Sin embargo, cualquier argentino pude afirmar, legítima y legalmente, que vive en un país con esas vigentes denominaciones, según el también vigente artículo 35 de la Constitución Nacional de la Nación Argentina, reformada en Paraná, en el año 1994.

El presidente Mauricio Macri acaba de nombrar en comisión a dos juristas argentinos, los doctores Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, para completar las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de las renuncias de los antiguos ministros Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni.

El Presidente de la nación, para hacer efectivos estos nombramientos, aplicó el vigente artículo 99, inciso 19 de la Constitución.

Dos artículos de la Carta Magna que se aplican muy poco. Casi nunca, podríamos afirmar. Sin embargo, están ahí. Tan vigentes como el preámbulo o como la norma que sostiene que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal (artículo 1.º).

¿Es políticamente incorrecta la decisión del Primer Magistrado? ¿Podría haber esperado hasta el próximo período legislativo para elevar las propuestas de los candidatos al máximo tribunal de Justicia del país? ¿Descenderá su ascendente imagen positiva en las encuestas de opinión?

Son preguntas para analistas políticos. Para periodistas especializados. Para otros políticos.

La simple lectura de la Constitución Nacional no es tan complicada.

Ya no son necesarios los complicados mecanismos que surgen de un librito delgado, de pocas páginas, llamado Constitución Nacional.

Ahora son vetustos esos anticuados conceptos (antes los llamábamos garantías) de “juez natural” y de “debido proceso legal”.

Ahora es el cambio. El nuevo modelo de vida. El novel relato…

Remover un magistrado judicial que no se adapte a la “nueva era” por estos días es cuestión de segundos.

“¡Marche un juez abolicionista!”. “¿Para cuándo esos camaristas desestimadores?”. “¡Hace media hora que pedí un fiscal archivador!”. Y así.

El Poder Judicial hoy está compuesto por sus cuadros permanentes y por una legión de “suplentes” dispuestos a ingresar a la cancha cuando el técnico lo decida y “para lo que guste mandar”.

¿Concursos de oposición y antecedentes? ¿Exámenes ante el Consejo de la Magistratura? ¿Acuerdo del Senado con mayorías preestablecidas en la Constitución?

De ninguna manera. Esas son prácticas de la “vieja” Justicia, monárquica y corporativa, a la que hay que “democratizar”.

Mientras tanto, se mantienen las vacantes en importantes cargos judiciales por años, se integran con magistrados subrogantes y, cuando estos perjudican con alguna de sus resoluciones al gobierno, a los integrantes del gobierno, a los amigos o los allegados de los integrantes del gobierno, etc., se los reemplaza por otros subrogantes o -directamente- por abogados de la matrícula o conjueces consustanciados con el modelo.

Se promueven leyes orgánicas del Ministerio Público en donde se establece la figura del fiscal coordinador de distrito, que es designado por la procuradora general de la Nación, por dos años y es ese funcionario el que presenta un plan o un mecanismo para la asignación de los casos, que puede ser por turnos o por el sistema que se le ocurra.

O también se establece que la procuradora general designe a los miembros del jurado para los concursos y prevé la creación de procuradurías especializadas.

Es decir, ya se puede “elegir” juez o fiscal… ¡Y si no nos gustan, los cambiamos!

El panorama es sombrío. Pero estas breves reflexiones terminan con un dejo de optimismo: siempre se puede estar un poco peor.

Por ejemplo, el emperador Calígula nombró, con acuerdo del Senado de Roma, a su caballo Incitatus como cónsul del Imperio.