El Sistema Penal del Estado ha sufrido durante todo este tiempo innumerables “retoques de maquillaje”. Desde el cambio en las denominaciones de las jerarquías en las distintas fuerzas policiales y de seguridad, hasta el enfermizo marketing de colores partidarios en patrullas, motos y edificios. Sin olvidar la “siembra” de cámaras de video en miles de sitios, aparentemente “estratégicos”.

Se designaron miles y miles de efectivos policiales, con sus nuevos y coloridos uniformes, bien almidonados, pero sólo con seis meses de preparación antes de entregarles pistola, placa y autoridad.

Toda esta irresponsable parafernalia multicolor no logró el ansiado descenso en los índices delictivos -pese a la manipulación de las estadísticas oficiales, a la que somos adeptos los argentinos- como así tampoco, la merma en el uso de la violencia en las distintas formas de comisión criminal.

Tampoco se logró detener el avance dramático del narcotráfico como crímen organizado y su directísima incidencia en la criminalidad común o improvisada.

La Justicia Penal y el Ministerio Público -al menos una preocupante mayoría de sus operadores- abrazaron, con la pasión de un amante adolescente,  la pseudo-docrtina del abolicionismo penal , con toda su batería de dislates a cuestas.

La cárcel, último peldaño del sistema penal del Estado o del “aparato represivo”, quedó reducido a un depósito de seres humanos, donde lo único que se denuncia es el hacinamiento y la superpoblación. Nunca la necesidad de construcción de nuevas unidades o de reparación de las existentes.

El trabajo y el estudio de los internos ha quedado limitado a la iniciativa personal de cada uno de ellos. La seguridad de las prisiones es una entelequia. La Unidad de “maxima seguridad” de General  Alvear es un ejemplo tragicómico de lo antedicho.

En lugar de formar nuevos y mejores agentes penitenciarios, se formó el ”Vatayón militante”.

Y así.

Inaugurar cárceles —o reparar las existentes— es políticamente incorrecto. Nadie quiere la foto cortando cintas entre rejas y muros. Nadie quiere el epígrafe: “Ellos construyen cárceles. Nosotros construiremos escuelas, hospitales y fábricas”, en los afiches de la próxima campaña electoral. Y de la próxima. Y de la próxima.

Los ministros encargados de comandar políticamente los distintos servicios penitenciarios deberán ser inflexibles, tanto con carceleros como con encarcelados. Sin vulnerar derechos de las personas sometidas al poder punitivo del Estado. Pero tampoco olvidando los derechos de los que no cometieron delitos.

El presidente de la República y los gobernadores tienen ahora la oportunidad de girar el timón hacia aguas turbulentas; ruta necesaria para encontrar las nuevas costas de un sistema penal -al menos- más razonable.

A simple vista parece lógico y plausible el proyecto. Pero, ¿es el proceso penal una ficción teatral o televisiva? ¿O necesita uno de sus protagonistas clases de actuación?

Las respuestas negativas fluyen sin esfuerzos. Respeto profundamente la profesión de actor. Gracias a ellos disfrutamos del arte escénico de manera única. Nuestros sentimientos afloran frente a las pantallas de cine y televisión o en los escenarios teatrales con sus interpretaciones. Aunque, la Justicia y su administración es otra cosa.

Saber hablar en público. Pronunciar las eses. No repetir “viste”, “a ver”, “nada” o “en definitiva”, entre otras muletillas, está muy bien.

Pero los fiscales -y los defensores- no tenemos que cautivar al público o seducir fans, sino convencer a los jueces o a los jurados populares de nuestras respectivas pretensiones procesales.

Para convertirnos en Jim Garrison, de JFK o en Jack Mc Coy, de Law & Order, están las academias de Bellas Artes o el Actors Studio de NYC.

Por otra parte, el paradigma de los juicios orales que vemos por cine o televisión no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en nuestros procesos orales.

No hay jueces togados, ni pelucas medievales, ni escritorios lustrosos como un vidrio, ni alguaciles, ni martillos, ni martillazos… Los jueces no ladran como bulldogs a las partes y los abogados no decimos “protesto, su señoría”.

Sigamos disfrutando de las series y las películas de jueces y abogados. Pero separemos realidad y ficción.

Es lo que se merece el justiciable. Único destinatario de nuestros aciertos y desatinos.

Sueño con candidatos y precandidatos que formulen propuestas claras y concretas -sin eufemismos- respecto de sus proyectos en materia criminal. Sobre qué harían, si accediesen al poder, con el sistema penal del Estado, o el aparato represivo, o las agencias del poder punitivo, o la terminología que quieran utilizar o la que sus asesores de imagen les impongan.

Sueño con candidatos y precandidatos que reconozcan -sin desviarse por tangentes o colectoras- la olímpica derrota frente al avance del narcotráfico y del consumo masivo de estupefacientes en la República Argentina. Que asuman la directísima relación entre droga y aumento del delito e incremento de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal.

Sueño con candidatos y precandidatos que propongan -al menos- un esbozo de plan para combatir este y otros crímenes organizados, como la trata de personas, el contrabando, la piratería del asfalto, la venta ilegal de armas, etcétera.

Sueño con candidatos y precandidatos que discutan abiertamente sobre el rol de la pena privativa de libertad, sobre la necesidad de un replanteo de las políticas penitenciarias, sobre la construcción de nuevas unidades y alcaldías, sobre el trabajo de los internos, etcétera.

Sueño con candidatos y precandidatos que debatan acerca de la desaparición de estadísticas criminales serias y confiables, pero necesarias e imperativas para la construcción de cualquier política criminal duradera.

Sueño con candidatos y precandidatos que no teman discutir sobre el delito protagonizado por menores de edad, o niños en conflicto con la ley penal. Sobre la edad de imputabilidad. Sobre el régimen penal juvenil.

Sueño con candidatos y precandidatos que fijen postura respecto de las fuerzas policiales y de seguridad como auxiliares de la Justicia y del Ministerio Público. Que expliquen a la ciudadanía sus planes de capacitación, de reconocimiento y de control a los efectivos.

Sueño con candidatos y precandidatos que hablen sobre inteligencia criminal y sobre espionaje ilegal. Sobre qué postura adoptarán frente al fisgoneo estatal a políticos, periodistas, empresarios, sindicalistas, estudiantes… Es decir, frente a esa frenética actividad del Estado negada, pero real, multimillonaria, pero de nivel de peluquería o de mesa de bar.

Sueño con candidatos y precandidatos que hablen sobre el catecismo laico-obligatorio instaurado en facultades de derecho, escuelas de posgrado, consejos de la magistratura, etcétera, denominado “abolicionismo”. Único discurso jurídico-penal para triunfar en el mundo del Derecho penal argentino.

Sueño con candidatos y precandidatos que eliminen para siempre el insulto a nuestra humilde inteligencia, cuando nos hablan de “sensación de inseguridad” o de “descenso de los índices delictivos”.

Hoy tengo un sueño… ¡Ojalá me despierte y se convierta en realidad!

Ya no son necesarios los complicados mecanismos que surgen de un librito delgado, de pocas páginas, llamado Constitución Nacional.

Ahora son vetustos esos anticuados conceptos (antes los llamábamos garantías) de “juez natural” y de “debido proceso legal”.

Ahora es el cambio. El nuevo modelo de vida. El novel relato…

Remover un magistrado judicial que no se adapte a la “nueva era” por estos días es cuestión de segundos.

“¡Marche un juez abolicionista!”. “¿Para cuándo esos camaristas desestimadores?”. “¡Hace media hora que pedí un fiscal archivador!”. Y así.

El Poder Judicial hoy está compuesto por sus cuadros permanentes y por una legión de “suplentes” dispuestos a ingresar a la cancha cuando el técnico lo decida y “para lo que guste mandar”.

¿Concursos de oposición y antecedentes? ¿Exámenes ante el Consejo de la Magistratura? ¿Acuerdo del Senado con mayorías preestablecidas en la Constitución?

De ninguna manera. Esas son prácticas de la “vieja” Justicia, monárquica y corporativa, a la que hay que “democratizar”.

Mientras tanto, se mantienen las vacantes en importantes cargos judiciales por años, se integran con magistrados subrogantes y, cuando estos perjudican con alguna de sus resoluciones al gobierno, a los integrantes del gobierno, a los amigos o los allegados de los integrantes del gobierno, etc., se los reemplaza por otros subrogantes o -directamente- por abogados de la matrícula o conjueces consustanciados con el modelo.

Se promueven leyes orgánicas del Ministerio Público en donde se establece la figura del fiscal coordinador de distrito, que es designado por la procuradora general de la Nación, por dos años y es ese funcionario el que presenta un plan o un mecanismo para la asignación de los casos, que puede ser por turnos o por el sistema que se le ocurra.

O también se establece que la procuradora general designe a los miembros del jurado para los concursos y prevé la creación de procuradurías especializadas.

Es decir, ya se puede “elegir” juez o fiscal… ¡Y si no nos gustan, los cambiamos!

El panorama es sombrío. Pero estas breves reflexiones terminan con un dejo de optimismo: siempre se puede estar un poco peor.

Por ejemplo, el emperador Calígula nombró, con acuerdo del Senado de Roma, a su caballo Incitatus como cónsul del Imperio.

La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina foránea y berreta conocida como abolicionismo penal, ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.

La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.

Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinados durante todos estos años.

Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…

Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?

Aplaudir como bobos las frases inintelegibles -construídas con palabras inventadas- de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, de Raúl Zaffaroni…

Instalar obligatoriamente, como si se trataran de la Tablas de Moisés, en Facultades de Derecho, Institutos de Post-grado, Consejos de la Magistratura, etc., los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que  la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.

Los delincuentes, brindaban con champán.

Mientras tanto, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.

Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.

Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.

Que el abolicionismo y los abolicionistas han hecho un daño inconmensurable al Derecho Penal Argentino y a la Administración de Justicia Penal, no es ninguna novedad. Por el contrario, es un tema demasiado trillado.

Pero muy poco se ha dicho o escrito sobre la nefasta influencia de esta supuesta corriente doctrinaria en la prevención delictual, resorte exclusivo del Poder Ejecutivo.

En medio de la inaudita ola de inseguridad que nos asola, dónde no sólo el delito aumenta en cantidad, sino que -además- se incrementa la violencia en casi todas las formas de comisión criminal y el negocio de la droga y el consumo masivo de estupefacientes inciden en forma directísima en ambas variables, los gobernantes y los aspirantes a serlo buscan las respuestas a las desesperadas demandas de la comunidad (o “de la gente”, como indican los modernos manuales de marketing político).

“Más policías en las calles”; “camaritas, botones de pánico y alarmas”; “policías municipales, locales, comunales, barriales, deportivas”, etc., parecieran ser las palabras mágicas con las que los candidatos se ilusionan para construir las soluciones a aquellas demandas “de la gente”.

Pero, con la sola presencia no alcanza. El delincuente no se intimida con la existencia de la Policía en las veredas. Ni con las cámaras. Ni con los patrulleros multicolores o con los jovencitos y jovencitas con sus impecables uniformes almidonados, caminando sin rumbo fijo por calles y avenidas… Por el contrario, los desafían constantemente. Es el ADN del criminal.

La prevención delictual es presencia policial, si. Pero también es conocimiento, información, análisis. Es táctica y estrategia. Es adelantamiento a la conducta del ilegal.

Sin embargo, nada de esto sucede con la Policía actual…

Desde hace años, diversos fallos judiciales han neutralizado -o directamente, eliminado- normas contravencionales, facultades policiales preventoras en conductas o sospechas de conducta pre-delictuales (vgr. merodeo, omisión de identificación, vagancia, etc.), eliminación de los álbumes de “modus operandi”, satanización del denominado “instinto policial” o de la llamada “actitud sospechosa”, etc.

Abolir es la cuestión.

Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes abolicionistas, la fuerza policial se fue quedando -exclusivamente- con la presencia, las camaritas y los patrulleros con calcos símil autos del TC 2000… Es decir, estar ahí, en la calle, con la esperanza de atrapar al delincuente in fraganti…

Obviamente, esto no es prevención. El criminal podrá ser aprehendido instantes después de haber cometido el delito… Pero ya habrá robado, violado o asesinado. La policía, en este caso, habrá llegado cinco segundos tarde. Pero tarde al fin.

¿Y el Gobierno?

Mientras los fallos abolicionistas se dedicaban a la prevención delictual, los poderes ejecutivos “acataban respetuosamente” las decisiones de la Justicia…

Presumo que por tres razones:

La primera, era la excusa perfecta para argumentar, respecto de los delincuentes, “la policía los atrapa, el poder judicial los libera”…

La segunda, constituía una oportunidad inmejorable para sostener el discurso progre-abolicionista, y ganar más adeptos.

La tercera, todavía no había nacido el “partido judicial”, y no había necesidad de recurrir las decisiones jurisdiccionales hasta las últimas instancias procesales, presionar a los jueces o amenazarlos con juicios políticos.

En tanto, los delincuentes siguen ahí, en las calles de un país que se acostumbró a vivir al margen de la ley.

Los denominados “Servicios de Inteligencia” son esenciales en una comunidad jurídicamente organizada. Sea desde el punto de vista estratégico-militar, para evitar y/o neutralizar eventuales ataques de potencias o grupos armados extranjeros, sea desde el punto de vista criminal, para evitar y/o neutralizar al delito organizado.

La historia argentina reciente tiene pésimos antecedentes en ambos rubros. A modo de ejemplos: la inteligencia militar de la dictadura hizo creer a sus jerarcas que nuestros soldados podían desembarcar plácidamente en las Islas Malvinas, que los EE.UU. nos iban a apoyar en contra de su aliado Gran Bretaña y de toda la OTAN y que los ingleses no iban a venir desde la otra mitad del mundo por un par de diminutas islas.

Antes de esta tarea de estrategia de la guerra, los servicios”militares, se dedicaron a espiar, delatar y enviar al extermino a miles de compatriotas. Recuperada la democracia, los integrantes de los “servicios” (ahora “civiles”, pero con veleidades de súper agentes del cine o la TV) creyeron o les hicieron creer que la inteligencia criminal se limitaba a reunir información de personas que al gobierno de turno le interesaba conocer. ¿Reunir y analizar información para descubrir o enervar el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, compra-venta ilegal de armas, delitos informáticos etc.)? Bien, gracias!

Ni hablar de prevenir o evitar los dos ataques terroristas cometidos en períodos democráticos mas graves de la historia (Embajada de Israel – Sede de la AMIA).

Las crónicas periodísticas de las últimas semanas han mostrado a ciertos agentes de inteligencia, a la altura de Winston Churchill o Konrad Adenauer, pero tampoco es cuestión de asignarles tanta importancia a estos personajes.

Existen muchos profesionales serios en el área, personas que dedican muchas horas de su vida a la profesión que eligieron. Me consta. Pero también hay muchos facinerosos que sólo se dedican a husmear, fisgonear, extorsionar y delatar.

Asustan con sus archivos, operaciones o “carpetas” sólo a aquellos que no mueven un pelo sin antes consultar las encuestas de opinión, los sondeos de imagen o los titulares de los medios periodísticos. A aquellos que quieren ocultar permanentemente su pasado, porque su presente es el permanente cambio de bando.

En definitiva, la “inteligencia” argentina, de inteligente, tiene muy poco.

Pero tampoco toda la culpa es del chancho. Todos los gobiernos desde la recuperación democrática han aprovechado el espionaje y aumentado el poder de estas dependencias oficiales. Muchos funcionarios gubernamentales se han ufanado de conocer personalmente al espía de moda.

Ahora, la Sra. Presidente de la Nación ha anunciado la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una nueva “agencia” federal para tales fines. Serán nuestros representantes en el Congreso Nacional quienes decidan en definitiva.

Sin embargo, una de las cuestiones más sensibles del problema, las escuchas telefónicas, vuelven a traer confusión a la ciudadanía, atento el anuncio del traspaso de dicha actividad a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Las escuchas telefónicas, mediante intervención judicial, sólo se permiten en el marco de un proceso, con la orden escrita y fundada de un juez. El resto son ilegales.

Sin pretender interferir en futuro debate de los otros poderes públicos, justo es afirmar que el Poder Judicial y el Ministerio Público no realizan tareas de inteligencia. La Justicia, en todo caso, lleva a cabo tareas de investigación.

La inteligencia es prevención y, como tal, “previa” a la comisión de un delito. La inteligencia es una tarea propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.

Por ende, es tarea de la persona que ejerza la presidencia de la Nación la conducción de las agencias de inteligencia, como así también su efectivo control.

Podrán existir -y de hecho existen- comisiones legislativas de contralor y seguimiento y/o investigaciones judiciales respecto de las conductas de los agentes de las oficinas de inteligencia. Pero no debe, bajo ningún concepto, delegarse en otros poderes el ejercicio de conducción propia del Ejecutivo.

Al menos, en una República.

Cuando muere un fiscal, alguien deja de reclamar, buscar y encontrar Justicia.

Cuendo muere un fiscal, alguien deja de desatender familia, afectos y amigos para desentrañar un enigma… Para encontrar la verdad.

Cuando muere un fiscal, la Sociedad pierde a uno de sus representantes en el marco de un proceso judicial por un crímen que la agravió.

Cuando muere un fiscal, la República llora. Porque uno de los individuos que integraba sus pilares ya no está, y el cimiento, se debilita.

Cuando muere un fiscal, alguien debe reemplazarlo inmediatamente, para su obra perdure y su desaparición física no sea en vano.

Cuando muere un fiscal, el país entero está de luto.

El informe del magistrado del Ministerio Público fue tildado por funcionarios del Gobierno Nacional de “trabajo universitario” y se lo acusó de haber movilizado  ”recursos humanos y técnicos del Estado, recursos que son limitados  y que se encuentran abocados al desempeño de sus funcionarios particulares para un proyecto personal por encima de las funciones que le corresponden a su grado…”, según informó la agencia DyN.

No es un buen antecedente en miras al sistema acusatorio que se pretende instalar en el ámbito de la Justicia Penal Federal y Nacional, que el Gobierno se irrite y reaccione de esta manera ante informes, investigaciones o denuncias de los fiscales.

Cuando se pide desde el mismo Gobierno una mayor proactividad de los fiscales, un mayor compromiso, que el Ministerio Público actúe de oficio ante conductas sospechosas de criminalidad, etc., se está pidiendo a la magistratura requirente justamente lo que hizo el fiscal Delgado: preguntar; recabar información; inquirir; investigar. Y, en su caso, promover la acción penal.

Sin embargo, la actividad perquisitiva del Ministerio Público no siempre culmina con la promoción de la acción penal pública o con la acusación ante un organismo jurisdiccional. Muchas veces, la reunión de información o de evidencias termina con el archivo de las actuaciones, con la desestimación de la denuncia o con la puesta en conocimiento a organismos no jurisdiccionales a los efectos de dirigir el reclamo, la inquietud o la queja de algún integrante de la comunidad jurídicamente organizada.

Los fiscales no generamos charlas de café o de peluquería, pedimos informes por escrito, con nuestras firmas y sellos aclaratorios.

Los fiscales no invitamos a tomar un vermut a un testigo en un bar, lo citamos legalmente a nuestros despachos mediante cédula, oficio o exhorto.

Los fiscales buscamos información, preguntamos, investigamos… Para eso estamos en el Sistema Penal del Estado.

El Ministerio Público no debe -no debería- ser acosado por los demás Poderes del Estado cuando está cumpliendo con su misión Constitucional, es decir “promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”, según reza el art. 120 de nuestra Ley Fundamental.

En una República que se digne de serlo, un fiscal que indague los actos u omisiones de algún organismo estatal, lejos de ser perseguido, debería ser protegido por las propias autoridades cuya responsabilidad sea motivo de consulta o investigación.

Caso contrario, la fanfarria que acompañó la presentación oficial  del proyecto de Código Procesal Penal, instalando el sistema acusatorio, será sólo una melodía de bombos, redoblantes y platillos.