El apellido de un Estado policial

El máximo tribunal porteño abrió el camino para que Macri equipe a su policía con  pistolas Taser,  un arma largamente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos.  Las Taser son verdaderas picanas portátiles.  Aunque su uso es defendido por sus supuestos efectos no letales,  la aplicación de electrochoques abusivos ha sido causa de muertes en diversos países.  Las descargas no dejan huellas en sus víctimas, lo que pavimenta el camino a las mayores arbitrariedades policiales. 

El tribunal consideró infundadas las advertencias de los fallos de primera y segunda instancia, a las que juzgó de “conjeturales” e “hipotéticas”. Pero no se trata de conjeturas, sino de la práctica concreta de la Metropolitana, la policía fundada por Fino Palacios.  Para demostrarlo, están las brutales represiones en el Hospital Borda o en la sala Alberdi del  Teatro San Martín.   Las Taser no son un hecho excepcional,  sólo le ponen apellido a la matriz de un Estado policial.

La venia a las Taser nos deja fuertes enseñanzas de carácter político.

El rearme del Estado PRO es simultáneo al anuncio de la alianza Macri –Sanz,  que pretende gobernar el país en nombre del republicanismo y la transparencia. En la mesa de acuerdos de este pacto, figuran, de un lado, los importadores  de las Taser. Del otro, los que debutaron con una represión en Corrientes que cobró dos muertos, y se fueron del gobierno con decenas de víctimas fatales en la tarde de un 20 de diciembre.

Por otra parte,  la Metropolitana de las Taser, de la represión al Borda y otros episodios brutales se encuentra bajo la dirección política de un ministro que, en la interna macrista,  apoya la candidatura de “Gabriela”. Que sirva de advertencia para aquellos que creen que en las PASO porteñas existe un mal menor (y que Michetti se enfrenta “al aparato”).

El kirchnerismo ha salido a rasgarse las vestiduras por estos hechos.  Pero  ¿cuál es su autoridad, de cara al nefasto Proyecto X o a los abultados presupuestos dirigidos a reforzar la inteligencia militar al mando del represor Milani?

Contra los partidos y gobiernos que refuerzan sus aparatos de represión y espionaje al servicio de la precarización laboral, el hipotecamiento del país o la privatización del suelo,  la izquierda y los organismos de derechos humanos independientes marcharemos este 24 de marzo.

Una guerra de “servicios” en el final de la campaña

El tramo final de campaña ha sacado a luz el verdadero rostro de los bloques políticos que pugnan por el primer lugar este domingo. A raíz del robo a la casa de Sergio Massa, la disputa electoral ha tomado la forma de una guerra al interior de los servicios de “seguridad”. En este caso, por la participación de un prefecto de la inteligencia estatal en delitos comunes. Del otro lado del mostrador, Massa quería darle un “perfil bajo” a su denuncia, para no revelar que en su “municipio modelo” la inseguridad ciudadana está desafiada por la misma cuestión que en todo el país: el entrelazamiento entre el aparato represivo del Estado (que Massa reforzó por todos los medios) y el delito organizado.

Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.

Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas) y cuenta con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la SIDE bajo la dictadura, no le impidió operar para el kirchnerismo, al menos, hasta 2010.

La oposición que encarna Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias“, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.

Disgregación oficial

Con todo, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. Lo que entró en crisis es la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico, y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o el UNEN postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente, y ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, las campañas del oficialismo y la oposición tradicional han disimulado que preparan una salida a la presente crisis abiertamente contraria a los intereses populares.

Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.

Perspectivas políticas 

Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.

La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.