El Papa Francisco fue esta semana una utopía. Inmensa. Aunque pensándolo bien, fue una utopía real. Un verdadero oxímoron. Quizá no sea la primera vez que este hombre genere contradicciones. Desde esta misma columna criticamos su intromisión en las bendiciones implícitas a nombramientos de jueces supremos o su vidrioso gesto de enviar rosarios a algunos detenidos sí y a otros no.

Sin embargo, que ayer mismo el jefe de la Iglesia Católica haya subido a su avión papal a 12 refugiados sirios en la isla de Lesbos para acogerlos en Roma, a su cargo, no admite discusiones. Es un paso, real, físico, concreto, en el camino hacia la utopía de ser solidarios. De ser menos injustos. De otorgar el derecho de ser a los que no lo tienen.

¿Alguien se acuerda de Aylan Kurdi? ¿Alguien preguntó en estos días por la vida de Adbullah Kurdi? Te lo pregunto a vos que estás leyendo esto. ¿Recordás quiénes son? Hace apenas 6 meses el mundo se desgarraba las vestiduras y agotaba adjetivos para condolerse por una criatura ahogada en las playas turcas de Bodrum cuando intentaba escapar de su país en un bote maltrecho. El planeta justificaba semejante imagen (innecesaria salvo para el apetito malsano) porque a partir de entonces los refugiados iban a ser escuchados y ayudados. La vieja Europa pareció conmoverse y se prepararon centenas de discursos. Discursos propios del marqués de Lampedusa: cambiar algo para que no cambie nada. A lo sumo, campo de refugiados para sostener la crisis. No para resolverla.

Nada cambió. Salvo que Jorge Bergoglio siguió criticando la insensibilidad europea y no ahorró calificativos. Ayer, como en todo este tiempo,  dijo: “Ustedes, refugiados, no están solos. Hemos venido a extenderles la mano que el verdugo no les ha dado. No pierdan la esperanza. Venimos a implorar la solidaridad”. Y, sin más, después de las palabras, los hechos: 12 sirios, entre ellos 6 niños, ya duermen hoy en un convento vaticano, comen como seres humanos, tienen un horizonte difícil pero un horizonte al fin hacia donde caminar.

No soy católico. Ni siquiera creyente. Será por eso que no logro dejar de conmoverme con un hombre que no invoca lo sobrenatural para servir sino que entiende que la humanidad se salva, será mejor, si se da un paso, y luego otro y luego otro, hacia la utopía. Pasos terrenales. Sobre el polvo mundano. Y hoy, ese primer paso tiene nombre, apellido y futuro de una, más otra, más otras y así 12 personas  de carne y hueso, irrepetibles,  que no saben de Fernando Birri ni de Eduardo Galeano pero palpitan en su mismo deseo.

¿Importa políticamente, desde lo público, que el jefe de la Iglesia haya dejado claro que sus simpatías terrenales están con el kirchnerismo? ¿O, al menos, que no se encuentran cerca de los globos amarillos argentinos? Porque, dejémonos de eufemismos:  si no alcanzan los tres largos encuentros en poco tiempo con la doctora Fernández, más propios desde la gestualidad de una cena de amigos que del saludo de dos jefes de Estado, si no basta con que el Papa Bergoglio haya respaldado la nominación de Roberto Carlés -quien  no reunía los requisitos más elementales de experiencia- como juez a la Corte Suprema, si no es suficiente el rosario a Milagro Sala y que su Santidad no fije fecha para visitar al país luego del resultado de las elecciones del año pasado, habrá que recurrir -para probar esa evidente simpatía papal hacia los K- al relato que este cronista escuchó de un ex titular del poder ejecutivo nacional y un ex ministro de otro gobierno que oyeron de boca del ex arzobispo de Buenos Aires el “cuiden a Cristina” cuando lo visitaron en Santa Marta.

La diplomacia vaticana es la más experimentada y sutil de las que hoy existen. La gestualidad vale más que un discurso. Los 22 minutos escuetos con el presidente Mauricio Macri, su ausencia de otro tono que no fuese el de manual en todo momento -un integrante de la comitiva recurrió a un oxímoron para describirlo: “daba calor la frialdad de ese encuentro”-, son tan poderosos como un mensaje abierto.

¿Importa, vuelve a aparecer la pregunta, si el Papa es K? Desde lo religioso, quizá sí. El hombre desairado mientras ocupaba la Catedral porteña puso su otra mejilla y eso es cristiano. Perdona a pecadores, ofensores e incluso a corruptos que no dudaron en usar la violencia bajo la excusa de la ayuda social. Eso es el hijo de Dios, dicen los que tienen fe. El confesor de quien  es la vicepresidente de la Nación y confidente de tantos que hoy son funcionarios mantiene el deseo del Evangelio: el pastor señala sus preocupaciones por los más pobres y disiente con el inicio de un gobierno y eso es cristino.  Allí, sí, importa. Y lo escribe un no creyente. Es el espacio de la fe que ilumina u oscurece el pensar de quien pertenece a la iglesia.

Políticamente, en cambio, la importancia es relativa. La Argentina es una república laica. Con enorme e invalorable tradición católica. Pero a la hora de ser pensada desde la organización política que regula la convivencia social, no es una teocracia. Macri y Cristina saludaron a un jefe de Estado. De enorme predicamento en el mundo cuando habla de la pobreza, de la solidaridad y de la bondad y conmueve mostrando cambios que hoy lo llevan, por ejemplo, a no juzgar a un homosexual y no a condenar el matrimonio igualitario como obra del demonio, o cuando, otro ejemplo, representa a muchos en su enojo por un muro anti-inmigrantes en los Estados Unidos tan inhumano como el maltrato de gobernadores de estas pampas que expulsaron pobres o indígenas.

Pero el encuentro de un Presidente fue, nada más, que con un jefe de Estado. Con un hombre de carne y hueso, de contradicciones, aciertos y errores. El Pontífice allí opina y gesticula como ser humano y no como pastor de Dios. Un terreno  en donde el don de la infalibilidad no aplica.

Porque no hace falta una ley para hacerlo. El 90 por ciento de los países que tienen debate no tienen ley que los obligue. Hay un imperativo moral sobre cada candidato que siente que sus mandantes (porque, por las dudas, los candidatos y los eventuales funcionarios son mandatarios y no mandantes de la ciudadanía) tienen sí el derecho a saber de qué se trata. Además: a los puristas de la ley, desde el primer semestre de este año hay un proyecto impulsado por la diputada Carla Carrizo con despacho de una comisión que duerme el sueño de los injustos por expresa decisión de los que poseen mayorías.

Porque hay reglas claras y acordadas entre todos. Hace un mes, los 6 equipos de prensa de los presidenciables firmaron las normas de etiqueta del debate suscriptas minuciosamente en 27 páginas que obran en poder de Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Nicolás del Caño en la que asumieron implícitamente estar esta noche en el debate. Desde los romanos para acá, los contratos se firman para ser cumplidos. Y esto es otra obviedad que no merece más explicaciones.

Porque las reglas son muy “protectoras” de los candidatos y de sus temores. El debate fue pensado para que las exposiciones fueran individuales, libres, sin interrupciones libres de los candidatos y los moderadores que pudieran propiciar un contrapunto como ocurre en la vida misma. Ellos hablarán y, de antemano, sabrán quién le preguntará sobre este tópico.  Este cronista se opuso a tal tabulación pero “Argentina debate” propició ceder cierta libertad de debate en pos de un bien mayor que es conseguir dar el primer paso en un, esperemos, largo camino de debate democrático para las futuras generaciones. Todos aceptamos. Al menos, todos los que esta noche concurran.

Porque un debate es una situación de “stress político” muy menor comparado con el ejercicio de la administración de la nación. Y ya se sabe que, otra vez los romanos, quien puede lo más, puede lo menos. A la inversa, por la negativa, también conjuga.

Porque se quiso un debate transparente, público y diverso. Se convocaron a periodistas de todos los medios (y claro, que en una selección de seis la injusticia de un número tan limitado se pudo haber dado respecto de tantos otros comunicadores talentosos y con méritos) y se puso a disposición la señal gratuita para todos y todas. Las emisoras que no estén será por decisión propia (inexplicable que la Televisión Pública se haya retirado cuando un candidato anunció que no participaría) y algunos periodistas tampoco asistirán por decisión de los medios en donde trabajan, aun cuando hubiesen querido hacerlo

Por eso es que sí al evento presidencial convocado hace más de un año por “Argentina debate”. Hoy a las 21, en la respetada Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, transmitido por América TV en televisión abierta e Infobae por streaming, entre otros, para ver, escuchar, conocer, saber, dudar, considerar y, sobre todo, entendernos respetados por los que antes de asumir el poder nos dicen qué saben y cómo piensan hacerlo.

Es que la ley dejó de funcionar el jueves pasado en el territorio de la bombonera, suspendida por el disparate de hecho y de derecho que se vivió por 4 horas, con efecto expansivo hasta ahora.

Un energúmeno “dispara” un gas pimienta diseñado en su casa, preparado como conocían pocos (ahora lo sabemos todos porque, ¡gracias TV!, en cuanto programa hubo enseñaron a revolver granos de cayena, alcohol y lo que sea para armarlo) y pone en riesgo la salud de los jugadores de River. Nadie lo detiene cuando perfora la manga. Nadie lo detiene cuando ya lo había hecho ni cuando largó el irritante. Nadie lo detiene cuando se escapaba y, por supuesto, nadie creyó que la ley argentina debía aplicarse ante una tentativa de lesiones (al menos) y suspender ese espectáculo público por fuerza de agallas de algún fiscal o juez competente en la calle. Fue patético ver la renuncia a ser un Estado en serio al negarse a hacer cumplir la ley y esperar que el señor gordito de traje azul se comunicara con el presidente de la Conmebol para ver qué hacíamos. Cual territorio de las embajadas extranjeras, la Bombonera pasó a ser patrimonio de la Confederación Sudamericana en donde sólo rige la ley del negocio del fútbol y queda sin efecto el código penal argentino. ¿Funcionarios argentinos? Autores, por omisión, de tremendo disparate.

Papelón consumado, se esperaba una sanción ejemplar ante lo ocurrido. Fumando, esperen. Boca pagará el valor de un tres ambiente, cerrará las puertas en un par de eventos y nada de ser quitado de las competencias internacionales, no vaya a ser cosa que el espectáculo no pueda seguir.

Uno sabe que la impunidad existe. Pero la combinación con la grosería y la desvergüenza era inédita hasta que anoche estos tipos que dicen son los que dirigen este maravilloso deporte considerado como la sublimación de la guerra se transformaron en primitivos apologistas de la violencia, mercenarios con precio de doscientos mil dólares, cueste lo que cueste. Así sea que cueste la perdida de la vida humana.

Derecho, tiene. Es obvio. No sólo porque lo que no está prohibido está permitido -la ley electoral de la Capital no se lo impide- sino porque al jefe de Gobierno le comprenden las generales de la ley al ser considerado igual al resto de sus conciudadanos con derecho a opinar. Además, ocho años de gestión le permiten ser testigo privilegiado de cómo y quién administra.

Ahora: ¿está bien que Macri haya laudado a favor de Larreta? “No es justo, me entristece, provoca desigualdad”, dijo la contrincante Michetti. Y, parece, tiene razón.  De movida, no hacía falta que el jefe de Gobierno hiciera explícito lo que ya venía sugiriendo sottovoce (por ser delicados). Se sabe y se supo siempre que “Mauricio” cree que “Horacio” le garantiza la continuidad  de su modelo (sic) y que estima en su jefe de gabinete el haber estado a su lado cada vez que se tomaron medidas propias de la gestión. Costado ejecutivo puro, podría definirse.  “Gabriela” fue su compañera de fórmula hace 8 años, renunció a la vice jefatura para consolidar el poder del PRO en la lista de diputados, se paseó en la Provincia cuando se la pensaba como candidata a gobernadora y lo respaldó en todo el país con su cada vez que hubo necesidad de carisma personal que cubriese esa falta en su líder partidario. Construcción política pura, por volver a las definiciones gráficas.

Y en esta inteligencia (probablemente injusta por el reduccionismo) uno es el ejercicio del poder diario y la otra la filosofía del partido.  Se optó por lo primero.

¿Cuánto influye la venia de Mauricio? Hasta hoy es una incógnita. Sólo a develar en los comicios del 26 de abril en donde no sólo competirán dos candidatos sino dos modos de pensar la política.  El dedo de Macri no es más que una expresión bien peronista de la verticalidad partidaria promulgada por “el General”. Paréntesis: no mintió Macri cuando dijo que compartía las verdades del PJ: el acatamiento sin chistar de lo que dice el líder es una de ellas.  Si los dirigentes no creen en el derecho de los ciudadanos a elegir en las internas partidarias (eso son las PASO) y “empujan”, dentro de la ley pero fuera de la igualdad hacia un candidato, tienen todavía el escollo de la decisión popular.

El dedo elector no es más que un síntoma del caudillismo político argentino que se dice combatir desde las nuevas expresiones políticas como el PRO. La diferencia, se estima, es que en el caso que la decisión personal del líder no sea la acertada, el resultados de las urnas de las primarias puede ser un límite democrático a la voluntad de quien quiere inclinar la cancha. Si la elección anticipada del caudillo es buena, quedará ratificada en  las urnas.

En suma: nos pinta como sociedad conocer si una bendición desde la cúspide del poder aún pesa a la hora de saber que, cuando se vota, somos los dueños laicos de la decisión tomada por convicciones y valoraciones personales y no por manifestaciones del “faro conductor”. Le guste a quien le guste.

Démosle un marco histórico y jurídico a la cosa. Hay 8 iraníes acusados de haber hecho volar la AMIA. Algunos con rango de secretarios de Estado de esa república islámica. Por 20 años (¡20 años!) ese país se negó sistemáticamente a colaborar con la investigación permitiendo que los acusados se defendieran. De repente, contradiciendo su posición propia, la Argentina decide confiar en esos incumplidores y ausentes de colaboración pergeñando una “Comisión de la Verdad” que, por encima del juez de la causa, permitiese, dirigiese y encausase (sic) las declaraciones de los acusados de dinamitar la mutual. Y para más seguridad (otra vez sic), los interrogatorios se harían en suelo iraní bajo la mirada atenta del mismo Estado que por dos décadas esquivó la justicia nacional. Eso es, a trazos torpes, el corazón del Memorándum de entendimiento

¿Hace falta más que el sentido común para sospechar de semejante acuerdo? La Cámara de Apelaciones vio en él un atropello constitucional y lo suspendió ¿Hay que ser una lumbrera para intuir, al menos, que esa aberración jurídica puede haber torpeza o dolo interesado en la gestación de un acuerdo liminarmente extraño?

El fiscal Pollicita apela porque no entiende varias cosas. No cree que el Memorándum sin validez no haya configurado tentativa. Estima que las miles de escuchan merecen el análisis judicial, cuanto menos. Y, además, estima que el juez Rafecas da por probado de manera injusta que la Argentina nunca pidió el levantamiento de las alertas rojas sobre los iraníes. ¿Con qué pruebas? Con un e mail privado del director de Interpol Robert Noble al canciller Timerman y con dos entrevistas periodísticas del mismo ministro de Relaciones Exteriores a Página/12 y a The Wall Street Journal. Y punto.

 ¿En serio un juez no cree necesario ni una testimonial del mismo Noble que ratifique eso y le alcanza con el mail particular? ¿Es riguroso en materia probatoria basarse en ese correo electrónico? ¿Dos entrevistas brindadas en un par de periódicos le alcanzan el magistrado y no estima pertinente que esos dichos sean ratificados por sus protagonistas ante su estrado? Quien no sea abogado podrá creer que no hay por qué ser desconfiado. Quien es juez sabe que un documento privado no tiene relevancia en el proceso si no se incorpora legalmente, con testimomiales o reconocimiento de documental. Derecho procesal I, de la Facultad de Leyes.

Por fin, el juez toma nota de dos documentos jamás presentados por Alberto Nisman en ningún proceso y rescatados de una caja de seguridad privada (dice privada) que parecen contradecir su abundante denuncia firmada de puño y letra, en plenas facultades de libertad y voluntariamente lanzadas a la maquinaria judicial. Por si hay dudas: se pretenden cotejar dos documentos jamás puestos a la luz pública con deliberación y claridad por un procurador con una larga denuncia sí hecha pública con la misma deliberación y claridad por el doctor Nisman. Es como cotejar un deseo, un devaneo intelectual con una concreción fáctica, un hecho exteriorizado.

Este es el mismo argumento que le valió a la Presidente de la Nación para lanzar desde su investidura y de su monólogo ante la Asamblea Legislativa su teoría de “Nisman versus Nisman”. Alcanzaría aquí decir que resulta impropio e indecoroso (cuanto menos) preguntarse públicamente cuál Nisman es que el vale: si el de las notas guardadas en la caja fuerte o el de la firma y presentación pública hecha ante el juez. Porque Nisman no puede contestar ni defenderse hoy por razones obvias. Porque murió.

Sin embargo, con la apelación de Pollicita la teoría presidencial del fiscal contra sí mismo cae. Se derrumba. La doctora Kirchner no tuvo frente a sí (¿no se lo contaron completo? ¿ella lo omitió?) el total de la nota que la secretaria letrada y personal de Nisman acompañó ante el juzgado de Rafecas. La doctora Soledad Castro le dijo al juez que “…según su criterio (el de Nisman) estos documentos aún se hallaban defasados dado que se había modificado sustancialmente su convicción respecto de un conjunto de presunciones y conclusiones contenidas en esos textos, por lo que entendía necesario corregir una vez más su letra, para que ésta plasme su entera y actual convicción. Así lo explicitó el Dr. Nisman a sus Secretarios Letrados y a quien suscribe”

El texto que la Presidente no conoció -u olvidó citar- y que el juez Rafecas ignoró (no hay dudas) dice: Nisman escribió aquellos documentos pero a mí (cuenta la doctora Castro) me dijo que estaban desfasados por las circunstancias de la firma del Memorando y que, por ende, habían sido corregidos. Ergo: los de la caja privada, carecen de valor.

Siguiendo esta lógica perversa de interpretar deseos de alguien que ya no está entre nosotros, podríamos inquirir a los que sí viven y denuncian conspiraciones: ¿La Presidente no leyó completo el escrito de la secretaria de Nisman que explica que no hubo cambio de opinión sino decisión de inclinarse por una denuncia por presunto encubrimiento ante lo ocurrido? ¿Hay una doctora Kirchner que no recibió el texto completo versus una doctora Kirchner que aún a sabiendas forzó su interpretación? ¿Y el juez? El juez que sí sabía. ¿Por qué no lo refirió en su escrito?

Aunque para ser rigurosos la única pregunta que cabe es la de saber cómo murió Alberto Nisman en el edificio Le Parc y, a 50 días, apenas hay dudas y demasiado barro político propio del egoísmo.  Para saberlo hay que investigar en la justicia, con rigurosidad siempre y sin voluntad sumaria de archivar. Respetar un fallo de un juez, siempre. Apelarlo y seguir pidiendo el derecho a saber, también.

La investigación judicial dolosamente ensuciada por 20 años, el entorpecimiento abierto de la teocracia iraní para darle escondite a los imputados, la firma de un tratado que pactó con esa misma nación que se rió de la Justicia argentina creando un órgano violatorio de los jueces naturales para “cuidar” a los iraníes que jamás declararon (amén de ser el gobierno que, con ejercer una sutil memoria y verdad, se descubre que lapida mujeres supuestamente infieles, tortura homosexuales o destierra a opositores entre sus “derechos humanos”), son estrategias de impunidad que, cuando se desafía ilegalmente a las instituciones, suelen terminar con hechos de muerte. Nisman es el ejemplo. Nisman es la consecuencia de pactar de esa forma.

Nuestro país está mucho más pobre desde lo institucional. Mucho. No sólo por la muerte de un fiscal que pronto se intentará amortiguar sumándola a la perversidad de las estadísticas, sino por la reacción ante ella.

Es inadmisible que la titular del Poder Ejecutivo haya dictaminado por carta que el caso es un suicidio. La división de los poderes todavía existe en la república y no hace falta haber cursado Derecho para saberlo. En Instrucción Cívica, los de nuestra generación, lo aprendimos. ¿Quién dijo que Nisman se suicidó? Anoche, cuando se conoció la epístola de la Presidente (hoy día, una metáfora anacrónica más propia del modo de expresión de los que sumaban el poder público hace 6 o 7 siglos) apenas había una expresión periodística arrancada en la vereda a la fiscal de la causa que aseguraba que no parecía haber habido otra persona en el departamento del fiscal. ¿Desde cuándo una declaración semejante cierra una causa? ¿Quién dijo que un parecer del Ministerio Público es sentencia? En una república, se insiste, la causa de la muerte se determina luego de un amplio plexo de pruebas (y más en este caso de gravedad institucional) por sentencia de un juez.

Esto debería saberlo quien no sólo sentenció (sic) suicidio en abierta intromisión de poderes sino que especuló con instigaciones mafiosas (¿nunca antes las supo y tampoco las denunció?). ¿Y ahora que no apareció pólvora en las manos de Nisman? ¿Piensa el Ejecutivo, algún diputado oficialista u opositor o algún “opinador” cambiar diametralmente la sentencia y sus argumentos? ¿Nadie cree que hay que esperar el resto de las pruebas científicas, el cotejo de cámaras de seguridad, el padrón de inquilinos recientes y permanentes del mismo edificio de Puerto Madero, la decodificación del sistema de apertura de puertas de la vivienda y tantas otras pruebas más que permitan a un juez (no a un mezquino político que piensa más en octubre de 2015 que en este trágico enero) saber qué ocurrió?

Lo mismo de una de las cúspides del otro poder del Estado y la jefe del bloque de diputados del oficialismo que repitieron 9 veces en 10 minutos (no hay metáfora) “la trágica decisión”, “el sector mafioso” y “el corte de las vacaciones de Alberto Nisman”. Julián Dominguez y Juliana Di Tullio no merecían, dada su trayectoria y capacidad intelectual, haberse sometido a ese recitado pueril, casi ofensivo, a la hora de resaltar el calendario turístico. Anoche, hoy mismo, sólo deberían haber expresado dolor por la muerte, análisis de conciencia por haber defendido como un “River- Boca” el memorándum y deseo republicano de que la Justicia dictamine antes de querer imponer hipótesis personales sin fundamento.

Es cierto que parte de la oposición (y, cómo no, de nosotros los periodistas) tampoco entendimos la tragedia y algunos especularon jugando a poner grietas entre el oficialismo que cree en el suicidio y la oposición en el homicidio. Si hasta da escalofríos y vergüenza escribir semejante disparate. Pero muchos actuaron de esa forma. ¿Cómo sabe, por ejemplo, Elisa Carrió, que a Nisman lo mataron como “señal mafiosa”?

Murió el fiscal que sostuvo una hipótesis de gravedad institucional a la hora de desentrañar el mayor atentado de la historia argentina. No es hora de repartir opiniones o pareceres (“a mí me parece que no puede ser”, “No opino que luciera como un suicida” y tanto más). Por eso, fue muy digno lo dicho por la ex esposa del fiscal respecto de no hacer conjeturas. Eso podría reservarse para el ciudadano corriente sin responsabilidad institucional o pública. Se trata, esencialmente, de saber qué pasó en ese piso 13 (porque hoy, por las dudas, no se sabe si hubo suicidio, instigación u homicidio) con seriedad y rigurosidad de Estado, sin intromisiones de los otros poderes, sin invocaciones permanentes y aburridoras a casos de la historia personal de los que hoy ocupan ese poder y sin jugar al “chiquitaje” del aprovechamiento político.

Hay un fiscal muerto luego de un acto del Estado que cerró un acuerdo con Irán que no surtió otro efecto (sic) que esa muerte. Hay un juez que en 10 días deberá analizar las 350 fojas firmadas por Alberto Nisman a quien hay que defender institucionalmente. Hay un país que transita con peligro la delgada línea que separa el Estado de Derecho de las autocracias en donde una muerte del que piensa distinto puede quedar impune.

El 13 de noviembre se reclamó por sus derechos y en menos de 20 días hábiles la causa recorrió un juzgado de faltas, un juzgado de primera instancia y la Cámara de Casación penal. ¿Vieron que no es cierto que la justicia es lenta? Al menos con Sandra, la orangutana. No hay error: la sala integrada por los doctores Slokar, David y Ledesma resolvió el caso de una orangutana en un mes.

Me considero cercano a los ideales de las organizaciones animalistas. Creo en los derechos de los animales. Maldigo, por sólo dar algunos ejemplos, a los organizadores de riñas de gallos, carreras de galgos y, por supuesto, no creo que  la cultura ancestral justifique las corridas de toros. Creo, como dijo Albert Schwitzer, que no tengo claro si los animales pueden o no pensar. Sé que pueden sentir y por eso los considero mi prójimo. Pero, a la par, creo que si el órgano máximo de la interpretación judicial de la ley penal debe ocuparse de manera sumarísima de resolver el estado de una orangutana, la línea de las prioridades en nuestro país está totalmente quebrada.

Hay jueces que creen que los presos condenados por homicidios o robos deben tener derecho a aguinaldo, vacaciones y antigüedad. Se trata ¿casualmente? de los mismos doctores Slokar, Daniv y Ledesma, autores del leading case mundial de la simia declarada persona no humana.  Hay legisladores que creen que ya mismo hay que garantizar un cupo de empleos públicos para travestis o transgéneros. Estos ejemplos tomados al azar de tantos similares conforman un “relato” de lo que piensa el poder ocupado por representantes de un pueblo bastante alejado de la realidad de la mayoría de los ciudadanos de a pie.

¿Alguien duda que una travesti merece mejor opción que prostituirse? ¿Alguno sospecha que no son una minoría discriminada? Ahora bien: ¿qué hay para decir de la inmensa minoría (sic) de hombres y mujeres de 40 y 50 años expulsados del mercado laboral que no pueden reinsertarse porque son “viejos”? ¿No hay cupos para ellos? ¿No hay urgencia para ellos?

Un preso debe trabajar y cobrar por esa actividad. Pero ¿hay que equipararlos con el trabajador que en libertad intenta dignamente llevar el pan a su mesa sin transgredir la ley penal? ¿Es lo mismo recibir sentencia condenatoria que no haber pasado jamás por una comisaría? Claro que no lo es. Salvo que se imponga el autoritario tenor del “igualitarismo” demagógico de querer igualar lo que es desigual con el sólo efecto de hablarle a la tribuna con apetito de populismo dialéctico.

Por fin, da pena lindante con la bronca saber que un simio ha sido explotado por 29 años lucrando con un dinero nacido a base de la crueldad animal. Pero creer que como prioridad la Cámara de Casación debe ocuparse de forma exprés -como no lo hace en casos de eternas esperas de sentencia reparadoras para familias víctimas del delito y de procesados eternos sin derecho a la inocencia o a la culpabilidad- es casi una afrenta. Es una decisión que nace de una ceguera judicial por poner prioridad sobre lo que se espera de ellos o de un delirante egocentrismo de quien tiene resuelta sus necesidades elementales (sueldo glorioso sin impuesto a las ganancias, custodia, trabajo asegurado por la estabilidad, etc.) y juega con onanismo intelectual para generar construcciones jurídicas que se estampen en libros escandinavos escritas desde una realidad argentina dolosamente ignorada.

La orangutana no tiene que estar presa de la maldad humana. Para eso hay un intendente de la ciudad que, como titular del poder ejecutivo, debe ejecutar el arte de gobernar. No hace falta que el órgano máximo de la justicia penal ocupe su tiempo en ello.

Se trata de priorizar. Poner lo importante, lo urgente, sobre lo que no lo es. Con los presos, con las travestis y con la orangutana que, de paso, espero me recomiende a su abogado.

Hoy, hasta en los países más progresistas (en serio) como los escandinavos, la condena por determinados delitos cometidos por no nacionales importa la expulsión.  Con particularidades técnicas que no vale la pena abordar aquí, la figura ya existe en nuestra ley 25871.

El debate reactivado por el nuevo proyecto de código procesal penal parece, sin embargo, una cortina de humo que no ataca el problema de fondo. Si se sigue discutiendo en esta superficie o se esconde el intento de distraer o el deseo xenófobo de creer que el infiero delictual argentino es sólo ajeno. 

El discurso de la Presidente de la Nación fue mucho más espectacular que la letra de lo que ella misma firmó para ser remitido al Congreso. Gajes de la política. No existe la chance legal (hay garantías constitucionales, hay tratados internacionales suscriptos) de expulsar a un extranjero de manera “express” ni aún en el caso de flagrancia. Eso no está así en el proyecto. Porque no se puede (la flagrancia  requiere de un proceso de juzgamiento y un pedido del imputado en ese sentido dejando la posibilidad, no la obligación, al juez de hacerlo) y porque está impedido por las leyes supranacionales incorporadas por las Constitución de 1994. En resumen: Se echará al extranjero delincuente si tiene residencia irregular, si se lo encuentra con las manos en la masa, si invoca el derecho a ser expulsado y, por fin, si al juez le parece razonable.

Además, sería bueno dejar de hablar para la tribuna. Supongamos que se extraña a la totalidad de extranjeros delincuentes. ¿Se terminó el delito? ¿Quién controla el reingreso por las porosas fronteras de nuestro país que nunca terminan de ser radarizadas? Si, como dicen desde el Ministerio de Seguridad, los extranjeros eligen venir a delinquir porque saben de la laxitud legal argentina, ¿no evaluarán ahora delinquir, pedir ser expulsados y volver a ingresar por los miles de agujeros negros de las fronteras para seguir en la actividad ilícita?

Los delitos argentinos, lamentablemente, son perpetrados por ciudadanos argentinos. No hay extrañamiento para vicepresidentes acusados por corrupción, ni para lavadores vernáculos de dineros que monopolizan obra pública en el sur, ni para narcotraficantes criollos que se asocian a los que traen la expertise desde el exterior.

Poner sólo el foco en los extranjeros es gatopardismo para que nada cambie o encubierto germen de creernos derechos y humanos, líderes de la moralidad mundial. Grave en cualquier caso

Campagnoli, por default y no por un acto de voluntad ajustado a derecho, es inocente. O no culpable. De esta situación disparatada sí hay una responsable: la jefe de todos los fiscales, Alejandra Gils Carbó. La misma que arremetió contra él con terquedad (¿y rencor personal?) y hoy, con un fracaso estrepitoso, impidió que se produzca un pronunciamiento fundado sobre el tema que, se sabe, iba a absolver a Campagnoli. Antes que verse perdidosa, la máxima representante del pueblo que se sienta en la jefatura de los fiscales prefirió hacer caer la causa por el paso del tiempo.  Triste. Van a argüirse cuestiones de forma, renuncias de una integrante del jury, plazos que involuntariamente se complicaron. La verdad politica, es otra.

¿Va a pedir disculpas la doctora Gils Carbó? ¿Va a explicar cómo fue posible que impulsara de manera express un jury contra un fiscal que investigaba, por ejemplo, si Lázaro Baéz lavaba dinero con la complicidad del poder? ¿Nos dirá si no siente que hubo ensañamiento con el fiscal cuando pidió que durante el proceso, aún con la presunción de inocencia consagrada desde los romanos, se le quitara el sueldo a Campagnoli? Debería. Y, siguiendo su lógica, podría también pedir el descuento de su propio sueldo por los días de su trabajo dedicados a un proceso que, desde el comienzo, lucía antojadizo.

Gils Carbó acusó al fiscal de excederse en sus funciones de investigar (sic), de transgredir reglas formales de competencia (el fondo del presunto lavado de dinero, se ve, no le interesó) y de perturbar la confidencialidad de la investigación (lo que importa es que no se sepa públicamente si hay delitos para ella, no que existan). Algunos otros denostaron al fiscal asegurando que había confeccionado un listado de fotos de presuntos delincuentes para “estigmatizarlos” comparándolo con un moderno Cesar Lombroso que andaba por la vida deteniendo gente por cara “rara”.  Nada de eso se probó. Nada. Es más. Un integrante de ese jury de enjuiciamiento confiesa hoy en privado que pocas veces vio tanta superficialidad en la acusación y en su sustento probatorio.

¿Y entonces? ¿No va a pasar nada? ¿Campagnoli queda exento por el paso del tiempo y ya está? ¿Se puede acusar a alguien apuntando todos los cañones del Estado y, de repente, decir aquí no ha pasado nada? ¿Esta es la renovación de la “corporación judicial” que propone la Procuradora? ¿Esto es un modo de justicia legítima?

Uno puede equivocarse ejerciendo el derecho como sucede en todo ámbito de la vida. Hasta puede entenderse cierto ensañamiento y alevosía en el error. Pero verificado ese yerro con la realidad, lo único que le cabe a una persona de bien es pedir disculpas. Hoy vence el plazo del jury contra José María Campagnoli. Hoy, en cambio, empieza el de la doctora Gils Carbó para pedir disculpas y para exigir con todo empeño que aclaren si Lázaro Baez, Elaskar, Fariña y compañía merecen la sanción del código penal. Seguro que lo hará. ¿No?