La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un pre-requisito para la democracia.
Jurgen Habermas
En momentos en los que la sociedad venezolana vive situaciones agobiantes de inseguridad, escasez, una fuerte represión que ha producido más de 50 muertos, decenas de heridos, presos políticos, y torturados, pensar en el futuro no es tarea fácil. Paradójicamente, todo lo anterior sucede en tiempos que indican que marchamos aceleradamente hacia un complejo proceso de transición política.
Vista una fotografía de la situación actual, resulta bastante probable que, si la oposición va unida, gane las elecciones y obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), lo que nos colocaría en una situación objetiva de co-gobierno durante un lapso más o menos largo: la oposición con mayoría en la AN y el PSUV con control del ejecutivo y de los otros poderes públicos, al menos en tanto se vayan cumpliendo los lapsos constitucionales contemplados para la renovación de esos otros poderes.
Una situación como la descripta no sería demasiado especial en una democracia cualquiera, pero ese no es el caso venezolano donde desde hace más de 14 años, un gobierno cívico militar -sostenido en la popularidad de un caudillo y disponiendo de enormes ingresos petroleros- ha venido abusando ilimitadamente del poder.
Si bien los grandes actores de la política en democracia siguen siendo los partidos, la decepción, la corrupción y los manejos a espaldas de la gente que dicen representar han llevado a una enorme desconfianza entre representados y representantes y han colocado a la Sociedad Civil -ciudadanos organizados fuera de las estructuras partidarias- a jugar papeles trascendentales en especial en complejos procesos de transición.
En América Latina el caso más emblemático ha sido, sin duda, la hermosa lucha que han llevado adelante desde hace 37 años las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de mayo.
Más allá de la valentía de estas mujeres que durante todos estos años han luchado por encontrar a sus hijos y nietos desaparecidos -y en especial en el caso de la Asociación de Abuelas- es poco lo que se puede decir para hacer justicia al inconmensurable aporte que han hecho a la democracia misma y a sus instituciones.
Es que estás mujeres no sólo enfrentaron al régimen cívico militar aún a costa de la vida de varias de ellas, además, no se conformaron con la derrota de la dictadura y continuaron activas durante la democracia, obligando a los partidos políticos, a sus dirigentes y a la sociedad toda, a comprender que no buscaban venganza, que su lucha sólo podía satisfacerse, realmente, el día que las instituciones del Estado funcionaran de tal manera que garantizaran justicia.
Así como hoy es conocida la lucha de las Madres y Abuelas, es desconocida la lucha de la Sociedad Civil venezolana que durante más de 14 años ha mantenido una vigilia permanente para:
1.- Sostener una movilización permanente -y en la calle- en defensa de los principios esenciales de una sociedad democrática;
2.- Presionar para que la oposición actúe unida en defensa de tales principios, actuación que hoy la coloca a punto de obtener una contundente mayoría en la AN y,
3.- Elaborar un Programa de Gobierno alrededor del cual se han comprometido todos los partidos de la oposición. Guiado por la SC este programa, tiene como característica fundamental impedir un regreso al pasado y claramente incorpora aquellos objetivos que la población venezolana ha visto como logros en estos 14 años además de muchas de las promesas incumplidas por el régimen actual. Todo dentro de un proyecto coherente de gobernabilidad y avance democrático.
Ahora la SC en nuestro país tiene un nuevo reto: conseguir que ese Programa de Gobierno tan trabajosamente elaborado, discutido y aprobado por todas las fuerzas políticas, sea realmente la guía de actuación de los representantes de los partidos que vayan a la Asamblea.
Así como las Abuelas de Plaza de Mayo han seguido su lucha muchos años después de alcanzada la democracia en Argentina, así la SC venezolana deberá continuar con su vigilia y movilización para evitar que los logros alcanzados hasta ahora puedan perderse.
Garantizar la gobernabilidad del país es un objetivo esencial que no va a ser tarea fácil. Controlar la corrupción y meter nuevamente los militares a sus cuarteles; desarmar a los colectivos paramilitares que el gobierno ha creado, frenar el golpismo que todavía anida en pequeños grupos militaristas opositores, requiere de una ciudadanía activa y una sociedad civil vigilante y claramente diferenciada de la sociedad política.