Por miedo, comodidad o simple interés, quienes ocupan los despachos oficiales recurren una y otra vez a la negación de lo evidente, a la eliminación de la verdad comprobable. Muchas veces, con el aditamento de etiquetar al mensajero de malas noticias como al mismísimo demonio.

Múltiples y patéticos ejemplos de esta práctica nutren la historia argentina.

La aparición y la multiplicación de elementos y herramientas comunicacionales como las redes sociales y el hiperdesarrollo de internet, sumadas a la proliferación de “gurúes” de la imagen y la encuesta de opinión, han sumido a los dirigentes políticos vernáculos en la disyuntiva de reconocer lo tangible o negarlo hasta los límites del ridículo, y luego “medir” el impacto de su decisión en sondeos que realizan las consultoras “top”.

“No hay inflación. No hay pobreza. No hay desocupación. No hay inseguridad. El narcotráfico no ha penetrado nuestras fronteras. El sistema penal del Estado funciona perfectamente, al igual que la salud y la educación”. La lista de ejemplos sería infinita y aburrida. También, irritante.

En las últimas horas, en medio de una inaudita ola de inseguridad, se multiplicaron casos de secuestros extorsivos en gran parte del territorio bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, altos funcionarios de las áreas de Seguridad y de la Policía volvieron a insistir con la negación, al igual que sus antecesores y los antecesores de los antecesores… A Dios gracias, nadie habló de “sensación de inseguridad”, ¡por ahora!

Si la solución a los problemas que nos aquejan pasara por la simple negación, la historia de la humanidad sería un cuento de hadas o una aventura de Emilio Salgari, como mucho.

Equiparar a la República Argentina con Disneyland ya nos trajo demasiados inconvenientes en el pasado reciente. Es hora de virar el timón hacia otros rumbos, de ignorar la bella silueta de las sirenas y su encantador sonido.

Sueño con candidatos y precandidatos que formulen propuestas claras y concretas -sin eufemismos- respecto de sus proyectos en materia criminal. Sobre qué harían, si accediesen al poder, con el sistema penal del Estado, o el aparato represivo, o las agencias del poder punitivo, o la terminología que quieran utilizar o la que sus asesores de imagen les impongan.

Sueño con candidatos y precandidatos que reconozcan -sin desviarse por tangentes o colectoras- la olímpica derrota frente al avance del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes en la República Argentina. Que asuman la directísima relación entre droga y aumento del delito e incremento de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal.

Sueño con candidatos y precandidatos que propongan -al menos- un esbozo de plan para combatir este y otros crímenes organizados, como la trata de personas, el contrabando, la piratería del asfalto, la venta ilegal de armas, etcétera.

Sueño con candidatos y precandidatos que discutan abiertamente sobre el rol de la pena privativa de libertad, sobre la necesidad de un replanteo de las políticas penitenciarias, sobre la construcción de nuevas unidades y alcaldías, sobre el trabajo de los internos, etcétera.

Sueño con candidatos y precandidatos que debatan acerca de la desaparición de estadísticas criminales serias y confiables, pero necesarias e imperativas para la construcción de cualquier política criminal duradera.

Sueño con candidatos y precandidatos que no teman discutir sobre el delito protagonizado por menores de edad, o niños en conflicto con la ley penal. Sobre la edad de imputabilidad. Sobre el régimen penal juvenil.

Sueño con candidatos y precandidatos que fijen postura respecto de las fuerzas policiales y de seguridad como auxiliares de la Justicia y del Ministerio Público. Que expliquen a la ciudadanía sus planes de capacitación, de reconocimiento y de control a los efectivos.

Sueño con candidatos y precandidatos que hablen sobre inteligencia criminal y sobre espionaje ilegal. Sobre qué postura adoptarán frente al fisgoneo estatal a políticos, periodistas, empresarios, sindicalistas, estudiantes… Es decir, frente a esa frenética actividad del Estado negada, pero real, multimillonaria, pero de nivel de peluquería o de mesa de bar.

Sueño con candidatos y precandidatos que hablen sobre el catecismo laico-obligatorio instaurado en facultades de derecho, escuelas de posgrado, consejos de la magistratura, etcétera, denominado “abolicionismo”. Único discurso jurídico-penal para triunfar en el mundo del Derecho penal argentino.

Sueño con candidatos y precandidatos que eliminen para siempre el insulto a nuestra humilde inteligencia, cuando nos hablan de “sensación de inseguridad” o de “descenso de los índices delictivos”.

Hoy tengo un sueño… ¡Ojalá me despierte y se convierta en realidad!

La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina foránea y berreta conocida como abolicionismo penal, ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.

La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.

Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinados durante todos estos años.

Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…

Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?

Aplaudir como bobos las frases inintelegibles -construídas con palabras inventadas- de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, de Raúl Zaffaroni…

Instalar obligatoriamente, como si se trataran de la Tablas de Moisés, en Facultades de Derecho, Institutos de Post-grado, Consejos de la Magistratura, etc., los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que  la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.

Los delincuentes, brindaban con champán.

Mientras tanto, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.

Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.

Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.

El discípulo  elegido para reemplazar al gurú del penalismo argentino en el máximo Tribunal de Justicia del país ha izado los estandartes de la destrucción del sistema penal mucho más alto que su maestro. Ha utilizado la palabra “abolida”, del verbo abolir.

Hasta ahora, los abolicionistas, se habían escudado en el concepto de “garantismo”, confundiendo a gran parte de la ciudadanía que -en su desconocimiento respecto de términos legales- equiparaba el cumplimiento de los preceptos constitucionales en el marco de un proceso penal (garantismo), con la pseudo-doctrina foránea destinada a la destrucción del sistema penal mismo (abolicionismo).

Roberto Carlés se animó a quitarse la máscara. Dejó de lado las palabras extrañas que utiliza su maestro en sus libros y conferencias y se sinceró. Ahora, abolir es la cuestión.

Comenzó con las penas perpetuas (ya su mentor y sus miles de seguidores lo habían hecho con la reincidencia).

¿Cuál será el próximo tópico del futuro juez supremo?

Es de suponer que se tratará de la pena privativa de libertad en su totalidad. Su mecenas Zaffaroni dijo en innumerables oportunidades que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas, que la pena es un “hecho político”, entre otros disparates.

¿Mejorar el sistema carcelario? Ni hablar!

Lo que corresponde es abolir. Eliminar…

¿Y la víctima? Bien gracias.

El muerto ya no puede quejarse. Ya no es humano. Lo único inhumano es el castigo al matador.

Así de sencillo. Así de repugnante.

Para los abolicionistas, el “delito” es una creación política. El proceso penal es una farsa de los poderosos, que le quitaron a los particulares el “conflicto”…

Así de ridículo. Así de seductor.

Mientras miles de estudiantes de Derecho (y muchos graduados -abogados particulares y magistrados-) repiten embobados estas zonceras, el delito crece en cantidad y en gravedad. La droga hace estragos y potencia el accionar criminal. Las cárceles son post-grados del delito. La comunidad nos implora más seguridad y mejor administración de justicia…

Pero ahí están ellos. Con sus cantos de sirenas. Con sus palabras y frases rebuscadas. Con sus conferencias inintelegibles…

Ahí están ellos, los abolicionistas, encerrados en su burbuja gaseosa.

Para evitar reconocer la olímpica derrota frente al narcotráfico internacional y local. En su lugar, propone discusiones de café o de bar rockero sobre el uso libre de la marihuana.

Para no admitir que ha instalado -obligatoriamente- en materia penal la doctrina abolicionista de Eugenio Zaffaroni & discípulos en las Facultades de Derecho, Institutos de Post-grado, Consejos de la Magistratura, etc.

Para eludir la discusión sobre el rol de la cárcel, la necesidad de un replanteo de las políticas penitenciarias, la construcción de nuevas unidades y alcaidías, etc. En su lugar, formó el “Batayón militante”…

Para evitar la revisión metodológica y la depuración de las estadísticas criminales, sincerando las cifras reales de los delitos que se cometen en la República. Para ello, instaló la teoría de la “sensación de inseguridad”.

Para no dar el debate sobre delincuencia infanto-juvenil, incidencia de las drogas en las distintas formas de comisión criminal, necesidad de modificar los sistemas procesales penales para niños y adolescentes, creación de establecimientos adecuados para menores de edad, etc. En su lugar, huye por la tangente de temas ajenos a la política criminal.

Para evitar -por todos los medios- la etiqueta o el rótulo de “facho”, que los propios adictos al gobierno utilizan. Para ello, el relato oficial ha creado un nuevo vocabulario jurídico-penal donde las palabras “crimen”, “criminal”, “cárcel”, “orden”, “autoridad”, están terminantemente prohibidas.

Para no contradecir a la intelectualidad “progre”, que considera al criminal como una víctima de la sociedad y a ésta como la verdadera culpable de todas nuestras desdichas… Por irracional que parezca.

Para no sumar un argumento político de peso específico propio a la oposición, sobre todo en un año electoral.

Para quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndoles un poco a ambos… Síntesis de la política argentina en los últimos 60 años.