Hace apenas unos días, desde estas misma columna, titulábamos unas reflexiones como “Magistrados a la carta” y decíamos que “Remover un magistrado judicial que no se adapte a la ‘nueva era’ por estos días es cuestión de segundos”.

Bonadio fue separado abruptamente de la causa penal que más preocupa al Gobierno de un plumazo. Los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros cortaron por lo sano.

Ya no eran suficientes las campañas mediáticas en contra del juez que se atrevió a investigar a los más altos cenáculos del poder. El que resistió una y otra de las operaciones mediáticas construidas en su contra, con la inestimable colaboración de los medios de comunicación afines al Gobierno.

La causa Hotesur ahora tendrá aire. El nuevo magistrado que se designe tendrá que tomarse su tiempo para analizar un expediente tan voluminoso y complejo. Pasarán los días, los meses. Tal vez, los años.

El Gobierno tiene un concepto de poder muy particular; el poder es uno solo y le pertenece al Ejecutivo. Mejor dicho, al presidente. El resto de las actividades del Estado son meras funciones.

¿Y la división de poderes? ¿Y la Constitución Nacional? ¿Y Montesquieu? Eso es para la Facultad de Derecho, para aprobar derecho político o derecho constitucional, nada más.

Ya no son necesarias las operaciones secretas llevadas a cabo por nefastos personajes, con veleidades de James Bond, en boliches nocturnos o en hoteles alojamiento. Ya no son necesarias las actividades de espionaje ilegal en cuentas corrientes, títulos de propiedad, viajes o fotografías de la juventud.

Ahora solo alcanza con un mecanismo más simple: ¿No nos gusta o nos perjudica el juez o el fiscal? Lo sacamos y ponemos a otro. Así de simple.

Por estas horas se cumplen seis meses de la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman, en circunstancias aún no esclarecidas.

Ya que -todavía- no dijeron que Claudio Bonadío es mitómano, delirante, alcohólico, drogadicto, siervo de los servicios de inteligencia y hasta socio de los fondos buitre, como hicieron con el fiscal especial para el caso AMIA, por lo menos, cuídenlo, que no se suicide.

Es lo menos que se merece.

Los denominados “Servicios de Inteligencia” son esenciales en una comunidad jurídicamente organizada. Sea desde el punto de vista estratégico-militar, para evitar y/o neutralizar eventuales ataques de potencias o grupos armados extranjeros, sea desde el punto de vista criminal, para evitar y/o neutralizar al delito organizado.

La historia argentina reciente tiene pésimos antecedentes en ambos rubros. A modo de ejemplos: la inteligencia militar de la dictadura hizo creer a sus jerarcas que nuestros soldados podían desembarcar plácidamente en las Islas Malvinas, que los EE.UU. nos iban a apoyar en contra de su aliado Gran Bretaña y de toda la OTAN y que los ingleses no iban a venir desde la otra mitad del mundo por un par de diminutas islas.

Antes de esta tarea de estrategia de la guerra, los servicios”militares, se dedicaron a espiar, delatar y enviar al extermino a miles de compatriotas. Recuperada la democracia, los integrantes de los “servicios” (ahora “civiles”, pero con veleidades de súper agentes del cine o la TV) creyeron o les hicieron creer que la inteligencia criminal se limitaba a reunir información de personas que al gobierno de turno le interesaba conocer. ¿Reunir y analizar información para descubrir o enervar el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, compra-venta ilegal de armas, delitos informáticos etc.)? Bien, gracias!

Ni hablar de prevenir o evitar los dos ataques terroristas cometidos en períodos democráticos mas graves de la historia (Embajada de Israel – Sede de la AMIA).

Las crónicas periodísticas de las últimas semanas han mostrado a ciertos agentes de inteligencia, a la altura de Winston Churchill o Konrad Adenauer, pero tampoco es cuestión de asignarles tanta importancia a estos personajes.

Existen muchos profesionales serios en el área, personas que dedican muchas horas de su vida a la profesión que eligieron. Me consta. Pero también hay muchos facinerosos que sólo se dedican a husmear, fisgonear, extorsionar y delatar.

Asustan con sus archivos, operaciones o “carpetas” sólo a aquellos que no mueven un pelo sin antes consultar las encuestas de opinión, los sondeos de imagen o los titulares de los medios periodísticos. A aquellos que quieren ocultar permanentemente su pasado, porque su presente es el permanente cambio de bando.

En definitiva, la “inteligencia” argentina, de inteligente, tiene muy poco.

Pero tampoco toda la culpa es del chancho. Todos los gobiernos desde la recuperación democrática han aprovechado el espionaje y aumentado el poder de estas dependencias oficiales. Muchos funcionarios gubernamentales se han ufanado de conocer personalmente al espía de moda.

Ahora, la Sra. Presidente de la Nación ha anunciado la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una nueva “agencia” federal para tales fines. Serán nuestros representantes en el Congreso Nacional quienes decidan en definitiva.

Sin embargo, una de las cuestiones más sensibles del problema, las escuchas telefónicas, vuelven a traer confusión a la ciudadanía, atento el anuncio del traspaso de dicha actividad a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Las escuchas telefónicas, mediante intervención judicial, sólo se permiten en el marco de un proceso, con la orden escrita y fundada de un juez. El resto son ilegales.

Sin pretender interferir en futuro debate de los otros poderes públicos, justo es afirmar que el Poder Judicial y el Ministerio Público no realizan tareas de inteligencia. La Justicia, en todo caso, lleva a cabo tareas de investigación.

La inteligencia es prevención y, como tal, “previa” a la comisión de un delito. La inteligencia es una tarea propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.

Por ende, es tarea de la persona que ejerza la presidencia de la Nación la conducción de las agencias de inteligencia, como así también su efectivo control.

Podrán existir -y de hecho existen- comisiones legislativas de contralor y seguimiento y/o investigaciones judiciales respecto de las conductas de los agentes de las oficinas de inteligencia. Pero no debe, bajo ningún concepto, delegarse en otros poderes el ejercicio de conducción propia del Ejecutivo.

Al menos, en una República.