Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el sistema penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).

A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictuales, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la mano dura, tolerancia cero hasta el actual y absurdo abolicionismo penal, catecismo laico, obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.

La Biblia abolicionista, concebida entre otros por Michel Foucault, Thomas Mathiesen, Nils Christie, Louk Hulsman, Raúl Zaffaroni y sus seguidores vernáculos, habla del delito como una creación política. Estos gurúes nos iluminan diciendo que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el conflicto y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel no sirve para nada. Que el Estado no está legitimado para imponer penas. Que la pena es otro hecho político para llenar de pobres e indigentes las agencias policiales y penitenciarias, para saciar las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la sensación de inseguridad.

La víctima resulta ser el victimario y el victimario, la víctima de un sistema capitalista (o neoliberal) que le quitó oportunidades y lo empujó hacia el delito.

En este orden de ideas, la muerte violenta es una contingencia inevitable.

Estas sandeces han perturbado severamente el juicio crítico de miles de estudiantes de abogacía, graduados, posgraduados y —por supuesto— magistrados judiciales y del Ministerio Público, en todas sus instancias.

Estos galimatías, tan alejados del sentido común como la Tierra de Saturno, forman parte de una inmensa cantidad de fallos judiciales que resuelven respecto de la vida de seres humanos. De su libertad, su honra, su honor, su protección frente al criminal.

Estos sofismas integran el razonamiento de miles de jueces y fiscales en la República Argentina. La mayoría de ellos honestos y probos. Muchos asombrados frente a las descarnadas críticas que reciben cada vez que firman alguna aberración jurídico-abolicionista o son denunciados por las sorprendidas víctimas.

La locura abolicionista ha concebido jueces de ejecución que no creen en la pena. Fiscales que pretenden eliminar el sistema penal. Abogados particulares que repiten como loros que la solución para el flagelo planetario del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes, y de su directísima incidencia en la conducta criminal, es liberar la venta de todas las sustancias psicoactivas para neutralizar el mercado ilegal. En este caso sí, son capitalistas y defensores de las reglas de la oferta y la demanda.

El abolicionismo penal, si fuera una religión, tendría sacerdotes ateos. Así de incoherente. Así de absurdo.

El trabajo que nos espera es arduo y complicado. Los gurúes abolicionistas, además de haber inventado un extraño idioma e instalado un peculiar discurso jurídico-penal (otro relato), han convencido a sus decenas de miles de seguidores de que constituyen una generación de abogados privilegiada. Muy alejada del vulgo, que no conoce ni entiende nada. Por eso no discuten ni debaten. Están muy por encima de nosotros, en un nivel superior, casi en el Topos Uranus de Platón.

Ojalá los tiempos de cambio que se avecinan tengan en cuenta también esta realidad terrible y patética. Hoy en los Tribunales Penales argentinos falta sentido común. Recuperémoslo.

La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina foránea y berreta conocida como abolicionismo penal, ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.

La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.

Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinados durante todos estos años.

Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…

Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?

Aplaudir como bobos las frases inintelegibles -construídas con palabras inventadas- de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, de Raúl Zaffaroni…

Instalar obligatoriamente, como si se trataran de la Tablas de Moisés, en Facultades de Derecho, Institutos de Post-grado, Consejos de la Magistratura, etc., los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que  la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.

Los delincuentes, brindaban con champán.

Mientras tanto, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.

Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.

Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.

El discípulo  elegido para reemplazar al gurú del penalismo argentino en el máximo Tribunal de Justicia del país ha izado los estandartes de la destrucción del sistema penal mucho más alto que su maestro. Ha utilizado la palabra “abolida”, del verbo abolir.

Hasta ahora, los abolicionistas, se habían escudado en el concepto de “garantismo”, confundiendo a gran parte de la ciudadanía que -en su desconocimiento respecto de términos legales- equiparaba el cumplimiento de los preceptos constitucionales en el marco de un proceso penal (garantismo), con la pseudo-doctrina foránea destinada a la destrucción del sistema penal mismo (abolicionismo).

Roberto Carlés se animó a quitarse la máscara. Dejó de lado las palabras extrañas que utiliza su maestro en sus libros y conferencias y se sinceró. Ahora, abolir es la cuestión.

Comenzó con las penas perpetuas (ya su mentor y sus miles de seguidores lo habían hecho con la reincidencia).

¿Cuál será el próximo tópico del futuro juez supremo?

Es de suponer que se tratará de la pena privativa de libertad en su totalidad. Su mecenas Zaffaroni dijo en innumerables oportunidades que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas, que la pena es un “hecho político”, entre otros disparates.

¿Mejorar el sistema carcelario? Ni hablar!

Lo que corresponde es abolir. Eliminar…

¿Y la víctima? Bien gracias.

El muerto ya no puede quejarse. Ya no es humano. Lo único inhumano es el castigo al matador.

Así de sencillo. Así de repugnante.

Para los abolicionistas, el “delito” es una creación política. El proceso penal es una farsa de los poderosos, que le quitaron a los particulares el “conflicto”…

Así de ridículo. Así de seductor.

Mientras miles de estudiantes de Derecho (y muchos graduados -abogados particulares y magistrados-) repiten embobados estas zonceras, el delito crece en cantidad y en gravedad. La droga hace estragos y potencia el accionar criminal. Las cárceles son post-grados del delito. La comunidad nos implora más seguridad y mejor administración de justicia…

Pero ahí están ellos. Con sus cantos de sirenas. Con sus palabras y frases rebuscadas. Con sus conferencias inintelegibles…

Ahí están ellos, los abolicionistas, encerrados en su burbuja gaseosa.

Hace algunos días, ciertos funcionarios bonaerenses festejaban mediáticamente el “descenso” de los índices delictivos, según las cifras de las estadísticas difundidas por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia. “Es el fruto de la emergencia policial dispuesta por el Gobernador”, expresaban eufóricos. También destacaban la más absoluta objetividad en los guarismos publicados, ya que los mismos no pertenecían al Poder Ejecutivo, sino a la más alta autoridad del Ministerio Público de la Provincia.

El ejemplo más destacado era la baja en la tasa de homicidios y en los homicidios en ocasión de robo. La emergencia policial, las normas sobre desarme, las modificaciones a las reglas excarcelatorias, etc., eran los principales argumentos para explicar el “fenómeno”.

Sin embargo, este asombroso “tobogán descendente” no fue debidamente explicado por los exultantes funcionarios.

Poco o nada se dijo sobre el SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público), herramienta de gestión en la que se registran las causas que ingresan a la totalidad de las Fiscalías de la Provincia, ni sobre las “categorías” con las que la Policía caratula los sumarios, es decir, la documentación que da inicio a una IPP (Investigación Penal Preparatoria). Es del SIMP donde se toman los datos que construirán las estadísticas, que ahora el Gobierno hace públicas.

¿Cómo funciona el SIMP?

En pocas palabras, puede resumirse el mecanismo de registración de la siguiente manera: la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en tanto auxiliar de la Administración de Justicia y del Ministerio Público, debe actuar de oficio ante la presunta comisión de delitos de acción pública, comunicar a las autoridades judiciales y registrar toda su actuación en un legajo escrito, sumario, o IPP, según la nueva denominación.

El funcionario preventor, es decir el Comisario de Sección o el Director de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones), suscribe dichas actuaciones y realiza una primera y provisoria calificación legal, sin perjuicio del análisis y eventual re-calificación que realicen a posteriori las autoridades judiciales.

Aquí aparece el quid de la cuestión.

Como en tantas otras cuestiones de la vida diaria, el uso del lenguaje resulta fundamental, a la hora de establecer códigos comunicacionales.

La Policía, desde tiempos inmemoriales, es complicada para comunicarse con el resto de los mortales. En su seno no se habla de hombres o mujeres, sino de masculinos o femeninos. No se dice perro, sino can. Los carros no son tirados por caballos, sino por equinos. No se contesta sí o no, sino afirmativo o negativo… Y así.

Los encargados de redactar las actuaciones prevencionales, en el marco de una muerte violenta sospechosa de criminalidad, raras veces la calificarán como “homicidio”, sino como “averiguación causales de muerte”, sea la investigación respecto de una persona encontrada sin vida en la vía pública, con seis disparos en el cráneo, o sea la de una anciana que murió de un paro cardio-respiratorio no traumático, en su cama, pero que, al no tener médico de cabecera, la actuación judicial (autopsia incluída), se torna obligatoria.

Como se advierte, el “descenso” en las tasas de homicidios se inicia con la firma y rótulo de las mismas actuaciones sumariales, que serán registradas por el empleado de la Mesa de Entradas de la Fiscalía General correspondiente y cargadas en el Sistema Informático del Ministerio Público, que luego proporcionará datos fidedignos, pero que, sin la debida explicación, llevan a confusión.

Nadie miente. Todos cumplen con su labor. Pero es una verdad a medias.

Otro de los formulismos policiales favoritos es el rótulo “averiguación de ilícito”, que es lo mismo que decir “causa penal” o “Investigación Penal Preparatoria”, ya que los jueces y fiscales penales nos dedicamos -justamente- a “averiguar conductas delictivas”…

El trabajo de registración que toma en cuenta el casillero “averiguación de ilícito” y el casillero “averiguación causales de muerte”, cambian sustancialmente la realidad criminal cuando ésta se transforma en estadística…

Menos “homicidios”, claro.

En definitiva, es una nueva forma de negación… Una nueva sensación.

como para no considerar importantísimo

que las sociedades se esmeren en consolidar

la eficiencia de la Justicia…?

Marcos Aguinis. “Elogio de la Culpa”  (1)

El constante aumento de los índices delictivos, como asimismo el alarmante incremento del uso de la violencia en las distintas formas de comisión criminal, ambos guarismos negados desde el Poder, imponen una serena pero urgente reflexión por parte de quienes integramos el Sistema Penal del Estado. 

En esta oportunidad, no podrá eludirse uno de los temas tabú por excelencia: el narcotráfico, la narcocriminalidad y el combate -y fracaso- del Estado Argentino frente a esta problemática.

Cada vez que surge el tema de la droga y su directa incidencia en el comportamiento criminal, aparecen posturas irreductibles, discusiones de cafetín, ofendidos y ofensores, etcétera.

Algunos, tal vez por esnobismo, enarbolan posturas pretendidamente “progresistas”, exigiendo la despenalización del consumo de estupefacientes, como gran solución a la problemática,  y citan a Michel Foucault y a Antonio Escohotado a discreción, aunque muchas veces no entiendan ni jota…

Otros, en cambio, se alistan en las corrientes de “mano dura” y “tolerancia cero” de Rudolph Giuliani y William Bratton, olvidándose que dichas políticas se ennmarcan en un contrato social, donde no es el Estado el que impone la “dureza”, sino la comunidad jurídicamente organizada quien la reclama a sus dirigentes.

Mientras tanto, la droga sigue envenenando a nuestros jóvenes y está ahí, al alcance de la mano. Es evidente que la eficacia de las leyes nacionales de represión del narcotráfico, deja mucho que desear.

La pésima técnica legislativa utilizada, la falta de recursos materiales y humanos, y la carencia de grupos policiales especializados en materia de drogas en los puntos neurálgicos de la República, conspiran contra una correcta o, a lo sumo, aceptable aplicación de la norma.

Valgan como ejemplos los innumerables “megaoperativos” policiales –siempre autotitulados “xx blanca o blanco”, en un alarde de sobrehumana imaginación- con múltiples detenciones, allanamientos espectaculares, secuestros, decomisos, quema de sustancias prohibidas, etc., etc. Cuando los hechos motivos de investigación son llevados a juicio oral y público, toda aquella parafernalia de gente presa y droga secuestrada se transforma en groseras nulidades procesales, producto de supinas violaciones a las mínimas garantías constitucionales, y como resultado final la libertad de todos o casi todos los detenidos, la libre absolución de los inculpados… Y la terrible sensación de impunidad e injusticia…

Por otra parte, ¿acaso existen grandes o medianos narcotraficantes presos? ¿O simplemente van a la cárcel los últimos y penúltimos integrantes de la infame cadena? La respuesta es más que obvia…

No podrá hablarse –como irresponsablemente lo hicieran ciertos funcionarios públicos- de “sensación” con el problema de la droga. Basta recorrer cualquier ciudad, un sábado por la noche para observar –con una tristeza gigante en el alma- a jovencitos y jovencitas, casi niños, completamente “pasados” de droga y alcohol.

Jóvenes delincuentes, apenas cumplida la mayoría de edad, llegan detenidos a las comisarías, fiscalías y juzgados en un estado de excitación tal, que solamente la marihuana la cocaína, el paco o cualquier otra porquería pueden causar…

Tal vez hayan robado –o matado- por doscientos pesos…, el precio de una dosis de droga en los innumerables puestos de venta existentes en las ciudades y sus alrededores.

Pero la verdadera discusión sigue ausente. Seguimos debatiendo si debe sancionarse o no el consumo de drogas –intentando equiparar nuestra subdesarrollada Latinoamérica con Holanda, Suiza o Alemania- quedándonos en esa controversia, orgullosos… Como si hubiésemos descubierto la pólvora.

En tanto, los narcotraficantes ingresan y egresan de la República con tanta facilidad como un ama de casa al almacén del barrio, intoxican a nuestros jóvenes y continúan lavando sus activos.

La Gendarmería -policía de fronteras- cuidando autopistas urbanas… La Prefectura -policía de las aguas- cuidando barrios chic… ¡Sólo falta la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuidando los lagos del sur! 

Este es el momento histórico de replantear el combate contra las drogas, lejos de demagogias y posturas esnobistas. Sin “importar” ideologías e institutos de otras latitudes, con realidades socioculturales e idiosincrasias totalmente distintas a las nuestras.

Aceptar desde el Estado nuestras culpas y fracasos en la lucha contra el narcotráfico y su incidencia en la criminalidad, es un buen comienzo. De este modo, demostraríamos humildad en nuestra función y respeto por la Comunidad que nos sostiene…

Lo contrario es soberbia y altanería…Y los narcotraficantes seguirán festejando.

(1) Ed. Planeta, Bs. As. 1993, pag. 37