Al integrar el Ministerio Público, que en la provincia de Buenos Aires es constitutivo del Poder Judicial, soy parte interesada y, por ende, me alcanzan las generales de la ley.

Sin negar que puedan existir integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público que no honren su juramento, o que, lisa y llanamente, hayan cometido o cometan delitos, la inmensa mayoría de los integrantes de la Justicia somos gente de bien, con nuestros errores y nuestras limitaciones. Con nuestros aciertos y nuestros desatinos. Pero gente honesta al fin de cuentas, con una enorme vocación de servicio y amor por nuestro trabajo.

Sin embargo, no estamos dando las respuestas que la ciudadanía exige, en su carácter de sostén de las instituciones republicanas mediante el pago de sus tributos y destinataria de nuestras decisiones.

El fuero penal de los tribunales argentinos se ha convertido en una burbuja ideológico-doctrinaria, donde abundan teorías foráneas y estrambóticas que se ubican en el otro extremo del sentido común.

En los tribunales penales se aplauden vigorosamente las frases ininteligibles —construidas con palabras inventadas— de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Se adora a su máximo exponente y se lo posiciona en la categoría de semidiós del derecho penal argentino. Se hace cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, de Raúl Zaffaroni…

Pero estas conductas enfermizas no sólo alcanzan a los operadores del derecho en el pretorio, sino también a las futuras generaciones de abogados, todavía en formación. En Facultades de Derecho, Escuelas de Posgrado, Institutos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, Consejos de la Magistratura, etcétera, se han instalado obligatoriamente, como si se tratara de las tablas de Moisés, los ridículos postulados abolicionistas que consideran al delito como una creación política. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes frente a la sensación de inseguridad… Y la más trágica, que el crimen es un mero conflicto y la muerte violenta es una contingencia inevitable.

Frente a este revoltijo de ideas inconexas y estrafalarias, no es disparatado pensar que el fuero penal del Poder Judicial está gravemente herido, casi en terapia intensiva. Habrá corruptos, sí. Pero también existe una inmensa mayoría de hombres y mujeres de bien que han abrazado estas pseudodoctrinas con total honestidad y totalmente convencidos de sus beneficios.

Esta maldita siembra de ideas afiebradas ha calado hondo en estudiantes de Abogacía, abogados particulares, fiscales, defensores, jueces de instancia, jueces superiores y hasta jueces supremos. Será un camino largo —muy largo— el que debemos recorrer aquellos que consideramos que el derecho penal es sanción, y no un pasaje a Disneyland.

En materia de seguridad ciudadana y sistema penal, se alzan voces para pedir el accionar del Ejército y del resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para combatir al narcotráfico, cárcel para los corruptos, más policías, más cámaras de seguridad, etcétera.

¿Y las cárceles? Poco y nada.

Inaugurar cárceles —o reparar las existentes— es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas entre rejas y muros. Nadie quiere el epígrafe: “Ellos construyen cárceles. Nosotros construiremos escuelas, hospitales y fábricas”, en los afiches de la presente campaña electoral. Y de la próxima. Y de la próxima.

Inaugurar cárceles supone inversiones millonarias en obras públicas de arquitectura antipática, sin posibilidad de marquesinas, fotografías gigantes del gobernante de turno, color de pintura partidaria o carteles que indiquen: “Fulano cumple”.

Inaugurar cárceles trae aparejada la obligatoria capacitación de cientos de efectivos del servicio penitenciario y la provisión de logística (armamento, protección de los internos y del personal, sistemas electrónicos de seguridad, etcétera). Hay que instalar, organizar y mantener cocinas, comedores, baños, locutorios para abogados, sitios para recreación y visitas familiares, talleres, entre otros.

La cárcel es una pequeña ciudad entre muros. Con organización y gobierno interno. Pero, además, debe ser un sitio que —amén de la seguridad para carceleros y encarcelados— brinde la posibilidad de resocializar al que decidió o fue empujado por las circunstancias a cometer un delito, a convertirse en antisocial.

Pero esta ecuación no es tan simple. Deben sumarse al dilema las contradicciones del discurso jurídico-penal vigente en nuestro país. A saber:

Para el abolicionismo penal, la cárcel no sirve para nada. El Estado no está “legitimado” para imponer penas. La sanción penal es un abuso del poder, cuando este “sustrajo” el conflicto a los particulares y lo convirtió en “delito”.

Para el “manodurismo” penal, la cárcel no debería ser sino un depósito amurallado de criminales, lo más alejado posible de la civilización. Si fuera en la Antártida, mejor. Sólo agua y comida suficiente para la supervivencia, hasta la muerte del condenado, entre esos muros.

Para los políticos en campaña, el concepto de “cárcel” varía según el ritmo de las encuestas de opinión o los sondeos de imagen. Unas cucharaditas de abolicionismo, media tacita de manodurismo, una pizca de garantismo y una generosa ración de demagogia para acompañar el plato terminado.

Así surgen las frases vacías de contenido como: “Hay que terminar con la puerta giratoria”, “Las penas deben cumplirse”, “El delincuente debe estar en la cárcel y el honesto en su casa, tranquilo”, entre otras citas célebres.

Sin embargo, la escandalosa ola delictiva que nos azota, el fracaso en la prevención criminal, la ineficacia de la Justicia penal, los alarmantes índices de reincidencia, etcétera obligan a producir urgentes reformas en el sistema penal del Estado. Debe comenzarse por el último eslabón, la cárcel.

Si el último peldaño del sistema penal no funciona, todo lo demás se desmorona como castillo de naipes.

En las actuales circunstancias, la cárcel no cumple con sus objetivos constitucionales. La cárcel no reeduca. Más bien, es un posgrado del delito. No debe propiciarse su eliminación, pero sí su profunda reforma. El encarcelado (procesado, condenado con sentencia recurrida o condenado con sentencia firme) debe trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad que no implique ocio negativo, que se traduce en violencias de la más variada índole. Pena con tratamiento. Pena con posibilidad de resocialización.

Surgirán voces que expresen que el detenido sin condena no puede ser obligado a nada. Pero si el Estado puede restringir al individuo de su principal derecho después del de la vida, la libertad, ¿cómo no va a poder restringir el “derecho” de un preso a la vagancia?

No es simple. Es complicado. Pero es posible. Y no suena tan “piantavotos”, ¿no?

Que el abolicionismo y los abolicionistas han hecho un daño inconmensurable al Derecho Penal Argentino y a la Administración de Justicia Penal, no es ninguna novedad. Por el contrario, es un tema demasiado trillado.

Pero muy poco se ha dicho o escrito sobre la nefasta influencia de esta supuesta corriente doctrinaria en la prevención delictual, resorte exclusivo del Poder Ejecutivo.

En medio de la inaudita ola de inseguridad que nos asola, dónde no sólo el delito aumenta en cantidad, sino que -además- se incrementa la violencia en casi todas las formas de comisión criminal y el negocio de la droga y el consumo masivo de estupefacientes inciden en forma directísima en ambas variables, los gobernantes y los aspirantes a serlo buscan las respuestas a las desesperadas demandas de la comunidad (o “de la gente”, como indican los modernos manuales de marketing político).

“Más policías en las calles”; “camaritas, botones de pánico y alarmas”; “policías municipales, locales, comunales, barriales, deportivas”, etc., parecieran ser las palabras mágicas con las que los candidatos se ilusionan para construir las soluciones a aquellas demandas “de la gente”.

Pero, con la sola presencia no alcanza. El delincuente no se intimida con la existencia de la Policía en las veredas. Ni con las cámaras. Ni con los patrulleros multicolores o con los jovencitos y jovencitas con sus impecables uniformes almidonados, caminando sin rumbo fijo por calles y avenidas… Por el contrario, los desafían constantemente. Es el ADN del criminal.

La prevención delictual es presencia policial, si. Pero también es conocimiento, información, análisis. Es táctica y estrategia. Es adelantamiento a la conducta del ilegal.

Sin embargo, nada de esto sucede con la Policía actual…

Desde hace años, diversos fallos judiciales han neutralizado -o directamente, eliminado- normas contravencionales, facultades policiales preventoras en conductas o sospechas de conducta pre-delictuales (vgr. merodeo, omisión de identificación, vagancia, etc.), eliminación de los álbumes de “modus operandi”, satanización del denominado “instinto policial” o de la llamada “actitud sospechosa”, etc.

Abolir es la cuestión.

Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes abolicionistas, la fuerza policial se fue quedando -exclusivamente- con la presencia, las camaritas y los patrulleros con calcos símil autos del TC 2000… Es decir, estar ahí, en la calle, con la esperanza de atrapar al delincuente in fraganti…

Obviamente, esto no es prevención. El criminal podrá ser aprehendido instantes después de haber cometido el delito… Pero ya habrá robado, violado o asesinado. La policía, en este caso, habrá llegado cinco segundos tarde. Pero tarde al fin.

¿Y el Gobierno?

Mientras los fallos abolicionistas se dedicaban a la prevención delictual, los poderes ejecutivos “acataban respetuosamente” las decisiones de la Justicia…

Presumo que por tres razones:

La primera, era la excusa perfecta para argumentar, respecto de los delincuentes, “la policía los atrapa, el poder judicial los libera”…

La segunda, constituía una oportunidad inmejorable para sostener el discurso progre-abolicionista, y ganar más adeptos.

La tercera, todavía no había nacido el “partido judicial”, y no había necesidad de recurrir las decisiones jurisdiccionales hasta las últimas instancias procesales, presionar a los jueces o amenazarlos con juicios políticos.

En tanto, los delincuentes siguen ahí, en las calles de un país que se acostumbró a vivir al margen de la ley.

El discípulo  elegido para reemplazar al gurú del penalismo argentino en el máximo Tribunal de Justicia del país ha izado los estandartes de la destrucción del sistema penal mucho más alto que su maestro. Ha utilizado la palabra “abolida”, del verbo abolir.

Hasta ahora, los abolicionistas, se habían escudado en el concepto de “garantismo”, confundiendo a gran parte de la ciudadanía que -en su desconocimiento respecto de términos legales- equiparaba el cumplimiento de los preceptos constitucionales en el marco de un proceso penal (garantismo), con la pseudo-doctrina foránea destinada a la destrucción del sistema penal mismo (abolicionismo).

Roberto Carlés se animó a quitarse la máscara. Dejó de lado las palabras extrañas que utiliza su maestro en sus libros y conferencias y se sinceró. Ahora, abolir es la cuestión.

Comenzó con las penas perpetuas (ya su mentor y sus miles de seguidores lo habían hecho con la reincidencia).

¿Cuál será el próximo tópico del futuro juez supremo?

Es de suponer que se tratará de la pena privativa de libertad en su totalidad. Su mecenas Zaffaroni dijo en innumerables oportunidades que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas, que la pena es un “hecho político”, entre otros disparates.

¿Mejorar el sistema carcelario? Ni hablar!

Lo que corresponde es abolir. Eliminar…

¿Y la víctima? Bien gracias.

El muerto ya no puede quejarse. Ya no es humano. Lo único inhumano es el castigo al matador.

Así de sencillo. Así de repugnante.

Para los abolicionistas, el “delito” es una creación política. El proceso penal es una farsa de los poderosos, que le quitaron a los particulares el “conflicto”…

Así de ridículo. Así de seductor.

Mientras miles de estudiantes de Derecho (y muchos graduados -abogados particulares y magistrados-) repiten embobados estas zonceras, el delito crece en cantidad y en gravedad. La droga hace estragos y potencia el accionar criminal. Las cárceles son post-grados del delito. La comunidad nos implora más seguridad y mejor administración de justicia…

Pero ahí están ellos. Con sus cantos de sirenas. Con sus palabras y frases rebuscadas. Con sus conferencias inintelegibles…

Ahí están ellos, los abolicionistas, encerrados en su burbuja gaseosa.

Usina de Justicia es un grupo apartidario de argentinos y argentinas que no se resignan frente al discurso y la (in) acción oficial respecto del delito y del delincuente.

Usina de Justicia quiere reflexionar y discutir acciones concretas para el mejoramiento del Sistema Penal del Estado, entendido éste como un verdadero mecanismo que debe integrarse con los Servicios de Inteligencia,  las Fuerzas Policiales y de Seguridad, el Ministerio Público, la Administración de Justicia Penal, los Servicios Penitenciarios, los Patronatos de Liberados, etc.

Usina de Justicia quiere recuperar el verdadero discurso jurídico-penal, eliminando eufemismos y términos ambiguos, que fueron construyendo un relato absurdo y peligroso. Un relato que transformó a la víctima en victimario y al victimario en víctima. Un relato que colocó el techo antes que los cimientos. Un relato justificante del mal…

Usina de Justicia quiere desenmascarar al abolicionismo y a los abolicionistas, éstos últimos disfrazados de “garantistas”, sin miedo a ser políticamente incorrectos y sin temor a sufrir rótulos ni etiquetas… Por otra parte, no es ninguna novedad utilizar adjetivos que agravien y paralicen acciones concretas. Ya la Inquisisión utilizaba el término “hereje”, para causar terror e inacción frente a las atrocidades de la Iglesia de aquel entonces.

Usina de Justicia quiere denunciar el intento -bastante avanzado, por cierto- de destrucción del actual sistema penal argentino, instalando en Facultades de Derecho, Escuelas de Post-grado, Consejos de la Magistraturas, etc., un catecismo laico y obligatorio, basado en la obra de Eugenio Zaffaroni  y sus seguidores, cuyo “plan de lucha” figura en un libro publicado en 1989 por la Editorial Ediar, “En busca de las penas perdidas”

Usina de Justicia quiere generar luz en medio de tanta oscuridad o, mejor dicho, en medio de tanto oscurantismo.

Usina de Justicia pretende ser una voz alta y clara frente a la subordinación militante del absurdo. Frente a la aberración jurídica. Frente a la injusticia…

Usina de Justicia es, justamente, esperanza.