En los últimos años, hemos sido testigos de un movimiento internacional por la apertura de los datos que maneja el Estado denominado open data (datos abiertos). En nuestro país, el Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias como Neuquén y Misiones, y algunos municipios, como Bahía Blanca, comenzaron a abrir datos en formatos que pueden ser “leídos” no solo por humanos, sino también por aplicaciones o software.
Este movimiento pregona por la transparencia, es decir, que los datos estén disponibles en la web y que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos sin ninguna restricción.
A pesar de ser una iniciativa muy valiosa, es un principio incompleto. La transparencia es una causa necesaria pero de ninguna manera suficiente para generar cambios positivos en la calidad de los gobiernos democráticos. El open data puede ser un insumo sumamente valioso tanto y en cuanto mejore el accionar de las agencias de rendición de cuentas. El principio de la transparencia se transforma en un ideal incompleto si no existen agencias o instituciones con capacidad de sancionar y obligar a la rendición de cuentas. Si el poder de la transparencia se deriva en el “poder de la vergüenza”, su influencia sobre los sinvergüenzas puede ser muy limitada.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena al Estado nacional a brindar información requerida por CIPPEC sobre los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social remarca que “la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, o que “el Estado tiene la información solo en cuanto representante de los individuos”. El fallo tiene una gran similitud con el espíritu de los datos abiertos: el Estado es un recolector y administrador de los datos de la ciudadanía.
Es clave entender que el fin de los datos abiertos es mejorar la calidad de nuestras democracias. Y en la mejora de esa calidad se necesitan instituciones activas, algo más que desarrolladores, hackers e internet. Para “hackear el sistema” primero necesitamos instituciones.
Aunque las nuevas tecnologías han debilitado el accionar de muchos intermediarios, estos siguen siendo importantes. Que en el ecosistema del open data existan organizaciones de la sociedad civil, periodistas y programadores permite reforzar o activar los controles intraestatales de la transparencia. Pero sin un adecuado marco normativo de acceso a la información pública -nuestro país todavía no tiene una ley nacional al respecto- y una eficaz aplicación de la ley, las posibilidades de los datos abiertos son limitadas.
Más que camino a la transparencia, como componente esencial del gobierno abierto el open data debe ser un camino a la rendición de cuentas, por lo que los incentivos estatales a la transparencia deben estar respaldados por mecanismos de obligatoriedad. El avance de las nuevas tecnologías en las actividades de gobierno puede tener verdaderos impactos positivos, pero no por ello debemos dejar de lado el papel y la importancia de las instituciones en el tema.