aún no conocemos. Ni los protagonistas, ni las circunstancias serán los mismos de hace diez años. En este último sentido no es poca cosa el paso dado por EEUU y por Cuba. Baste sólo recordar que ya en la VI Cumbre varios países habían planteado no asistir a la VII si Cuba no era invitada. Cuba se había convertido en un problema que partía aguas separando a EEUU del resto del continente. Hasta sus más cercanos aliados tuvieron que enfrentar el dilema de votar contra el amigo y -en algunos casos- a favor del adversario, obligados por innumerables decisiones de las Naciones Unidas que, con toda razón, condenaban un absurdo bloqueo que los últimos 40 sólo benefició políticamente a los Castro.

Todo esto va a replantear -con mucha fuerza- el papel que le corresponde a la OEA, a la Unasur y al Celac, organismos que en muchas ocasiones superponen funciones, son políticamente irrelevantes o se asemejan a un club de amigos.

A pesar de la gran fuerza con la que venía plantándose a nivel político y a escala internacional, la situación de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en Venezuela no pudo ser discutida en la Cumbre neutralizado el tema por el encabezado de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Obama. Una formula legal anacrónica y que según el propio Obama no representaba la realidad de la situación, vino no sólo a evitar la discusión, lo que es peor, desvió la atención.

Los parlamentos de Chile y de España se pronunciaron, Podemos -en España- se mostró contrario a la existencia de presos políticos en Venezuela, Felipe Gonzalez asumió la defensa política de Antonio Ledezma y de Leopoldo López, una treintena de ex presidentes firmaron una carta exigiendo la libertad de los presos políticos, gobiernos de América y del mundo, en especial Uruguay, Chile y Brasil, se pronunciaron contra la existencia de presos políticos. Una gran movilización y la Cumbre no habló.

Este año se renueva la totalidad de la Asamblea en Venezuela y el papel de los organismos internacionales será crucial para ofrecer las garantías imprescindibles, evitar la violencia y aceptar en paz los resultados.

Las Garantías Electorales solicitadas por Ciudadanía Activa, organización vinculada a la lucha por el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos son:

1.- Regreso de la Observación Internacional calificada (OEA, ONU y UE).

2.- Auditoría Internacional del Registro Electoral.

3.- Supervisión internacional del proceso de Inscripción Electoral.

4.- Prohibición de Cadenas durante la Campaña Electoral.

5.- Supervisión y control sobre el uso de los recursos públicos.

6.- Cumplir con la representación proporcional establecida en la Constitución.

7.- Campaña sobre el secreto de voto y los delítos electorales.

8.- Adiestramiento de los miembros de Mesa, los testigos y los Coordinadorees del CNE.

9.- Creación de un Comité Electoral imparcial y paritario que sancione inmediatamente el uso de recusos públicos.

10.- Autorización a la sociedad civil para que pueda promover la participación ciudadana.

12.- Acceso equitativo a los medios.

13.- Garantizar que el papel de las FFAA se circunscriba a lo establecido en la Constitución.

14.- Un horario de votación claro y definido.

15.- Privacidad del acto de votación que garantice el secreto del voto.

16.- Auditoría de los Cuadernos de Votación y de las huellas.

17.- Siendo el sistema automatizado, resultados públicos en tiempo real.

18.- Un nuevo Consejo Nacional Electoral designado cumpliendo lo establecido en la Constitución Nacional.

Miguel Bakunin, Confesión al zar Nicolás I

Si la polarización política es enemiga del juego democrático en cada país, a nivel internacional -ámbito en el cual los intereses privan por sobre los principios- es tan dañina que muchas veces conduce a la paradoja de que un país defienda en ese ámbito lo contrario a lo que hace internamente,  y esto es particularmente frecuente en materia de Derechos Humanos. Hay al menos dos aspectos que, aunque conocidos, me gustaría resaltar para analizar este problema.

Las organizaciones internacionales a las que nos referimos están integradas por Estados, sin representación de los particulares y con fines esencialmente políticos o económicos, como se expresa claramente en sus documentos fundacionales. En ese contexto, los DDHH -a pesar de su importancia teórica- son para ellas un tema secundario. Tan secundarios son que, de todas las organizaciones existentes en América Latina (OEA, Unasur, Mercosur, ALBA y Celac) y de la multitud de comisiones, direcciones y gerencias que cada una tiene, sólo la OEA ha creado mecanismos específicos para ocuparse del tema; construirlos ha llevado decenas de años y sólo ha sido posible gracias a la incansable lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre enfrentadas a intereses coyunturales de los Estados miembros.

El segundo aspecto que pretendo resaltar es que, como los únicos que pueden violar los DDHH son los Estados, representados en los organismos internacionales por los gobiernos de turno que generalmente son los denunciados, se crea la paradójica situación de que las víctimas tienen que realizar sus denuncias ante los presuntos violadores de sus derechos que -como es lógico- se resisten a ser investigados.

En este contexto, al no existir en Unasur instancias independientes de investigación, las decisiones que esta organización toma en materia de DDHH pasan a depender de factores de conveniencia política y económica totalmente ajenos a las víctimas y a las situaciones denunciadas.  Si la polarización elimina los matices en la discusión política dentro de los países, a nivel internacional oculta a las víctimas en materia de DDHH, convirtiéndolas en simples piezas intercambiables en una partida en la que ni siquiera son jugadoras.

De allí la enorme importancia de instituciones como la CIDH de la que Venezuela quedó excluida en septiembre del 2013 por decisión del Teniente Coronel Hugo Chávez y que ha dejado a la gente en estado de indefensión. Es en este punto en el que la polarización como herramienta para mantenerse en el poder muestra toda la crueldad de la que es capaz.

En los últimos 12 meses hubo en Venezuela más de 60 muertos en protestas o como consecuencia de ellas. De esos fallecidos, al menos 11 fueron militantes del partido de gobierno que eran críticos de las políticas de Maduro. De acuerdo con la información oficial, hubo en ese lapso 878 lesionados y 3.351 detenidos, sin mencionar los 242 casos de torturas denunciados por organizaciones independientes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Frente a esta situación, Nicolás Maduro ha denunciado al menos 16 intentos de golpe de Estado y de magnicidio con injerencia extranjera y una guerra económica que le han servido como excusa para meter en la cárcel a dirigentes de la oposición y destituir a algunos de ellos de los cargos para los cuales habían sido electos por el voto popular.

También la oposición ha formulado denuncias por el golpe de Estado que el gobierno dio en el mes de diciembre pasado contra el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, utilizando para ello el control que ejerce sobre la Asamblea y el Poder Judicial.

Distintos voceros de Unasur y de algunos países miembros han manifestado su respaldo a la democracia venezolana, pero sólo lo han hecho con relación a las denuncias efectuadas por Maduro, sin investigar previamente si las mismas tienen fundamento y sin investigar tampoco las denuncias hechas por la oposición ni las denuncias de violaciones de los DDHH que han realizado distintas organizaciones independientes de la sociedad civil.

A la democracia venezolana hay que defenderla. Todo debe ser investigado. Esas investigaciones deben ser adelantadas garantizando la independencia e idoneidad de quienes la realicen, y asegurando que las decisiones políticas no impidan su pronunciamiento sobre las denuncias de violaciones de los DDHH, que no se utilicen para ocultar a las víctimas.

Adolfo Pérez Esquivel: con preocupación hemos visto que el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel -a pesar de su experiencia y conocimiento en la materia- ha sido presa de la polarización política internacional al pronunciarse en solidaridad con el gobierno de Maduro sin fundamento en ninguna investigación independiente y sin referirse a las múltiples denuncias de violaciones de los DDHH que se han hecho en Venezuela.

Este Protocolo -de tal importancia que se considera parte del Tratado Constitutivo- es el equivalente a la Carta Democrática de la OEA y, como ella, “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

El 13 de enero, el diario El Mercurio de Chile publicó una entrevista que le había realizado a Leopoldo López en la celda en la que se encuentra detenido desde hace casi un año en Venezuela. En América Latina, el sólo hecho de hablar de presos políticos es una aberración, en particular en Chile es un tema especialmente sensible. La respuesta a la entrevista fue inmediata y los legisladores de todo el arco político se manifestaron solicitando a la Presidenta Bachelet su intervención.

Desde hace mucho tiempo, Chile ha estado estrechamente vinculado al acontecer venezolano.

Cuando -en la década de los 50 del siglo pasado- Venezuela sufrió la dictadura de Pérez Jiménez, fueron muchos los venezolanos que buscaron refugio en la entonces estable democracia chilena y, a la inversa, cuando la democracia chilena sufrió el ataque de los militares, fueron muchos los militantes y dirigentes políticos chilenos que hallaron refugio en la Venezuela democrática.

En febrero del año pasado el Gobierno de Venezuela -asediado por marchas y protestas estudiantiles, con centenares de denuncias por violaciones a las libertades públicas y tras lanzar una fuerte represión que causó más de 50 muertos y decenas de presos, heridos y torturados- solicitó una reunión de urgencia de UNASUR que tuvo lugar en Chile simultáneamente con la asunción de la Presidenta Bachelet.

Fue en esa reunión en la que, el 12 de marzo, UNASUR resolvió enviar a sus cancilleres “para que en su nombre acompañen y asesoren, en un diálogo político, amplio y constructivo, orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”. Pocos días después entraba en vigencia el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, al que venimos haciendo referencia.

Es en este contexto que el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, muy prudentemente y en una distendida conversación con la prensa el 13 de enero dice: “Seguimos interesados en promover el diálogo en Venezuela”, lo que bastó para que la cancillería venezolana respondiera con un rotundo “Venezuela es un país libre, soberano e independiente, y por tanto no tutoriado ni monitoreado por país u organismo internacional alguno” (sic) y pidió explicaciones al Embajador de Chile en Caracas.

Sorprendido por tan inesperada como desproporcionada agresión (el Capitán Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le dijo: “No sea entrépito”, sic), el Canciller Muñoz reiteró y enmarcó su disposición -ahora sí, además de lo ya mencionado con relación a las decisiones de UNASUR- en el Protocolo Sobre La Democracia.

Aunque no llegó a invocar formalmente el artículo 2 de dicho documento, el Canciller lo mencionó, y este hecho resulta sumamente significativo ya que este artículo abre la posibilidad de recurrir al artículo 4 del Protocolo, que es el que habla de las medidas que podrían aplicarse al país miembro en el que se den los supuestos de ruptura constitucional.

El Protocolo fue elaborado en defensa de la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos, y no en defensa de los gobiernos cuando son estos los que atentan contra la constitución.

Por supuesto, la virulencia de la respuesta de la cancillería venezolana no se hizo esperar y -ante el silencio ulterior- suponemos que esas discusiones deben de haber continuado por los canales diplomáticos, pero, seguramente tomando en consideración las denuncias que ha hecho la oposición venezolana con relación al golpe de estado de diciembre, algo que el Canciller de Chile no mencionó pero que, como él, todos los cancilleres de la región conocen.

¿Llegará en este momento la UNASUR y su Presidente Pro Tempore -José Mujica- a invocar el Protocolo Sobre la Democracia? No parece que sea el momento y da la impresión de que todavía quedan otras instancias para moderar la situación, pero de que está sobre la mesa, sin duda.

En un año de elecciones en las que Venezuela elegirá una nueva Asamblea -con la presencia de UNASUR y del Vaticano en su condición de “Testigos de Buena Fe”, como los designara Maduro-, la existencia del Protocolo cobra una enorme importancia.