El pronunciado aumento de la violencia y los delitos cometidos contra los adultos mayores hace necesario, por parte de quienes tenemos la función de legislar, que busquemos soluciones adecuadas para proteger a quien están expuestos a dichos riesgos. Si bien existen problemas que exigen una respuesta de política social y criminal más amplia e integral, no por ello debemos dejar de contribuir y generar acciones inmediatas para responder a los problemas de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

Si tomamos en cuenta la totalidad de Sudamérica, la Argentina es el país con mayor porcentaje de adultos mayores, ya que ellos representan el 13% de la población actual. En algunas ciudades –por ejemplo, Buenos Aires– la cifra asciende al 25%. Es decir, uno de cada cuatro habitantes es adulto mayor.

El aumento de la esperanza de vida, tributaria de avances en medicina, salud y disminución de la mortalidad, sumado a la disminución en la tasa de nacimientos y la baja de las tasas de fecundidad, tienen por resultado sociedades con un gran número de adultos mayores.

Con el crecimiento de esta franja etaria, también se profundizaron algunas formas de violencia contra las personas que la conforman. La más visible y notoria es la cantidad de delitos perpetrados contra los ancianos por delincuentes que los escogen como víctimas predilectas debido a una presunta debilidad o un mayor grado de indefensión.

Por todas estas razones, resulta imperioso avanzar legislativamente, estableciendo medidas protectoras ante el crecimiento de estas nuevas modalidades del delito. Por lo tanto, he propuesto legislativamente brindar herramientas a la Justicia para que, ante cualquier delito cometido contra un anciano, los jueces puedan ponderar la posibilidad de aplicar penas mayores al incrementar en un tercio tanto el mínimo como el máximo de la escala penal correspondiente.

Si bien todas estas medidas deberán ser enmarcadas por la autoridad de aplicación en una política criminal y de seguridad integral, es central que al momento de juzgarse al delincuente, se meritúe si éste ha violado los derechos de algunos de los más indefensos de nuestra sociedad, y a quienes más les debemos: los adultos mayores.