No permita que lo tilden de golpista, vendepatria, gorila, cipayo, facho, drogadicto, alcohólico, psicópata, agente de las embajadas norteamericana e israelita, socio de los fondos buitre o terrorista internacional. Defiéndalo públicamente. Aun si fuera designado para investigarlo a usted o a alguno de sus funcionarios.

No permita que interfieran en su trabajo. Su misión es investigar y, eventualmente, acusar. No juzga. No decide. Exclusivamente peticiona. Requiere. Es sólo un fiscal.

Proteja su integridad y la de su familia. Su vida privada e íntima. Que los servicios de inteligencia a sus órdenes eviten y prevengan cualquier tipo de ataque en su contra. Que no se ocupen de fotografiarlo con un vaso de cerveza en la mano o en calzoncillos. Que no interfieran ilegalmente sus teléfonos y sus correos electrónicos. Por el contrario, Sr. Presidente, dótelo de mayores elementos para el cumplimiento de su labor.

Sepa, Sr. Presidente, que el Dr. Marijuan fue discriminado por su propia jefe, la procuradora general de la nación y hostigado por varios integrantes del partido judicial, denominado “Justicia legítima”.

Que el recuerdo de la muerte violenta del fiscal federal especial para la causa AMIA, Natalio Alberto Nisman, esté presente en todas las acciones que puedan surgir para la protección de la integridad física, moral e intelectual del Dr. Marijuan, como asimismo la defensa de su trabajo profesional.

Dios guarde a Su Excelencia.

Pero faltan aparecer muchos personajes en esta secuencia de sainete rioplatense: el ex secretario de seguridad Sergio Berni, por ejemplo, quien contaminó la escena del crimen en forma despiadada y recargó hasta la hipersaturación la radiobase de telefonía celular de la zona de Le Parc-Puerto Madero, hablando con su móvil durante horas. El cuerpo de peritos de la Policía Federal Argentina, protagonistas excluyentes del documental titulado Todo lo que no debe hacerse en una escena del crimen, con toda su batería de torpezas y violaciones de los protocolos más elementales de la preservación de las evidencias probatorias. La testigo que denunció el pandemonium del departamento del fiscal muerto, con decenas de personas deambulando sobre las pruebas a recolectar y que fuera tildada de mentirosa o de loca. Las “cartas” en las redes sociales de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que sugería calificaciones legales y responsabilidades penales a pocas horas de producida la muerte violenta de Alberto Nisman. Las soeces declaraciones del ex jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández, que denostaba a diestra y siniestra la vida privada del procurador fallecido. Etcétera.

Mientras tanto, casi catorce meses de impunidad.

Es de esperar que los nuevos vientos que soplan en nuestra querida patria permitan al Poder Judicial cumplir con su cometido sin presiones ni amenazas. Que jueces y fiscales hagan su trabajo sin esperar al día siguiente el pedido de un juicio político o el siniestro carpetazo.

Ojalá prime el sentido común, la decencia y la racionalidad. Ojalá llegue la Justicia. La memoria de un fiscal muerto por hacer su trabajo y su familia lo merecen.

Sin embargo, las citas periodísticas respecto del fiscal militante no se detuvieron en aquella decisión cancelatoria de la investigación intentada por otros tres fiscales de la nación.

Hace algunos días, De Luca volvió a ser noticia. Dijo el fiscal que: “Es inhumano exigir una conducta diferente al cónyuge del adicto que intenta ingresar estupefacientes para su pareja. Como se dijo, se la pone en la disyuntiva de acceder al pedido del adicto o poner en peligro la relación, lo cual muchas veces significará perder la principal fuente de ingresos en el medio libre”.

Es decir, ingresar drogas a un establecimiento carcelario para suministrárselas a un interno es un acto de amor, no un delito.

¿De dónde surge semejante disparate? ¿Cuáles son los fundamentos del dictamen fiscal? Aparentemente, de la interpretación que realizó el fiscal militante de un libro de 1968, escrito por Elías Neuman y Víctor Irurzún, La Sociedad Carcelaria -que cita en su presentación-, equiparando la conducta de la imputada a la del encubrimiento, que, en el caso de los cónyuges, no es punible (art. 277, inc. 4.° del Código Penal).

Es de imaginar la inmensa algarabía que habrá causado en las usinas abolicionistas argentinas -tanto universitarias como de posgrado- el dictamen del fiscal De Luca.

¡Finalmente, aparece un perseguidor público que no se entromete en las “conductas privadas de los hombres”! Amén de criticar -elípticamente- la requisa de los oficiales penitenciarios a los visitantes en las cárceles.

Es de imaginar, también, el beneplácito de los funcionarios que miran para el costado respecto del flagelo de la droga y su directa incidencia en el aumento delictual y en el incremento exponencial de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal. Incluidas las conductas prohibidas en las cárceles, por supuesto.

Pero nada de eso importa, según parece.

Es bien sabido el problema que tienen los abolicionistas con el Código Penal, con la cárcel, con la Policía, con el servicio penitenciario. Es decir, con el sistema penal todo (o con el aparato represivo, según la moderna terminología progre).

Los magistrados judiciales que adhieren a esta seudodoctrina tienen un problema adicional: Juraron defender una ley que quieren destruir. Están en un callejón sin salida. Son sacerdotes ateos. Deportistas que odian el entrenamiento y las competencias.

Como -todavía- no se atreven a solicitar lisa y llanamente la derogación del Código Penal, de los Códigos Procesales Penales, de los Códigos de Ejecución Penal, la destrucción de las cárceles, las alcaldías y los calabozos de las comisarías, optan por “interpretar” las normas represivas como un grupo de adolescentes, rebeldes y sin causa (¿sin causa?).

Los discípulos de Raúl Zaffaroni se reproducen rápidamente. Los delincuentes festejan estas nuevas olas. Los que no delinquen observan azorados el triunfo de un abolicionismo absurdo en fiscalías, tribunales y universidades.

¿Existirá un límite a toda esta locura? ¿O habrá que esperar a que todos estos muchachos, lectores tardíos de Michel Foucault, terminen de leer su obra y comprenderla?

Hace apenas unos días, desde estas misma columna, titulábamos unas reflexiones como “Magistrados a la carta” y decíamos que “Remover un magistrado judicial que no se adapte a la ‘nueva era’ por estos días es cuestión de segundos”.

Bonadio fue separado abruptamente de la causa penal que más preocupa al Gobierno de un plumazo. Los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros cortaron por lo sano.

Ya no eran suficientes las campañas mediáticas en contra del juez que se atrevió a investigar a los más altos cenáculos del poder. El que resistió una y otra de las operaciones mediáticas construidas en su contra, con la inestimable colaboración de los medios de comunicación afines al Gobierno.

La causa Hotesur ahora tendrá aire. El nuevo magistrado que se designe tendrá que tomarse su tiempo para analizar un expediente tan voluminoso y complejo. Pasarán los días, los meses. Tal vez, los años.

El Gobierno tiene un concepto de poder muy particular; el poder es uno solo y le pertenece al Ejecutivo. Mejor dicho, al presidente. El resto de las actividades del Estado son meras funciones.

¿Y la división de poderes? ¿Y la Constitución Nacional? ¿Y Montesquieu? Eso es para la Facultad de Derecho, para aprobar derecho político o derecho constitucional, nada más.

Ya no son necesarias las operaciones secretas llevadas a cabo por nefastos personajes, con veleidades de James Bond, en boliches nocturnos o en hoteles alojamiento. Ya no son necesarias las actividades de espionaje ilegal en cuentas corrientes, títulos de propiedad, viajes o fotografías de la juventud.

Ahora solo alcanza con un mecanismo más simple: ¿No nos gusta o nos perjudica el juez o el fiscal? Lo sacamos y ponemos a otro. Así de simple.

Por estas horas se cumplen seis meses de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman, en circunstancias aún no esclarecidas.

Ya que -todavía- no dijeron que Claudio Bonadío es mitómano, delirante, alcohólico, drogadicto, siervo de los servicios de inteligencia y hasta socio de los fondos buitre, como hicieron con el fiscal especial para el caso AMIA, por lo menos, cuídenlo, que no se suicide.

Es lo menos que se merece.

“No debió denunciar a nadie en particular, sino limitarse a denunciar el Memorándum de Entendimiento entre Argentina con Irán y renunciar como Procurador Jefe de la Unidad Funcional AMIA, por considerar que no se podía seguir investigando seria y científicamente el atentado terrorista más grave de nuestra historia en esas condiciones y volver a su cargo de Fiscal General Federal. Hoy estaría vivo y todo el país estaría discutiendo ese mamarracho legal que aprobó el Congreso.”

Cuando recuperé el aliento frente a la contundente afirmación del funcionario, el análisis continuó reverberando en mi memoria hasta hoy.

¿Y si fuera cierta esta aseveración?

Después de todo, el “mamarracho legal” que citó mi interlocutor, fue declarado repugnante a la Constitución Nacional por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones y no fue aprobado por el Parlamento de Irán. Fue criticado por los más importantes abogados constitucionalistas del país y por gran parte de la Comunidad Judía Argentina, por no decir en su totalidad y, además, por importantes medios periodísticos de Argentina y del mundo.

El fiscal muerto, en circunstancias aún no esclarecidas, fue tildado de mitómano, delirante, alcohólico, drogadicto, siervo de los servicios de inteligencia y hasta socio de los fondos buitre.

Se ofendió a su familia, se deshonró su apellido, se mancilló su carrera, se entrometieron con su vida privada… Sólo faltó que preguntaran :“¿que estaba haciendo Natalio Alberto Nisman el 24 de marzo de 1976?”.

Por estas horas, la Cámara Federal de Casación Penal, es decir, el máximo tribunal en materia penal de la República, debe decidir sobre la constitucionalidad o no del Pacto con Irán.

La desesperación del Gobierno por reemplazar jueces en la Sala Casatoria antes del dictado de la sentencia genera suspicacias. Y dudas. Y preguntas…

¿Y si Nisman tenía razón?

Las conclusiones periciales -contradictorias- de la Fiscalía y de la querella han cedido su espacio a la difusión de fotos de modelos, de bares elegantes y de destinos turísticos exóticos.

Las opiniones y explicaciones autorizadas de los magistrados y auxiliares de la Justicia encargados de la pesquisa han sido reemplazadas por las abominables frases del jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Aníbal Fernandez, quien no escatimó esfuerzos para mancillar la memoria del fiscal muerto, esperanzado -tal vez- en demostrar que los eventuales pecados de Alberto Nisman borrarán de un plumazo las graves imputaciones que otros dos fiscales de la Nación han mantenido procesalmente vivas.

Solamente en un país como el nuestro la muerte violenta de un fiscal, ocurrida a pocas horas de haber denunciado a la Presidente de la Nación, al Ministro de Relaciones Exteriores y a otros altos funcionarios, puede quedar opacada -y hasta silenciada- por la divulgación pública de fotografías de la vida privada del magistrado.

Imaginemos la muerte violenta de un interno en una cárcel o de un detenido en una comisaría. El fiscal a cargo de la investigación, en lugar de brindarle prioridad absoluta a su actividad perquisitiva, ya que se trata de un delito cometido en una dependencia estatal, respecto de una persona que se encontraba al cuidado del Estado y que existen sospechas de autoría y responsabilidad de agentes públicos, se dedica a defenestrar el pasado criminal del reo muerto, mostrando fotos y recortes periodísticos de sus fechorías y argumentando que si murió violentamente en la cárcel o en la dependencia policial, “por algo será”

¿Que sucedería con ese fiscal?

Seguramente dejaría de serlo antes del próximo amanecer.

La hipótesis ficticia antes ensayada se alinea perfectamente con la realidad tangible de la investigación de la muerte del fiscal Nisman.

Mientras su ex esposa, la jueza federal querellante, se pelea con la fiscal de instrucción; mientras unos peritos dicen A y otros dicen Z; mientras el único imputado hace uso de su derecho de defensa, llevando la discusión a cuentas bancarias en EEUU; mientras el Jefe de Gabinete ataca a un muerto y ofende su memoria, la angustia por no saber qué pasó realmente en el complejo Le Parc  aquella fatídica noche de enero agiganta la angustia de los argentinos de bien.

La muerte, por sí misma,  no santifica a nadie. Es verdad.

Pero también es verdad que, la muerte, aunque todopoderosa frente a la fragilidad humana, no puede vencer a la verdad.

La verdad trasciende a la muerte.

La historia de la Humanidad puede dar fe de ello.

Dijo ahora que la Dra. Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex-esposa del fallecido Fiscal Alberto Nisman, ”impide saber la verdad” y ”apela a lo que ella misma pidió que los medios dejaran de lado, hacer valer su influencia nefasta. Esta conferencia es justamente lo contrario de lo que manifestó cuando estuvo en el Congreso. Allí pidió la cordura de la que carece el accionar de ayer (por el jueves)”.

El relator relata como un oráculo o un adivino los pensamientos y sentimientos más íntimos de la persona que, por muchos años, compartió la vida con el fiscal muerto.

El relator se atreve a acusar a la ex-esposa del Dr. Nisman cual inquisidor sin fuero ni competencia y pergeña un relato insolente y absurdo. El relator pretende hacernos creer que la madre de las hijas del fiscal muerto (¿asesinado?) y el grupo de eximios peritos de parte que la acompañan buscan impedir llegar a la verdad histórica de los tristes acontecimientos que conmueven a toda una Nación.

El relato se vuelve absurdo cuando contraría las leyes de la lógica y del sentido común. Y el relator de un relato absurdo, cuando se empecina en sostenerlo, se acerca a la irracionalidad.

Aunque al final de estas brevísimas reflexiones podemos encontrar una respuesta lógica: el relato oficial se caracteriza por su profunda irracionalidad. He ahí su coherencia.

Los denominados “Servicios de Inteligencia” son esenciales en una comunidad jurídicamente organizada. Sea desde el punto de vista estratégico-militar, para evitar y/o neutralizar eventuales ataques de potencias o grupos armados extranjeros, sea desde el punto de vista criminal, para evitar y/o neutralizar al delito organizado.

La historia argentina reciente tiene pésimos antecedentes en ambos rubros. A modo de ejemplos: la inteligencia militar de la dictadura hizo creer a sus jerarcas que nuestros soldados podían desembarcar plácidamente en las Islas Malvinas, que los EE.UU. nos iban a apoyar en contra de su aliado Gran Bretaña y de toda la OTAN y que los ingleses no iban a venir desde la otra mitad del mundo por un par de diminutas islas.

Antes de esta tarea de estrategia de la guerra, los servicios”militares, se dedicaron a espiar, delatar y enviar al extermino a miles de compatriotas. Recuperada la democracia, los integrantes de los “servicios” (ahora “civiles”, pero con veleidades de súper agentes del cine o la TV) creyeron o les hicieron creer que la inteligencia criminal se limitaba a reunir información de personas que al gobierno de turno le interesaba conocer. ¿Reunir y analizar información para descubrir o enervar el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, compra-venta ilegal de armas, delitos informáticos etc.)? Bien, gracias!

Ni hablar de prevenir o evitar los dos ataques terroristas cometidos en períodos democráticos mas graves de la historia (Embajada de Israel – Sede de la AMIA).

Las crónicas periodísticas de las últimas semanas han mostrado a ciertos agentes de inteligencia, a la altura de Winston Churchill o Konrad Adenauer, pero tampoco es cuestión de asignarles tanta importancia a estos personajes.

Existen muchos profesionales serios en el área, personas que dedican muchas horas de su vida a la profesión que eligieron. Me consta. Pero también hay muchos facinerosos que sólo se dedican a husmear, fisgonear, extorsionar y delatar.

Asustan con sus archivos, operaciones o “carpetas” sólo a aquellos que no mueven un pelo sin antes consultar las encuestas de opinión, los sondeos de imagen o los titulares de los medios periodísticos. A aquellos que quieren ocultar permanentemente su pasado, porque su presente es el permanente cambio de bando.

En definitiva, la “inteligencia” argentina, de inteligente, tiene muy poco.

Pero tampoco toda la culpa es del chancho. Todos los gobiernos desde la recuperación democrática han aprovechado el espionaje y aumentado el poder de estas dependencias oficiales. Muchos funcionarios gubernamentales se han ufanado de conocer personalmente al espía de moda.

Ahora, la Sra. Presidente de la Nación ha anunciado la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una nueva “agencia” federal para tales fines. Serán nuestros representantes en el Congreso Nacional quienes decidan en definitiva.

Sin embargo, una de las cuestiones más sensibles del problema, las escuchas telefónicas, vuelven a traer confusión a la ciudadanía, atento el anuncio del traspaso de dicha actividad a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Las escuchas telefónicas, mediante intervención judicial, sólo se permiten en el marco de un proceso, con la orden escrita y fundada de un juez. El resto son ilegales.

Sin pretender interferir en futuro debate de los otros poderes públicos, justo es afirmar que el Poder Judicial y el Ministerio Público no realizan tareas de inteligencia. La Justicia, en todo caso, lleva a cabo tareas de investigación.

La inteligencia es prevención y, como tal, “previa” a la comisión de un delito. La inteligencia es una tarea propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.

Por ende, es tarea de la persona que ejerza la presidencia de la Nación la conducción de las agencias de inteligencia, como así también su efectivo control.

Podrán existir -y de hecho existen- comisiones legislativas de contralor y seguimiento y/o investigaciones judiciales respecto de las conductas de los agentes de las oficinas de inteligencia. Pero no debe, bajo ningún concepto, delegarse en otros poderes el ejercicio de conducción propia del Ejecutivo.

Al menos, en una República.

Cuando muere un fiscal, alguien deja de reclamar, buscar y encontrar Justicia.

Cuendo muere un fiscal, alguien deja de desatender familia, afectos y amigos para desentrañar un enigma… Para encontrar la verdad.

Cuando muere un fiscal, la Sociedad pierde a uno de sus representantes en el marco de un proceso judicial por un crímen que la agravió.

Cuando muere un fiscal, la República llora. Porque uno de los individuos que integraba sus pilares ya no está, y el cimiento, se debilita.

Cuando muere un fiscal, alguien debe reemplazarlo inmediatamente, para su obra perdure y su desaparición física no sea en vano.

Cuando muere un fiscal, el país entero está de luto.