Transformar nuestra cultura política presidencialista

“Las minorías son soberanas donde las mayorías son imbéciles”
Juan Bautista Alberdi, 1871.

El pasado viernes 29 de agosto, muchos celebraron el día del Abogado. En dicha fecha se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi (San Miguel de Tucumán 1810 – París, Francia 1884) gran publicista, político y uno de los autores intelectuales de la Constitución Nacional de 1853. En coincidencia, la semana pasada también se cumplieron veinte años del primer intento de reforma del legado alberdiano: la reforma constitucional de 1994.

La impronta de Alberdi está marcada a fuego en el sistema constitucional y en nuestra cultura hasta hoy. Él fue quién diseñó el presidencialismo autóctono. Las clases políticas posteriores lo consolidaron y la cultura autoritaria del Siglo XX lo distorsionó hacia su forma más nociva: el hiper-presidencialismo (comentamos esa evolución acá). Alberdi pensaba que la Argentina del Siglo XIX necesitaba un poder concentrado equivalente al de un dictador -sus palabras textuales- pero con ciertos límites constitucionales. La república posible, para Alberdi y sus contemporáneos, era la de un “Rey sin corona”, un “monarca electo”, pero electo por sus pares, por la elite de la república aristocrática establecida por esa Constitución.

Paradójicamente, la reforma constitucional de 1994 estableció como objetivo central, Pacto de Olivos mediante, “atenuar al presidencialismo” para así “evitar los quiebres institucionales”, teniendo en consideración los seis golpes de Estado del Siglo XX en Argentina. En síntesis: su objetivo era reformar ese esquema alberdiano, hacer al sistema más republicano y democrático, menos autoritario y aristocrático.

El proceso de reforma de 1994 se justificó, una y otra vez, bajo la retórica de “descentralizar el poder” y transformar el sistema político, hacerlo más estable y moderno. Sin embargo, el texto constitucional resultante de la convención constituyente de 1994 expandió los poderes del presidencialismo otorgando legalidad a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) o a la delegación legislativa que suele alimentar emergencias económicas y que convierte en “regla” los Estados de excepción por tiempo indeterminado.

Tres tristes tópicos resultan notables a veinte años de la reforma constitucional de 1994:

1. El carácter oscuro y hermético, abiertamente antidemocrático, del Pacto de Olivos y de la condicionada reforma constitucional no podía traer una mejor democracia. Siempre los medios condicionan los fines. Un pacto secreto y a espaldas del pueblo no podía producir más democracias ni mejores derechos. Un pacto de elite entre dos presidentes no podía limitar al presidencialismo y expandir la democracia.

2. La reforma de 1994 legalizó las facultades legislativas del Ejecutivo. Al aceptar la legalidad de los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa, se consolidó constitucionalmente el hiper-presidencialismo. En nuestros días, la Constitución permite algo que su texto anterior prohibía: declarar la emergencia económica y delegar poderes legislativos en el Ejecutivo.

3. La reforma constitucional no produjo como resultado una Constitución para una democracia deliberativa, fuerte, inclusiva, dinámica, horizontal y un más razonable sistema de frenos y contrapesos. Todo lo contrario: la Constitución actual consolida legalmente una democracia delegativa con sus ciclos de concentración de poder y crisis recurrentes. En lugar de contrarrestar una práctica política negativa, la Constitución termina estableciendo los incentivos políticos de la concentración del poder y de la delegación en los ejecutivos que alimentan las crisis en loop.

Lo que antes era un resultado de la práctica política contraria a la Constitución, actualmente se encuentra expresamente permitido en el texto constitucional.

Veinte años más tarde sigue pendiente proyectar una reforma democrática del legado alberdiano que transforme cualitativamente tanto el texto constitucional como nuestra cultura política presidencialista.

Superar la inercia institucional

La reforma constitucional de 1994 se realizó bajo la retórica de modernizar el Estado y mejorar la calidad del viejo esquema presidencial con ciertas innovaciones institucionales. Dicho esquema, según los propios firmantes del Pacto de Olivos y la posterior Convención Constituyente, debía ser atenuado para reducir las facultades del Poder Ejecutivo y así fortalecer la protección de todos -nuevos y viejos- derechos del texto fundamental.

A tal fin, una de las instituciones de contrapeso que incorporó nuestra Constitución Nacional fue el Defensor del Pueblo (Art. 86) con el específico objetivo de tutelar los derechos y garantías de la sociedad a través de la protección judicial o administrativa. En pocas palabras, podríamos describir al Defensor del Pueblo -u Ombudsman en el Derecho Comparado- como una estructura de abogados legitimados, procesal o administrativamente, para defender los derechos constitucionales ante acciones u omisiones de la administración pública.

Su rol protector, su defensa, se realiza en concreto con el accionar legal del equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo -mayormente abogadas/os, por supuesto- ante los estrados judiciales. De forma general, se le reconoció legitimación procesal activa en todos los derechos y especialmente en los derechos de incidencia colectiva (Art. 43 CN). Para ello, podrán estructurarse defensores adjuntos en diferentes áreas sensibles -Salud, Derechos Humanos, Seguridad Social, Ambiental, Servicios Públicos, etc- con el objetivo de dividir la función tutelar y hacer un seguimiento acorde a la especificidad de los derechos y/o de los sectores vulnerables y grupos afectados.

El Defensor del Pueblo, como institución del sistema político, fue regulado específicamente por la ley 24.248. Se instituyó operativamente por primera vez en 1994 y tuvo a su primer Defensor del Pueblo en Jorge Maiorano (1994-1999). Posteriormente, en 1999, fue nombrado Eduardo Mondino (1999-2009) que mantuvo su cargo dos periodos de 5 años, reelección mediante. Terminado su periodo, Mondino renunció con el objetivo de presentarse como candidato a Senador de la Provincia de Córdoba. Sin embargo, desde ese momento (2009), su renuncia produjo la acefalia de la Defensoría del Pueblo y su cargo fue ejercido por un Defensor Adjunto -hasta 2013- y un Secretario de forma interina.

En sus dos décadas, el Defensor del Pueblo estuvo un cuarto de su vida institucional acéfala, lo que impacta directamente en su impronta y en su actividad operativa a la hora de consolidar la protección de los derechos en el largo plazo.

La omisión del sistema político, especialmente del Congreso de la Nación, de impulsar el procedimiento para elegir Defensor del Pueblo, quizás proyectando un proceso abierto y participativo como el realizado con los candidatos a Jueces Supremos (Decreto 222/2003), demuestra de forma evidente la debilidad de la gran mayoría de las reformas constitucionales hijas del Pacto de Olivos.

Lamentablemente, en algunos casos, como sucedió con el Consejo de la Magistratura (Art. 114 CN) y la Auditoria General de la Nación (Art. 85 CN), entre otras innovaciones institucionales de la reforma de 1994, a veces hubo flojos diseños institucionales o muy baja implementación operativa. En otros casos, y este es el claro caso del Defensor del Pueblo, la simple ausencia de voluntad política, traducida en una omisión que lleva cinco años, termina transformando una prometedora institución para limitar arbitrariedades y proteger derechos en una burocracia pasiva con una gestión acéfala y sin horizonte.

Superar la inercia institucional y dejar atrás la omisión legislativa con el Defensor del Pueblo es una obligación constitucional pero sobre todo una urgente deuda con el sistema democrático y los derechos de todos.

No repetir los errores de nuestra historia política

¿Qué sucedió en el año 1994? ¿Qué hecho recordamos? Un hecho histórico representativo de aquel invierno del ‘94 es la caminata que hizo Diego Maradona junto a una enfermera, terminado el partido de Argentina vs. Nigeria en el mundial de los Estados Unidos.

Ese momento es, sin duda, el hecho bisagra que recordamos todos. Un antes y un después. Incluso cuando éramos muy jóvenes o directamente niños. “Me cortaron las piernas” dijo en la conferencia de prensa ante el escándalo del antidoping. Tristeza, indignación, reacciones públicas, defensa y debate social vendrán después.

Ahora, mientras Maradona juraba por Dalma y Giannina, los argentinos y argentinas podrían haber dicho “me cortaron las piernas democráticas” lo que significó “nos excluyeron del acuerdo de la reforma constitucional”. Se llevó adelante una reforma constitucional sin debate democrático y sin acuerdos sociales. El juego de la democracia excluía a su jugador más importante en el evento extraordinario de la política democrática, su mundial: la reforma constitucional.

Veinte años de reforma constitucional

Se cumplen ya dos décadas de la reforma constitucional de 1994 y en ese caso la historia cambió silenciosamente. Ese fue un hecho bisagra que la sociedad debe tener presente. La reforma abrió la posibilidad para un nuevo mandato presidencial. El objetivo principal de la reforma fue habilitar constitucionalmente la reelección.

Después de la concreción del Pacto de Olivos, hacia fines de 1993, se llevó adelante la reforma constitucional sin mayores conflictos ni sorpresas. La única sorprendida fue la sociedad argentina que no participó del proceso constituyente y que vivió los años previos en confrontación intensa y denuncia constante que volvió sorprendente y sospechoso el pacto.

El Pacto de Olivos fue producto de una negociación secreta, a espaldas de la sociedad. La reforma de 1994 no fue producto de consensos sociales sino de consensos de cúpula partidaria: Carlos S. Ménem (PJ) y Raúl Alfonsín (UCR). En Mayo del 94 y a lo largo de aproximadamente seis meses se desarrolló la convención constituyente en la ciudad de Santa Fe. A pesar de las formalidades, lo pactado determinó el resultado del proceso y se habló de la reforma de “dos personas”. Sin duda, esa reforma es “el contramodelo” de una reforma democrática, inclusiva y dialogada, de una Constitución y de toda legislación republicana.

Veinte años después, estamos discutiendo tres normas de importancia vital para una sociedad moderna: un Código Civil y Comercial, un Código Penal y un Código de Procedimiento Penal. En este contexto, resulta necesario señalar que todo Código (penal, civil, etc) debe ser debatido y discutido por la sociedad que pretende regular. El debate político sobre la legislación permite a la sociedad comunicar sus necesidades y dialogar las respuestas legales hacia el futuro.

No repetir los errores y defectos de la historia política, así como no reincidir en las frustraciones mundialistas pasadas, es parte del desafío constante tanto en el fútbol como en la política democrática.

Toda reforma legal que mejore nuestros derechos siempre necesita del diálogo abierto propio de la democracia. Las respuestas dialogadas y las leyes socialmente debatidas son el jogo bonito del juego democrático.