A simple vista parece lógico y plausible el proyecto. Pero, ¿es el proceso penal una ficción teatral o televisiva? ¿O necesita uno de sus protagonistas clases de actuación?

Las respuestas negativas fluyen sin esfuerzos. Respeto profundamente la profesión de actor. Gracias a ellos disfrutamos del arte escénico de manera única. Nuestros sentimientos afloran frente a las pantallas de cine y televisión o en los escenarios teatrales con sus interpretaciones. Aunque, la Justicia y su administración es otra cosa.

Saber hablar en público. Pronunciar las eses. No repetir “viste”, “a ver”, “nada” o “en definitiva”, entre otras muletillas, está muy bien.

Pero los fiscales -y los defensores- no tenemos que cautivar al público o seducir fans, sino convencer a los jueces o a los jurados populares de nuestras respectivas pretensiones procesales.

Para convertirnos en Jim Garrison, de JFK o en Jack Mc Coy, de Law & Order, están las academias de Bellas Artes o el Actors Studio de NYC.

Por otra parte, el paradigma de los juicios orales que vemos por cine o televisión no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en nuestros procesos orales.

No hay jueces togados, ni pelucas medievales, ni escritorios lustrosos como un vidrio, ni alguaciles, ni martillos, ni martillazos… Los jueces no ladran como bulldogs a las partes y los abogados no decimos “protesto, su señoría”.

Sigamos disfrutando de las series y las películas de jueces y abogados. Pero separemos realidad y ficción.

Es lo que se merece el justiciable. Único destinatario de nuestros aciertos y desatinos.

El informe del magistrado del Ministerio Público fue tildado por funcionarios del Gobierno Nacional de “trabajo universitario” y se lo acusó de haber movilizado  ”recursos humanos y técnicos del Estado, recursos que son limitados  y que se encuentran abocados al desempeño de sus funcionarios particulares para un proyecto personal por encima de las funciones que le corresponden a su grado…”, según informó la agencia DyN.

No es un buen antecedente en miras al sistema acusatorio que se pretende instalar en el ámbito de la Justicia Penal Federal y Nacional, que el Gobierno se irrite y reaccione de esta manera ante informes, investigaciones o denuncias de los fiscales.

Cuando se pide desde el mismo Gobierno una mayor proactividad de los fiscales, un mayor compromiso, que el Ministerio Público actúe de oficio ante conductas sospechosas de criminalidad, etc., se está pidiendo a la magistratura requirente justamente lo que hizo el fiscal Delgado: preguntar; recabar información; inquirir; investigar. Y, en su caso, promover la acción penal.

Sin embargo, la actividad perquisitiva del Ministerio Público no siempre culmina con la promoción de la acción penal pública o con la acusación ante un organismo jurisdiccional. Muchas veces, la reunión de información o de evidencias termina con el archivo de las actuaciones, con la desestimación de la denuncia o con la puesta en conocimiento a organismos no jurisdiccionales a los efectos de dirigir el reclamo, la inquietud o la queja de algún integrante de la comunidad jurídicamente organizada.

Los fiscales no generamos charlas de café o de peluquería, pedimos informes por escrito, con nuestras firmas y sellos aclaratorios.

Los fiscales no invitamos a tomar un vermut a un testigo en un bar, lo citamos legalmente a nuestros despachos mediante cédula, oficio o exhorto.

Los fiscales buscamos información, preguntamos, investigamos… Para eso estamos en el Sistema Penal del Estado.

El Ministerio Público no debe -no debería- ser acosado por los demás Poderes del Estado cuando está cumpliendo con su misión Constitucional, es decir “promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”, según reza el art. 120 de nuestra Ley Fundamental.

En una República que se digne de serlo, un fiscal que indague los actos u omisiones de algún organismo estatal, lejos de ser perseguido, debería ser protegido por las propias autoridades cuya responsabilidad sea motivo de consulta o investigación.

Caso contrario, la fanfarria que acompañó la presentación oficial  del proyecto de Código Procesal Penal, instalando el sistema acusatorio, será sólo una melodía de bombos, redoblantes y platillos.

Cuando el cargo esté vacante, Ud. debe postularse a la Procuración General de la Nación.

Los fiscales de todo el país – más allá de nuestras jefaturas provinciales- necesitamos a un referente como Ud. Necesitamos al frente de la Fiscalía de la República a un jurista de nota, a un experto constitucionalista, a un amante de la Ley y la Justicia. 

Pero también los representantes del Ministerio Público necesitamos a un líder independiente de cualquier poder político o económico. A un hombre valiente que hable sin tapujos y que actúe en consecuencia, sin importar mediciones de imagen, rating o sondeos de opinión…

Ante versiones que indican que la doctora Alejandra Gils Carbó, actual Procuradora General de la Nación, será promovida a la jerarquía de Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como fiscal, como abogado, como ciudadano argentino, le ruego evalúe postularse para ocupar la Jefatura del Ministerio Público de mi amada República.

Dr. Marcelo Carlos Romero  -  Fiscal del Ministerio Público