Volando mucho más bajo que el legendario filósofo, político y periodista italiano y que los grandes teólogos, en nuestras tierras existe una pseudodoctrina jurídica, pretendidamente filosófica, con veleidades de sistema único y revelador, que ha calado hondo en varias generaciones de abogados: el abolicionismo penal.

Siguiendo alguno de los postulados de pensadores como Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman y Michel Foucault, los gurúes locales del abolicionismo vernáculo han creado un verdadero vocabulario gramsciano del derecho penal. Otorgan categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa.

Hoy, en las facultades de derecho, en las escuelas de posgrado, en los consejos de la magistratura, en los institutos de derecho penal y de derecho procesal penal, en las asociaciones profesionales de criminología (crítica, por supuesto), el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice “organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Reincidencia, peligrosidad, antecedentes criminales son “categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo”, y así. La lista es interminable, aburrida y, muchas veces, de difícil pronunciación. Eso transforma a este nuevo glosario en una herramienta muy atractiva para aquellos que deben afrontar monografías, exámenes, tesis y tesinas. Sus examinadores quedan pasmados de admiración ante semejante despliegue intelectual.

Con respecto a la palabra víctima, los capitostes del abolicionismo local y sus adláteres no han encontrado un sinónimo que sea incapaz de correr el velo de la inequidad. Entonces, lisa y llanamente, la han suprimido de su sistema. Algunos, más moderados, hablan de “damnificado” u “ofendido”.

La tergiversación del lenguaje técnico-jurídico pretende cubrir las inmensas lagunas que el abolicionismo pretende desconocer. O, tal vez, encubrir su verdadero objetivo: la destrucción del sistema penal del Estado.

Aunque con miles de fieles seguidores en las aulas, en los estudios jurídicos y en el Pretorio, los abolicionistas no podrán cambiar las nociones básicas del derecho y de la Justicia. No alcanzará con la decoración —o decoloración— de la palabra.

La palabra nos diferencia del resto del reino animal, según Aristóteles. Es decir, nos hace racionales. Sin embargo, la manipulación del lenguaje también ha llevado al hombre a la concreción —y muchas veces, la justificación— de las mayores atrocidades de la historia planetaria.

Tal vez debamos imitar a los españoles, que no llaman “cola” a los glúteos humanos, sino “culo”.

Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el sistema penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).

A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictuales, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la mano dura, tolerancia cero hasta el actual y absurdo abolicionismo penal, catecismo laico, obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.

La Biblia abolicionista, concebida entre otros por Michel Foucault, Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman, Raúl Zaffaroni y sus seguidores vernáculos, habla del delito como una creación política. Estos gurúes nos iluminan diciendo que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la sensación de inseguridad.

La víctima resulta ser el victimario y el victimario, la víctima de un sistema capitalista (o neoliberal) que le quitó oportunidades y lo empujó hacia el delito.

En este orden de ideas, la muerte violenta es una contingencia inevitable.

Estas sandeces han perturbado severamente el juicio crítico de miles de estudiantes de abogacía, graduados, posgraduados y —por supuesto— magistrados judiciales y del Ministerio Público, en todas sus instancias.

Estos galimatías, tan alejados del sentido común como la Tierra de Saturno, forman parte de una inmensa cantidad de fallos judiciales que resuelven respecto de la vida de seres humanos. De su libertad, su honra, su honor, su protección frente al criminal.

Estos sofismas integran el razonamiento de miles de jueces y fiscales en la República Argentina. La mayoría de ellos honestos y probos. Muchos asombrados frente a las descarnadas críticas que reciben cada vez que firman alguna aberración jurídico-abolicionista o son denunciados por las sorprendidas víctimas.

La locura abolicionista ha concebido jueces de ejecución que no creen en la pena. Fiscales que pretenden eliminar el sistema penal. Abogados particulares que repiten como loros que la solución para el flagelo planetario del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes, y de su directísima incidencia en la conducta criminal, es liberar la venta de todas las sustancias psicoactivas para neutralizar el mercado ilegal. En este caso sí, son capitalistas y defensores de las reglas de la oferta y la demanda.

El abolicionismo penal, si fuera una religión, tendría sacerdotes ateos. Así de incoherente. Así de absurdo.

El trabajo que nos espera es arduo y complicado. Los gurúes abolicionistas, además de haber inventado un extraño idioma e instalado un peculiar discurso jurídico-penal (otro relato), han convencido a sus decenas de miles de seguidores de que constituyen una generación de abogados privilegiada. Muy alejada del vulgo, que no conoce ni entiende nada. Por eso no discuten ni debaten. Están muy por encima de nosotros, en un nivel superior, casi en el Topos Uranus de Platón.

Ojalá los tiempos de cambio que se avecinan tengan en cuenta también esta realidad terrible y patética. Hoy en los Tribunales Penales argentinos falta sentido común. Recuperémoslo.

El Gobierno que se va consiguió algo inédito: agrietar, también, al Poder Judicial.

Uno de los tres poderes del Estado quedó literalmente partido al medio. Por un lado, una “agencia militante”, temblorosa, obediente y pusilánime. Temerosa hasta los límites del ridículo del poder político, de la prensa y de algunos integrantes de organismos de derechos humanos. Eso sí, se autotitula como “legítima”.

En el fuero penal, esta facción se caracteriza por la obediencia ciega y absoluta a los postulados del abolicionismo penal, a la adoración enfermiza hacia sus gurúes y a la satanización de toda persona que lleve uniforme, aunque esta haya nacido en 1990.

Por el otro lado, quedamos los restantes. Los “ilegítimos”. Estupefactos algunos frente a este abismo creado. Combativos otros ante el accionar de la espada divisoria.

De todas maneras, tardamos demasiado tiempo en reaccionar. Tuvimos que esperar que un fiscal de la nación muriera violentamente —en circunstancias aún no esclarecidas— para manifestarnos orgánica, masiva y públicamente en su honor y en defensa de su trabajo. Toleramos hasta límites insoportables que cualquier abogado se transforme en juez subrogante, sin cumplir con las mandas constitucionales y sin respetar las mayorías establecidas en el Consejo de la Magistratura para su designación.

Poco o nada dijimos respecto de la inaudita inversión del paradigma del derecho penal, donde la víctima resulta ser el victimario y el victimario, la víctima de un sistema capitalista (o “neoliberal”) que le quitó oportunidades y lo “empujó” hacia el delito. O, mejor dicho, hacia el “conflicto”, ya que esa es la terminología adecuada en estos tiempos agrietados.

“El delito es una creación político-capitalista que le quitó a los particulares la posibilidad de dirimir pacíficamente el conflicto, para que el Estado pueda mantener el negocio de la inseguridad, llenando las cárceles —o jaulas de exterminio— de pobres y oprimidos”.

Frente a este y otros disparates, los integrantes de la Justicia ilegítima nos quedamos callados durante muchos años. Vimos cómo se colonizaban las cátedras de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de nuestras Universidades, sin decir una palabra. Vimos cómo esos estudiantes de abogacía se convertían en graduados y accedían a la magistratura, con su catecismo laico-abolicionista bajo el brazo, y miramos para el costado. Toleramos que jueces superiores, jueces de instancia, fiscales, defensores y asesores se confiesen magistrados militantes del nuevo relato, del proyecto.

Fuimos excesivamente tolerantes con el sable que nos agrietó. Reaccionamos demasiado tarde.

Les resultó fácil a los arquitectos de la grieta llevar a cabo su cometido. Tan sólo unos breves y antiguos artilugios: amenazar con el juicio político a los magistrados ilegítimos; algunos de estos aprietes se cumplieron, como el caso del fiscal José María Campagnoli. Etiquetar de “facho” a quien osara desafiar al discurso oficial. Congelar definitivamente la carrera judicial del “díscolo”, como el caso del Dr. Ignacio Rodríguez Varela, etcétera.

Ante estos y otros atropellos, también nos quedamos callados. Hubo honrosas excepciones, sí. Pero no fueron suficientes.

La grieta judicial no se cerrará con la llegada de un nuevo Gobierno. Será un trabajo mucho más largo que un simple recambio institucional. Es nuestra obligación cerrarla. Así lo reclama la ciudadanía, única destinataria de nuestros aciertos y desatinos.

La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina foránea y berreta conocida como abolicionismo penal, ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.

La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.

Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinados durante todos estos años.

Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…

Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?

Aplaudir como bobos las frases inintelegibles -construídas con palabras inventadas- de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, de Raúl Zaffaroni…

Instalar obligatoriamente, como si se trataran de la Tablas de Moisés, en Facultades de Derecho, Institutos de Post-grado, Consejos de la Magistratura, etc., los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que  la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.

Los delincuentes, brindaban con champán.

Mientras tanto, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.

Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.

Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.

Inaugurar cárceles supone inversiones millonarias en obras públicas de arquitectura antipática; sin posibilidad de marquesinas, fotografías gigantes del gobernante de turno, color de pintura partidaria o carteles que indiquen “Fulano cumple”…

Inaugurar cárceles trae aparejada la obligatoria capacitación de cientos de efectivos del Servicio Penitenciario y la provisión de logística (armamento, protección de los internos y del personal, sistemas electrónicos de seguridad, etc.). Hay que instalar, organizar y mantener cocinas, comedores, baños, locutorios para abogados, sitios para recreación y visitas familiares, talleres, etcétera.

La cárcel es una pequeña ciudad entre muros. Con organización y gobierno interno. Pero, además, debe ser un sitio que -amén de la seguridad para carceleros y encarcelados- brinde la posibilidad de ‘resocializarse’ al que decidió o fue empujado por las circunstancias a cometer un delito, a convertirse en antisocial.

Pero esta ecuación no es tan simple.

Deben sumarse al dilema las contradicciones del discurso jurídico-penal vigente en nuestro país.

A saber:

Para el abolicionismo penal, la cárcel no sirve para nada. El Estado no está “legitimado” para imponer penas. La sanción penal es un abuso del poder, cuándo éste “sustrajo” el conflicto a los particulares y lo convirtió en “delito”…

Para el “mano-durismo” penal, la cárcel no debería ser sino un depósito amurallado de criminales, lo más alejado posible de la civilización. Si fuera en la Antártida, mejor. Sólo agua y comida suficiente para la supervivencia, hasta la muerte del condenado entre esos muros…

Para los políticos en campaña, el concepto de “cárcel” varía según el ritmo de las encuestas de opinión o los sondeos de imagen. Unas cucharaditas de abolicionismo, media tacita de manodurismo, una pizca de garantismo y una generosa ración de demagogia para acompañar el plato terminado.

Así surgen las frases vacías de contenido como “hay que terminar con la puerta giratoria”, “las penas deben cumplirse”. “el delincuente debe estar en la cárcel y el honesto en su casa, tranquilo”, entre otras citas célebres…

Sin embargo, la escandalosa ola delictiva que nos azota, el fracaso en la prevención criminal, la ineficacia de la Justicia Penal, los alarmantes índices de reincidencia, etc. obligan a producir urgentes reformas en el sistema penal del Estado. Debe comenzarse por el último eslabón, la cárcel.

Si el último peldaño del sistema penal no funciona, todo lo demás se desmorona como castillo de naipes.

En las actuales circunstancias, la cárcel no cumple con sus objetivos constitucionales. No debe propiciarse su eliminación, pero si su profunda reforma. El encarcelado (procesado, condenado con sentencia recurrida o condenado con sentencia firme) debe trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad que no implique ocio negativo, que se traduce en violencias de la más variada índole. Pena con tratamiento. Pena con posibilidad de resocialización.

No es simple. Es complicado. Pero, es posible.

Y no suena tan “piantavotos”… ¿no?

Para evitar reconocer la olímpica derrota frente al narcotráfico internacional y local. En su lugar, propone discusiones de café o de bar rockero sobre el uso libre de la marihuana.

Para no admitir que ha instalado -obligatoriamente- en materia penal la doctrina abolicionista de Eugenio Zaffaroni & discípulos en las Facultades de Derecho, Institutos de Post-grado, Consejos de la Magistratura, etc.

Para eludir la discusión sobre el rol de la cárcel, la necesidad de un replanteo de las políticas penitenciarias, la construcción de nuevas unidades y alcaidías, etc. En su lugar, formó el “Batayón militante”…

Para evitar la revisión metodológica y la depuración de las estadísticas criminales, sincerando las cifras reales de los delitos que se cometen en la República. Para ello, instaló la teoría de la “sensación de inseguridad”.

Para no dar el debate sobre delincuencia infanto-juvenil, incidencia de las drogas en las distintas formas de comisión criminal, necesidad de modificar los sistemas procesales penales para niños y adolescentes, creación de establecimientos adecuados para menores de edad, etc. En su lugar, huye por la tangente de temas ajenos a la política criminal.

Para evitar -por todos los medios- la etiqueta o el rótulo de “facho”, que los propios adictos al gobierno utilizan. Para ello, el relato oficial ha creado un nuevo vocabulario jurídico-penal donde las palabras “crimen”, “criminal”, “cárcel”, “orden”, “autoridad”, están terminantemente prohibidas.

Para no contradecir a la intelectualidad “progre”, que considera al criminal como una víctima de la sociedad y a ésta como la verdadera culpable de todas nuestras desdichas… Por irracional que parezca.

Para no sumar un argumento político de peso específico propio a la oposición, sobre todo en un año electoral.

Para quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndoles un poco a ambos… Síntesis de la política argentina en los últimos 60 años.