En materia de seguridad ciudadana y sistema penal, se alzan voces para pedir el accionar del Ejército y del resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para combatir al narcotráfico, cárcel para los corruptos, más policías, más cámaras de seguridad, etcétera.

¿Y las cárceles? Poco y nada.

Inaugurar cárceles —o reparar las existentes— es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas entre rejas y muros. Nadie quiere el epígrafe: “Ellos construyen cárceles. Nosotros construiremos escuelas, hospitales y fábricas”, en los afiches de la presente campaña electoral. Y de la próxima. Y de la próxima.

Inaugurar cárceles supone inversiones millonarias en obras públicas de arquitectura antipática, sin posibilidad de marquesinas, fotografías gigantes del gobernante de turno, color de pintura partidaria o carteles que indiquen: “Fulano cumple”.

Inaugurar cárceles trae aparejada la obligatoria capacitación de cientos de efectivos del servicio penitenciario y la provisión de logística (armamento, protección de los internos y del personal, sistemas electrónicos de seguridad, etcétera). Hay que instalar, organizar y mantener cocinas, comedores, baños, locutorios para abogados, sitios para recreación y visitas familiares, talleres, entre otros.

La cárcel es una pequeña ciudad entre muros. Con organización y gobierno interno. Pero, además, debe ser un sitio que —amén de la seguridad para carceleros y encarcelados— brinde la posibilidad de resocializar al que decidió o fue empujado por las circunstancias a cometer un delito, a convertirse en antisocial.

Pero esta ecuación no es tan simple. Deben sumarse al dilema las contradicciones del discurso jurídico-penal vigente en nuestro país. A saber:

Para el abolicionismo penal, la cárcel no sirve para nada. El Estado no está “legitimado” para imponer penas. La sanción penal es un abuso del poder, cuando este “sustrajo” el conflicto a los particulares y lo convirtió en “delito”.

Para el “manodurismo” penal, la cárcel no debería ser sino un depósito amurallado de criminales, lo más alejado posible de la civilización. Si fuera en la Antártida, mejor. Sólo agua y comida suficiente para la supervivencia, hasta la muerte del condenado, entre esos muros.

Para los políticos en campaña, el concepto de “cárcel” varía según el ritmo de las encuestas de opinión o los sondeos de imagen. Unas cucharaditas de abolicionismo, media tacita de manodurismo, una pizca de garantismo y una generosa ración de demagogia para acompañar el plato terminado.

Así surgen las frases vacías de contenido como: “Hay que terminar con la puerta giratoria”, “Las penas deben cumplirse”, “El delincuente debe estar en la cárcel y el honesto en su casa, tranquilo”, entre otras citas célebres.

Sin embargo, la escandalosa ola delictiva que nos azota, el fracaso en la prevención criminal, la ineficacia de la Justicia penal, los alarmantes índices de reincidencia, etcétera obligan a producir urgentes reformas en el sistema penal del Estado. Debe comenzarse por el último eslabón, la cárcel.

Si el último peldaño del sistema penal no funciona, todo lo demás se desmorona como castillo de naipes.

En las actuales circunstancias, la cárcel no cumple con sus objetivos constitucionales. La cárcel no reeduca. Más bien, es un posgrado del delito. No debe propiciarse su eliminación, pero sí su profunda reforma. El encarcelado (procesado, condenado con sentencia recurrida o condenado con sentencia firme) debe trabajar, estudiar o realizar cualquier otra actividad que no implique ocio negativo, que se traduce en violencias de la más variada índole. Pena con tratamiento. Pena con posibilidad de resocialización.

Surgirán voces que expresen que el detenido sin condena no puede ser obligado a nada. Pero si el Estado puede restringir al individuo de su principal derecho después del de la vida, la libertad, ¿cómo no va a poder restringir el “derecho” de un preso a la vagancia?

No es simple. Es complicado. Pero es posible. Y no suena tan “piantavotos”, ¿no?

Mucho se ha dicho y escrito sobre estos temas. Plataformas electorales, promesas de campaña, proyectos de reformas y contrareformas de las leyes policiales, penales y procesales penales, cambios en los paradigmas, en los discursos, en las denominaciones, etc. Todo parece inútil frente a los datos de la realidad. Sin embargo, poco se ha dicho o escrito sobre las desconfianzas entre los distintos operadores del sistema penal. Un mal silencioso, artero y letal para cualquier organización humana. Una verdadera fisura del sistema.

Veamos:

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de la Policía. Le adjudican culpas y fracasos en la prevención, en la investigación, en la preservación de las evidencias, en la reserva de las actuaciones -secreto profesional- etc.

-La Policía desconfía de Jueces y Fiscales. Los considera engreídos/as de traje y corbata; falda y tacos altos. Funcionarios/as de escritorio, sin experiencia, soberbios y no conocedores “de la calle”, “del barro”, de la realidad… (“¡Nosotros los detenemos y ellos los liberan!”; ”¡Nosotros estamos en la calle, ellos en sus despachos alfombrados!”)

-Los Organismos de Derechos Humanos -estatales y no estatales- detestan a la Policía y al Servicio Penitenciario y viceversa, y desconfían del Poder Judicial y del Ministerio Público.

-El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de los Organismos de Derechos Humanos, pero tienen terror reverencial ante sus presentaciones o declaraciones públicas.

-La Policía desconfía del Servicio Penitenciario y viceversa. Ambos tienen “celos de uniforme” respecto del otro. Se auto-adjudican el real conocimiento del delito y del delincuente, despreciando la visión de la otra fuerza de seguridad.

-Todos los organismos que integran el Sistema Penal desconfían de la prensa. Tienen pavor ante noticias que los cite, aunque sea sólo al efecto informativo. Sin embargo, muchos de sus integrantes “mueren” por aparecer en los medios masivos de comunicación y filtran permanentemente información, generando rumores o trascendidos.

Esta simple descripción de una parte de la realidad del sistema penal debería ser tenida en cuenta en futuras (y seguras) “reformas” o “contrarreformas”, ya que la posibilidad de una política criminal seria y duradera, en la República Argentina, parece una verdadera entelequia.