Desde el “linchamiento mediático” esgrimido por el jefe de gabinete Jorge Capitanich (no queda claro en qué medio trabaja el fiscal Jorge di Lello) hasta la renuncia ipso facto exigida por Elisa Carrió, el abanico de propuestas escuchadas en las últimas 48 horas ante el pedido para que el vicepresidente sea indagado ha sido enorme.

Jurídicamente, ¿Boudou debería renunciar? La respuesta es no. En algo habrá que coincidir con el secretario coordinador cuando en su “Aló ministro” diario reclama la presunción de inocencia. Hasta ahora hay sólo un fiscal que le pide a un juez que se lo llame a indagatoria, o sea, que se le impute formalmente un delito y se le dé la chance de defenderse. Eso es la indagatoria: el acto material de defensa. Se está lejos de un procesamiento y aún más de una eventual condena.

¿Alcanzan los profusos y fundados indicios que se han mostrado desde el periodismo para configurar una acción incompatible con su función pública? Claro que no. En una República las investigaciones y sanciones se desarrollan en los tribunales. ¿Qué deberían ser más expeditivos? Claro. ¿Qué deberían tener el coraje de desarrollarse aún contra funcionarios mientras están en el poder y no cuando han caído en el olvido de sus mandatos? También. Pero siempre en la justicia. De paso: gloria y reconocimiento a Jorge Asís que desde hace años y años relató minuciosamente el caso Ciccone desde su portal de noticias aún en soledad cuando muchos otros creían que la presencia eterna de algunos gobernantes.

Políticamente, ¿debe renunciar? Aquí el análisis es otro y bien distinto. La pregunta hay que hacérsela fundamentalmente a quien propició su llegada a la vicepresidencia. Fue Cristina Kirchner quien lo ungió con su exclusiva mano como su compañero de fórmula exagerando hasta el suspenso la decisión entre él, Daniel Filmus y Carlos Tomada que compartieron la terna de los postulados, también, por ella misma. ¿Le molesta a la primera mandataria este pedido judicial con el primer hombre en la historia constitucional argentina que desempeñando ese cargo puede verse sometido a investigación penal? Linchamiento mediático fue el texto del jefe de gabinete que luce como acuñado en la residencia de Olivos más que en el despacho ministerial.

¿Y qué alternativas tiene Boudou? Tiene la opción de abroquelarse en la formalidad de la ley y ganar tiempo o reflexionar a la luz del filósofo alemán. Aquí, puede plantearse si su actitud puede ser utilizada como ley universal. O, al menos, como ley en la política argentina. ¿Ayuda a mejorar la calidad institucional, emblema programático de la gestión de Cristina Kirchner cuando ganó en su primer turno electoral, que pesen sobre él sospechas fundadas de un ilícito grave en un cargo público? No hay reproche jurídico sobre su inocencia. Al menos, todavía. ¿Pesa en algo el imperativo moral para la política argentina?

Algunos podrán decir que, por sólo citar un ejemplo, Mauricio Macri está procesado (aquí sí con sospecha fundada) por haber cometido un ilícito con las escuchas ilegales y se mantiene en su cargo. También es cierto. Para esto no hace falta recurrir a Kant y alcanza con citar al refranero popular. Mal de muchos sigue siendo aún consuelo de tontos.

A las 18,15, cuando íbamos a dar comienzo a la charla, el abogado Nicolás Rodríguez Saa irrumpió a viva voz acusando al juez de participar de un evento que, según él, era organizado por el grupo Clarín. “Me da vergüenza que usted esté aquí”, le gritó el profesional al doctor Lorenzetti. Después de algunos segundos, logramos calmarlo y las disertaciones fluyeron sin ningún otro inconveniente. Vale la pena aclarar que el multimedios tiene un convenio para una maestría con la Universidad pero que en la charla estaba totalmente ajeno. O sea, nada que ver. 

Ricardo Lorenzetti es el vértice más alto de la cúspide de un poder del Estado. Él en la justicia, Cristina Fernández de Kirchner en el Ejecutivo y Amado Boudou y Julián Domínguez en sus respectivas Cámaras legislativas completan el elenco de máximas autoridades. No creo cometer ninguna infidencia si digo que en el momento de los gritos de Rodríguez Saa el juez supremo me susurró por la bajo: “No hay problema, déjelo que se exprese. Tiene derecho. ¿Quién no ha gritado un poco en una asamblea o en una reunión?” Tampoco violo ningún secreto profesional si menciono que la siempre inteligente y talentosa María Bourdín nos había propuesto limitar las preguntas finales a los panelistas por razones de tiempo y que el propio Lorenzetti propuso extender el encuentro hasta que se agotaran las consultas sin importar lo que se preguntaba. Es más: ni quiso saber de antemano el temario. 

Podrá parecer un ejercicio normal el que un funcionario público, aún del rango de un ministro de la Corte, acepte ir a un auditorio público, conceda preguntas a los asistentes sin más requisito que estar allí sentados y responda sin prejuicios ideológicos o de su cargo. Pero no lo es. Y por eso, hay que remarcarlo ¿Alguien imagina a Amado Boudou en una charla semejante? Y, por qué no, ¿a la misma Presidente de la Nación yendo a cualquier seminario abierto al público y a las preguntas? Difícil, al menos en tierra argentina y con público nacional. 

“Hay jueces con paradigmas conservadores y progresistas. Nadie es neutral cuando falla y mucho menos aséptico. Pero en todos los casos hay que argumentar el porqué de nuestras sentencias. Y hay que explicarlas. A los abogados, fundamentando en términos técnicos. Y al público, de modo que se entienda”, dijo el Presidente de la Corte. ¿Tomarán nota algunos jueces y, especialmente, algunos fiscales que se refugian en el adagio monárquico de sólo hablar por sus sentencias? 

“No hay porqué sentirse ofendidos si los periodistas nos critican y por eso, no hay que evitar el contacto con ellos. Es cierto que 4 años es mucho tiempo pero estamos trabajando en profundidad y con seriedad sobre el caso de la ley de medios”, agregó en otro tramo sobre el tan meneado conflicto con el Grupo Clarín.  

Sin embargo, el momento de mayor profundidad se sintió cuando Ricardo Lorenzetti dijo que el único modo de rebatir un argumento es con otro argumento. “Mucho daño nos hemos hecho en la Argentina siendo militantes de verdades parciales que despreciaron la opinión de los otros. Y con mucha violencia”. “Hay que explicar, argumentar, en suma, hablar y escuchar”, insistió. 

Hablar y escuchar. Toda una revolución para muchos que creen que el poder es apenas declamar en forma de monólogo sin margen para contra argumentar. Para muchos que creen que disentir es la patria de los enemigos. Incluso para el abogado Rodríguez Saá que, nobleza obliga, al terminar la charla se disculpó con este moderador en forma personal por su interrupción. 

Rara tarde la de este crispado septiembre en donde un argumento pesó más que un grito y la exposición de ideas contrapuestas, más que un único relato. Mérito de los asistentes, de los convocantes y de los que, desde un cargo público, de servidores públicos de altísima jerarquía, honran el deber constitucional de dar cuenta de sus actos y entienden con sentido amplio lo que es peticionar a las autoridades como quiere el espíritu de la ley de 1853. Pura democracia.