La causa por el acceso público al lago cuenta con el apoyo de nueve (9) presentaciones de amicus curiae, impulsadas por distintas organizaciones sociales que manifestaron su interés en la causa aduciendo una serie de derechos que no habían sido reconocidos por el Estado, dado que el lago se mantiene virtualmente “privatizado” para el acceso de los ciudadanos, salvo que medie una invitación o un recorrido programado por la empresa Hidden Lake S. A., perteneciente al millonario británico Joseph Lewis.

Amicus curiae, o “amigos del tribunal” es una institución del derecho clásico que en Río Negro se encuentra vigente a través de una ley específica. Son presentaciones que realizan terceros ajenos a una causa judicial que tengan un interés demostrable en la resolución final del litigio y quieran expresar sus opiniones para contribuir en el proceso judicial en marcha.

Las organizaciones que se han presentado hasta ahora son la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad de San Carlos de Bariloche, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, la Asociación Trabajadores de la Educación de la provincia de Neuquén (ATEN), la Central de Trabajadores de Río Negro (CTA), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asociación Alerta Angostura, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, la Asociación Civil Árbol de Pie de Bariloche y la Asociación por el Acceso a Costas de Ríos y Lagos Cristian González de San Martín de los Andes.

La causa lago Escondido es una causa ganada. En el año 2009, el Superior Tribunal de Justicia, en una sentencia ejemplar, ordenó al Estado rionegrino que garantizara el carácter público del acceso al lago y que habilitara, en un plazo de 120 días, el sendero de montaña de difícil acceso y también el camino de Tacuifí, que nace en el paraje El Foyel. Este último camino siempre fue, y sigue siendo, el camino visiblemente más corto, accesible a todos y que requiere menos esfuerzos presupuestarios para su habilitación. En el 2013, y ante el incumplimiento, otro fallo ordenó lo mismo en el término de 90 días. Pese a todo ello, el acceso sigue vedado para todos los ciudadanos.

La influencia ejercida por la empresa Hidden Lake S. A. sobre distintas gestiones gubernamentales —provinciales y locales— y todo tipo de ardides judiciales han permitido dilatar el cumplimiento efectivo de esa histórica sentencia; es el Estado provincial, en cada instancia, el responsable de la ejecución de las obras. Pese a todo esto, esta causa acompañada por muchas organizaciones sociales y asambleas sigue en pie y con muchos más apoyos.

En las últimas semanas, este reclamo emblemático y sentido para el pueblo ha cobrado mayor fuerza en la opinión pública debido a algunas situaciones que causan indignación.

El Presidente de la nación visitó, en Semana Santa, la Estancia Lago Escondido, debido a su amistad con el dueño, quien sigue negando el acceso público al espejo de agua.

A esto debe sumarse que la central hidroeléctrica Río Escondido, que se encuentra dentro de la propiedad de Lewis, fue beneficiada por una concesión de uso de agua para generación de energía a través de una ley provincial del año 2010. La ciudad de El Bolsón inauguró obras en el año 2014 para abastecerse de la energía proveniente del sistema interconectado nacional, pero, sorpresivamente, ahora sería la central de Río Escondido la que abastecería de energía a esa zona.

La empresa Central Hidroeléctrica Lago Escondido S. A. incumplió los plazos de la concesión y no realizó las obras que debían llevarse a cabo, por lo tanto, el Poder Ejecutivo provincial plantearía una nueva ley para readecuar las condiciones. Esta posición, favorable a la empresa, traerá una serie de debates, teniendo en cuenta el rechazo generalizado que tiene esta compañía en la comunidad de El Bolsón.

Por último, el primero de mayo último, un grupo de vecinos y organizaciones sociales marcharon hacia el lago Escondido por el camino de Tacuifí, pero fueron interceptados por la guardia privada de Lewis y la policía provincial, que les impidió continuar camino al lago.

Los amicus curiae por el lago Escondido demuestran el fuerte apoyo de las organizaciones en esta causa tan simbólica, sin embargo, los Estados nacional y provincial se mantienen ausentes en la defensa de los intereses públicos que seguimos reclamando hace más de diez años.

El principio 9 dispone: “La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores”.

Es legítimo y justo que el Poder Ejecutivo nacional solicite de los acreedores externos un trato digno y les reclame condiciones equitativas, pero lamentablemente maneja otros criterios a la hora de tratar a las provincias que integran la nación.

Hace unos meses, la provincia de Río Negro fue injustamente castigada y discriminada, ya que no recibió la convocatoria en tiempo y forma para renegociar su deuda pública a través del plan de desendeudamiento. Cuando cuatro gobernadores de distintas provincias objetaron la ley nacional de hidrocarburos, la manera de presionarlos fue, justamente, no convocarlos a renegociar su deuda y amenazarlos con descontar montos de la coparticipación de cada una de estas provincias. Luego, en período electoral, el comportamiento fue el mismo. A Río Negro se le descontaron de la coparticipación, entre abril y mayo, aproximadamente 54 millones de pesos; y otros 29 millones más en el mes de julio. Este trato discriminatorio y arbitrario afecta directamente al pueblo de la provincia de Río Negro.

Nuestro país viene poniendo en funcionamiento, para cumplir con sus obligaciones, una lógica anacrónica que nos lleva a pagar la deuda vieja con deuda nueva. Durante los noventa, la deuda se pagaba a través de la privatización de las empresas públicas; aun así no alcanzó para pagar todos los intereses y la deuda siguió creciendo indiscriminadamente. Hoy, en cambio, se pretende abonar los intereses y las próximas deudas a través de la industria extractivista: el gas y el petróleo no convencional, la megaminería contaminante, la siembra de alimentos transgénicos y del uso de agrotóxicos, los bosques nativos arrasados para ampliar la frontera agrícola intensiva. Esa parece ser la forma en que pretenderemos pagar nuestra futura deuda externa.

Es preciso tener en cuenta que la historia de la deuda externa es la de una gran estafa en la Argentina, que lamentablemente se ha perpetuado en el tiempo. Esta cita le corresponde al doctor Alejandro Olmos Gaona, hijo de aquel ciudadano que dedicó dieciocho años de su vida —enfermo y muchas veces en soledad— a desentrañar esa deuda que luego el juez Jorge Ballestero llamó ilegítima, ilegal, fraudulenta e inmoral.

Esta gran estafa afectó, evidentemente, los derechos humanos de millones de argentinos. Ya en el blindaje de 2000 el Fondo Monetario Internacional puso como condición el congelamiento del gasto público nacional y provincial por cinco años, la reforma del sistema previsional —que llevó la edad jubilatoria a los 65 años— y recortes en educación y en salud. También nos dijeron que esta política de desendeudamiento, que significaban los llamados canjes de 2005 y 2010, eran eso, desendeudamiento. Lo que no nos dijeron es que nos endeudábamos con la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Banco Central, y que así afectábamos los ahorros de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados; recursos que podrían haber sido destinados a pagar el 82% móvil o a pagar las miles de sentencias que muchos jubilados aún esperan que se efectivicen.

Hago mías las palabras del papa Francisco: “Es imposible seguir tolerando que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos. Pocos prosperan recurriendo a las especulaciones financieras, mientras muchos son los que sufren duramente sus consecuencias”.

Recientemente, el DPA respondió a un pedido de informes del legislador Jorge Ocampos, y en su explicación señalaba que respecto a los controles a la industria hidrocarburifera, se verifican incumplimientos tales como la información en tiempo y forma de los incidentes (derrames) producidos en las áreas, la presentación de documentación referida a los monitoreos de las operaciones de inyección de aguas de purga y de los acuíferos freáticos y confinados, entre los más importantes. Mencionó en forma puntual la situación de la empresa YPF SA, la que desconocería arbitrariamente el Código de aguas, a partir de negarse en forma permanente a dar la información de carácter técnico solicitada todos los años, bajo la excusa que no se producen efluentes líquidos industriales que usen cuerpos hídricos receptores. La empresa, por tanto, no se siente obligada a presentar las declaraciones juradas, ni a pagar el canon de uso de cuerpo receptor hídrico establecido en dicha norma. Esto hace que el DPA no pueda implementar los monitoreos sobre calidad de aguas, ni evaluar los pasivos ambientales generados y los controles, para de ese modo en forma rápida y efectiva, proceder con medidas concretas a la protección de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

A su vez, toda vez que el DPA pretende verificar la contaminación generada por la pérdida de los tanques de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos, YPF interpondría recursos de revocatoria no reconociendo en este organismo la competencia ambiental. La actitud irresponsable de YPF SA podría esperarse de una empresa privada cuyo fin último, en su lógica acumulativa, es el lucro sin importar cuánto contamina a su paso. Pero en el caso YPF, reciente y parcialmente estatizada, con un 51% en manos del Estado, podríamos esperar una actitud más respetuosa de las leyes en las jurisdicciones provinciales. Quizás también el reconocimiento histórico de las malas prácticas de esta industria que hoy hace que, por poner un ejemplo, la cuenca del río Colorado tenga una contaminación alarmante.

Recordemos que un estudio del 2012 expuso que las empresas petroleras en el río Colorado denunciaron 1.164 incidentes en 2010 y 1.982 en 2011. Y serian solo los incidentes denunciados.  De los casi 2000 sucesos de 2011, 1.057 se debieron a una falla por corrosión, situación que es recurrente desde el año 2.000. Esto indicaría en todos los casos fallas en el mantenimiento y la necesidad de reemplazo materiales. En 2011 se vertieron en esa cuenca 5.652.000 litros de agua de producción y 429.000 litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de combustibles totalmente cargados.

Ante esta situación desalentadora, resulta contradictorio el mensaje del CEO de YPF SA, Miguel Galuccio, cuando se refiere a la conciencia ambiental: “Las compañías petroleras que han evolucionado y la conciencia medio ambiental que existía en una compañía petrolera, en las prácticas, los procesos, las técnicas cincuenta años atrás, no son del mismo rigor que tienen hoy”.

Para empezar, la misma YPF no está dando el ejemplo pues desconoce autoridad a los organismos establecidos por las jurisdicciones provinciales que deben controlar el estado de las fuentes hídricas y prevenir la contaminación. En el contexto de la nueva ley de hidrocarburos, la situación se vuelve aun más compleja, ya que se habilita con todo tipo de facilidades y prebendas, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking y la promoción de las explotaciones off shore.

En un caso que carece de cualquier tipo de precedentes, la situación de Campagnoli se convirtió en un escándalo donde el kirchnerismo hace y deshace con su habitual torpeza. Ahora, en una medida insólita e inusual para este tipo de causas, solicitó ayuda a un departamento de investigación norteamericano para que investigue cuentas “pro Campagnoli” de la red social Twitter.

No es el primer hecho propio de un Estado totalitario y de desprecio por la libertad de prensa: la suspensión de Campagnoli es un acto reflejo del oficialismo para tapar los hechos de corrupción más burdos de estos últimos diez años.

El Tribunal de Enjuiciamiento, donde el kirchnerismo parecía tener una cómoda mayoría, se desmembró. Para la defensa de Campagnoli, el juicio según marca la ley está caído por una razón clave: pasaron más de diez días sin audiencia y eso no puede ocurrir. Por eso, acompañamos el pedido de inmediata reincorporación del fiscal suspendido.

La situación de parálisis debe resolverse antes de octubre dado que el jury caduca pasados los 180 días. Cumplido este plazo, Campagnoli debe ser repuesto  en el cargo.

La justicia independiente, es una vez más, la barrera de contención mas fuerte cuando se quiere avanzar contra las instituciones republicanas.

La estatización, como venimos denunciando desde un principio, es compleja. Al pasivo ambiental provocado por la petrolera española, tema que el kirchnerismo prefirió dejar a un lado, se suma el pago que las provincias con sus arcas diezmadas deberán realizar a Repsol. 

El kirchnerismo toma otra vez un atajo para evadir la ley. El precio, en lugar de ser acordado por el Tribunal de Tasación, se pacta directamente con Repsol. El gobierno nacional emite deuda por seis mil millones de dólares para saldar la expropiación de la petrolera. Es decir, van 6000 millones de dólares para los que saquearon YPF. Repsol es una de las empresas que más ha lucrado con nuestros recursos naturales, así como también una de las que más ha contaminado en los lugares donde ha operado.

Repsol se va de Argentina sin pagar un solo peso por el daño irreparable que provocó a nuestro suelo y a sus pobladores. La huella ambiental debería saldarse recomponiendo según lo establece la ley. Y en caso de que no sea factible, se debería haber establecido una indemnización. El kirchnerismo eligió hacer oídos sordos a nuestros argumentos.

Desde nuestro espacio político trabajamos para que los delitos ambientales sean considerados imprescriptibles. Para que por más que se vayan, el día de mañana no estén caminando por la calle o haciendo negocios otra vez aquellos que de manera irresponsable accionaron contra generaciones futuras.

Es un aeropuerto que opera sin ningún tipo de control por parte del Estado, que es propiedad del ciudadano ingles Joe Lewis y para el cual venimos reclamando una urgente radarización. Esta terminal tiene un tamaño similar al de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Con una pista de dos mil metros (es casi tan larga como la de Aeroparque) cuenta con hangares y está ubicada a sólo mil metros del mar. Dicho de otro modo: un ciudadano inglés es dueño de uno de los aeropuertos más grandes de la Patagonia y opera sin control alguno por parte del Estado.

En la última exposición del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación ante el Senado, Jorge Capitanich afirmaba que el “sesenta por ciento del territorio nacional está radarizado”. El funcionario desconocía la situación de este aeropuerto privado, que opera sin ningún tipo de control por radar, en manos de ingleses y en el área de seguridad de frontera.  No es esa la única agresión a la integridad nacional. La zona que rodea al Lago Escondido es de una gravedad similar, que queda explícita en la ultima y nueva traza propuesta por el gobierno kirchnerista de Rio Negro y que no es otra cosa que seguir garantizando los privilegios del magnate inglés Joe Lewis de disfrutar en forma exclusiva de ese espejo de agua.

El manejo impune del territorio nacional no terminó tras nueve años de juicio. Pese a una sentencia que obliga a abrir el camino público, el gobierno provincial sigue actuando a favor del magnate  Joe Lewis. Vale un ejemplo reciente: hace pocos días, un turista que intentó llegar al lago realizó una denuncia ante el municipio de El Bolsón por encontrarse prohibido el ingreso. No fue una sorpresa para nosotros, porque este impedimento se hizo moneda corriente desde que la empresa de Lewis, Hidden Lake S.A., compró el predio. Así, de la misma manera que no existe un camino accesible, seguro y gratuito para el ingreso a Lago Escondido, está garantizado el tránsito sin control de radares para el mismo empresario que tiene un enorme aeropuerto a horas de las Islas Malvinas