Por miedo, comodidad o simple interés, quienes ocupan los despachos oficiales recurren una y otra vez a la negación de lo evidente, a la eliminación de la verdad comprobable. Muchas veces, con el aditamento de etiquetar al mensajero de malas noticias como al mismísimo demonio.

Múltiples y patéticos ejemplos de esta práctica nutren la historia argentina.

La aparición y la multiplicación de elementos y herramientas comunicacionales como las redes sociales y el hiperdesarrollo de internet, sumadas a la proliferación de “gurúes” de la imagen y la encuesta de opinión, han sumido a los dirigentes políticos vernáculos en la disyuntiva de reconocer lo tangible o negarlo hasta los límites del ridículo, y luego “medir” el impacto de su decisión en sondeos que realizan las consultoras “top”.

“No hay inflación. No hay pobreza. No hay desocupación. No hay inseguridad. El narcotráfico no ha penetrado nuestras fronteras. El sistema penal del Estado funciona perfectamente, al igual que la salud y la educación”. La lista de ejemplos sería infinita y aburrida. También, irritante.

En las últimas horas, en medio de una inaudita ola de inseguridad, se multiplicaron casos de secuestros extorsivos en gran parte del territorio bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, altos funcionarios de las áreas de Seguridad y de la Policía volvieron a insistir con la negación, al igual que sus antecesores y los antecesores de los antecesores… A Dios gracias, nadie habló de “sensación de inseguridad”, ¡por ahora!

Si la solución a los problemas que nos aquejan pasara por la simple negación, la historia de la humanidad sería un cuento de hadas o una aventura de Emilio Salgari, como mucho.

Equiparar a la República Argentina con Disneyland ya nos trajo demasiados inconvenientes en el pasado reciente. Es hora de virar el timón hacia otros rumbos, de ignorar la bella silueta de las sirenas y su encantador sonido.

Volando mucho más bajo que el legendario filósofo, político y periodista italiano y que los grandes teólogos, en nuestras tierras existe una pseudodoctrina jurídica, pretendidamente filosófica, con veleidades de sistema único y revelador, que ha calado hondo en varias generaciones de abogados: el abolicionismo penal.

Siguiendo alguno de los postulados de pensadores como Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman y Michel Foucault, los gurúes locales del abolicionismo vernáculo han creado un verdadero vocabulario gramsciano del derecho penal. Otorgan categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa.

Hoy, en las facultades de derecho, en las escuelas de posgrado, en los consejos de la magistratura, en los institutos de derecho penal y de derecho procesal penal, en las asociaciones profesionales de criminología (crítica, por supuesto), el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice “organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Reincidencia, peligrosidad, antecedentes criminales son “categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo”, y así. La lista es interminable, aburrida y, muchas veces, de difícil pronunciación. Eso transforma a este nuevo glosario en una herramienta muy atractiva para aquellos que deben afrontar monografías, exámenes, tesis y tesinas. Sus examinadores quedan pasmados de admiración ante semejante despliegue intelectual.

Con respecto a la palabra víctima, los capitostes del abolicionismo local y sus adláteres no han encontrado un sinónimo que sea incapaz de correr el velo de la inequidad. Entonces, lisa y llanamente, la han suprimido de su sistema. Algunos, más moderados, hablan de “damnificado” u “ofendido”.

La tergiversación del lenguaje técnico-jurídico pretende cubrir las inmensas lagunas que el abolicionismo pretende desconocer. O, tal vez, encubrir su verdadero objetivo: la destrucción del sistema penal del Estado.

Aunque con miles de fieles seguidores en las aulas, en los estudios jurídicos y en el Pretorio, los abolicionistas no podrán cambiar las nociones básicas del derecho y de la Justicia. No alcanzará con la decoración —o decoloración— de la palabra.

La palabra nos diferencia del resto del reino animal, según Aristóteles. Es decir, nos hace racionales. Sin embargo, la manipulación del lenguaje también ha llevado al hombre a la concreción —y muchas veces, la justificación— de las mayores atrocidades de la historia planetaria.

Tal vez debamos imitar a los españoles, que no llaman “cola” a los glúteos humanos, sino “culo”.

No permita que lo tilden de golpista, vendepatria, gorila, cipayo, facho, drogadicto, alcohólico, psicópata, agente de las embajadas norteamericana e israelita, socio de los fondos buitre o terrorista internacional. Defiéndalo públicamente. Aun si fuera designado para investigarlo a usted o a alguno de sus funcionarios.

No permita que interfieran en su trabajo. Su misión es investigar y, eventualmente, acusar. No juzga. No decide. Exclusivamente peticiona. Requiere. Es sólo un fiscal.

Proteja su integridad y la de su familia. Su vida privada e íntima. Que los servicios de inteligencia a sus órdenes eviten y prevengan cualquier tipo de ataque en su contra. Que no se ocupen de fotografiarlo con un vaso de cerveza en la mano o en calzoncillos. Que no interfieran ilegalmente sus teléfonos y sus correos electrónicos. Por el contrario, Sr. Presidente, dótelo de mayores elementos para el cumplimiento de su labor.

Sepa, Sr. Presidente, que el Dr. Marijuan fue discriminado por su propia jefe, la procuradora general de la nación y hostigado por varios integrantes del partido judicial, denominado “Justicia legítima”.

Que el recuerdo de la muerte violenta del fiscal federal especial para la causa AMIA, Natalio Alberto Nisman, esté presente en todas las acciones que puedan surgir para la protección de la integridad física, moral e intelectual del Dr. Marijuan, como asimismo la defensa de su trabajo profesional.

Dios guarde a Su Excelencia.

Al integrar el Ministerio Público, que en la provincia de Buenos Aires es constitutivo del Poder Judicial, soy parte interesada y, por ende, me alcanzan las generales de la ley.

Sin negar que puedan existir integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público que no honren su juramento, o que, lisa y llanamente, hayan cometido o cometan delitos, la inmensa mayoría de los integrantes de la Justicia somos gente de bien, con nuestros errores y nuestras limitaciones. Con nuestros aciertos y nuestros desatinos. Pero gente honesta al fin de cuentas, con una enorme vocación de servicio y amor por nuestro trabajo.

Sin embargo, no estamos dando las respuestas que la ciudadanía exige, en su carácter de sostén de las instituciones republicanas mediante el pago de sus tributos y destinataria de nuestras decisiones.

El fuero penal de los tribunales argentinos se ha convertido en una burbuja ideológico-doctrinaria, donde abundan teorías foráneas y estrambóticas que se ubican en el otro extremo del sentido común.

En los tribunales penales se aplauden vigorosamente las frases ininteligibles —construidas con palabras inventadas— de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Se adora a su máximo exponente y se lo posiciona en la categoría de semidiós del derecho penal argentino. Se hace cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, de Raúl Zaffaroni…

Pero estas conductas enfermizas no sólo alcanzan a los operadores del derecho en el pretorio, sino también a las futuras generaciones de abogados, todavía en formación. En Facultades de Derecho, Escuelas de Posgrado, Institutos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, Consejos de la Magistratura, etcétera, se han instalado obligatoriamente, como si se tratara de las tablas de Moisés, los ridículos postulados abolicionistas que consideran al delito como una creación política. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes frente a la sensación de inseguridad… Y la más trágica, que el crimen es un mero conflicto y la muerte violenta es una contingencia inevitable.

Frente a este revoltijo de ideas inconexas y estrafalarias, no es disparatado pensar que el fuero penal del Poder Judicial está gravemente herido, casi en terapia intensiva. Habrá corruptos, sí. Pero también existe una inmensa mayoría de hombres y mujeres de bien que han abrazado estas pseudodoctrinas con total honestidad y totalmente convencidos de sus beneficios.

Esta maldita siembra de ideas afiebradas ha calado hondo en estudiantes de Abogacía, abogados particulares, fiscales, defensores, jueces de instancia, jueces superiores y hasta jueces supremos. Será un camino largo —muy largo— el que debemos recorrer aquellos que consideramos que el derecho penal es sanción, y no un pasaje a Disneyland.

Para los fundamentalistas de esta modalidad, el piquete es la materialización del ejercicio pleno de la garantía constitucional de “peticionar ante las autoridades”, dimanante del artículo 14 de la ley fundamental argentina. Para los moderados, entre los que me encuentro, el piquete es un exceso en el ejercicio de un derecho que vulnera los derechos de los demás; destruye de este modo el equilibrio dinámico de prerrogativas y obligaciones que surgen de los textos constitucionales de la república.

Dejando de lado las discusiones doctrinarias sobre la existencia o no del derecho a la protesta (el plexo constitucional vigente habla del derecho a peticionar a las autoridades), lo cierto es que los cortes de calles, rutas y puentes constituyen —para quienes no están formando parte de ellos— una de las causas de irritación más grandes de la vida en comunidad.

Pero, ¿acaso una inmensa mayoría de argentinos no hemos participado de algún piquete, cuando se corta la luz, el agua, el gas o colapsan las cloacas? ¿No hemos cortado calles, rutas y puentes cuando el Estado se apropió de nuestros ahorros? ¿No hemos invadido el espacio público cuando nuestro equipo de fútbol salió campeón o le ganó a su tradicional rival? ¿No han cortados rutas, caminos y puentes los trabajadores del campo argentino en la crisis por la resolución 125/2008 sobre retenciones móviles? ¿Acaso muchos de nuestros compatriotas no cortaron por tiempo indeterminado el puente internacional General José de San Martín, que une las localidades de Puerto Unzué, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, con Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro, en la República Oriental del Uruguay, por el conflicto con una planta de pasta de celulosa, ubicada en territorio uruguayo?

Hoy en día, realizan piquetes los trabajadores, los sindicalistas, los estudiantes, los profesores, los padres de los estudiantes, los vecinos, las amas de casa… Muchas veces van a los cortes hasta las mascotas, para no dejarlas solas en casa.

El piquete no es sólo el corte de la vía de comunicación. Muchas veces la escenografía piquetera está acompañada de cubiertas de caucho o pilas de basura y madera incendiadas. Jóvenes —y no tanto— con sus caras cubiertas con ridículas máscaras, emulando a los milicianos zapatistas de la década del noventa. Algunos energúmenos portan palos u otras armas caseras. En los piquetes menos violentos se pueden ver cacerolas y otros cacharros, botellas de plástico, redoblantes o cualquier otro adminículo con capacidad para generar ruido, mucho ruido. Molestar es la consigna. Hacerse ver y oír. Si llegan los canales de televisión, con sus móviles de exteriores, ¡mucho mejor!

Cabe preguntarse si alguna vez lograremos ejercer nuestros derechos sin vulnerar los derechos del prójimo. Si haremos realidad aquella máxima que reza: “Los derechos de Juan terminan donde empiezan los de Pedro”.

Cuando Rudolph Giuliani (alcalde de Nueva York, 1994-2001) introdujo sus políticas de seguridad en la Gran Manzana, para transformar una ciudad peligrosa en una urbe modelo para el mundo, además de su liderazgo, su equipo de trabajo, las normas promulgadas o reformadas, contó con un elemento irreemplazable: la más absoluta decisión y colaboración del pueblo neoyorkino para restringir sus propios derechos en beneficio del bien común, cumpliendo y haciendo cumplir toda norma que fuera en ese sentido.

Carlos Santiago Nino, ese gran jurista argentino prematuramente fallecido en 1993, dijo que Argentina era (es): “Un país al margen de la ley”; tal el título de una de sus últimas obras (Buenos Aires: Emecé, 1992, reeditado en Barcelona: Ariel, 2005). Tal vez en el análisis de las palabras del maestro podamos interpretar muchos de nuestros fracasos.

Pero faltan aparecer muchos personajes en esta secuencia de sainete rioplatense: el ex secretario de seguridad Sergio Berni, por ejemplo, quien contaminó la escena del crimen en forma despiadada y recargó hasta la hipersaturación la radiobase de telefonía celular de la zona de Le Parc-Puerto Madero, hablando con su móvil durante horas. El cuerpo de peritos de la Policía Federal Argentina, protagonistas excluyentes del documental titulado Todo lo que no debe hacerse en una escena del crimen, con toda su batería de torpezas y violaciones de los protocolos más elementales de la preservación de las evidencias probatorias. La testigo que denunció el pandemonium del departamento del fiscal muerto, con decenas de personas deambulando sobre las pruebas a recolectar y que fuera tildada de mentirosa o de loca. Las “cartas” en las redes sociales de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que sugería calificaciones legales y responsabilidades penales a pocas horas de producida la muerte violenta de Alberto Nisman. Las soeces declaraciones del ex jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández, que denostaba a diestra y siniestra la vida privada del procurador fallecido. Etcétera.

Mientras tanto, casi catorce meses de impunidad.

Es de esperar que los nuevos vientos que soplan en nuestra querida patria permitan al Poder Judicial cumplir con su cometido sin presiones ni amenazas. Que jueces y fiscales hagan su trabajo sin esperar al día siguiente el pedido de un juicio político o el siniestro carpetazo.

Ojalá prime el sentido común, la decencia y la racionalidad. Ojalá llegue la Justicia. La memoria de un fiscal muerto por hacer su trabajo y su familia lo merecen.

Se le suma a ello una catarata de sospechas y suspicacias respecto de algunos sectores de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, que perjudican notablemente el objetivo final: un resultado positivo en los múltiples y frenéticos rastrillajes, en pos de encontrar con vida a los peligrosos evadidos y regresarlos a prisión.

Cuando finalice esta crisis, el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales tendrían que discutir un plan nacional de emergencias en seguridad, sus correspondientes protocolos de actuación y fundamentalmente la designación de un comandante general conjunto que responda directamente a un comité de crisis nacional, pero que, a su vez, tenga la facultad de coordinar las órdenes operativas para todas las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) y las policías provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.

Sin este comandante general conjunto, las distintas fuerzas de seguridad de la república deben seguir las órdenes de sus respectivos jefes superiores, muchas veces sin coordinación ni planificación previa entre ellos.

Los celos de uniforme y la absurda competencia para determinar quién llegó primero conspiran gravemente en el éxito de las operaciones como la que tiene en vilo al país.

En un Estado donde se nombran funcionarios todos los días, donde se crean secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones, comités, agencias, comisiones, etcétera, designar a una persona lo suficientemente capacitada, con probada experiencia y con ascendencia sobre el personal policial y de las fuerzas de seguridad para dar cabal cumplimiento a las órdenes de las autoridades ejecutivas en una crisis de seguridad determinada no parece una empresa imposible.

El Sistema Penal del Estado ha sufrido durante todo este tiempo innumerables “retoques de maquillaje”. Desde el cambio en las denominaciones de las jerarquías en las distintas fuerzas policiales y de seguridad, hasta el enfermizo marketing de colores partidarios en patrullas, motos y edificios. Sin olvidar la “siembra” de cámaras de video en miles de sitios, aparentemente “estratégicos”.

Se designaron miles y miles de efectivos policiales, con sus nuevos y coloridos uniformes, bien almidonados, pero sólo con seis meses de preparación antes de entregarles pistola, placa y autoridad.

Toda esta irresponsable parafernalia multicolor no logró el ansiado descenso en los índices delictivos -pese a la manipulación de las estadísticas oficiales, a la que somos adeptos los argentinos- como así tampoco, la merma en el uso de la violencia en las distintas formas de comisión criminal.

Tampoco se logró detener el avance dramático del narcotráfico como crímen organizado y su directísima incidencia en la criminalidad común o improvisada.

La Justicia Penal y el Ministerio Público -al menos una preocupante mayoría de sus operadores- abrazaron, con la pasión de un amante adolescente,  la pseudo-docrtina del abolicionismo penal , con toda su batería de dislates a cuestas.

La cárcel, último peldaño del sistema penal del Estado o del “aparato represivo”, quedó reducido a un depósito de seres humanos, donde lo único que se denuncia es el hacinamiento y la superpoblación. Nunca la necesidad de construcción de nuevas unidades o de reparación de las existentes.

El trabajo y el estudio de los internos ha quedado limitado a la iniciativa personal de cada uno de ellos. La seguridad de las prisiones es una entelequia. La Unidad de “maxima seguridad” de General  Alvear es un ejemplo tragicómico de lo antedicho.

En lugar de formar nuevos y mejores agentes penitenciarios, se formó el ”Vatayón militante”.

Y así.

Inaugurar cárceles —o reparar las existentes— es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas entre rejas y muros. Nadie quiere el epígrafe: “Ellos construyen cárceles. Nosotros construiremos escuelas, hospitales y fábricas”, en los afiches de la próxima campaña electoral. Y de la próxima. Y de la próxima.

Los ministros encargados de comandar políticamente los distintos servicios penitenciarios deberán ser inflexibles, tanto con carceleros como con encarcelados. Sin vulnerar derechos de las personas sometidas al poder punitivo del Estado. Pero tampoco olvidando los derechos de los que no cometieron delitos.

El presidente de la República y los gobernadores tienen ahora la oportunidad de girar el timón hacia aguas turbulentas; ruta necesaria para encontrar las nuevas costas de un sistema penal -al menos- más razonable.

Sin embargo, cualquier argentino pude afirmar, legítima y legalmente, que vive en un país con esas vigentes denominaciones, según el también vigente artículo 35 de la Constitución Nacional de la Nación Argentina, reformada en Paraná, en el año 1994.

El presidente Mauricio Macri acaba de nombrar en comisión a dos juristas argentinos, los doctores Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, para completar las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de las renuncias de los antiguos ministros Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni.

El Presidente de la nación, para hacer efectivos estos nombramientos, aplicó el vigente artículo 99, inciso 19 de la Constitución.

Dos artículos de la Carta Magna que se aplican muy poco. Casi nunca, podríamos afirmar. Sin embargo, están ahí. Tan vigentes como el preámbulo o como la norma que sostiene que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal (artículo 1.º).

¿Es políticamente incorrecta la decisión del Primer Magistrado? ¿Podría haber esperado hasta el próximo período legislativo para elevar las propuestas de los candidatos al máximo tribunal de Justicia del país? ¿Descenderá su ascendente imagen positiva en las encuestas de opinión?

Son preguntas para analistas políticos. Para periodistas especializados. Para otros políticos.

La simple lectura de la Constitución Nacional no es tan complicada.

Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el sistema penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).

A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictuales, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la mano dura, tolerancia cero hasta el actual y absurdo abolicionismo penal, catecismo laico, obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.

La Biblia abolicionista, concebida entre otros por Michel Foucault, Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman, Raúl Zaffaroni y sus seguidores vernáculos, habla del delito como una creación política. Estos gurúes nos iluminan diciendo que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la sensación de inseguridad.

La víctima resulta ser el victimario y el victimario, la víctima de un sistema capitalista (o neoliberal) que le quitó oportunidades y lo empujó hacia el delito.

En este orden de ideas, la muerte violenta es una contingencia inevitable.

Estas sandeces han perturbado severamente el juicio crítico de miles de estudiantes de abogacía, graduados, posgraduados y —por supuesto— magistrados judiciales y del Ministerio Público, en todas sus instancias.

Estos galimatías, tan alejados del sentido común como la Tierra de Saturno, forman parte de una inmensa cantidad de fallos judiciales que resuelven respecto de la vida de seres humanos. De su libertad, su honra, su honor, su protección frente al criminal.

Estos sofismas integran el razonamiento de miles de jueces y fiscales en la República Argentina. La mayoría de ellos honestos y probos. Muchos asombrados frente a las descarnadas críticas que reciben cada vez que firman alguna aberración jurídico-abolicionista o son denunciados por las sorprendidas víctimas.

La locura abolicionista ha concebido jueces de ejecución que no creen en la pena. Fiscales que pretenden eliminar el sistema penal. Abogados particulares que repiten como loros que la solución para el flagelo planetario del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes, y de su directísima incidencia en la conducta criminal, es liberar la venta de todas las sustancias psicoactivas para neutralizar el mercado ilegal. En este caso sí, son capitalistas y defensores de las reglas de la oferta y la demanda.

El abolicionismo penal, si fuera una religión, tendría sacerdotes ateos. Así de incoherente. Así de absurdo.

El trabajo que nos espera es arduo y complicado. Los gurúes abolicionistas, además de haber inventado un extraño idioma e instalado un peculiar discurso jurídico-penal (otro relato), han convencido a sus decenas de miles de seguidores de que constituyen una generación de abogados privilegiada. Muy alejada del vulgo, que no conoce ni entiende nada. Por eso no discuten ni debaten. Están muy por encima de nosotros, en un nivel superior, casi en el Topos Uranus de Platón.

Ojalá los tiempos de cambio que se avecinan tengan en cuenta también esta realidad terrible y patética. Hoy en los Tribunales Penales argentinos falta sentido común. Recuperémoslo.