El complicado inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires constituye un ejemplo más de la creciente conflictividad que se viene manifestando en la principal jurisdicción del país en los últimos tiempos. Como precedente podemos mencionar el anuncio del gobernador el año pasado, de diferir el pago de aguinaldos a los empleados estatales, que finalmente se evitó gracias a la asistencia financiera dela Nación.

La dimensión del problema docente, por el alto impacto que tiene en la provincia más poblada del país, obliga entonces a un repaso de lo realizado hasta aquí en materia educativa para identificar responsabilidades. Al mismo tiempo, amerita un análisis que identifique las causas de la falta de recursos en Buenos Aires- argumento planteado por la gobernación para justificar la imposibilidad de afrontar el aumento que demandan los gremios- en tanto no deja de resultar paradójico que, en un país que ha conseguido reestructurar y reducir su deuda en más de un 100% de su PBI, manteniendo un crecimiento sostenido, su principal unidad subnacional registre una situación financiera tan complicada que no le permita asumir compromisos que hacen a la prestación de bienes y servicios públicos básicos.

Las negociaciones por los salarios docentes se iniciaron el 14 de enero y se pospusieron hasta el día 8 de febrero por las diferencias entre ambos sectores. Entre una instancia y otra, cabe destacar el anuncio de la Presidentasobre el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias -29 de enero- de gran impacto ya que permite que parte del ingreso adicional percibido pueda ser redireccionado al consumo. El cierre a la fecha de las paritarias fija que el salario mínimo de los docentes, con una jornada simple sin antigüedad, será de marzo a agosto de $3248, de septiembre a noviembre de $ 3332 y de diciembre a febrero de 2014 de $3416. Con este acuerdo el aumento es del 22%, actuando como un mínimo sobre el cual las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán fijar sus propios convenios con los 110 gremios que existen a nivel nacional, según la situación económica, poblacional y tributaria de cada una. Como ratificó el ministro de Educación Alberto Sileoni, la instancia tiene una “función exclusivamente orientadora”. Dadas las potestades que cada provincia tiene en ese sentido, el objetivo de la paritaria nacional es establecer un salario “testigo” (el mínimo) para el docente que cuenta con una jornada simple sin antigüedad, sobre el que luego debe negociarse a nivel provincial.

El Estado Nacional actualmente invierte en materia educativa 5.200 millones de pesos anuales que son destinados al Fondo Nacional de Incentivo Docente ($255 por cargo) y al Programa de Compensación Salarial  para las provincias. Se estima que el salario docente en Argentina se incrementó un 665% desde 2003, llegando a tener una inversión en Educación del 6,47% del PBI.

El análisis general de las negociaciones salariales no puede disociarse del contexto específico en el que se desarrollan, circunstancia que habitualmente parece no tomarse en cuenta a la hora de ensayar alguna explicación al respecto. En primer lugar, por los acuerdos llevados adelante desde la Secretaria de Comercio Interior para congelar precios, evitando así que un posterior aumento impulsado desde las grandes cadenas de hipermercados termine disminuyendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Dicho congelamiento, en lo inmediato, resulta necesario para detener la tensión de precios, y a mayor plazo constituye un antecedente muy útil para pensar en una coordinación de una política monetaria y fiscal que reúna a los distintos actores, ya que para mantener el nivel de actividad económica actual es necesario preservar los salarios reales moderando los aumentos para evitar la carrera de precios.

Por otro lado, es importante entender que, fijado el aumento mínimo nacional en un 22%, las provincias deben actuar de acuerdo a sus respectivas capacidades impositivas para hacer frente a las negociaciones salariales acordadas sobre este porcentaje. Y aquí es donde quizás más se manifiestan las limitaciones de la gestión económica bonaerense actual que, promediando un segundo gobierno, aún no ha podido revertir la regresividad de su estructura tributaria ni incrementar la recaudación propia, aumentando la carga fiscal en los sectores de mayor capacidad contributiva de la provincia. Esto ha generado un persistente déficit que, desde hace años, no baja de los $10.000 o  $12.000 millones. Ante esto, Fernando “Chino” Navarro, diputado por la Provincia de Buenos Aires, manifestó la imprudencia en términos de gasto y la falta de voluntad política de la dirigencia provincial para cobrar impuestos a quien corresponde. Ciertamente, el déficit de la provincia es estructural y viene de larga data, pero la actual administración, lejos de revertirla, la profundizó. En el período 2007-2012, la administración de Cristina Fernández destinó el 42% del incremento de la asistencia financiera a las provincias sólo a Buenos Aires ($ 3.600 sobre un total de $ 8.700 millones), además de haber promovido un Plan Federal de Desendeudamiento del cual resultó ser la más beneficiada, pues desde su implementación en el 2010, y hasta el 2017, podrá ahorrar $22.600 millones. Pese a las transferencias que recibe por parte del gobierno Nacional, Buenos Aires continúa delegando gastos en materia educativa, como el traspaso del mantenimiento de escuelas a los Municipios, que deberán afrontarlo con dinero del Fondo Educativo incluido en el Presupuesto nacional. Asimismo, los ingresos corrientes provenientes de la coparticipación y del Fondo Federal Solidario en el primer bimestre se incrementaron en un 24% en relación al año pasado, lo que invita a replantear la estrategia del Ejecutivo provincial de victimizarse continuamente, acusando falta de recursos desde el Gobierno Nacional.

Qué impuestos y a quiénes cobrárselos pueden reflejar los lineamientos de los proyectos políticos a discutir durante los próximos años enla Argentina. La cuestión que subyace es en qué pone el foco cada provincia a la hora de administrar sus recursos, cómo los distribuye y, fundamentalmente, la manera en que se hacen cargo y resuelven sus problemas, evitando especulaciones que continúen postergando la ejecución de decisiones políticas claves y transformadoras.