El Sistema Penal del Estado ha sufrido durante todo este tiempo innumerables “retoques de maquillaje”. Desde el cambio en las denominaciones de las jerarquías en las distintas fuerzas policiales y de seguridad, hasta el enfermizo marketing de colores partidarios en patrullas, motos y edificios. Sin olvidar la “siembra” de cámaras de video en miles de sitios, aparentemente “estratégicos”.

Se designaron miles y miles de efectivos policiales, con sus nuevos y coloridos uniformes, bien almidonados, pero sólo con seis meses de preparación antes de entregarles pistola, placa y autoridad.

Toda esta irresponsable parafernalia multicolor no logró el ansiado descenso en los índices delictivos -pese a la manipulación de las estadísticas oficiales, a la que somos adeptos los argentinos- como así tampoco, la merma en el uso de la violencia en las distintas formas de comisión criminal.

Tampoco se logró detener el avance dramático del narcotráfico como crímen organizado y su directísima incidencia en la criminalidad común o improvisada.

La Justicia Penal y el Ministerio Público -al menos una preocupante mayoría de sus operadores- abrazaron, con la pasión de un amante adolescente,  la pseudo-docrtina del abolicionismo penal , con toda su batería de dislates a cuestas.

La cárcel, último peldaño del sistema penal del Estado o del “aparato represivo”, quedó reducido a un depósito de seres humanos, donde lo único que se denuncia es el hacinamiento y la superpoblación. Nunca la necesidad de construcción de nuevas unidades o de reparación de las existentes.

El trabajo y el estudio de los internos ha quedado limitado a la iniciativa personal de cada uno de ellos. La seguridad de las prisiones es una entelequia. La Unidad de “maxima seguridad” de General  Alvear es un ejemplo tragicómico de lo antedicho.

En lugar de formar nuevos y mejores agentes penitenciarios, se formó el ”Vatayón militante”.

Y así.

Inaugurar cárceles —o reparar las existentes— es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas entre rejas y muros. Nadie quiere el epígrafe: “Ellos construyen cárceles. Nosotros construiremos escuelas, hospitales y fábricas”, en los afiches de la próxima campaña electoral. Y de la próxima. Y de la próxima.

Los ministros encargados de comandar políticamente los distintos servicios penitenciarios deberán ser inflexibles, tanto con carceleros como con encarcelados. Sin vulnerar derechos de las personas sometidas al poder punitivo del Estado. Pero tampoco olvidando los derechos de los que no cometieron delitos.

El presidente de la República y los gobernadores tienen ahora la oportunidad de girar el timón hacia aguas turbulentas; ruta necesaria para encontrar las nuevas costas de un sistema penal -al menos- más razonable.

En materia de seguridad ciudadana y sistema penal, se alzan voces para pedir el accionar del Ejército y del resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para combatir al narcotráfico, cárcel para los corruptos, más policías, más cámaras de seguridad, etcétera.

¿Y las cárceles? Poco y nada.

Inaugurar cárceles —o reparar las existentes— es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas entre rejas y muros. Nadie quiere el epígrafe: “Ellos construyen cárceles. Nosotros construiremos escuelas, hospitales y fábricas”, en los afiches de la presente campaña electoral. Y de la próxima. Y de la próxima.

Inaugurar cárceles supone inversiones millonarias en obras públicas de arquitectura antipática, sin posibilidad de marquesinas, fotografías gigantes del gobernante de turno, color de pintura partidaria o carteles que indiquen: “Fulano cumple”.

Inaugurar cárceles trae aparejada la obligatoria capacitación de cientos de efectivos del servicio penitenciario y la provisión de logística (armamento, protección de los internos y del personal, sistemas electrónicos de seguridad, etcétera). Hay que instalar, organizar y mantener cocinas, comedores, baños, locutorios para abogados, sitios para recreación y visitas familiares, talleres, entre otros.

La cárcel es una pequeña ciudad entre muros. Con organización y gobierno interno. Pero, además, debe ser un sitio que —amén de la seguridad para carceleros y encarcelados— brinde la posibilidad de resocializar al que decidió o fue empujado por las circunstancias a cometer un delito, a convertirse en antisocial.

Pero esta ecuación no es tan simple. Deben sumarse al dilema las contradicciones del discurso jurídico-penal vigente en nuestro país. A saber:

Para el abolicionismo penal, la cárcel no sirve para nada. El Estado no está “legitimado” para imponer penas. La sanción penal es un abuso del poder, cuando este “sustrajo” el conflicto a los particulares y lo convirtió en “delito”.

Para el “manodurismo” penal, la cárcel no debería ser sino un depósito amurallado de criminales, lo más alejado posible de la civilización. Si fuera en la Antártida, mejor. Sólo agua y comida suficiente para la supervivencia, hasta la muerte del condenado, entre esos muros.

Para los políticos en campaña, el concepto de “cárcel” varía según el ritmo de las encuestas de opinión o los sondeos de imagen. Unas cucharaditas de abolicionismo, media tacita de manodurismo, una pizca de garantismo y una generosa ración de demagogia para acompañar el plato terminado.

Así surgen las frases vacías de contenido como: “Hay que terminar con la puerta giratoria”, “Las penas deben cumplirse”, “El delincuente debe estar en la cárcel y el honesto en su casa, tranquilo”, entre otras citas célebres.

Sin embargo, la escandalosa ola delictiva que nos azota, el fracaso en la prevención criminal, la ineficacia de la Justicia penal, los alarmantes índices de reincidencia, etcétera obligan a producir urgentes reformas en el sistema penal del Estado. Debe comenzarse por el último eslabón, la cárcel.

Si el último peldaño del sistema penal no funciona, todo lo demás se desmorona como castillo de naipes.

En las actuales circunstancias, la cárcel no cumple con sus objetivos constitucionales. La cárcel no reeduca. Más bien, es un posgrado del delito. No debe propiciarse su eliminación, pero sí su profunda reforma. El encarcelado (procesado, condenado con sentencia recurrida o condenado con sentencia firme) debe trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad que no implique ocio negativo, que se traduce en violencias de la más variada índole. Pena con tratamiento. Pena con posibilidad de resocialización.

Surgirán voces que expresen que el detenido sin condena no puede ser obligado a nada. Pero si el Estado puede restringir al individuo de su principal derecho después del de la vida, la libertad, ¿cómo no va a poder restringir el “derecho” de un preso a la vagancia?

No es simple. Es complicado. Pero es posible. Y no suena tan “piantavotos”, ¿no?

Sin embargo, las citas periodísticas respecto del fiscal militante no se detuvieron en aquella decisión cancelatoria de la investigación intentada por otros tres fiscales de la nación.

Hace algunos días, De Luca volvió a ser noticia. Dijo el fiscal que: “Es inhumano exigir una conducta diferente al cónyuge del adicto que intenta ingresar estupefacientes para su pareja. Como se dijo, se la pone en la disyuntiva de acceder al pedido del adicto o poner en peligro la relación, lo cual muchas veces significará perder la principal fuente de ingresos en el medio libre”.

Es decir, ingresar drogas a un establecimiento carcelario para suministrárselas a un interno es un acto de amor, no un delito.

¿De dónde surge semejante disparate? ¿Cuáles son los fundamentos del dictamen fiscal? Aparentemente, de la interpretación que realizó el fiscal militante de un libro de 1968, escrito por Elías Neuman y Víctor Irurzún, La Sociedad Carcelaria -que cita en su presentación-, equiparando la conducta de la imputada a la del encubrimiento, que, en el caso de los cónyuges, no es punible (art. 277, inc. 4.° del Código Penal).

Es de imaginar la inmensa algarabía que habrá causado en las usinas abolicionistas argentinas -tanto universitarias como de posgrado- el dictamen del fiscal De Luca.

¡Finalmente, aparece un perseguidor público que no se entromete en las “conductas privadas de los hombres”! Amén de criticar -elípticamente- la requisa de los oficiales penitenciarios a los visitantes en las cárceles.

Es de imaginar, también, el beneplácito de los funcionarios que miran para el costado respecto del flagelo de la droga y su directa incidencia en el aumento delictual y en el incremento exponencial de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal. Incluidas las conductas prohibidas en las cárceles, por supuesto.

Pero nada de eso importa, según parece.

Es bien sabido el problema que tienen los abolicionistas con el Código Penal, con la cárcel, con la Policía, con el servicio penitenciario. Es decir, con el sistema penal todo (o con el aparato represivo, según la moderna terminología progre).

Los magistrados judiciales que adhieren a esta seudodoctrina tienen un problema adicional: Juraron defender una ley que quieren destruir. Están en un callejón sin salida. Son sacerdotes ateos. Deportistas que odian el entrenamiento y las competencias.

Como -todavía- no se atreven a solicitar lisa y llanamente la derogación del Código Penal, de los Códigos Procesales Penales, de los Códigos de Ejecución Penal, la destrucción de las cárceles, las alcaldías y los calabozos de las comisarías, optan por “interpretar” las normas represivas como un grupo de adolescentes, rebeldes y sin causa (¿sin causa?).

Los discípulos de Raúl Zaffaroni se reproducen rápidamente. Los delincuentes festejan estas nuevas olas. Los que no delinquen observan azorados el triunfo de un abolicionismo absurdo en fiscalías, tribunales y universidades.

¿Existirá un límite a toda esta locura? ¿O habrá que esperar a que todos estos muchachos, lectores tardíos de Michel Foucault, terminen de leer su obra y comprenderla?

Inaugurar cárceles supone inversiones millonarias en obras públicas de arquitectura antipática; sin posibilidad de marquesinas, fotografías gigantes del gobernante de turno, color de pintura partidaria o carteles que indiquen “Fulano cumple”…

Inaugurar cárceles trae aparejada la obligatoria capacitación de cientos de efectivos del Servicio Penitenciario y la provisión de logística (armamento, protección de los internos y del personal, sistemas electrónicos de seguridad, etc.). Hay que instalar, organizar y mantener cocinas, comedores, baños, locutorios para abogados, sitios para recreación y visitas familiares, talleres, etcétera.

La cárcel es una pequeña ciudad entre muros. Con organización y gobierno interno. Pero, además, debe ser un sitio que -amén de la seguridad para carceleros y encarcelados- brinde la posibilidad de ‘resocializarse’ al que decidió o fue empujado por las circunstancias a cometer un delito, a convertirse en antisocial.

Pero esta ecuación no es tan simple.

Deben sumarse al dilema las contradicciones del discurso jurídico-penal vigente en nuestro país.

A saber:

Para el abolicionismo penal, la cárcel no sirve para nada. El Estado no está “legitimado” para imponer penas. La sanción penal es un abuso del poder, cuándo éste “sustrajo” el conflicto a los particulares y lo convirtió en “delito”…

Para el “mano-durismo” penal, la cárcel no debería ser sino un depósito amurallado de criminales, lo más alejado posible de la civilización. Si fuera en la Antártida, mejor. Sólo agua y comida suficiente para la supervivencia, hasta la muerte del condenado entre esos muros…

Para los políticos en campaña, el concepto de “cárcel” varía según el ritmo de las encuestas de opinión o los sondeos de imagen. Unas cucharaditas de abolicionismo, media tacita de manodurismo, una pizca de garantismo y una generosa ración de demagogia para acompañar el plato terminado.

Así surgen las frases vacías de contenido como “hay que terminar con la puerta giratoria”, “las penas deben cumplirse”. “el delincuente debe estar en la cárcel y el honesto en su casa, tranquilo”, entre otras citas célebres…

Sin embargo, la escandalosa ola delictiva que nos azota, el fracaso en la prevención criminal, la ineficacia de la Justicia Penal, los alarmantes índices de reincidencia, etc. obligan a producir urgentes reformas en el sistema penal del Estado. Debe comenzarse por el último eslabón, la cárcel.

Si el último peldaño del sistema penal no funciona, todo lo demás se desmorona como castillo de naipes.

En las actuales circunstancias, la cárcel no cumple con sus objetivos constitucionales. No debe propiciarse su eliminación, pero si su profunda reforma. El encarcelado (procesado, condenado con sentencia recurrida o condenado con sentencia firme) debe trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad que no implique ocio negativo, que se traduce en violencias de la más variada índole. Pena con tratamiento. Pena con posibilidad de resocialización.

No es simple. Es complicado. Pero, es posible.

Y no suena tan “piantavotos”… ¿no?