La difícil situación en la que se encuentra el país en relación al fallo del Juez Griesa es consecuencia de una suma de acciones erróneas del Gobierno Nacional. Es muy importante recordar que desde el momento del Fallo de Griesa, los más altos funcionarios de la Argentina declararon que nuestro país pagaría sólo a los bonistas que entraron en los canjes, pero que no entregaría un solo dólar a aquellos que no reestructuraron su deuda, los holdouts.
Hoy, poco tiempo después, los funcionarios del gobierno pregonan la voluntad de pago del país, pero nunca se han cuestionado que es lo que están pagando.
Cuando en el año 2001, el entonces presidente de la Nación Adolfo Rodríguez Saá decidió la suspensión del pago de la deuda externa fue en el contexto de la mayor crisis económica del país y además, como bien mencionó en su momento, no significaba el repudio de las obligaciones, sino todo lo contrario, se buscó darle por primera vez el tratamiento y revisión que debería haberse hecho mucho antes.
Entre el Gobierno de Cámpora, Perón y María Estela de Perón la deuda externa Argentina alcanzó los USD 7.800 millones. Durante el periodo militar denominado Proceso de Reorganización Nacional entre 1976-1983 se elevó a USD 45.000 millones. A partir de 1983 se abren dos etapas en lo que respecta a la deuda: la denominada deuda vieja, la cual había sido contraída en parte de forma ilegítima por gobiernos de facto, otra legítima y la deuda nueva contraída a partir de 1983 en gobiernos constitucionales.
Durante el periodo de Raúl Alfonsín la deuda externa creció a USD 58.700 millones. Entre 1994 y 1995, alcanzó los USD 87.091 millones y Argentina entra de la mano de Domingo Cavallo y Carlos Menem en el denominado Plan Brady, canjeando la totalidad de la compromisos con nuevas emisiones reconociendo de esta forma la deuda ilegitima como legitima, con cláusulas leoninas como el traspaso de la deuda en manos de los Bancos a manos de acreedores privados dificultando cualquier reclamo futuro, también modificando la jurisdicción Argentina por la de New York, Londres y Frankfurt. En este contexto y una vez concluida la presidencia de Menen la deuda trepaba a los USD 123.000 millones. En el año 2.000 con la Presidencia de Fernando de la Rúa, la deuda creció hasta los USD 130.000 millones, conjuntamente con la aplicación del Canje y Megacanje se terminó elevando la misma para 2001 a USD144.000 millones.
En junio de 2000, se dicta una sentencia que fue un hito en la historia argentina y que ordenó al Congreso Nacional examinar la deuda externa. La dictó el juez Ballesteros el 13 de junio del mencionado año, en el contexto de la denuncia de Olmos sobre la conformación de la deuda externa en la dictadura militar, concluyendo entre otras cosas que: resultaban inexistentes los registros contables de la deuda externa, se advirtió también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado con las empresas del Estado en no menos de 477 oportunidades, número que surge de sumar 423 préstamos externos concertados por YPF, 34 operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechos a su vencimiento. Estas son sólo algunas de las irregularidades encontradas.
Esta es la deuda que llega a diciembre de 2001. Es la que el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá, en cumplimiento de la sentencia del Juez Ballesteros, remitió al Congreso de la Nación para su revisión y que hoy en día nos pone como país contra la espada y la pared.