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Schoklender, un graffiti y varios ñoquis

¿Por qué es progre estatizar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y no lo es reconocer que, si eso se concreta, pagaremos con nuestros impuestos la mala administración de Hebe de Bonafini y Sergio Shocklender?

¿Por qué está bien reclamar concursos de antecedentes y oposición para los empleados de la Justicia y no para el Parlamento?

¿Por qué se pone tanta firmeza para demandar al que pinta un graffiti en un tren nuevo y no se mueve ni un dedo para exigir que se devuelvan los miles de millones robados en la devastación ferroviaria de nuestro país?

Son apenas tres preguntas que intentan plantear el doble estándar en el análisis de la política argentina. Pero el cuestionario podría reproducirse por cien. Y no sólo vale para el gobierno de turno sino para buena parte de la clase dirigente argentina.

Mañana, salvo que no funcione la obediencia debida del bloque del FPV y sus aliados, los senadores nacionales levantarán la mano para hacer pasar al estado la Universidad fundada por Hebe de Bonafini y su asociación de Madres de Plaza de Mayo. Doble paradoja. Primero, esa universidad nació para pensar un programa de estudios que discutiese los “lineamientos hegemónicos de la universidad existentes”, según dijo su fundadora en un acto que recuerdo personalmente. No querían ser parte del Estado. No deseaban depender del “capricho estatal” en el diseño de las currículas. Y ahora aceptan (piden, es la verdad) pasar a ser tutelados por  ese mismo aparato hegemónico que dijeron combatir.

Además, si los legisladores obedientes del capricho presidencial así lo consagran, transferiremos al bolsillo de los contribuyentes unos 200 millones de pesos de pasivos fruto de la pésima e irregular administración que pasó por manos de la misma Bonafini, su entonces ahijado Sergio Shoklender y tantos más. ¿Por qué? ¿Estatizar pasivos no era una práctica de los 90? Parece que no.

Hijos y entenados: Como lo cuenta hoy Laura Serra en La Nación, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, firmó una resolución que incorpora a una docena de jóvenes a la planta permanente de la Secretaria Parlamentaria del cuerpo. Percibirán, también fruto de nuestros impuestos, un promedio de 22 mil pesos por mes con estabilidad de por vida. ¿Rindieron examen para demostrar aptitudes? No. ¿Tienen una larga trayectoria en la administración? Apenas dos años en su puesto. Sí se identifican con la organización la Cámpora. Nadie duda que la juventud se ha volcado masivamente a la política en esta década y que la Cámpora es una expresión de ello. Apenas una expresión. No la única. Pero da la impresión que sí tiene el monopolio de la llegada a los cargos públicos. Cristina Fernández lanzó  el año pasado, casi con furia, su deseo de transparentar la Justicia exigiendo por ley concursos para quienes aspiren a entrar a la Justicia. Buena idea. ¿Propondrá lo mismo para la Cámara manejada por su correligionario Domínguez? Si somos todos iguales ante la ley, trabajar en la Legislatura, en la Justicia o en el Poder Ejecutivo en cargos de carrera exige un examen de antecedentes y oposición.

El infierno graffitero: Por fin, el enojo del ministro Florencio Randazzo con los “graffiteros” que ensuciaron los vagones del Sarmiento se entiende. En nuestro país  nos hemos educado en el convencimiento que la cosa púbica no es de todos sino de nadie. Si algo es público no tiene dueño y nadie vela para cuidarlo. Así nos va. No está bien pintar vagones nuevos. Ni aún ante los ojos de los mismos que suelen viajar a Nueva York y saludan la creatividad de los artistas callejeros que dibujan los vagones de los subtes. De ahí a creer que el mal del sistema ferroviario argentino provenga de los graffitis hay un trecho inmenso. Si se va a demandar civilmente a los padres de los chicos pintores de prepo, sería bueno proponer iniciar demandas contra Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Carlos Menem (ramal que para, ramal que cierra) y pedirles a los padres tutores y encargados de tantos otros más que hirieron casi de muerte a un sistema nacional de transporte que hoy se intenta recuperar. ¿No?

La hipocresía no es más que un doble discurso acomodaticio para encubrir un deseo autoritario de hacer lo que nos parece según la época en la que tenemos poder. Eso supo decir un pensador de estas pampas. Y no pifió mucho.

Lorenzetti, un juez que no sólo habla por sus sentencias

El Centro de Información judicial (CIJ) y la Universidad de San Andrés realizaron ayer una jornada de discusión sobre Justicia y medios de comunicación. La directora del CIJ, María Bourdin, Magdalena Ruiz Guiñazú y el profesor Eduardo Zimmerman fueron los expositores. Sin embargo, la presencia del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, fue el gran atractivo de la tarde. Me tocó moderar ese encuentro pensado con participación abierta y gratuita en el auditorio. Reitero. Abierta y libre para quienes manifestaran interés previo. 

A las 18,15, cuando íbamos a dar comienzo a la charla, el abogado Nicolás Rodríguez Saa irrumpió a viva voz acusando al juez de participar de un evento que, según él, era organizado por el grupo Clarín. “Me da vergüenza que usted esté aquí”, le gritó el profesional al doctor Lorenzetti. Después de algunos segundos, logramos calmarlo y las disertaciones fluyeron sin ningún otro inconveniente. Vale la pena aclarar que el multimedios tiene un convenio para una maestría con la Universidad pero que en la charla estaba totalmente ajeno. O sea, nada que ver. 

Ricardo Lorenzetti es el vértice más alto de la cúspide de un poder del Estado. Él en la justicia, Cristina Fernández de Kirchner en el Ejecutivo y Amado Boudou y Julián Domínguez en sus respectivas Cámaras legislativas completan el elenco de máximas autoridades. No creo cometer ninguna infidencia si digo que en el momento de los gritos de Rodríguez Saa el juez supremo me susurró por la bajo: “No hay problema, déjelo que se exprese. Tiene derecho. ¿Quién no ha gritado un poco en una asamblea o en una reunión?” Tampoco violo ningún secreto profesional si menciono que la siempre inteligente y talentosa María Bourdín nos había propuesto limitar las preguntas finales a los panelistas por razones de tiempo y que el propio Lorenzetti propuso extender el encuentro hasta que se agotaran las consultas sin importar lo que se preguntaba. Es más: ni quiso saber de antemano el temario. 

Podrá parecer un ejercicio normal el que un funcionario público, aún del rango de un ministro de la Corte, acepte ir a un auditorio público, conceda preguntas a los asistentes sin más requisito que estar allí sentados y responda sin prejuicios ideológicos o de su cargo. Pero no lo es. Y por eso, hay que remarcarlo ¿Alguien imagina a Amado Boudou en una charla semejante? Y, por qué no, ¿a la misma Presidente de la Nación yendo a cualquier seminario abierto al público y a las preguntas? Difícil, al menos en tierra argentina y con público nacional. 

“Hay jueces con paradigmas conservadores y progresistas. Nadie es neutral cuando falla y mucho menos aséptico. Pero en todos los casos hay que argumentar el porqué de nuestras sentencias. Y hay que explicarlas. A los abogados, fundamentando en términos técnicos. Y al público, de modo que se entienda”, dijo el Presidente de la Corte. ¿Tomarán nota algunos jueces y, especialmente, algunos fiscales que se refugian en el adagio monárquico de sólo hablar por sus sentencias? 

“No hay porqué sentirse ofendidos si los periodistas nos critican y por eso, no hay que evitar el contacto con ellos. Es cierto que 4 años es mucho tiempo pero estamos trabajando en profundidad y con seriedad sobre el caso de la ley de medios”, agregó en otro tramo sobre el tan meneado conflicto con el Grupo Clarín.  

Sin embargo, el momento de mayor profundidad se sintió cuando Ricardo Lorenzetti dijo que el único modo de rebatir un argumento es con otro argumento. “Mucho daño nos hemos hecho en la Argentina siendo militantes de verdades parciales que despreciaron la opinión de los otros. Y con mucha violencia”. “Hay que explicar, argumentar, en suma, hablar y escuchar”, insistió. 

Hablar y escuchar. Toda una revolución para muchos que creen que el poder es apenas declamar en forma de monólogo sin margen para contra argumentar. Para muchos que creen que disentir es la patria de los enemigos. Incluso para el abogado Rodríguez Saá que, nobleza obliga, al terminar la charla se disculpó con este moderador en forma personal por su interrupción. 

Rara tarde la de este crispado septiembre en donde un argumento pesó más que un grito y la exposición de ideas contrapuestas, más que un único relato. Mérito de los asistentes, de los convocantes y de los que, desde un cargo público, de servidores públicos de altísima jerarquía, honran el deber constitucional de dar cuenta de sus actos y entienden con sentido amplio lo que es peticionar a las autoridades como quiere el espíritu de la ley de 1853. Pura democracia.