“No debió denunciar a nadie en particular, sino limitarse a denunciar el Memorándum de Entendimiento entre Argentina con Irán y renunciar como Procurador Jefe de la Unidad Funcional AMIA, por considerar que no se podía seguir investigando seria y científicamente el atentado terrorista más grave de nuestra historia en esas condiciones y volver a su cargo de Fiscal General Federal. Hoy estaría vivo y todo el país estaría discutiendo ese mamarracho legal que aprobó el Congreso.”

Cuando recuperé el aliento frente a la contundente afirmación del funcionario, el análisis continuó reverberando en mi memoria hasta hoy.

¿Y si fuera cierta esta aseveración?

Después de todo, el “mamarracho legal” que citó mi interlocutor, fue declarado repugnante a la Constitución Nacional por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones y no fue aprobado por el Parlamento de Irán. Fue criticado por los más importantes abogados constitucionalistas del país y por gran parte de la Comunidad Judía Argentina, por no decir en su totalidad y, además, por importantes medios periodísticos de Argentina y del mundo.

El fiscal muerto, en circunstancias aún no esclarecidas, fue tildado de mitómano, delirante, alcohólico, drogadicto, siervo de los servicios de inteligencia y hasta socio de los fondos buitre.

Se ofendió a su familia, se deshonró su apellido, se mancilló su carrera, se entrometieron con su vida privada… Sólo faltó que preguntaran :“¿que estaba haciendo Natalio Alberto Nisman el 24 de marzo de 1976?”.

Por estas horas, la Cámara Federal de Casación Penal, es decir, el máximo tribunal en materia penal de la República, debe decidir sobre la constitucionalidad o no del Pacto con Irán.

La desesperación del Gobierno por reemplazar jueces en la Sala Casatoria antes del dictado de la sentencia genera suspicacias. Y dudas. Y preguntas…

¿Y si Nisman tenía razón?