Políticas erradas que destruyen empleo

Los números son elocuentes: durante el primer cuatrimestre de 2014, el patentamiento de automotores registró una caída del 18,3%, respecto del mismo período del año pasado. Asimismo, la producción de automotores cayó un 17,8% durante dicho lapso de tiempo.

Esta retracción comercial e industrial ha generado una ola de suspensiones y despidos en plantas automotrices que ya afecta a miles de trabajadores. Por si ello fuera poco, la situación se está extendiendo a otros sectores vinculados a esta industria, como ser la autopartista y la metalmecánica.

Por su parte, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ha adelantado que de mantenerse la tendencia negativa actual, a partir de mediados de este año, comenzarán también allí las suspensiones y despidos de personal. Tarde o temprano, la crisis también afectará a otros rubros como el de los neumáticos, repuestos, lubricantes, talleres y demás áreas vinculadas.

Llegados a este punto, no viene al caso buscar y asignar las culpas de la crisis que está atravesando la industria automotriz argentina y que afecta a la economía en general y al empleo de mano de obra en particular. Urge en este instante encontrar una salida para que el impacto sea menor y para que en el mediano plazo, la situación se pueda revertir.

Ante el panorama expuesto, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo de la Nación, además de las medidas macroeconómicas tendientes a controlar la inflación que afecta el poder adquisitivo de los argentinos, tome las decisiones necesarias para revertir el crítico momento que está atravesando el sector automotriz.

Entiendo que para ello resultarán imprescindible dos cuestiones. En primer lugar, derogar o reducir sustancialmente el impuestazo establecido a fines del 2013 por la ley 26.929. En segundo lugar, promover una línea de créditos blandos, con tasas reducidas y plazo extendidos, para que los usuarios de vehículos vuelvan a mostrarse interesados en adquirir nuevos automotores, y el mercado vuelva a funcionar con transparencia y libertad.

Por otro lado, y más allá de las negociaciones que se impulsen con Brasil para reactivar las exportaciones, el gobierno nacional debería orientar sus esfuerzos en facilitar el acceso a otros mercados, a fin de minimizar el riesgo que implica tener un solo destino para la mayor parte de las exportaciones de vehículos

Si todo ello no se realiza, el sector continuará paralizado y la caída será cada día mayor.

El gobierno debe entender que en nuestro país rigen las mismas reglas que en el resto del mundo: las buenas políticas tienen buenas consecuencias, y las malas políticas tienen malas consecuencias. No hay forma de escapar a dicha realidad.

El Estado Nacional en deuda con la provincia de San Luis

En la sesión informativa del jefe de Gabinete de Ministros del 12 de marzo de 2014, la senadora por la provincia de San Luis, Liliana Negre de Alonso, solicitó a Jorge Capitanich que indique en qué momento el gobierno nacional pagará a su provincia los $ 823 millones que le se deben en concepto de coparticipación. Este mismo reclamo ya había sido efectuado el 30 de diciembre de 2013 por el gobernador Claudio Poggi, sin resultado positivo. Siendo que la actual administración elude las respuestas y tampoco cumple con los pagos que adeuda a mi provincia, corresponde recordar los fundamentos de dicho reclamo y los fundamentos que le otorgan legitimidad.

El 27 de febrero de 2002 el Gobierno Nacional y varias administraciones provinciales firmaron el “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Este pacto fiscal estableció dos cuestiones centrales:

1) Eliminó temporariamente el porcentaje mínimo que la Nación debe girar mensualmente a las provincias, sobre los impuestos nacionales recaudados. Ese porcentaje mínimo en ese momento era el 34% de lo recaudado.

2) Creó un plan financiero mediante el cual los Estados provinciales le transfirieron al Estado nacional parte de su deuda pública (en gran medida nominada en dólares), para que este último renegociara con los acreedores externos e internos. A cambio de ello, el gobierno nacional se convirtió en acreedor de los Estados provinciales. El objetivo de este canje fue “desendeudar” en moneda extranjera a las provincias, ya que la devaluación de 2002 hacía imposible el cumplimiento efectivo por parte de aquellas de las obligaciones contraídas en dólares.

Continuar leyendo