¿Por qué es progre estatizar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y no lo es reconocer que, si eso se concreta, pagaremos con nuestros impuestos la mala administración de Hebe de Bonafini y Sergio Shocklender?
¿Por qué está bien reclamar concursos de antecedentes y oposición para los empleados de la Justicia y no para el Parlamento?
¿Por qué se pone tanta firmeza para demandar al que pinta un graffiti en un tren nuevo y no se mueve ni un dedo para exigir que se devuelvan los miles de millones robados en la devastación ferroviaria de nuestro país?
Son apenas tres preguntas que intentan plantear el doble estándar en el análisis de la política argentina. Pero el cuestionario podría reproducirse por cien. Y no sólo vale para el gobierno de turno sino para buena parte de la clase dirigente argentina.
Mañana, salvo que no funcione la obediencia debida del bloque del FPV y sus aliados, los senadores nacionales levantarán la mano para hacer pasar al estado la Universidad fundada por Hebe de Bonafini y su asociación de Madres de Plaza de Mayo. Doble paradoja. Primero, esa universidad nació para pensar un programa de estudios que discutiese los “lineamientos hegemónicos de la universidad existentes”, según dijo su fundadora en un acto que recuerdo personalmente. No querían ser parte del Estado. No deseaban depender del “capricho estatal” en el diseño de las currículas. Y ahora aceptan (piden, es la verdad) pasar a ser tutelados por ese mismo aparato hegemónico que dijeron combatir.
Además, si los legisladores obedientes del capricho presidencial así lo consagran, transferiremos al bolsillo de los contribuyentes unos 200 millones de pesos de pasivos fruto de la pésima e irregular administración que pasó por manos de la misma Bonafini, su entonces ahijado Sergio Shoklender y tantos más. ¿Por qué? ¿Estatizar pasivos no era una práctica de los 90? Parece que no.
Hijos y entenados: Como lo cuenta hoy Laura Serra en La Nación, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, firmó una resolución que incorpora a una docena de jóvenes a la planta permanente de la Secretaria Parlamentaria del cuerpo. Percibirán, también fruto de nuestros impuestos, un promedio de 22 mil pesos por mes con estabilidad de por vida. ¿Rindieron examen para demostrar aptitudes? No. ¿Tienen una larga trayectoria en la administración? Apenas dos años en su puesto. Sí se identifican con la organización la Cámpora. Nadie duda que la juventud se ha volcado masivamente a la política en esta década y que la Cámpora es una expresión de ello. Apenas una expresión. No la única. Pero da la impresión que sí tiene el monopolio de la llegada a los cargos públicos. Cristina Fernández lanzó el año pasado, casi con furia, su deseo de transparentar la Justicia exigiendo por ley concursos para quienes aspiren a entrar a la Justicia. Buena idea. ¿Propondrá lo mismo para la Cámara manejada por su correligionario Domínguez? Si somos todos iguales ante la ley, trabajar en la Legislatura, en la Justicia o en el Poder Ejecutivo en cargos de carrera exige un examen de antecedentes y oposición.
El infierno graffitero: Por fin, el enojo del ministro Florencio Randazzo con los “graffiteros” que ensuciaron los vagones del Sarmiento se entiende. En nuestro país nos hemos educado en el convencimiento que la cosa púbica no es de todos sino de nadie. Si algo es público no tiene dueño y nadie vela para cuidarlo. Así nos va. No está bien pintar vagones nuevos. Ni aún ante los ojos de los mismos que suelen viajar a Nueva York y saludan la creatividad de los artistas callejeros que dibujan los vagones de los subtes. De ahí a creer que el mal del sistema ferroviario argentino provenga de los graffitis hay un trecho inmenso. Si se va a demandar civilmente a los padres de los chicos pintores de prepo, sería bueno proponer iniciar demandas contra Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Carlos Menem (ramal que para, ramal que cierra) y pedirles a los padres tutores y encargados de tantos otros más que hirieron casi de muerte a un sistema nacional de transporte que hoy se intenta recuperar. ¿No?
La hipocresía no es más que un doble discurso acomodaticio para encubrir un deseo autoritario de hacer lo que nos parece según la época en la que tenemos poder. Eso supo decir un pensador de estas pampas. Y no pifió mucho.